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Aunque el gobierno de Gustavo Petro ha indicado que su intención es que en Colombia no se aprueben nuevos contratos de minería de carbón térmico a gran escala, en uno de los departamentos tradicionalmente carboníferos del país algunos grupos piden que se reabran minas de carbón, que albergan unos 460 millones de toneladas del mineral.
En departamentos como La Guajira o Cesar no se puede hablar de esta minería sin referirse, de una forma u otra, al desarrollo económico, miles de trabajos e industrias y hasta a la identidad local.
Incluso, La Jagua de Ibirico, El Paso y Becerril, municipios del Cesar, son conocidos como el “corredor minero”, pues, desde hace décadas, han funcionado minas de carbón térmico, principalmente para ser exportado a Turquía, Alemania, Chile, Israel y México.
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Este mineral, utilizado para la generación de electricidad, es el principal recurso que se ha exportado durante décadas de las minas de Drummond y Prodeco, filial de la multinacional suiza Glencore, en Cesar. Entre 2013 y 2019, ambas empresas produjeron al menos 313 millones de toneladas de carbón.
Sin embargo, a finales de 2021, un suceso interrumpió ese “reinado”. Prodeco renunció a tres de sus títulos mineros en el departamento, lo que terminó disminuyendo la actividad en sitios como La Jagua de Ibirico. Allí, miles de trabajadores de las minas han denunciado que la salida de Prodeco los dejó en el aire.
Así lo indica Silvio Mendoza, uno de los directivos del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón) y extrabajador de Prodeco, quien dice que están esperando a que la empresa cumpla con sus responsabilidades sociales, ambientales y laborales, y agrega que otra de las peticiones del sindicato es que “por lo menos se termine de explotar el carbón que quedó ahí. En la mina de La Jagua se sabe que hay 90 millones de toneladas y en la de Calenturitas, 370 millones. Hay que aprovechar esos recursos”. Incluso, en enero de este año, un grupo de ciudadanos que, al parecer, fue respaldado por algunas empresas mineras, realizó una protesta en la que pidió al Gobierno que reabra las minas de carbón que dejó Prodeco.
Pero esto va en contra de lo que ha reiterado Gustavo Petro, quien ha abogado por el cero uso del carbón, pues ha repetido que durante su gobierno no se entregarán nuevos contratos de minería de carbón térmico a gran escala y a cielo abierto. Este es el mismo carbón que explotaban las minas de Prodeco y sigue siendo protagonista en las exportaciones del país, desde la mina del Cerrejón, también filial de Glencore, en el departamento de La Guajira.
De hecho, Petro también manifestó hace poco su intención de darle una salida concertada a la operación del Cerrejón y evitar la expansión de la actividad en la zona.
Una fecha de salida inminente
Aunque la mayor parte del carbón térmico extraído en Colombia se exporta, en 2019 el país aún utilizaba el mineral para generar el 9 % de la energía eléctrica total, además de aportar el 30 % del consumo energético final del sector industrial.
Sin duda, este combustible fósil, como ha advertido en varias ocasiones la Agencia Internacional de Energía (AIE), es el que más emite dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero (GEI) más asociados al cambio climático.
En el ámbito local, en departamentos como Cesar, también se han documentado las consecuencias de la minería de carbón en los ecosistemas y la salud de las personas de municipios mineros. Andrea Cardoso, Ph. D. en Ciencia y Tecnología Ambientales, quien ha investigado la cadena productiva del carbón y su salida, realizó un estudio hace unos años sobre el costo de los pasivos ambientales de la extracción de carbón en Cesar y concluyó que las regalías que trae la minería de carbón no compensan los costos causados como la contaminación del suelo, del aire y del agua, así como los impactos en la salud pública. “Incluso si la tonelada de carbón se está vendiendo a un alto precio, no se compensan los otros impactos”, dice.
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Si no se tuvieran en cuenta estos efectos, hay otro factor que hace más probable que la fecha de salida del carbón sea cada vez más inminente: el mercado. Algunas estimaciones proponen que, aunque el precio internacional del carbón está en un máximo histórico —como resultado de la invasión rusa a Ucrania— esta tendencia solo se mantendrá durante esta década.
De acuerdo con Felipe Corral, investigador que ha analizado las tendencias del carbón en Colombia, su precio está disminuyendo antes de lo anticipado. Explica que como el carbón térmico del país se exporta casi por completo, “en el momento en que países como Turquía o Alemania lo encuentren a un mejor precio, la operación en Colombia se podría ver muy afectada”.
¿Hay compromiso para decirle adiós al carbón en Colombia?
