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La firma de los Acuerdos de Paz en Colombia trajo, sin duda, muchas oportunidades para la ciencia. Territorios y zonas inexploradas, a las que científicos e investigadores no habían podido acceder durante medio siglo a causa del conflicto, se convirtieron en el 2016 en una ventana para conocer mucho más nuestra riqueza natural.
Las expediciones Bio, que se lanzaron principalmente en estos territorios, fueron pioneras en su dimensión y sus hallazgos. En ellas se encontraron y se describieron numerosas nuevas especies para la ciencia.
Sin embargo, la salida de las antiguas FARC de las selvas, montañas y bosques, para su reintegración a la vida civil, trajo también otras consecuencias. (Le puede interesar: Deforestación en 2020 creció en Colombia: se talaron 171.685 hectáreas)
Como lo señalan 12 científicos colombianos en una carta publicada por la prestigiosa revista Science, la presencia de la guerrilla en esos lugares protegía, inintencionalmente, vastas áreas de bosque que les servía de refugio y camuflaje. Al salir de allí se esperaba que el Gobierno pudiera trabajar de la mano con las comunidades locales para impulsar la protección de esas riquezas de biodiversidad y ecosistemas. “Sin embargo, con la elección del 2018 del presidente Iván Duque, las comunidades locales críticas para el cuidado del medio ambiente han sido puestas en peligro una vez más”, escriben.
¿Los motivos? Según indican, más allá de la campaña abierta de Duque contra el Acuerdo de Paz y su “trabajo para socavarlo desde entonces”, su administración ha tomado decisiones muy polémicas. (Le puede interesar: Voladura de oleoductos y minería ilegal: así afectaron la salud de los colombianos)
Por un lado, lanzó una controversial operación militar que penaliza a las comunidades locales por su rol relativamente mínimo en la deforestación “sin fiscalizar a los actores políticamente influyentes y bien conectados que se sabe que impulsan la deforestación a escalas mucho mayores”, afirman.
Por otro lado, aseguran que, aunque en principio su Gobierno impulsó una ley que creaba oportunidades para luchar contra la deforestación (con la aprobación del proyecto de Ley que penaliza la deforestación), su partido político minó a su vez el progreso que podía darse en materia de conservación ambiental tras bloquear la ratificación del Acuerdo de Escazú. “Un tratado Latinoamericano que pedía esfuerzos multilaterales en materia de sostenibilidad y protección ambiental, así como la implementación del proyecto de Especialidad Agraria, una iniciativa alineada con los objetivos del Acuerdo de Paz que habría facilitado las resoluciones de históricas disputas de tierra”. (Le recomendamos: Fernando Vela, un homenaje al médico ambientalista asesinado)
Para los investigadores Alejandro Salazar, Juan F. Salazar, Santiago J. Sánchez-Pacheco, Adriana Sánchez, Eloisa Lasso, Juan C. Villegas, Paola a. Arias, Germán Poveda, Ángela M. Rendón, María R. Uribe, Juan C. Pérez y Jeffrey S. Dukes, la protección ambiental en Colombia depende del empoderamiento y la cooperación con las comunidades locales. “El rápido incremento de la violencia, pobreza e inequidad, que coinciden con las acciones de Duque contra el proceso de paz, han creado condiciones sociales que pueden acelerar la disrupción de ecosistemas amenazados, incluyendo bosques y páramos, que proveen indispensables beneficios para Colombia e, incluso, más allá de sus fronteras”, escriben.
Para ellos, las elecciones de 2022 serán críticas para las personas y los ecosistemas. “Los científicos tenemos que levantar la voz para educar a candidatos y votantes sobre las consecuencias socioambientales de sus acciones”.