El pueblo inga y la defensa de los ríos de proyectos extractivos

María Beatriz Otaya Andaquí es una sabedora y médica tradicional del pueblo inga de Villagarzón, en Putumayo. Desde que era niña su padre, que también era autoridad y médico tradicional, la llevaba a recorrer su territorio ancestral en busca de plantas medicinales.

“Nos íbamos caminando por la orilla del río San Vicente hacia abajo. Luego de dos días de camino recogíamos unas plantas y nos veníamos otra vez. A los ocho días hacíamos el mismo viaje, pero por el San Vicente hacia arriba. Cuando estábamos de regreso en casa mi papá me decía: ‘Bueno, ahora sí venga, mija, a conocerlas. Esta es para la fiebre, esta para el flujo amarillo, esta para el flujo blanco y con esta usted va a alentar a la gente. Cuando yo me muera usted quedará sabiendo todo’”, cuenta la médica tradicional. “Y así fue”.

Para María Beatriz, su padre y su comunidad, el río no solo era la guía del camino hacia las plantas medicinales, también era el lugar en donde encontraban muchas de ellas. “Hay unas plantas que nacen en el agua, son acuáticas, y toca traerlas y ponerlas en el agua también. Ahora toca ir lejos a buscarlas, porque por acá ya no hay”, explica la mayora. Desde hace unos años han visto con preocupación la presencia de varias empresas que quieren hacer exploración de petróleo en su territorio, pues sienten que los impactos de estos proyectos amenazarían su supervivencia física y cultural, y contaminarían las sagradas fuentes de agua.

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“Desde hace 15 años se vienen presentando situaciones que ponen en riesgo la vida, el territorio y la persistencia del pueblo inga debido a la presencia de empresas extractivistas en nuestro territorio”, asegura Carlos López Descanse, presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas del Municipio de Villagarzón (Acimvip). “Se han adelantado exploraciones sin el debido consentimiento de las comunidades y se construyó una plataforma en territorio indígena donde están asentadas las comunidades, desconociendo su presencia y teniendo un completo desconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas”, explica.

La plataforma a la que se refiere López Descanse hace parte del proyecto de perforación exploratoria La Cabaña, de la empresa Gran Tierra Energy, con el que se busca determinar la presencia de hidrocarburos mediante la perforación de nueve pozos petroleros en un área de 629 hectáreas. Pero no es el único caso. Un cálculo liderado por la Asociación Ambiente y Sociedad encontró que de los 51 contratos de bloques petroleros que hay asignados en la Amazonia colombiana, 39 se traslapan con 83 resguardos indígenas. Lo más preocupante, encontraron los investigadores, es que la consulta previa —derecho constitucional que existe para que las comunidades decidan si en su territorio se pueden explotar recursos naturales— no siempre se cumple.

Esto ocurrió en el caso del APE La Cabaña. En marzo de 2012 la empresa Gran Tierra Energy solicitó al Ministerio del Interior que se certificara la presencia o no de grupos étnicos en el área del proyecto. El mismo año, la Dirección de Consulta Previa de la cartera expidió una certificación (573 del 3 de abril de 2012), en la que aseguraba que no se registraba presencia de comunidades étnicas en el área del proyecto. Sin embargo, la comunidad inga de Villagarzón y comunidades afrocolombianas viven a escasos metros de donde está planeada la exploración. De hecho, el terreno del proyecto había sido el antiguo territorio de un mayor inga del resguardo San Miguel de la Castellana, en donde se practicaba la medicina tradicional y se consideraba un sitio de encuentro de espíritus.

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Una vez el Ministerio del Interior certificó que “no había comunidades indígenas”, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) entregó a la empresa Gran Tierra Energy la licencia ambiental para el proyecto. “Decimos que violaron nuestros derechos porque ingresaron de manera inconsulta a nuestro territorio y construyeron una plataforma para la explotación del petróleo. No tuvieron en cuenta a la comunidad ni los asentamientos que estaban alrededor de la plataforma y no hicieron el debido proceso, que es la consulta previa e informada con las comunidades”, asegura Óscar Buesaquillo, exgobernador de uno de los resguardos indígenas de la zona.

