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Desde la década de 1990, multinacionales como Glencore y Drummond llegaron al departamento para explorar, explotar y exportar reservas de carbón, que hoy se cree son mayores a 2.000 millones de toneladas. Desde entonces, los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril, Agustín Codazzi y Chiriguaná, empezaron a ser conocidos en Colombia como el corredor minero del Cesar. Pero, ahora, como parte de su propuesta de transición energética, el Gobierno quiere convertirlo en un “corredor de la vida”.
Para lograr esa transformación, el gobierno ha dado algunas luces sobre la necesidad de adelantar una reconversión laboral en la zona.También señaló que quiere adelantar una “restauración ecológica participativa” para recuperar ciertos ecosistemas y áreas de las zonas de influencia minera. Para iniciar este proceso, el ministerio de Ambiente se comprometió con dar $26.000 millones este año.
Pero, hay muchas dudas sobre esta propuesta: ¿Cómo se están haciendo los cierres mineros actualmente? ¿Tienen contemplado asegurar una restauración ecológica? ¿Qué garantiza que hagan un proceso “adecuado”? (También puede leer: Las dudas detrás de la estrategia para reducir emisiones de CO2 de empresas como Disney o Cabify)
Para responder esas preguntas, es importante entender, primero, qué implica, técnicamente, un proceso de restauración ecológica, ya que va más allá de solo plantar árboles. Mauricio Aguilar, ecólogo restaurador e investigador del Instituto Alexander von Humboldt, explica que la restauración ecológica es un proceso en el que científicos o comunidades locales ayudan a que un ecosistema se pueda reestablecer, tras haberse degradado o perdido totalmente.
“Nos hemos dado cuenta de que, si ayudamos a que se den ciertas características en la naturaleza, ella misma se puede recuperar”, anota Aguilar. Después de que se presenta un disturbio en un ecosistema, en este caso, la minería, los científicos hacen un diagnóstico para ver “cuánto se degradó, se destruyó o perdió y cuáles son las condiciones que pueden ayudar para que se recupere”.
Dependiendo de lo que se encuentre en este análisis, se determina el camino a recorrer para que el ecosistema se reestablezca. Esto depende, a grandes rasgos, del estado de degradación en que esté el lugar, pero también el uso que se le quiere dar a futuro.
Por ejemplo, con la restauración ecológica, el interés es llegar a un ecosistema muy parecido al “original”, mientras que la recuperación ecológica se enfoca en mejorar la condición ecológica de un lugar, pero no se espera llegar a lo que era antes. Un punto intermedio, agrega Aguilar, es la rehabilitación ecológica, que se da en lugares donde se espera obtener mayor diversidad, pero seguir dándole algún tipo de uso. (Le puede interesar: Al pensar en su transición energética, Colombia debería mirar a sus mares)
¿Qué pasa con la minería, entonces? “Muchas veces esa actividad destruye por completo el suelo, o incluso se destruye geomorfología. Si no se hace un diagnóstico que permita determinar cómo está la geomorfología, la geología, los suelos, se puede tratar de poner cualquier tipo de vegetación como medida de restauración, pero el lugar no se recuperará”, dice el ecólogo.
¿Cómo deberían quedar las minas después de su cierre?
Según la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), desde el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se deben presentar las actividades de cierres de las minas. Es decir, desde antes de que empiece un proyecto, una empresa debe indicar qué medidas acciones relacionadas con la restauración, recuperación y/o rehabilitación ecológica utilizará, para manejar los impactos que ocasionará.
Una vez empieza a correr el tiempo de esta etapa, la Anla realiza visitas de seguimiento para monitorear y validar el avance y cumplimiento de las acciones de restauración, recuperación o rehabilitación prometidas. Cuando la autoridad determina que el área está en condiciones ambientales adecuadas, termina el proceso de cierre de la mina.
Pero, como recuerda Mauricio Cabrera, geólogo y asesor en relaciones de gobierno de WWF, con experiencia en temas minero-energéticos, los proyectos mineros que controla y monitorea la Anla son menos del 5 % del total, pues solo les corresponden los grandes proyectos, como Cerrejón o las minas de Drummond.
“Hay alrededor de 3.000 proyectos en Colombia que tienen licencia ambiental, y hay 20 proyectos de gran minería, el resto son proyectos de pequeña y mediana minería y esos son de control de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)”, indica.
Una de las dificultades es, entonces, que en la gran mayoría de casos, le corresponde a las autoridades ambientales regionales determinar si un cierre minero está o no cumpliendo. “Y, en general, las CAR no tienen ni la capacidad técnica ni financiera para hacer un adecuado seguimiento, tanto al desarrollo del proyecto, como al cierre”, agrega Cabrera. (Puede leer: La historia del carbón en La Guajira)
En el caso de los proyectos monitoreados por la Anla, indica, ya hay un “camino andado”, pues desde hace varios años se les empezó a exigir que contemplaran cómo iban a dejar el territorio después de terminar su explotación. Uno de los ejercicios interesantes para hablar de prácticas de recuperación en cierres mineros es el de Cerrejón, señala Cabrera, la mina de carbón a cielo abierto más grande de Latinoamérica, que opera en La Guajira. Aguilar, del Humboldt, concuerda con que la empresa tiene varios ejemplos buenos.
