Ayer se dio el debate de control político convocado por el senador Miguel Ángel Barreto, en el que se citó a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para discutir el estado actual de los mercados de carbono en el país. Allí, representantes de comunidades tanto indígenas como afrodescendientes compartieron sus experiencias sobre ese mercado, que ha generado varias discusiones en el país.
Hace tan solo unas semanas, la Corte Constitucional emitió la primera sentencia sobre ese tema, resguardando los derechos de las comunidades del Pirá Paraná, en la Amazonia, luego de que señalaran que en su territorio se estaba desarrollando un proyecto, liderado por empresas privadas, que “desconocía sus modos de vida y estructuras de gobierno propio”
A través de esa sentencia (T-248 de 2024), la Corte no solamente amparó los derechos a la autodeterminación, integridad física y cultural, gobierno propio y al territorio de los indígenas, sino que también ordenó al Ministerio de Ambiente realizar un informe técnico sobre las necesidades y circunstancias específicas para implementar proyectos REDD+ en este tipo de zonas. (En este artículo puede leer con más detalle por qué esa sentencia es histórica para el país)
Ahora, este 28 de agosto, la ministra de Ambiente anunció desde el Congreso de la República los objetivos para regular los mercados de carbono en Colombia, los cuales se enfocarán en implementar una estrategia alineada al cumplimiento de las metas climáticas del país para 2030, según el Acuerdo de París. En particular, la intención es reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero.
Según manifestó Muhamad, uno de los objetivos es establecer un sistema de gobernanza y fortalecer el papel de vigilancia y control del Estado en los procesos de mercados de carbono.
En segundo lugar, se busca enviar “señales económicas suficientes a los sectores y actividades productivas para generar las transformaciones necesarias que permitan reducir las emisiones de gases efecto invernadero y enfrentar el cambio climático”, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Ambiente.
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“El mercado de carbono como instrumento económico nos debe ayudar a fortalecer la presencia del Estado y la dignificación de las comunidades y un sistema económico que haga los procesos de restauración mucho más efectivos”, explicó la jefe de cartera.
El Gobierno también le apostará a la transparencia en los procesos de cambios de uso del suelo y que estos se den de manera legal, para así proteger a los tenedores de tierras de actores y decisiones arbitrarias que puedan afectarlos.
Por último, la ministra se refirió a las empresas y a cómo aquellas que se descarbonicen más rápido, obtendrán incentivos. En cambio, las que sigan dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, van a pagar una cifra que sería más fácil de invertir en su descarbonización. Muhamad ha explicado que esta normativa estará enmarcada dentro de una resolución que se presentará en el transcurso de esta semana para su revisión.
Luego de que se diera el debate de control político, Asocarbono, que reúne a las empresas involucradas en este mercado, manifestó la posición del gremio. Francisco Ocampo, su director, dijo, por medio de un comunicado, que había una “orientación estatista a los mercados de carbono” que excluía “la participación del sector privado”.
Sin embargo, se mostró comprometido a colaborar con todos los actores involucrados, incluido el Gobierno, en pro de mejorar la política pública del país relacionada con el cambio climático.
“Asocarbono ha sido enfático en la necesidad de construir la regulación del mercado de carbono de manera inclusiva, reconociendo las experiencias de los proyectos REDD+ y proyectos de otros sectores, evitando estigmatizar al sector privado, que ha demostrado su capacidad para generar recursos que benefician a las comunidades y contribuyen a la conservación de millones de hectáreas de territorio”, señaló en el comunicado.
¿Qué son los bonos de carbono?
Los bonos de carbono son una estrategia con la cual empresas y Estados buscan compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático. Durante los últimos años esto se ha popularizado como una medida para conservar los bosques tropicales, pues las comunidades son retribuidas económicamente por el cuidado de los mismos.
Mientras que algunos ven los bonos de carbono como una herramienta útil para hacerle frente a la crisis climática, no han estado exentos de críticas. En la Amazonia colombiana, una región con más de 39 millones de hectáreas de selva y donde cada vez hay más de estas iniciativas, la situación también está llena de desafíos. Aquí le explicamos en profundidad.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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