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Hay una madera morada que es muy apetecida por su resistencia al agua y a los hongos, además de su característico color. Una sola tabla podría durar dos o tres años debajo del agua sin dañarse. Esa madera se extrae del nazareno (Peltogyne purpurea), un árbol que crece en el Parque Nacional Natural (PNN) Paramillo, entre Antioquia y Córdoba, y que está catalogado como vulnerable por la Lista Roja de Especies Amenazadas. (Puede ver: La Nasa y la OMM confirman que 2023 fue el año más cálido registrado)
Entre 2015 y 2022, de acuerdo con cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en el PNN Paramillo se deforestaron unas 8.400 hectáreas (ha) de bosque. Una parte importante de esa área se perdió por tala ilegal para la producción de madera de especies como el nazareno, el cedro (Cedrela odorata) o el chingalé (Jacaranda copaia), entre otros.
Una sola hectárea de bosque natural puede tener más de 400 árboles y cada uno, como en el caso de los nazarenos, llega a medir más de 30 metros. Detrás de la deforestación en el PNN Paramillo, según una investigación adelantada por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía, hay una estructura criminal que ha movido, por lo menos, $18.000 millones en los últimos años.
“De un solo árbol pueden salir cuatro trozas de ocho metros, que son las partes en las que se divide todo el tronco”, señala el mayor Cristian Mesa, jefe de la Unidad investigativa de delitos contra los recursos naturales y medio ambiente de la Policía Nacional de Colombia. Eso, para un árbol de estas dimensiones, significa unos ocho metros cúbicos de madera lista para la venta que, puesta en Bogotá, puede costar $12.000.000. El problema, señala Mesa, es que una vez se legaliza la madera al salir del parque, no es fácil de rastrear.
Así funciona la deforestación en Paramillo
El PNN Paramillo es una de las áreas protegidas más grandes de Colombia. Cuenta con más de 500.000 ha y alberga al menos a 417 especies de plantas, según el último informe de Parques Nacionales Naturales Cómo Vamos (PNNCV). En teoría, por tratarse de un área protegida, en su territorio no se pueden desarrollar actividades comerciales, construir vías ni talar árboles sin permiso de la autoridad ambiental. Entonces, ¿cómo sacan la madera? (Puede ver: Industria mata a cerca de 80 millones de tiburones al año)
Según Mesa, funciona así: una persona se encarga de contratar y pagar a personas que suelen ser de otras partes del país para que se instalen durante algunas semanas en el PNN con un objetivo, que puede ir desde deforestar una hectárea, hasta cientos de estas. Para esto, les suministran motosierras y combustible, además de un pago de entre $2 y $3 millones por hectárea.
Una vez se tumban los troncos, estos se dividen en trozas y se encadenan en una forma que se conoce como choriceo. “Es como ver las espinas de un pez. Hay una cadena central y los troncos salen como espinas hacia ambos lados”, explica Mesa. De ahí, los encadenan a una lancha que los transporta por alguno de los ríos que atraviesa el PNN: Sinú, Manso, Tigre, Esmeralda, Verde, San Jorge, Sucio, San Pedro y Uré.
El destino es el Puerto Frasquillo, en la represa de Urrá, un punto en el límite norte del parque, en donde hay un aserradero. Allí se dividen las trozas en tres o cuatro listones, dependiendo del ancho que tenga el tronco, y estos a su vez en tablas. “Ellos acopian la madera, la traen a ese puerto y de aquí la van sacando en tractomulas o camiones y la distribuyen principalmente a los centros de comercio del país como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Montería, entre otras zonas”, dice un vocero de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), entidad que también hizo parte de la investigación.
En estos centros de distribución, asegura Ciro Amézquita, investigador criminal de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía, es donde se legaliza la madera. “En el lugar se tiene que registrar cuánta madera entra, cuánta sale y a qué especie corresponde. Cuando llegan los camiones, por ejemplo, dicen que es pino. Pero realmente no es pino porque es nazareno y se caracteriza por su color morado”. Las autoridades aún no han determinado si los propietarios de los centros de distribución participan del delito, o si son engañados por quienes llevan la madera.
Puede ver: Deforestación en la Amazonía habría aumentado en los últimos meses de 2023: Minambiente
Una vez pasa por este proceso fraudulento, la madera se vende legalmente y puede ir a parar a cualquier parte del país o, si llega a algún puerto del Caribe, del mundo. En 2021, por una interceptación de la Policía en medio de la investigación, conocieron que una tractomula que se dirigía al puerto de Cartagena para ser transportada a San Andrés iba cargada con 1.000 listones de nazareno. En ese momento, en la isla se encontraban en reconstrucción las viviendas de madera afectadas por el huracán Iota. “La factura solo dice 1.000 listones de madera, no dice la especie. Al ser una factura de venta legal, ya no tiene control de la autoridad ambiental porque la madera va transformada”, explica Mesa.
Un negocio multimillonario
Entre 2010 y 2022, la Fiscalía registró 85 noticias criminales, entre capturas de la Policía y denuncias, relacionadas con la deforestación en el PNN Paramillo. Algunas de las personas que son capturadas, se registran como reincidentes en este delito años después. Estos registros fueron uno de los insumos para iniciar la investigación, así como las placas de los vehículos que eran contratados para transportar la madera.
La Policía logró rastrear más de $18.645 millones en pagos a diferentes integrantes de la organización: los operadores logísticos (que a su vez pagan a quienes talan), los transportadores, las distribuidoras de madera y los líderes de la organización. “La mayoría de las transacciones no utilizaron bancos formales, cuentas de ahorros o cuentas corrientes, sino que utilizaron transferencias virtuales a través de Daviplata y Nequi”, dice el mayor Mesa. (Puede ver: Minsalud demanda a 21 EPS)
Estas transferencias son más difíciles de rastrear para la Policía, pues no siguen el mismo procedimiento de acceso a la información que tienen las cuentas de banco. Además, tampoco se tiene un registro de cuánta plata se mueve en efectivo o por otros medios. Lo que sí se sabe es que una parte de ese dinero iba dirigido a financiar la operación del Clan del Golfo.
