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Como no se había visto en años anteriores, las palabras “transición energética” han estado en el centro de muchos debates, conversaciones y polémicas. La popularidad de este término se explica, en parte, porque ha sido uno de los puntos centrales del plan de gobierno de Gustavo Petro. Durante su campaña, invitó a otros líderes de Latinoamérica a conformar un “bloque anti-petróleo”, para alejar la economía de los combustibles fósiles y en su discurso de posesión dijo que “nosotros estamos dispuestos a transitar a una economía sin carbón y sin petróleo”.
La transición energética también ha estado en el centro de la controversia del último mes. Incluso, en algún punto, varios políticos y analistas culparon la política minero-energética del nuevo gobierno por la repentina subida del dólar, que superó, por primera vez en la historia, los 5,000 pesos. Aunque, claro, hay muchos factores que explican lo que sucedió (que no abordaremos en este texto), muchos culparon los anuncios desde el Ministerio de Minas y Energía por la devaluación del peso.
A inicios de octubre, Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, aseguró que no se van a firmar nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, pero, días después, José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, dijo que esa decisión no estaba tomada. El vaivén entre las declaraciones dejó para algunos una sensación de que no había claridad, hasta dentro del mismo gobierno, sobre qué implicará la propuesta de transición energética de Petro. (Le puede interesar El Gobierno está abierto a nuevos contratos de exploración: ministro de Hacienda)
Pero esta semana, la publicación de un nuevo documento por parte del Minminas arrojó algunas respuestas. El 9 de noviembre, durante la cuarta jornada de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), Vélez anunció el lanzamiento de la construcción de una hoja de ruta para la transición energética justa.
En palabras sencillas, durante los siguientes seis meses el Gobierno recogerá las opiniones, experiencias y perspectivas de académicos, comunidades, industria y actores del sector político para redactar el documento que guiará los objetivos, plazos y retos para la transición energética en Colombia.
A la par de este lanzamiento, el Ministerio publicó un texto titulado “Diálogo social para definir la hoja de ruta de la transición energética justa en Colombia”. Aunque es bastante general (no es la hoja de ruta, después de todo), sí da las primeras luces de a qué, exactamente, se refiere el gobierno cuando habla de transición energética y cómo quiere llegar allá.
Durante los próximos seis meses, se definirá cuándo, con qué recursos y cómo se “alcanzará” la transición energética en el país, dijo Vélez. El texto oficial será publicado el 10 de mayo de 2023. ¿Qué componentes incluirá este documento? ¿Qué es una transición energética justa para el Gobierno Petro? ¿Qué dudas quedan? (Le puede interesar Cien días de pistas (y varias dudas) para cuidar la selva y hacer la transición energética)
¿Qué hace a una transición energética “justa”?
A inicios de este año el gobierno de Iván Duque lanzó con un Conpes su la Política de Transición Energética. Pero el documento que presentó el Minminas hace días es diferente, pues la agrega un apellido a este concepto: una transición energética “justa”.
¿A qué se refiere este concepto? La transición energética justa parte de un principio muy sencillo: la energía debe servir para resolver problemas prácticos y satisfacer las necesidades de todas las personas que la usan. Esto lo explica Carlos Adrián Correa, ingeniero electricista y director de la maestría en Energía y Sostenibilidad de la Universidad Javeriana, quien indica que una transición energética justa “debe ser una oportunidad para generar una sociedad más equitativa. En Colombia, esto gana especial importancia porque somos un país vulnerable ante los efectos del cambio climático, tenemos una pésima distribución del ingreso y un aparato productivo muy precario”.
“Alcanzar” una transición energética justa implica, entonces, que todas las personas puedan tener acceso a energía eléctrica, que las fuentes renovables se impulsen a gran escala, pero también con una participación muy activa de las comunidades locales, que puedan ver, por ejemplo, los beneficios de los grandes proyectos eólicos y solares. De todos estos elementos vamos a hablar más adelante, pero primero hay que abordar uno de los centrales: el cambio de una economía basada principalmente en combustibles fósiles a una que se respalde en las energías renovables no convencionales. (Le puede interesar Gobierno Petro quiere impulsar un “pacto nacional” por la transición energética)
En esa transformación, necesariamente, va a haber sectores y comunidades más perjudicadas. Un ejemplo son regiones del país, como La Guajira, el Cesar y Boyacá, que se dedican a la extracción del carbón. “En esos casos, es necesario tener un enfoque justo, porque hay que empezar a preparar la economía de esas comunidades para que, cuando llegue esa fecha límite en donde no se va a extraer más carbón, tengan diseñado un plan económico que diga a qué actividades se van a dedicar, la población esté formada y capacitada para dedicarse a esas actividades y se pueda diversificar la economía”, indica Jéssica Arias, ingeniera química especializada en transición energética de Transforma.
