En términos simples y resumidos, el objetivo de este acuerdo es garantizar el acceso a la información y a la justicia, además de una participación pública en los procesos de toma de decisiones, todo ello en relación con asuntos ambientales.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Con el aval de la Corte Constitucional a la Ley 2273 de 2022, que ratificó la adhesión de Colombia al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, este tratado internacional adquiere plena vigencia en el país.
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