En consecuencia, en 2015 Acimvip interpuso una acción de tutela contra la nación, específicamente contra el Mininterior, porque considera que la instalación de la plataforma petrolera del APE La Cabaña es una vulneración a sus derechos fundamentales como pueblos indígenas al haber sido hecha sin consulta previa. Desde entonces ha tenido lugar una batalla jurídica en la que las comunidades indígenas se han organizado para demostrar, con mapas, visitas, documentos, videos y recorridos, que han habitado ese territorio por siglos.

Una preocupación por los ríos y el agua

Una de las mayores preocupaciones de la comunidad con el proyecto es la afectación a sus fuentes hídricas. Según afirman, la plataforma de exploración del APE La Cabaña se encuentra en un lugar sagrado donde están los amos de la naturaleza: una zona de humedales, nacederos de agua y quebradas que, al verse afectadas, comprometerían a sus fuentes hídricas más importantes: el río San Vicente y el río Putumayo.

De acuerdo con un documento entregado por la empresa Gran Tierra al Ministerio de Interior, las cuencas hidrográficas de los ríos Putumayo y San Vicente, así como las microcuencas de la quebrada Sambico y otros drenajes menores están dentro del área de influencia directa del proyecto, en donde también están proyectados tres puntos de captación de aguas.

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“Ahí donde construyeron la plataforma del APE La Cabaña era un nacedero de aguas. Era el comienzo de las canangucheras, el inicio de las quebradas que desembocan en el río San Vicente”, agrega Buesaquillo. Las canangucheras, conocidas también como palma de moriche, forman en conjunto un tipo de humedal por su capacidad de almacenar y purificar el agua, y son plantas sagradas para los ingas. “Son unas plantas de las que nosotros nos beneficiamos por sus alimentos, porque dan frutos, por el agua que retienen y porque espiritualmente es para nosotros donde está toda la energía para poder persistir con la medicina”, asegura el taita Vicente Jacanamejoy, autoridad inga. El río San Vicente, por su parte, cruza por las diez comunidades del pueblo inga de Villagarzón, por lo que, sin importar qué tan lejos se encuentren del proyecto, todas sienten que se verían afectadas.

La antropóloga Diana Silva, quien hace parte del equipo de apoyo técnico de Acimvip, asegura que “el río San Vicente es el centro de acopio y el medio de subsistencia de las comunidades” para el pueblo inga. Según explica, es allí donde se recoge el barro para la medicina y para elaborar utensilios como ollas, también donde se recogen las semillas, se pesca y se toma el agua. “Si eso se contamina y desaparece, sencillamente se afecta la pervivencia del pueblo inga tanto física como culturalmente”, dice.

Tras varios recursos, este año se llevó a cabo una tercera visita de verificación, entre el 1° y el 8 de marzo, solicitada por el Tribunal Administrativo de Nariño. Se buscaba, entonces, dar una conclusión sobre la presencia de grupos étnicos en el área de perforación exploratoria del proyecto. Fue una semana visitando resguardos, chagras, reservas de plantas medicinales, cementerios, cuerpos de agua sagrados, salados y otros sitios de interés étnico que las comunidades consideran que serían afectados si el proyecto de exploración continúa.

Por medio de una resolución publicada el pasado 27 de octubre, el Mininterior certificó finalmente que procedía hacer la consulta previa con el Resguardo Indígena San Miguel de la Castellana para el proyecto APE La Cabaña, solo uno de los siete resguardos accionantes que solicitaron la verificación.