El ecólogo Luis Madriñan es el gerente de Gestión Ambiental de la mina. Explica que la empresa cuenta con un plan de rehabilitación de las áreas mineras que se van liberando el proceso de cierre progresivo de las operaciones. Hasta la fecha, han rehabilitado 4.825 hectáreas donde se realizaba minería, es decir, alrededor del 86 % de las áreas liberadas.
Para evaluar el proceso, utilizan más de 50 criterios para establecer si la rehabilitación es exitosa. Entre ellos están la estabilidad de la geoforma, las tasas de erosión, el aumento de carbono orgánico en los suelos y la biodiversidad de especies, entre otros.
Andrea Cardoso, profesora de la Universidad del Magdalena y líder del Semillero de Investigación en Transición Energética, opina que del ejercicio en Cerrejón se pueden sacar dos conclusiones importantes: que la recuperación del ecosistema requiere de mucho tiempo e inversión; y que el estándar de una mina no aplica necesariamente para todas las que están en un mismo grupo. (Le puede interesar: ¿Qué carajos es la transición energética?)
Un buen ejemplo para entender esto es lo que ha sucedido con Prodeco (también subsidiaria de Glencore), que tuvo el control de varias minas de carbón en el Cesar. Para Cardoso, la recuperación durante el cierre minero fue un cuento completamente distinto. El proceso de cierre minero, en general, no ha funcionado bien, dice.
En 2021, Prodeco renunció a tres de sus cinco títulos mineros en Cesar, lo que quiere decir que, tras ajustar algunas cuentas, le devolverá las minas al Estado para que se las pueda otorgar a otra empresa. Sin embargo, desde mediados del año pasado, organizaciones sociales del departamento le han solicitado al gobierno que revise de cerca el proceso, pues temen que el plan de cierre no repare daños ambientales y sociales.
Un líder del municipio de La Jagua de Ibirico, quien pidió no ser identificado, cuenta que, tras el cierre de la mina, los árboles que se han sembrado en algunas de estas áreas, mueren cuando llega el verano, pues las raíces “no alcanzan a coger”.
Aguilar, del Humboldt, sostiene que, aunque no conoce la denuncia particular, ni ha analizado lo que sucede allí, con la minería de carbón a cielo abierto pueden quedar problemas en la estabilidad de los suelos o su composición química y biológica.
Por ejemplo, dice que una buena práctica en este tipo de minería es extraer el suelo de donde se realizará la actividad y guardarlo, para luego reubicarlo cuando termine la minería. “Si el suelo no se guarda o no se guarda bien, puede tener problemas físicos, químicos y biológicos. Si el suelo no tiene poros, para que pase el agua y microorganismos, va a ser muy difícil que sea utilizado por vegetación o animales. Si no tiene suficiente fósforo o nitrógeno, también puede representar problemas para la vegetación”, explica.
Una opción para abordar este problema, indica, es “sacar el suelo, conservarlo al lado de la cantera y ya se ahorraría un montón de tiempo en la recuperación de esa área, porque ya se tiene el suelo”.
La ausencia de unos requisitos mínimos
¿Por qué dos minas de una misma multinacional tienen, aparentemente, prácticas de recuperación de los ecosistemas diferentes? La respuesta corta es que en Colombia no existe una normativa que estandarice qué debe incluir un cierre minero exitoso, indica Cabrera de WWF. “Cada proyecto lo ha manejado de acuerdo con su propio criterio. Mientras que unos han decidido empezar a restaurar desde el inicio del proyecto, otros no. Aunque hay quienes sostienen que el plan de manejo ambiental que aprueban las autoridades es suficiente, también hay brechas jurídicas”.
Algunos de los vacíos, por ejemplo, son que no existe una forma de asegurar mecanismos de monitoreo efectivos en la pequeña y mediana minería, o que no se sabe quién debería asumir los pasivos ambientales (o impactos) de los proyectos.
Actualmente, en el Congreso avanza un proyecto de ley para definir y gestionar esos “pasivos ambientales”, aunque es una iniciativa que no ha tenido éxito en otros períodos legislativos. (Puede interesarle: Lo que viene para La Guajira después de 40 años de depender del carbón
Para Cardoso, una ley sobre pasivos ambientales podría ser la clave para regular también los cierres mineros. Otro de los caminos podría estar en la reforma del código de minas, que ya fue anunciada por el gobierno. En una entrevista con El Espectador, la ministra Vélez dio algunas pistas sobre lo que buscan. Quieren “construir los mecanismos que nos van a impedir que se repitan casos como el de Prodeco. Que bajo ninguna circunstancia los cierres de minas terminen en una deuda social y una deuda ambiental para los territorios”.
En todo caso, Cabrera opina que lo más urgente es “tener una definición de pasivos ambientales a través de una ley y, si se quiere, que esta indique en un tiempo establecido, se van a reglamentar”.
Por ahora, ya hay pistas sobre lo que las minas deberían empezar a hacer.En diciembre del año pasado, durante la Conferencia de Biodiversidad de la ONU, la Sociedad de Restauración Ecológica, un grupo internacional de expertos, publicó los primeros estándares internacionales para restauración en cierres mineros. Tal vez una de las conclusiones más importantes, señala Bethanie Walder, directora del grupo, es que “las empresas mineras pueden restaurar un territorio más amplio que el que impactaron inicialmente, yendo más allá de la huella minera, y más allá de los mínimos esperados”.
