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En el Pacto de Glasgow, el documento firmado en la COP26 que se realizó en Reino Unido el año pasado, los países llegaron a varios acuerdos. Sin embargo, uno de los más importantes y celebrados fue el artículo 20 sobre mitigación. En este se pide a los países “acelerar los esfuerzos para la eliminación progresiva de la energía del carbón y la supresión de los subsidios a los combustibles fósiles ineficientes”. El artículo fue celebrado porque fue la primera vez que quedó explícitamente este tipo de lenguaje en las negociaciones climáticas. También tuvo protagonismo porque, según algunos, puso en vilo el cierre de las negociaciones de la cumbre durante sus últimas horas. (Le puede interesar: 2022, año límite para que las empresas miren de frente el cambio climático)
La frase fue modificada de borrador en borrador para hacerla menos estricta. Y justo cuando los países votaban para aprobar el acuerdo final, India pidió modificar su lenguaje: solicitó que no se pidiera “ponerle un freno completo al carbón”, sino “eliminar progresivamente” su proporción como insumo de energía. La razón es sencilla: se trata de un país que depende del carbón para lograr la seguridad energética y que, a diferencia de Europa y Estados Unidos —dos mayores emisores que le apuntan con fuerza a las renovables no convencionales—, no tiene la misma capacidad financiera para hacer esta transición.
Aunque se trata de un escenario internacional, es un debate que también debe dar Colombia. Pero el escenario nacional tiene unos retos particulares. Somos el quinto exportador de carbón del mundo y, según datos del Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO), en el 2020 Colombia exportó 71.190 millones de toneladas de carbón. Es el único combustible fósil en el país que no tiene impuesto al carbono —pese al intento por incluirlo en pasados proyectos de reformas tributarias— y, para la ONU, su eliminación progresiva del sector eléctrico “es el paso más importante que debemos conseguir en consonancia con el objetivo de los 1,5 grados”.
Pero conocer un panorama detallado del carbón en Colombia no es una tarea sencilla. Esto lo comenta la abogada Rosa Peña, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), quien junto a los investigadores Andrés Ángel (geólogo), Daniela García (ingeniera ambiental) y Liliana Ávila (abogada) hicieron un análisis sobre los principales proyectos del sector carbonífero en el contexto de la crisis climática. (Le puede interesar: Colombia ya tiene su Comisión Accidental del Agua y la Biodiversidad)
“Queríamos comprender cómo el Estado colombiano, en cabeza del actual Gobierno, entiende los compromisos climáticos internacionales. En el tema del carbón hay proyectos vigentes, pero, además, se siguen abriendo proyectos, lo que va no solo en contra de la política climática global, sino de un mercado que va bajando”, señala Peña. “El reto es que existe muy poca información actualizada y accesible sobre proyectos de carbón, tanto de minería como termoeléctricas, por lo que tanto la participación y la justicia se reducen”.
En su trabajo, los investigadores navegaron en la información disponible de las instituciones encargadas, las respuestas de solicitud de información, visitas, datos de organizaciones y sociedad civil, así como de las empresas operadoras. Así encontraron que, en octubre de este año, había 45 proyectos termoeléctricos, 21 proyectos portuarios con licencia ambiental asociados al sector carbonífero, veinte licencias ambientales para proyectos termoeléctricos de competencia de la ANLA, doce proyectos mineros en jurisdicción de la ANLA, cinco proyectos ferroviarios y dos solicitudes de licenciamiento de proyectos termoeléctricos en trámite.
Sin embargo, para el análisis solo se priorizaron algunos proyectos que cumplieran ciertos criterios, como las termoeléctricas que se registraron después del 2016, con el fin de analizar qué tanto se reforzó el sector cuando Colombia ya había firmado el tratado climático del Acuerdo de París, o los de alta generación. Así se enfocaron en 18 proyectos, de los cuales cuatro son termoeléctricas. (Le puede interesar: Descarbonizar la economía y transitar a energías renovables: los retos de Colombia)
Sus resultados dan varias pistas sobre el estado del sector. De los catorce proyectos mineros estudiados, por ejemplo, encontraron que al menos diez tienen vigentes o han tenido procesos sancionatorios ante la ANLA; de estos solo cuatro han culminado en multas. En el caso de las cuatro termoeléctricas, no se reportó ninguno.
Además, otros datos que arroja el análisis es que en las zonas de extracción de carbón y en tajos, en promedio, la calidad del aire supera los límites establecidos por la OMS. Por ejemplo, en cuanto a material particulado PM10, cuyo límite establecido por la OMS en el 2021 fue de 15 ug/m³ anual, en promedio alcanza a ser de 50 ug/m³ en estas zonas. En el caso del PM2.5, es de 25 ug/m³ anual, cuando el máximo nivel recomendado por la OMS es de 5 ug/m³.