Vanessa Torres, abogada y, subdirectora de Ambiente y Sociedad, organización que ha acompañado al pueblo inga en este proceso, asegura que resulta preocupante que el derecho a la consulta previa sea reconocido únicamente a favor de uno de los resguardos que conforman este territorio. Esto, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial en relación con el concepto de afectación directa de proyectos de desarrollo, el cual no se puede entender únicamente como un aspecto geográfico. “Nuestro ordenamiento jurídico ha desarrollado el concepto de protección cultural de los grupos étnicos, el cual no puede estar limitado a análisis cartográficos, más aún cuando se trata de proyectos de exploración y explotación de recursos no renovables, en donde, de acuerdo con la sentencia SU 123 de 2018 de la Corte Constitucional, la afectación directa incluye el impacto en el territorio de la comunidad tradicional o en el ambiente, la salud o la estructura social, económica y cultural del grupo. Lo cual se ve reflejado en el impacto social y ambiental que ha generado la construcción de la plataforma en el territorio del pueblo inga, que cComo pueblo exigen el ejercicio de su derecho a la consulta libre previa e informada, con garantías, y no un reconocimiento fraccionado, determinado por un análisis que desconoce el precedente jurisprudencial”.

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Ahora, los informes de todas las partes se encuentran ante el Tribunal de Nariño, que deberá entregar una respuesta. El proyecto, entre tanto, está suspendido desde 2015. “Es importante destacar que Gran Tierra Energy ha cumplido y atendido todas las órdenes emitidas por las autoridades legales, ambientales y de consulta previa”, señalan desde la empresa.

“Para nosotros, no hay ninguna plata del mundo que nos supere el agua. Podemos tener plata, podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos el agua no tenemos nada, y eso es por lo que hoy estamos dando la pelea: la lucha por el agua, por nuestros derechos, que nuestros territorios sean respetados, porque son territorios sagrados donde cultivamos la medicina, donde están los animales para nuestro sustento, donde está el río y los peces. Al haber una afectación al río y todas esas aguas contaminadas ya no vamos a tener oportunidades de hacer todas esas actividades que hacíamos antes”, concluye Luz Dary García, representante legal de Afrovilla, comunidad afro que también se encuentra cerca al proyecto de La Cabaña.

*Esta historia fue posible gracias a una alianza entre El Espectador y la organización Ambiente y Sociedad.

*Esta nota fue modificada el 13 de diciembre a las 10:03 para agregar la aclaración de que el documento en el que se dice que las cuencas hidrográficas de los ríos Putumayo y San Vicente están dentro del área de influencia directa del proyecto, fue un documento que entregó Gran Tierra al Ministerio de Interior.

María Beatriz Otaya Andaquí es una sabedora y médica tradicional del pueblo inga de Villagarzón, en Putumayo. Desde que era niña su padre, que también era autoridad y médico tradicional, la llevaba a recorrer su territorio ancestral en busca de plantas medicinales.

“Nos íbamos caminando por la orilla del río San Vicente hacia abajo. Luego de dos días de camino recogíamos unas plantas y nos veníamos otra vez. A los ocho días hacíamos el mismo viaje, pero por el San Vicente hacia arriba. Cuando estábamos de regreso en casa mi papá me decía: ‘Bueno, ahora sí venga, mija, a conocerlas. Esta es para la fiebre, esta para el flujo amarillo, esta para el flujo blanco y con esta usted va a alentar a la gente. Cuando yo me muera usted quedará sabiendo todo’”, cuenta la médica tradicional. “Y así fue”.

Para María Beatriz, su padre y su comunidad, el río no solo era la guía del camino hacia las plantas medicinales, también era el lugar en donde encontraban muchas de ellas. “Hay unas plantas que nacen en el agua, son acuáticas, y toca traerlas y ponerlas en el agua también. Ahora toca ir lejos a buscarlas, porque por acá ya no hay”, explica la mayora. Desde hace unos años han visto con preocupación la presencia de varias empresas que quieren hacer exploración de petróleo en su territorio, pues sienten que los impactos de estos proyectos amenazarían su supervivencia física y cultural, y contaminarían las sagradas fuentes de agua.

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“Desde hace 15 años se vienen presentando situaciones que ponen en riesgo la vida, el territorio y la persistencia del pueblo inga debido a la presencia de empresas extractivistas en nuestro territorio”, asegura Carlos López Descanse, presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas del Municipio de Villagarzón (Acimvip). “Se han adelantado exploraciones sin el debido consentimiento de las comunidades y se construyó una plataforma en territorio indígena donde están asentadas las comunidades, desconociendo su presencia y teniendo un completo desconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas”, explica.

