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Desde el 2016, en Colombia, existe un impuesto sobre las emisiones de carbono para combustibles fósiles en el que las empresas contaminantes deberían pagar por las toneladas de CO2 que producen. Sin embargo, las empresas pueden evitar pagar este impuesto por medio de la compra de “bonos de carbono” en proyectos dentro del país que se encarguen de preservar ecosistemas amenazados por la emergencia climática y la deforestación.
Al implementar esta posibilidad, el Gobierno Nacional generó reglas para garantizar que las empresas no puedan comprar una cantidad excesiva de derechos de emisiones de carbono que terminen generando un impacto ambiental negativo y, además, una pérdida de ingresos públicos al país.
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Aunque esto implicaría que el mercado de carbono del país estuviera debidamente regulado, un informe publicado este martes por la organización “Carbon Market Watch” sugiere que no es así.
La organización internacional advierte que “al menos dos proyectos de gran envergadura no utilizan los valores de referencia oficiales fijados por el gobierno para medir las emisiones que han evitado”. Se trata de de los proyectos “REDD+ Matavén” y “Kaliawiri REDD+”, ubicados en los bosques de la Orinoquía y el Amazonas.
“Al establecer líneas base artificialmente altas, estos proyectos de protección forestal lograron generar millones de bonos de carbono adicionales que difícilmente supondrán beneficios reales para el medio ambiente”, asegura el informe de la ONG.
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Según el informe, estos bonos podrían no representar ningún beneficio práctico para la conservación forestal o para mitigar la emergencia climática. Además, el documento concluye que al haber utilizado los bonos extra como sustituto del pago del impuesto nacional sobre las emisiones de carbono, también generaron una pérdida de ingresos públicos.
La organización internacional calcula que entre estos dos proyectos se han generado cerca de 21 millones de bonos más de los que habrían generado si hubiesen empleado los valores oficiales del gobierno, de los cuales 12,4 millones posiblemente están infringiendo los reglamentos nacionales. El informe asegura que, si todos esos bonos fueran usados para evitar el pago al impuesto al carbono, el país dejaría de recibir 62 millones de dólares en ingresos fiscales.
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Hasta el momento, el informe confirma que ya se han utilizado 4,9 millones de bonos que suponen una pérdida de 25 millones de dólares para el Estado y, advierte que esta cantidad fue usada, casi en su totalidad, por una sola empresa: Primax Colombia SAS, una distribuidora de combustibles fósiles.
El estudio concluye que si bien se necesita más financiamiento para la conservación de los bosques no debe sacrificarse la integridad medioambiental para este fin.
¿Qué dicen las empresas involucradas?
Por medio de un comunicado, Biofix, señaló que el informe publicado por Carbon Market Watch (CMW) hace acusaciones basadas en percepciones, porque, al momento de realizar el reporte no tuvo en cuenta la norma y el contexto en la que viene siendo aplicada. “Declara que la línea base del proyecto no se encuentra anidada, cuando la reglamentación colombiana establece lo siguiente: “El establecimiento de la línea base del proyecto REDD+ desde el NREF consiste en la reconstrucción metodológica en el área del proyecto, demostrando coherencia con él””.
Según la empresa, el proyecto KALIAWIRI REDD+ tiene todos los documentos y datos que sustentan su desarrollo, además, añadió “los informes de validación-verificación y la información soportada en RENARE acreditan que el proyecto fue validado en el año 2020″. Otro de los puntos que alegó la compañía hace referencia a la acusación de la alteración de los datos del proyecto.
“Se plantea una acusación que carece de sentido lógico, primero porque no existe programa nacional ni regional con créditos verificados desde el 2017 y también porque la reconstrucción hipotética de la línea base con la que el reporte compara proyectos y programas inexistentes es técnicamente incorrecta, ya que aplica la tasa de deforestación de un país a un proyecto, metodología que no está reglamentada en la legislación colombiana ni en las metodologías de los estándares aprobados”, dijo la empresa.
*Nota del editor: El título de este artículo fue cambiado. El primero aseguraba que las empresas eludían impuestos, lo cual es impreciso y no refleja las conclusiones del informe de Carbon Market Watch. Ofrecemos disculpas.
El artículo original tampoco tenía la respuesta de Biofix consultoría. Fue agregada después de haber sido publicado.