Desregulación ambiental, uno de los riesgos de la reactivación económica

La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, un tipo de coronavirus que produce la enfermedad COVID-19, generó una crisis sanitaria sin precedentes y una recesión económica que ha afectado a todos los sectores. Precisamente porque una de las medidas más efectivas para disminuir su propagación fue la implementación de un confinamiento estricto, un encierro que llevó a que las calles de las principales ciudades estuviesen vacías por meses y a que la mayoría de negocios cerraran. Unos quebraron, mientras otros sobrevivieron al encierro. De acuerdo con el informe “Perspectivas económicas mundiales”, publicado por el Banco Mundial, se estima que la economía mundial se redujo en un 5,2 % durante 2020, siendo la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. (Lea: ¿Qué tan sostenible ha sido la reactivación económica de Colombia?)

En Latinoamérica el impacto fue bastante fuerte. Perú cerró 2020 con una caída del PIB del 12,9 %, siendo “uno de los países más golpeados por el coronavirus”, según la Cepal. Y el PIB de Brasil registró una caída del 4,1 %, teniendo la mayor contracción de su economía en los últimos 25 años. Colombia no se libró de los coletazos de la pandemia. El DANE señaló que la economía nacional sufrió un descalabro del -6,8 % durante 2020, siendo la caída más alta en la historia reciente del país, incluso por encima de la crisis de 1999. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, explicó que los datos del PIB para 2020 representan “la peor caída registrada (...) perdimos cerca de $70 billones”.

Para reactivar la economía se pueden tomar dos vías. La primera es mediante proyectos extractivos y explotación de recursos naturales, con los impactos sociales y ambientales que representan. La segunda, considerando al medioambiente como una prioridad con medidas que sean mucho más efectivas a largo plazo. En Colombia, por ejemplo, el Gobierno aprobó el Conpes 4030. Y aunque la base del documento es impulsar un enfoque de desarrollo sostenible identificando interacciones entre la economía mundial, la sociedad global y el medioambiente, se siguen promoviendo sectores tradicionales que tienen un fuerte impacto negativo sobre la naturaleza. “Los hidrocarburos y la minería son relevantes para la reactivación debido a sus aportes en materia de regalías, impuestos, inversión extranjera directa y contraprestaciones económicas a favor de la nación”, reseñó el documento.

El sector ambiental teme que, en medio de esta reactivación, el país avance hacia un camino de desregulación ambiental, con la justificación de mejorar los números que quedaron en rojo tras el impacto por la pandemia. “No se nos puede olvidar que estudios científicos de diferentes universidades han demostrado que el COVID-19 es una enfermedad zoonótica, derivada de una interacción entre el hombre y los animales, y que en buena medida se ha debido a cómo el hombre ha invadido parte de los ecosistemas”, recordó Mauricio Cabrera, asesor en Relaciones de Gobierno y Relaciones Internacionales de WWF Colombia.

Cabrera resaltó que en la actualidad se está usando cerca de siete veces la capacidad del uso del planeta, un incremento que ha impulsado la pérdida de ecosistemas y de las especies. “Por ejemplo con la disminución de la población de las abejas se estima qué implicación puede tener la pérdida de biodiversidad en términos económicos, porque ahora vas a tener que polinizar tus cultivos artificialmente para poder tener un aprovechamiento de ellos. Entonces, esas interacciones entre la naturaleza y el hombre todavía no se conocen lo suficiente. Seguir en el modelo económico actual tiene unos riesgos muy altos, y estos deben ser considerados a la hora de plantear los mecanismos de reactivación”, agregó.

Rodrigo Negrete, abogado ambientalista, explicó que “durante la pandemia se ha profundizado el centralismo y el déficit de protección ambiental y de acceso a la información y a la participación. Además, se han incrementado los procesos de deterioro ambiental, en especial por la deforestación, la minería ilegal y el tráfico ilegal de fauna silvestre, y el Gobierno insiste en la desregulación ambiental para facilitar procesos extractivos”. Además, añadió, que aunque la pandemia se ha visto como una oportunidad para que el planeta “respire”, por la disminución en las emisiones de CO2 durante el confinamiento, recordó que esta a la vez fue una oportunidad idónea para que ciertas actividades ilícitas tomaran más fuerza en algunas zonas del país.