Sobre esto, Nequi* aseguró que “como línea de Negocio de Bancolombia S.A., es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, lo que supone que las operaciones que se realizan a través nuestro se sujetan a políticas y controles definidas por dicha entidad. De otra parte, estamos en constante comunicación y reportamos a las autoridades competentes cualquier transacción inusual realizada a través de nuestra App y demás canales. Finalmente, recalcamos que nos regimos por políticas estrictas para prevenir y detectar cualquier actividad ilícita. Acompañamos la cotidianidad de las personas, buscamos la inclusión financiera para el País y, reportamos cualquier uso indebido de nuestra App, acatando la ley”.
En mayo de 2023 se realizaron 20 capturas como parte de la investigación. Entre ellas, se encontraba el que sería el cabecilla de la organización, Robinson Antonio Fernández Úsuga, alias ‘viejo’, quien “es familiar de Dario Antonio Úsuga, alias ‘otoniel’, excomandante del Clan del Golfo”, apunta Mesa.
De acuerdo con la investigación, toda la operación para deforestar bosque al interior de Paramillo era custodiada por este grupo armado. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), ha establecido la deforestación como uno de los delitos conexos que utilizan los grupos armados para el lavado de activos. Además de movimientos de dinero en efectivo, se cree que utilizan criptomonedas “para hacer transferencias difíciles de rastrear para las autoridades”, dice el subintendente Amézquita. Además, una vez se legaliza la madera, para las autoridades también es difícil rastrear cuánto dinero se genera en ventas.
Un problema que persiste
Antonio Fernández Úsuga, quien actualmente está siendo procesado por la Fiscalía luego de su captura, ya había sido vinculado a una investigación administrativa-ambiental por deforestación en julio de 2014. Entonces, tras el decomiso de un cargamento de madera talada ilegalmente, el conductor que la transportaba hacia Tierralta, Córdoba, aseguró a Parques Nacionales Naturales que Fernández lo había contratado para hacerlo. Como este caso, la Policía encontró varios en los que una misma persona era capturada por el mismo delito en varias ocasiones. (Puede ver: Todo lo que tiene que saber del linaje JN.1 de covid-19 en Colombia)
Hasta 2021, cuando se emitió la Ley 2111 para cambiar la forma en la que se procesan los delitos ambientales, la deforestación era investigada por entidades como Parques Nacionales Naturales, que solo podían establecer sanciones económicas cuando encontraban evidencia del delito. Ahora, se investiga como un delito penal por parte de la Fiscalía y puede tener penas de cárcel de entre 60 y 144 meses, así como multas de 134 a 50.000 salarios mínimos mensuales vigentes.
Para el mayor de la Policía, Cristian Mesa, esto permite que las investigaciones puedan vincular el delito a las organizaciones ilegales que lo financian, y no solamente a quienes hacen parte de la tala o el transporte. Por ejemplo, en Paramillo, de acuerdo con PNCV, se pasó de tener 1.278 ha de cultivos de uso ilícito en 2016, a 2.099 en 2021, una de las actividades de las que podrían lucrarse estos grupos armados después de tener una zona deforestada. Además, otras instituciones han entrado a hacer parte del monitoreo de este delito. Por ejemplo, Mesa reconoce que el interés por esta zona surgió a raíz de la identificación de un Núcleo Activo de Deforestación por parte del Ideam entre 2021 y 2022.
Utilizando imágenes de tres satélites diferentes, explica Edersson Cabrera, coordinador del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Ideam, la entidad emite alertas semanales “que remitimos principalmente a las autoridades ambientales regionales, a la Policía Nacional, a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría, para identificar en dónde están los sitios que presentan las mayores dinámicas de deforestación en el país”.
Sin embargo, a pesar de que ahora hay una mejor coordinación para investigar la deforestación, aún hay temas pendientes. “Normalmente, lo que pasa es que impactamos la estructura criminal, disminuye la deforestación durante seis meses o un año, y vuelven a empezar”, apunta el mayor Mesa.
Uno de los puntos en los que aún no se tiene control sobre la madera proveniente de áreas protegidas es en la comercialización. En los puntos de distribución no se controla su origen ni la especie a la que pertenecen, mientras que en los puertos no se cuenta con una revisión de carácter ambiental. “Ellos están pendientes de temas como el pago de impuestos o el narcotráfico, pero no tenemos un punto de control ambiental para la exportación de madera”, añade el subintendente Amézquita.
Mientras tanto, el informe de PNCV asegura que Paramillo hace parte de los Parques Nacionales Naturales que se encuentran en estado crítico por tener “ecosistemas amenazados, traslape con bloques de hidrocarburos e incremento en el número de cabezas de ganado en sus alrededores”.
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Por su parte, las alertas tempranas de deforestación del Ideam registraron núcleos de deforestación para el segundo trimestre de 2023 en el parque, cerca de los ríos Esmeralda y Verde del Sinú, que desembocan en la represa de Urrá, como se aprecia en el mapa que acompaña este texto.
*Nota del editor (17/01/2024): Nequi se contactó con este periódico para sentar su posición alrededor del rastreo y seguimiento de las transacciones que se hacen a través de su plataforma financiera (un elemento que fue reseñado por la Policía Nacional en el contexto de las actividades ilícitas de las que se trata este artículo). Añadimos la respuesta de la entidad bancaria en el texto.
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