La plataforma a la que se refiere López Descanse hace parte del proyecto de perforación exploratoria La Cabaña, de la empresa Gran Tierra Energy, con el que se busca determinar la presencia de hidrocarburos mediante la perforación de nueve pozos petroleros en un área de 629 hectáreas. Pero no es el único caso. Un cálculo liderado por la Asociación Ambiente y Sociedad encontró que de los 51 contratos de bloques petroleros que hay asignados en la Amazonia colombiana, 39 se traslapan con 83 resguardos indígenas. Lo más preocupante, encontraron los investigadores, es que la consulta previa —derecho constitucional que existe para que las comunidades decidan si en su territorio se pueden explotar recursos naturales— no siempre se cumple.

Esto ocurrió en el caso del APE La Cabaña. En marzo de 2012 la empresa Gran Tierra Energy solicitó al Ministerio del Interior que se certificara la presencia o no de grupos étnicos en el área del proyecto. El mismo año, la Dirección de Consulta Previa de la cartera expidió una certificación (573 del 3 de abril de 2012), en la que aseguraba que no se registraba presencia de comunidades étnicas en el área del proyecto. Sin embargo, la comunidad inga de Villagarzón y comunidades afrocolombianas viven a escasos metros de donde está planeada la exploración. De hecho, el terreno del proyecto había sido el antiguo territorio de un mayor inga del resguardo San Miguel de la Castellana, en donde se practicaba la medicina tradicional y se consideraba un sitio de encuentro de espíritus.

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Una vez el Ministerio del Interior certificó que “no había comunidades indígenas”, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) entregó a la empresa Gran Tierra Energy la licencia ambiental para el proyecto. “Decimos que violaron nuestros derechos porque ingresaron de manera inconsulta a nuestro territorio y construyeron una plataforma para la explotación del petróleo. No tuvieron en cuenta a la comunidad ni los asentamientos que estaban alrededor de la plataforma y no hicieron el debido proceso, que es la consulta previa e informada con las comunidades”, asegura Óscar Buesaquillo, exgobernador de uno de los resguardos indígenas de la zona.

En consecuencia, en 2015 Acimvip interpuso una acción de tutela contra la nación, específicamente contra el Mininterior, porque considera que la instalación de la plataforma petrolera del APE La Cabaña es una vulneración a sus derechos fundamentales como pueblos indígenas al haber sido hecha sin consulta previa. Desde entonces ha tenido lugar una batalla jurídica en la que las comunidades indígenas se han organizado para demostrar, con mapas, visitas, documentos, videos y recorridos, que han habitado ese territorio por siglos.

Una preocupación por los ríos y el agua

Una de las mayores preocupaciones de la comunidad con el proyecto es la afectación a sus fuentes hídricas. Según afirman, la plataforma de exploración del APE La Cabaña se encuentra en un lugar sagrado donde están los amos de la naturaleza: una zona de humedales, nacederos de agua y quebradas que, al verse afectadas, comprometerían a sus fuentes hídricas más importantes: el río San Vicente y el río Putumayo.

De acuerdo con un documento entregado por la empresa Gran Tierra al Ministerio de Interior, las cuencas hidrográficas de los ríos Putumayo y San Vicente, así como las microcuencas de la quebrada Sambico y otros drenajes menores están dentro del área de influencia directa del proyecto, en donde también están proyectados tres puntos de captación de aguas.

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“Ahí donde construyeron la plataforma del APE La Cabaña era un nacedero de aguas. Era el comienzo de las canangucheras, el inicio de las quebradas que desembocan en el río San Vicente”, agrega Buesaquillo. Las canangucheras, conocidas también como palma de moriche, forman en conjunto un tipo de humedal por su capacidad de almacenar y purificar el agua, y son plantas sagradas para los ingas. “Son unas plantas de las que nosotros nos beneficiamos por sus alimentos, porque dan frutos, por el agua que retienen y porque espiritualmente es para nosotros donde está toda la energía para poder persistir con la medicina”, asegura el taita Vicente Jacanamejoy, autoridad inga. El río San Vicente, por su parte, cruza por las diez comunidades del pueblo inga de Villagarzón, por lo que, sin importar qué tan lejos se encuentren del proyecto, todas sienten que se verían afectadas.