Pero la preocupación del sector ambiental se incrementó luego de que el Consejo Gremial Empresarial publicara la “Agenda empresarial para la reactivación”, con la que se busca impulsar la reactivación de los sectores productivos y crear por lo menos un millón de nuevos empleos a 2022. “La ‘Agenda empresarial para la reactivación’ es un esfuerzo de los gremios por construir una hoja de ruta con propuestas, acciones concretas y consensos entre los sectores empresariales con el objetivo de acelerar el crecimiento económico y la creación de empleo”, aseveró Sandra Forero, directora del gremio. Para dinamizar el crecimiento del aparato productivo, el consejo diseñó 31 propuestas. (Puede leer: Verde, justa y resiliente: claves para una recuperación económica pospandemia)

En las 139 páginas de la agenda, el consejo, que es conformado por los 29 principales gremios del país, se propone fortalecer las reglas de juego, acelerar las inversiones y promover el trabajo colectivo entre los sectores público y privado. Sin embargo, lo que muchos pasaron inadvertido del documento es la contradicción que hay entre lo planteado y la conservación de la naturaleza. El sector empresarial pide levantar los “obstáculos” que para este representan los trámites ambientales; reducir y ajustar costos y cobros en el licenciamiento ambiental y las obligaciones acorde con los impactos de la crisis, y acelerar trámites mineros y ambientales. Esto debido a que el sector de hidrocarburos es uno de los principales para la reactivación, dijo el gremio.

“Los ingresos provenientes de esta actividad (impuestos, regalías, derechos económicos y dividendos de Ecopetrol) son una oportunidad para apalancar la inversión pública en proyectos estratégicos, como la infraestructura y la inversión social”, se añade en el documento. En cuanto a la minería, se señala que “el sector se caracteriza por generar efectos muy positivos sobre la ocupación de la mano de obra en los sectores encadenados. Por cada empleo generado en la actividad minera, se generan entre 4 y 8 empleos en el resto de sectores de la economía, lo cual define su importancia estratégica para la reactivación”. Por eso recalca la importancia de incentivar la exploración minera y en la oportunidad de identificar la riqueza del subsuelo. “La política exploratoria pasa principalmente por la necesidad de acelerar los trámites, mineros y ambientales, que le permitan adelantar la exploración en el territorio”, añadió.

¿Pero dónde quedan los efectos negativos que la minería trae en la naturaleza? Los costos ambientales de esta actividad son devastadores: demanda gran cantidad de agua y destruye el suelo, entre otras cosas, porque utiliza elementos tóxicos. Implica arrasar amplias áreas de bosque, lo que deja sin hábitat a muchas especies, o transformar ecosistemas determinantes para el bienestar de los seres humanos, como los páramos.

Otro de los “obstáculos” ambientales para la reactivación económica que identifica este documento está relacionado con las consultas previas, que son catalogadas como un derecho de las comunidades que les permite participar en la decisión sobre los proyectos y obras que se realicen en sus territorios. “Si bien la posición de las comunidades es importante a la hora de implementar grandes proyectos de inversión, algunos gremios han identificado la falta de agilidad de las consultas previas como un cuello de botella relevante en la estructuración y ejecución de proyectos (...) se solicita apoyo del Gobierno para que brinde confianza a las comunidades, un elemento clave que puede afectar de manera importante el desempeño de los proyectos actuales”, dijo.

Entonces, ¿por qué no es una opción ser laxos en el cumplimiento de las normas ambientales en el país, aunque este enfrente una crisis sanitaria y económica? “Lo que tú estás protegiendo con la regulación ambiental son los derechos colectivos. La generación de empleo no puede estar por encima del bienestar de la población en términos de salud pública. Cuando ves los indicadores de calidad ambiental -los del agua, que están en los principales ríos, o las tasas de deforestación que tenemos-, definitivamente sabes que desregular no pareciera ser el camino. El Gobierno tiene que fortalecer los procesos de control para que no se sigan presentando los procesos de degradación, para que los industriales que se encargan de hacer los vertimientos y de generar las emisiones de gases de efecto invernadero cumplan adecuadamente con la norma”, aseguró Cabrera.