Hasta hace relativamente poco, en el país se empezó a hablar del compromiso para dejar el carbón. Por ejemplo, en la contribución nacionalmente determinada de Colombia (NDC por sus siglas en inglés) —promesas de cada país para disminuir los gases asociados al cambio climático— escasamente se menciona al carbón.
Hasta su última actualización, en 2020, ese documento solo establece que, en 2025, se tendrá un instrumento de planificación en el Ministerio de Minas y Energía para la minería de carbón que tenga “lineamientos de cambio climático orientados al aseguramiento de las condiciones de operatividad integral bajo nuevos escenarios de demandas operativas y ambientales”.
El presidente Petro, en cambio, estableció como una de sus banderas, desde su programa de gobierno, la descarbonización de la economía y el abandono progresivo de combustibles fósiles, para “generar capacidades nacionales que nos permitan enfrentar los efectos del cambio climático y contribuir con ello a superar la crisis ambiental global que pone en juego la vida”. Es más, esa era una de las propuestas que el gobierno de Petro había apuntado a incluir en su Plan Nacional de Desarrollo (PND).
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En el artículo 186 del borrador del documento se mencionaba que buscaba prohibir los nuevos contratos de carbón térmico a cielo abierto, a gran escala. Como explica Álvaro Pardo, director de la Agencia Nacional Minera (ANM), este artículo propuesto por esta entidad y el Ministerio de Minas y Energía “es consecuente con la política ambiental del país”.
Sin embargo, antes de que ese borrador quedara aprobado como ley, el artículo sobre la minería de carbón térmico se cayó. De acuerdo con fuentes conocedoras del tema, que siguieron de cerca los debates del Congreso, José Eliécer Salazar, representante de la Cámara por el partido de la U, lideró la oposición al artículo.
Salazar, oriundo de Cesar, argumentó en ese momento que el artículo afectaría al departamento y a miles de familias que dependen, directa e indirectamente, de la minería de carbón.
Para Pardo, de la ANM, lo que sucedió es que en el Congreso “se propagaron versiones contrarias” a lo que pretendía el artículo. “Corrió una versión que sugería que se iba a acabar con las explotaciones de carbón que ya existen, como Cerrejón o Drummond, pero eso no es cierto, los contratos existentes nunca se iban a ver afectados”, explica.
Ante la presión de representantes gubernamentales, Salazar explicó en una entrevista con el medio regional El Pilón que se tuvieron que buscar aliados, y los encontró en todos los miembros de las comisiones económicas del Congreso”, así como en el director Nacional de Planeación, Jorge Iván González, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
En particular, la Comisión Tercera Constitucional, que maneja los temas de Hacienda y Crédito Público, está integrada por 33 miembros de la Cámara de Representantes y 17 del Senado. A mitad de este año, tuvieron lugar las votaciones por las presidencias de las comisiones y la económica quedó en manos del conservador Efraín Cepeda, uno de los más grandes críticos del gobierno de Petro.
Después de que se cayera el artículo 186, la ANM ha mantenido que no se entregarán nuevos contratos de este tipo de minería, ya que es una decisión del Ejecutivo. Pero para expertos consultados en este reportaje, es claro que el PND le habría dado un respaldo legislativo a esa política.
Además de esto, el Gobierno no ha expresado nada más sobre qué pasará con el carbón, aunque su reciente unión a la alianza Powering Past Coal da algunas pistas. Para unirse a ese grupo, los gobiernos deben comprometerse a detener la construcción de nuevas centrales de carbón, dejar de proporcionar financiación internacional al carbón y fijar una fecha de eliminación progresiva del combustible fósil.
Los actores que siguen impulsando la minería de carbón en Cesar
En La Jagua, uno de los municipios mineros del Cesar —de los más afectados por el abandono de las minas de Prodeco— es poco común encontrar a una persona que esté abiertamente en desacuerdo con reabrir las minas de carbón, según Mendoza, extrabajador de Prodeco.
Dice que, aunque en el municipio están de acuerdo con las políticas del Gobierno, “una cosa es la transición energética y otra la reconversión productiva de las comunidades”. De los 8.000 trabajadores que estaban en ambas minas de carbón, varios aún esperan respuesta sobre qué opciones de empleo tendrán para el futuro. “No estamos viendo una transición justa, solo desempleo”, concluye el sindicalista.
Y es que el Gobierno no ha presentado una estrategia clara y específica para el caso de los exmineros de Cesar. Ha afirmado que buscará consolidar en la región un “corredor de la vida”, donde se consolide una nueva economía. A finales del año pasado, la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, anunció que, junto al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se adelantarían capacitaciones para vincular a los extrabajadores a un nuevo mercado laboral. Pero según fuentes consultadas para este artículo, el Gobierno no ha logrado dar una solución sólida a la crisis en La Jagua de Ibirico. Los planes anunciados no se han logrado concretar.