“En la mayoría tampoco existen estudios de impactos climáticos, que deberían estar dándose desde 2019. Muchos proyectos en operación no lo tienen”, agrega Peña. “Y lo que notamos, además, es que las políticas apuntan a aumentar la producción de carbón en el Cesar y La Guajira, para exportación, pero también fortalecer termoeléctricas en el interior de Colombia, como en Cundinamarca, Santander y Boyacá, para que sea consumido en Colombia”. Es decir, sí habría un esfuerzo por aumentar el mercado de carbón local que, a la fecha, no es muy grande.
En esto último, de hecho, está de acuerdo Carlos Cante, presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón). La matriz energética de Colombia, recuerda, siempre ha sido muy “limpia”: un 70 % a partir de hidroeléctricas con un respaldo de las térmicas que no ha superado el 10 %. “Es una energía de respaldo que no podemos ignorar porque mientras sabemos que tenemos recursos por 16.000 millones de toneladas de carbón y reservas por cerca de 5.000 millones de toneladas solo en carbón térmico, en gas en cada momento estamos diciendo que queda para tres, cuatro o cinco años”, explica. En cuanto al mercado internacional del carbón, no cree que necesariamente disminuya, sino que el lugar de exportación cambie. “Lo vimos en la COP26. Mientras algunos países ricos o desarrollados estaban propiciando su eliminación de la matriz energética, India, en vía de desarrollo, dijo que estos países tenían derecho al uso responsable de combustibles fósiles”, comenta. Lo que pasará, en su opinión, es que se dejará de exportar a Europa y se venderá al sudeste asiático, que “va a seguir demandando carbón térmico”.
“Reconociendo que habrá una presión para su disminución, la demanda de carbón térmico existirá en las próximas tres décadas y cuatro o cinco para el metalúrgico”, agrega Cante.
No obstante, quedan dudas sobre cómo se cruza este escenario con promesas de ser carbono neutro a 2050 como las que hizo Colombia. Y para Cante la respuesta no es disminuir el consumo y la producción de carbón, sino hacerlo más eficiente y bajo en emisiones. “Ya existen modelos de plantas que, a partir de menores cantidades de carbón, generan mayor energía y disminuyen un 50 % de emisiones de CO2”. Lo que no está claro, sin embargo, es si acceder a estas tecnologías le costará más a Colombia que transitar con más fuerza a energías renovables no convenciones.
Otro tema importante en este debate es cómo todo esto se cruza con la NDC (la ruta establecida en Colombia para reducir el 51 % de emisiones a 2030). Allí, por ejemplo, solo se señala que a 2025 debe haber un instrumento para que la minería de carbón tenga una infraestructura resiliente al cambio climático. Pero en la estrategia carbono neutro a 2050 sí se dice que “las plantas termoeléctricas a carbón y gas adoptarán tecnologías de captura y almacenamiento de carbono y estrategias de compensación para ser competitivas a 2050”.
Pero en lo que tanto AIDA como Fenalcarbón sí parecen estar de acuerdo es en que no hay un camino claro para hacer una transición justa: para crear empleos verdes y fuertes a los que puedan migrar quienes hoy trabajan en la industria del carbón. “El Estado colombiano no está preparándose para iniciar un proceso de descarbonización de la economía, con miras hacia una transición justa y con perspectiva de derechos. A diferencia de lo que está ocurriendo en la mayoría de los países europeos y en algunos latinoamericanos como Chile, Colombia está ampliando su capacidad de generación eléctrica a través de termoeléctricas a carbón, creando así mercados domésticos para un porcentaje del carbón que en la actualidad se exporta a países europeos y ampliando la frontera extractiva de la minería del carbón en la costa Caribe y en el interior del país”, señala AIDA.
A Cante, por su parte, le preocupa lo que pasará con los cien municipios colombianos que, según él, dependen del carbón ante una disminución progresiva. Fenalcarbón, por ejemplo, está trabajando en una consultoría con el Banco Mundial para estudiar lo que pasaría “si se dejan de producir quince millones de toneladas del carbón en el Cesar y se cierran 5.000 empleos”, cuenta. “Nadie está preparado”. Ante esto, a más tardar en 2023, el Ministerio de Trabajo debe presentar una estrategia que plantee la transición justa que indique cómo lograr una nueva fuerza laboral adecuada para una economía baja en carbono.