Gustavo Guerrero Ruiz, director del Centro de Estudios en Política y Legislación Ambiental de Colombia (Ceplac), aseguró que, para abrirle la puerta a una reactivación, no se pueden olvidar los acuerdos ambientales a los que llegó Colombia en el pasado. “La evaluación de impactos ambientales que en Colombia se expresa en la licencia ambiental y los planes de manejo ambiental y en instrumentos de comando y control (como los permisos y las concesiones), corresponde al cumplimiento del principio 17 de la declaración de Río de Janeiro, que fue incorporado al artículo 1° de la Ley 99 de 1993. Allí se obliga a los Estados a establecer instrumentos de evaluación de impactos para actividades susceptibles de causar un deterioro grave o un daño al medioambiente”.

Si se permite la desregulación ambiental, son varios los problemas que se agudizarían, como la degradación ambiental. “Ya ha pasado que cuando se desregularon algunos de los sectores productivos o algunas de las actividades que han generado problemáticas ambientales y de salud pública se generan tensiones ambientales y sociales. La exploración minera estaba sujeta a licenciamiento ambiental, eso fue desregulado y aumentó el conflicto en los territorios, por ejemplo”, concluyó Cabrera. (Le puede interesar: ¿En qué consiste la política de reactivación de la economía colombiana?)

Nunca había sido tan evidente la interconexión entre la salud humana, la economía y la naturaleza, y el enorme efecto que las intervenciones desmedidas en ecosistemas estratégicos tienen en el bienestar humano. De aprobarse las propuestas emitidas por algunos empresarios, quienes por la crisis piden que se posterguen obligaciones ambientales o se relajen exigencias de impacto ambiental, el país, además de enfrentarse a las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia, podría afrontar una crisis ambiental.

La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, un tipo de coronavirus que produce la enfermedad COVID-19, generó una crisis sanitaria sin precedentes y una recesión económica que ha afectado a todos los sectores. Precisamente porque una de las medidas más efectivas para disminuir su propagación fue la implementación de un confinamiento estricto, un encierro que llevó a que las calles de las principales ciudades estuviesen vacías por meses y a que la mayoría de negocios cerraran. Unos quebraron, mientras otros sobrevivieron al encierro. De acuerdo con el informe “Perspectivas económicas mundiales”, publicado por el Banco Mundial, se estima que la economía mundial se redujo en un 5,2 % durante 2020, siendo la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. (Lea: ¿Qué tan sostenible ha sido la reactivación económica de Colombia?)

En Latinoamérica el impacto fue bastante fuerte. Perú cerró 2020 con una caída del PIB del 12,9 %, siendo “uno de los países más golpeados por el coronavirus”, según la Cepal. Y el PIB de Brasil registró una caída del 4,1 %, teniendo la mayor contracción de su economía en los últimos 25 años. Colombia no se libró de los coletazos de la pandemia. El DANE señaló que la economía nacional sufrió un descalabro del -6,8 % durante 2020, siendo la caída más alta en la historia reciente del país, incluso por encima de la crisis de 1999. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, explicó que los datos del PIB para 2020 representan “la peor caída registrada (...) perdimos cerca de $70 billones”.

Para reactivar la economía se pueden tomar dos vías. La primera es mediante proyectos extractivos y explotación de recursos naturales, con los impactos sociales y ambientales que representan. La segunda, considerando al medioambiente como una prioridad con medidas que sean mucho más efectivas a largo plazo. En Colombia, por ejemplo, el Gobierno aprobó el Conpes 4030. Y aunque la base del documento es impulsar un enfoque de desarrollo sostenible identificando interacciones entre la economía mundial, la sociedad global y el medioambiente, se siguen promoviendo sectores tradicionales que tienen un fuerte impacto negativo sobre la naturaleza. “Los hidrocarburos y la minería son relevantes para la reactivación debido a sus aportes en materia de regalías, impuestos, inversión extranjera directa y contraprestaciones económicas a favor de la nación”, reseñó el documento.