La antropóloga Diana Silva, quien hace parte del equipo de apoyo técnico de Acimvip, asegura que “el río San Vicente es el centro de acopio y el medio de subsistencia de las comunidades” para el pueblo inga. Según explica, es allí donde se recoge el barro para la medicina y para elaborar utensilios como ollas, también donde se recogen las semillas, se pesca y se toma el agua. “Si eso se contamina y desaparece, sencillamente se afecta la pervivencia del pueblo inga tanto física como culturalmente”, dice.

Tras varios recursos, este año se llevó a cabo una tercera visita de verificación, entre el 1° y el 8 de marzo, solicitada por el Tribunal Administrativo de Nariño. Se buscaba, entonces, dar una conclusión sobre la presencia de grupos étnicos en el área de perforación exploratoria del proyecto. Fue una semana visitando resguardos, chagras, reservas de plantas medicinales, cementerios, cuerpos de agua sagrados, salados y otros sitios de interés étnico que las comunidades consideran que serían afectados si el proyecto de exploración continúa.

Por medio de una resolución publicada el pasado 27 de octubre, el Mininterior certificó finalmente que procedía hacer la consulta previa con el Resguardo Indígena San Miguel de la Castellana para el proyecto APE La Cabaña, solo uno de los siete resguardos accionantes que solicitaron la verificación.

Vanessa Torres, abogada y, subdirectora de Ambiente y Sociedad, organización que ha acompañado al pueblo inga en este proceso, asegura que resulta preocupante que el derecho a la consulta previa sea reconocido únicamente a favor de uno de los resguardos que conforman este territorio. Esto, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial en relación con el concepto de afectación directa de proyectos de desarrollo, el cual no se puede entender únicamente como un aspecto geográfico. “Nuestro ordenamiento jurídico ha desarrollado el concepto de protección cultural de los grupos étnicos, el cual no puede estar limitado a análisis cartográficos, más aún cuando se trata de proyectos de exploración y explotación de recursos no renovables, en donde, de acuerdo con la sentencia SU 123 de 2018 de la Corte Constitucional, la afectación directa incluye el impacto en el territorio de la comunidad tradicional o en el ambiente, la salud o la estructura social, económica y cultural del grupo. Lo cual se ve reflejado en el impacto social y ambiental que ha generado la construcción de la plataforma en el territorio del pueblo inga, que cComo pueblo exigen el ejercicio de su derecho a la consulta libre previa e informada, con garantías, y no un reconocimiento fraccionado, determinado por un análisis que desconoce el precedente jurisprudencial”.

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Ahora, los informes de todas las partes se encuentran ante el Tribunal de Nariño, que deberá entregar una respuesta. El proyecto, entre tanto, está suspendido desde 2015. “Es importante destacar que Gran Tierra Energy ha cumplido y atendido todas las órdenes emitidas por las autoridades legales, ambientales y de consulta previa”, señalan desde la empresa.

“Para nosotros, no hay ninguna plata del mundo que nos supere el agua. Podemos tener plata, podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos el agua no tenemos nada, y eso es por lo que hoy estamos dando la pelea: la lucha por el agua, por nuestros derechos, que nuestros territorios sean respetados, porque son territorios sagrados donde cultivamos la medicina, donde están los animales para nuestro sustento, donde está el río y los peces. Al haber una afectación al río y todas esas aguas contaminadas ya no vamos a tener oportunidades de hacer todas esas actividades que hacíamos antes”, concluye Luz Dary García, representante legal de Afrovilla, comunidad afro que también se encuentra cerca al proyecto de La Cabaña.

*Esta historia fue posible gracias a una alianza entre El Espectador y la organización Ambiente y Sociedad.

*Esta nota fue modificada el 13 de diciembre a las 10:03 para agregar la aclaración de que el documento en el que se dice que las cuencas hidrográficas de los ríos Putumayo y San Vicente están dentro del área de influencia directa del proyecto, fue un documento que entregó Gran Tierra al Ministerio de Interior.