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Una investigación publicada en la revista Environmental Health revela que se ocultaron estudios de toxicidad cerebral asociada a por lo menos nueve pesticidas ante los reguladores de la Unión Europea, producidos entre 2001 y 2007.
Las autoridades se habrían enterado de estos entre 2017 y 2022, y luego de conocerse su existencia, tres de los estudios impulsaron nuevas medidas regulatorias, como más niveles de seguridad frente al pesticida abamectina o la prohibición del etoprofos; además hay investigaciones en curso.
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Se trata de la primera evaluación sistemática de no divulgación, enfocada en estudios de neurotoxicidad del desarrollo (DNT por sus siglas en inglés). Entre lo que hallaron, había estudios no revelados sobre cambios en el tamaño del cerebro en ratas de laboratorio, reducción del aumento de peso en crías expuestas a un pesticida durante el embarazo, así como retraso en la maduración sexual de estas.
Axel Mie, investigador de la Universidad de Estocolmo y quien lideró el estudio, explicó para The Guardian que “los cerebros son increíblemente complejos y muy importantes para nosotros, los humanos, y el daño al desarrollo del cerebro es inmensamente costoso para las sociedades. Por lo tanto, es muy importante para nosotros asegurarnos de que los productos químicos que usamos no dañen el cerebro de nuestros hijos y nietos”.
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Algunos de los insecticidas que identificó el estudio fueron abamectina, etoprofos y piridabén y el fungicida fluazinam, utilizados en diferentes cultivos, como tomates, fresas, berenjenas y papas. Y entre algunas de las compañías comprometidas estarían Nissan Chemical Corporation, ISK y Bayer. Esta última se pronunció afirmando que “en todo momento, presentamos los estudios necesarios que exigía la normativa en ese momento. Para los tres ingredientes activos [citados en la investigación], los estudios no habrían cambiado la evaluación de riesgos de las autoridades”
Los autores de la investigación advirtieron que podría “no haber una evaluación de seguridad confiable de los pesticidas por parte de las autoridades de la Unión Europea sin acceso total a todos los estudios de toxicidad realizados”.
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Las regulaciones de la Unión Europea señalan que los expedientes de pesticidas deben incluir un informe completo de los estudios realizados, salvo que “no sea necesario debido a la naturaleza del producto o sus usos propuestos, o no sea científicamente necesario”. Por lo que la Comisión Europea se pronunció diciendo que “existe una obligación clara de presentar todos los datos adversos disponibles como parte de las solicitudes desde 2013, y existe la obligación de notificar los datos adversos cuando estén disponibles desde 1991″.
De acuerdo con Sarah Wiener, eurodiputada del Partido Verde de Austria, “el análisis muestra que la industria de los pesticidas está engañando a las autoridades de la UE. Al final, son los ciudadanos de la UE quienes pagan el precio. Su salud corre peligro cuando se retienen los estudios pertinentes. Por lo tanto, la UE debe asegurarse de que haya duras consecuencias por la retención de datos”.
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