El sector ambiental teme que, en medio de esta reactivación, el país avance hacia un camino de desregulación ambiental, con la justificación de mejorar los números que quedaron en rojo tras el impacto por la pandemia. “No se nos puede olvidar que estudios científicos de diferentes universidades han demostrado que el COVID-19 es una enfermedad zoonótica, derivada de una interacción entre el hombre y los animales, y que en buena medida se ha debido a cómo el hombre ha invadido parte de los ecosistemas”, recordó Mauricio Cabrera, asesor en Relaciones de Gobierno y Relaciones Internacionales de WWF Colombia.

Cabrera resaltó que en la actualidad se está usando cerca de siete veces la capacidad del uso del planeta, un incremento que ha impulsado la pérdida de ecosistemas y de las especies. “Por ejemplo con la disminución de la población de las abejas se estima qué implicación puede tener la pérdida de biodiversidad en términos económicos, porque ahora vas a tener que polinizar tus cultivos artificialmente para poder tener un aprovechamiento de ellos. Entonces, esas interacciones entre la naturaleza y el hombre todavía no se conocen lo suficiente. Seguir en el modelo económico actual tiene unos riesgos muy altos, y estos deben ser considerados a la hora de plantear los mecanismos de reactivación”, agregó.

Rodrigo Negrete, abogado ambientalista, explicó que “durante la pandemia se ha profundizado el centralismo y el déficit de protección ambiental y de acceso a la información y a la participación. Además, se han incrementado los procesos de deterioro ambiental, en especial por la deforestación, la minería ilegal y el tráfico ilegal de fauna silvestre, y el Gobierno insiste en la desregulación ambiental para facilitar procesos extractivos”. Además, añadió, que aunque la pandemia se ha visto como una oportunidad para que el planeta “respire”, por la disminución en las emisiones de CO2 durante el confinamiento, recordó que esta a la vez fue una oportunidad idónea para que ciertas actividades ilícitas tomaran más fuerza en algunas zonas del país.

Pero la preocupación del sector ambiental se incrementó luego de que el Consejo Gremial Empresarial publicara la “Agenda empresarial para la reactivación”, con la que se busca impulsar la reactivación de los sectores productivos y crear por lo menos un millón de nuevos empleos a 2022. “La ‘Agenda empresarial para la reactivación’ es un esfuerzo de los gremios por construir una hoja de ruta con propuestas, acciones concretas y consensos entre los sectores empresariales con el objetivo de acelerar el crecimiento económico y la creación de empleo”, aseveró Sandra Forero, directora del gremio. Para dinamizar el crecimiento del aparato productivo, el consejo diseñó 31 propuestas. (Puede leer: Verde, justa y resiliente: claves para una recuperación económica pospandemia)

En las 139 páginas de la agenda, el consejo, que es conformado por los 29 principales gremios del país, se propone fortalecer las reglas de juego, acelerar las inversiones y promover el trabajo colectivo entre los sectores público y privado. Sin embargo, lo que muchos pasaron inadvertido del documento es la contradicción que hay entre lo planteado y la conservación de la naturaleza. El sector empresarial pide levantar los “obstáculos” que para este representan los trámites ambientales; reducir y ajustar costos y cobros en el licenciamiento ambiental y las obligaciones acorde con los impactos de la crisis, y acelerar trámites mineros y ambientales. Esto debido a que el sector de hidrocarburos es uno de los principales para la reactivación, dijo el gremio.