Y es que en Colombia ya hay ejemplos de los daños que puede causar hacer una transición sin este proceso de planeación. En septiembre de 2021, Prodeco, subsidiaria de la multinacional Glencore y responsable de producir aproximadamente el 21 % del carbón nacional, según la Asociación Colombiana de Minería, renunció a tres títulos mineros, dos en el proyecto Calenturitas y uno en la mina La Jagua, ambos en Cesar.
La economía del carbón en ese departamento representa alrededor de 44% del PIB, así que el cierre de las minas suscitó una gran pregunto: ¿qué pasará con los trabajadores que dependían de la extracción del carbón? Según explicó Igor Díaz, presidente de la Junta Directiva Nacional del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria del Carbón, a El Espectador a mitad de año, de los casi 1.200 trabajadores que trabajan directamente con Prodeco, solo 147 siguen vinculados.
“De un día a otro, esos trabajadores se quedaron sin qué hacer”, cuenta Arias. La ida de una transición energética justa es evitar, a toda costa, situaciones como esta. ¿Qué se debe planear, entonces? Por una parte, determinar qué actividades económicas podrían ser buenos sustitutos, no solo para el país en general, sino también para cada región, de acuerdo con su vocación e intereses. Después, se debe hacer un plan de adaptación y capacitación de la población que resultaría afectada. (Le puede interesar ¿Cómo alcanzar la gran meta climática de Colombia para 2050?)
El Ministerio de Minas anunció que, durante los siguientes seis meses, se abordará el tema de la cualificación laboral de los trabajadores asociados al sector minero-energético y la transición productiva en los diálogos regionales que llevará a cabo. Pero persisten grandes interrogantes sobre las acciones que debe desarrollar el gobierno para que la transición productiva sea viable.
En sus intervenciones, el presidente Petro ha mencionado varias veces que el turismo podría entrar a suplir una parte del hueco fiscal que dejarían los hidrocarburos. “En ese sentido, uno esperaría que haya una inversión importante en este sector, así como en la agricultura, que podría ser una alternativa importante en nuestro país. Hay que fortalecer estas líneas productivas, para salir de la trampa de depender únicamente del petróleo o carbón”, dice Mauricio Cabrera, geólogo y asesor en relaciones de gobierno de WWF, con experiencia en temas minero-energéticos.
El Ministerio del Trabajo está adelantando un documento llamado la “Estrategia para la Transición Justa de la fuerza laboral hacia una economía resiliente y baja en carbono”. Este, en teoría, determinará qué pasará con los empleados que pierdan su trabajo por los cambios que implicará la transición energética y el cambio climático. Jonathan Sánchez, ingeniero químico y especialista sectorial y corporativo en cambio climático y biodiversidad en WWF, señala que también se debería conformar un viceministerio de Industria dentro del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para “pensar al país como uno que quiere producir y crear nuevos sectores que representen una economía verde, aprovechando la cantidad de recursos naturales que tenemos”. (Le puede interesar Informe critica planes de alejarse del carbón para producir gas a largo plazo)
La gran duda dentro de todo este proceso es si Colombia está a tiempo de generar estas estrategias, si se piensa en los plazos que tiene una transición energética. Petro ha dicho anteriormente que en el país tardará 15 años, pero para expertos como Arias, de Transforma, ya vamos tarde. Pensar en nuevos sectores productivos, asegurar que vayan de acuerdo con los intereses de la gente y su vocación implica bastante tiempo. El reto es mayor si se tiene en cuenta que “nunca se ha pensado desde un nivel central, de manera orientativa, qué tiene que producir Colombia ni qué capacidades puede desarrollar”, dice Sánchez.