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Estas preocupaciones han sido protagonistas en jornadas de protestas que han tenido lugar en La Jagua de Ibirico desde noviembre del año pasado. Aunque, durante esas jornadas, líderes locales también han reportado que no son solo ciudadanos participando en esos espacios. En algunas de las protestas, indicaron, ciertas empresas del sector minero estuvieron apoyando en la logística. Por ejemplo, se vieron vehículos de la empresa Drummond, que llegaron con refrigerios para los manifestantes, así como de Prodeco, que repartían agua a quienes protestaban.
En la región, las empresas mineras han empleado estrategias para seguir impulsando sus intereses. Según Elisa Arond, investigadora del Instituto de Ambiente de Estocolmo (SEI por sus siglas en inglés), una de ellas es que las compañías se han apropiado y adaptado al discurso de la transición energética, utilizando expresiones como que “la transición justa tiene que ser gradual y que la minería es necesaria para obtener los recursos que faltan para la transición”.
La alcaldía local, por su parte, es otro actor que también está interesado en que continúe la minería en el municipio. Como expresa Ovelio Jiménez, alcalde de La Jagua de Ibirico, la salida de Prodeco dejó una crisis “sin precedentes”. No solo provocó una reducción de más del 50 % de las ganancias del municipio en industria y turismo, sino que, en general, afectó “entre el 80 y 90 % de la economía local”.
Por eso, opina que, si hay recursos de carbón, “¿por qué no reabrir las minas? Incluso si solo bastan durante seis años más, esos recursos sirven para el empleo del municipio y poder financiar la transición energética”. Explica que las ganancias de la minería servirían para desarrollar “proyectos estratégicos para la transición”, como energías renovables, “que todavía no tenemos en La Jagua”.
¿Cuáles son las posibilidades de que se reabran las minas en Cesar?
Ya se van a cumplir dos años desde que el Gobierno colombiano aceptó que Prodeco renunciara a las minas en Cesar. Hasta ahora, no hay una respuesta clara sobre lo que pasará con el carbón que está ahí. Según lo que han reportado algunos medios nacionales, empresas de Alemania, China, Japón y Estados Unidos estarían interesadas en las minas y, a mediados del año pasado, cinco compañías estaban habilitadas para entrar en concurso por las minas: Drummond, Colombian Natural Resources II y III, Comercializadora Internacional Milpa y el Consorcio Cyprus Latam.
Sin embargo, en agosto de 2022, la ANM y un tribunal del país ordenaron suspender este proceso de licitación. Por ahora, indicó el director de la ANM, la prioridad es liquidar los títulos de Prodeco pues, hasta la fecha, ese proceso ni siquiera ha finalizado.
Una vez termine ese proceso, será más fácil saber si se mantendrá la promesa de Petro de no entregar más contratos de gran minería de carbón. Por ahora, la Agencia Nacional de Minería indica que el carbón metalúrgico, producido en regiones como Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Córdoba, será uno de los enfoques para la transición energética. A partir de este mineral se produce coque, material esencial para la producción de acero. Como explica Pardo, el acero será necesario para construir turbinas eólicas, por ejemplo, porque es un “material de la transición energética”. Por su parte, el investigador Corral cree que el carbón metalúrgico no podrá reemplazar el hueco que dejará el térmico y explica que, en su pico, se llegaron a producir 100 millones de toneladas para la exportación de carbón térmico, mientras que el metalúrgico habrá llegado a 12 millones de toneladas, como máximo. Y asegura: “No vamos a pasar de producir eso a llegar a los 50 millones de toneladas, por ejemplo; no es costo eficiente”.
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Países como Australia, Mozambique y Rusia producen ese tipo de carbón a un precio mucho menor, por lo que el mercado para este no es infinito. Si el país quisiera apostarle a su mercado interno, por otra parte, este no tendría la capacidad de absorberlo, indica Corral. Dentro de Colombia, solo hay una instalación industrial, Acerías Paz del Río, que utiliza el coque para producir acero nacional.
Aunque la apuesta del Gobierno es desarrollar una industria en torno a las energías renovables, lo que también implicaría apostarle al acero, Corral recuerda que ese proceso no es tan sencillo y, sobre todo, es demorado.
El inicio del próximo año traerá más certezas sobre cuál es, exactamente, el plan del Gobierno para la transición energética. En febrero de 2024 se publicará la Hoja de Ruta para la Transición Energética Justa, documento que especificará los plazos para realizar los cambios y qué pasará, por ejemplo, con el carbón en Colombia en los próximos años.
*Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.