“Los ingresos provenientes de esta actividad (impuestos, regalías, derechos económicos y dividendos de Ecopetrol) son una oportunidad para apalancar la inversión pública en proyectos estratégicos, como la infraestructura y la inversión social”, se añade en el documento. En cuanto a la minería, se señala que “el sector se caracteriza por generar efectos muy positivos sobre la ocupación de la mano de obra en los sectores encadenados. Por cada empleo generado en la actividad minera, se generan entre 4 y 8 empleos en el resto de sectores de la economía, lo cual define su importancia estratégica para la reactivación”. Por eso recalca la importancia de incentivar la exploración minera y en la oportunidad de identificar la riqueza del subsuelo. “La política exploratoria pasa principalmente por la necesidad de acelerar los trámites, mineros y ambientales, que le permitan adelantar la exploración en el territorio”, añadió.

¿Pero dónde quedan los efectos negativos que la minería trae en la naturaleza? Los costos ambientales de esta actividad son devastadores: demanda gran cantidad de agua y destruye el suelo, entre otras cosas, porque utiliza elementos tóxicos. Implica arrasar amplias áreas de bosque, lo que deja sin hábitat a muchas especies, o transformar ecosistemas determinantes para el bienestar de los seres humanos, como los páramos.

Otro de los “obstáculos” ambientales para la reactivación económica que identifica este documento está relacionado con las consultas previas, que son catalogadas como un derecho de las comunidades que les permite participar en la decisión sobre los proyectos y obras que se realicen en sus territorios. “Si bien la posición de las comunidades es importante a la hora de implementar grandes proyectos de inversión, algunos gremios han identificado la falta de agilidad de las consultas previas como un cuello de botella relevante en la estructuración y ejecución de proyectos (...) se solicita apoyo del Gobierno para que brinde confianza a las comunidades, un elemento clave que puede afectar de manera importante el desempeño de los proyectos actuales”, dijo.

Entonces, ¿por qué no es una opción ser laxos en el cumplimiento de las normas ambientales en el país, aunque este enfrente una crisis sanitaria y económica? “Lo que tú estás protegiendo con la regulación ambiental son los derechos colectivos. La generación de empleo no puede estar por encima del bienestar de la población en términos de salud pública. Cuando ves los indicadores de calidad ambiental -los del agua, que están en los principales ríos, o las tasas de deforestación que tenemos-, definitivamente sabes que desregular no pareciera ser el camino. El Gobierno tiene que fortalecer los procesos de control para que no se sigan presentando los procesos de degradación, para que los industriales que se encargan de hacer los vertimientos y de generar las emisiones de gases de efecto invernadero cumplan adecuadamente con la norma”, aseguró Cabrera.

Gustavo Guerrero Ruiz, director del Centro de Estudios en Política y Legislación Ambiental de Colombia (Ceplac), aseguró que, para abrirle la puerta a una reactivación, no se pueden olvidar los acuerdos ambientales a los que llegó Colombia en el pasado. “La evaluación de impactos ambientales que en Colombia se expresa en la licencia ambiental y los planes de manejo ambiental y en instrumentos de comando y control (como los permisos y las concesiones), corresponde al cumplimiento del principio 17 de la declaración de Río de Janeiro, que fue incorporado al artículo 1° de la Ley 99 de 1993. Allí se obliga a los Estados a establecer instrumentos de evaluación de impactos para actividades susceptibles de causar un deterioro grave o un daño al medioambiente”.

Si se permite la desregulación ambiental, son varios los problemas que se agudizarían, como la degradación ambiental. “Ya ha pasado que cuando se desregularon algunos de los sectores productivos o algunas de las actividades que han generado problemáticas ambientales y de salud pública se generan tensiones ambientales y sociales. La exploración minera estaba sujeta a licenciamiento ambiental, eso fue desregulado y aumentó el conflicto en los territorios, por ejemplo”, concluyó Cabrera. (Le puede interesar: ¿En qué consiste la política de reactivación de la economía colombiana?)

Nunca había sido tan evidente la interconexión entre la salud humana, la economía y la naturaleza, y el enorme efecto que las intervenciones desmedidas en ecosistemas estratégicos tienen en el bienestar humano. De aprobarse las propuestas emitidas por algunos empresarios, quienes por la crisis piden que se posterguen obligaciones ambientales o se relajen exigencias de impacto ambiental, el país, además de enfrentarse a las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia, podría afrontar una crisis ambiental.