Mejorar y aumentar la participación de comunidades indígenas
Gran parte, si no es casi todo, de potencial eólico de Colombia está en La Guajira, por su ubicación y los vientos que ahí llegan. El departamento está habitado también de comunidades indígenas; un 38% de la población de La Guajira son wayuu. Tomarlos en cuenta para el desarrollo de los proyectos que traerá la transición energética es muy importante. El nuevo documento del gobierno, de hecho, menciona el enfoque “territorial y étnico” como uno de los pilares de la transición energética.
“Se han cometido errores anteriormente, de extraer recursos estratégicos de los territorios con comunidades étnicas y la idea es que la transición energética se asegure de hacerlos parte de las decisiones que se toman y de los beneficios de los proyectos”, indica Arias. (Le puede interesar ¿Puede Colombia tener electricidad 100 % renovable para 2030?)
Una de las críticas a los proyectos mineros, por ejemplo, es que no han traído beneficios a las comunidades cercanas a la extracción. Cuando Mauricio Cabrera fue contralor delegado para el medioambiente, participó de un análisis, publicado en el libro “Minería en Colombia: derechos, políticas públicas y gobernanza”. “Allí analizamos que la extracción minera, de carbón u oro, no había sido generadora de desarrollo en los municipios mineros”, cuenta Cabrera.
Aunque el caso con los proyectos de energías renovables es distinto, ya que, por ejemplo, no tienen impactos medioambientales tan intensos, Cabrera dice que es importante involucrar a las comunidades en los procesos de desarrollo de estas tecnologías, así como crear mecanismos “más adecuados de consulta y participación, para que las comunidades hagan parte de lo que se decide, pero también para que, eventualmente, también puedan ver beneficios económicos que traen los proyectos eólicos a donde viven”.
¿La transición que ha propuesto Petro es apresurada?
Para expertos como Arias, de Transforma, y Sánchez, de WWF, el documento que publicó esta semana el Ministerio de Minas y Energía da tranquilidad sobre lo que quiere el gobierno con la transición energética. “Con el texto creo que cubren bastante de los componentes importantes al hablar de esta transición y resalto mucho que hablen de un mejoramiento de la eficiencia energética, que quiere decir que, si consumimos mejor energía, va a haber un menor consumo”, señala Sánchez.
La pregunta, ahora, será qué tan ambiciosos serán los plazos y metas que trace la hoja de ruta para la transición energética. El rechazo a los anuncios que hicieron algunos ministros este pasado mes hará, probablemente, que Petro ajuste sus mensajes a la “realidad social y fiscal del país, en un contexto de recesión global”, dice Cabrera, de WWF. En últimas, sin embargo, la reticencia al plan que ha presentado este gobierno se puede explicar también, agrega, porque “en los anteriores gobiernos había un mensaje de hacer una ‘transición’ sin realmente hacerla, era algo más discursivo. Un ejemplo de esto es que la dependencia económica seguía alrededor de los hidrocarburos. El mensaje de este gobierno es que sí habrá cambios importantes y eso incomoda”. (Le puede interesar ¿Qué pasaría si Colombia deja de explorar y producir gas natural?)
Un reto que enfrentará el gobierno es cómo comunicar algunos de los cambios más controversiales, como la fecha de fin de uso de los combustibles fósiles. “Para ese tema, creo que es necesario hacer mucha pedagogía, porque lo primero que sucederá cuando uno no sabe cuándo, cómo y por qué no habrá más gas natural, por ejemplo, es que habrá preocupación”, indica Arias. Por eso, en conjunto con diálogos regionales para pensar la transición energética justa, ella dice que se tiene que hacer una pedagogía “bien planeada” para que las personas sepan, primero, qué es la transición energética.
Para Sánchez, la estrategia tiene que ir mucho más allá. Dice que, con un tema difícil de comunicar, se deben adelantar procesos en donde el Ministerio de Minas se junte con el Ministerio de Educación y el de Ambiente para empezar a hablar sobre la transición energética, pero evidenciando cómo está conectada con otros temas que, tal vez, sean más cercanos a la gente, como el calentamiento global o la pérdida de biodiversidad.
En general, entonces, se trata de que cualquier persona, en cualquier parte de Colombia, pueda entender por qué se está hablando de tener una transición energética en este momento. “Debemos entender que tiene unos plazos, cuáles son sus beneficios y qué pasaría si no la hacemos. Sin esa información, es posible que haya mucha oposición a cualquier decisión que tome el gobierno”, opina Arias.
