En Colombia hay 1.816 títulos mineros en áreas donde no se debería hacer minería
De acuerdo con el presidente de la Agencia Nacional Minera, esos títulos se superponen con áreas que tienen alguna restricción. Además, reveló que los mineros le deben el país más de $300 mil millones por concepto de pago de regalías.
Desde que a principios de este siglo empezó darse un gran impulso a la minería en Colombia, también comenzaron a aparecer varios desafíos ambientales relacionados con esta actividad. Uno de ellos, como lo reveló Álvaro Pardo, presidente de la Agencia Nacional Minera (ANM), tiene que ver con los títulos mineros que se otorgaron, pero están ubicados en zonas que tienen algún tipo de protección. (Lea “No habrá más contratos de minería de carbón a cielo abierto en Colombia”: ANM)
Para ser precisos, de los cerca de 7.200 títulos mineros que hoy están vigentes, hay 1.816 que se superponen con áreas restringidas o excluibles; es decir, están en zonas en las que no deberían estar. De esta cantidad, el 48% (878) no cuenta con instrumento ambiental (o no se ha revisado). Otro 77% (1404) no cumple con requisito de Formato Básico Minero (o no se han revisado). El 9% restante cumple todos los requisitos de formatos de regalías.
Como dijo Pardo, a quienes tienen esos títulos se les respetará el debido proceso, pues es claro que no pueden hacer minería en un área protegida. En otras palabras, lo más posible es que sean títulos que caduquen, aunque, en algunos casos, solo un porcentaje del título se encuentra en una zona excluible.
“Nunca más se va a otorgar un título minero en un área donde haya restricciones ambientales”, afirmó.
Hay otro desafío que, en palabras de Pardo, hoy está enfrentando la entidad que dirige: algunos mineros tienen una gran deuda con el Estado colombiano. En cifras, eso quiere decir que, con corte del 31 de octubre del 2022, le deben al país $303.376 millones por concepto de regalías.
De esas deudas, reveló, hay varias que tienen más de 3 años de antigüedad y ascienden a cerca de $250.000 millones. “Las demás, que representan pendientes de pago de Canon Superficiario, multas y demás conceptos, y que forman recursos propios de la ANM, ascienden a $ 271.879 millones”, aseguró Pardo.
“Somos respetuosos de los derechos adquiridos, pero así como los titulares exigen derechos, yo también exijo obligaciones. Nos deben pagar ese dinero que nos deben por regalías”, añadió.
Estos retos que ha encontrado en los meses que lleva al frente de la entidad, le han hecho pensar que la Agencia requiere una reingeniería. Parte de ese proceso implica no firmar más contratos de explotación de carbón a cielo abierto (como el de Cerrejón) y reorientar la actividad minera a la explotación de minerales claves para la “transición energética y la industrialización” como el cobre, el litio o el molibdeno.
En esa “reingeniería” que espera hacer, dijo, será clave la participación de la ciudadanía. Estamos recogiendo el sentir y creer de la gente en torno a la minería. Estamos llevando a cabo un diálogo regional vinculante”.
Por lo pronto, al interior de la ANM, enfrentan otro desafío: hay cerca de 47.000 radicados pendientes de procesar, sin respuesta.
Reforma al Código de Minas
Entre los planes de transformar la actividad minera que se viene realizando en el país, hay uno fundamental en la agenda de la ANM: reformar el Código de Minas, que fue expedido hace cerca de dos décadas.
Para hacerlo, dijo Pardo, presentarán un proyecto de ley que debe estar listo antes de que se acabe el primer semestre del 2023. Aunque no dio muchos detalles de los cambios que tendrá, reveló algunas pistas que guiarán su estructura. La idea es que sea una reforma que gire en torno a un consenso sobre lo que quieren los colombianos sobre sus recursos naturales.
También esperan que se construya incluyendo los últimos fallos que ha emitido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y que tienen alguna relación con la actividad minera. Así mismo, tendrán en cuenta temas claves como el cambio climático.
Otro de los ausntos que pretenden abordar en la reforma tiene que ver con el cierre minero. A los ojos de Pardo, hace falta una legislación clara sobre el manejo de pasivos ambientales y sobre los deberes que debe cumplir una empresa a la hora de cerrar una mina. El mejor ejemplo de la incertidumbre que eso genera son las complejas discusiones que se han dado al interior de la entidad con la renuncia de Prodeco a sus títulos mineros.
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Desde que a principios de este siglo empezó darse un gran impulso a la minería en Colombia, también comenzaron a aparecer varios desafíos ambientales relacionados con esta actividad. Uno de ellos, como lo reveló Álvaro Pardo, presidente de la Agencia Nacional Minera (ANM), tiene que ver con los títulos mineros que se otorgaron, pero están ubicados en zonas que tienen algún tipo de protección. (Lea “No habrá más contratos de minería de carbón a cielo abierto en Colombia”: ANM)
Para ser precisos, de los cerca de 7.200 títulos mineros que hoy están vigentes, hay 1.816 que se superponen con áreas restringidas o excluibles; es decir, están en zonas en las que no deberían estar. De esta cantidad, el 48% (878) no cuenta con instrumento ambiental (o no se ha revisado). Otro 77% (1404) no cumple con requisito de Formato Básico Minero (o no se han revisado). El 9% restante cumple todos los requisitos de formatos de regalías.
Como dijo Pardo, a quienes tienen esos títulos se les respetará el debido proceso, pues es claro que no pueden hacer minería en un área protegida. En otras palabras, lo más posible es que sean títulos que caduquen, aunque, en algunos casos, solo un porcentaje del título se encuentra en una zona excluible.
“Nunca más se va a otorgar un título minero en un área donde haya restricciones ambientales”, afirmó.
Hay otro desafío que, en palabras de Pardo, hoy está enfrentando la entidad que dirige: algunos mineros tienen una gran deuda con el Estado colombiano. En cifras, eso quiere decir que, con corte del 31 de octubre del 2022, le deben al país $303.376 millones por concepto de regalías.
De esas deudas, reveló, hay varias que tienen más de 3 años de antigüedad y ascienden a cerca de $250.000 millones. “Las demás, que representan pendientes de pago de Canon Superficiario, multas y demás conceptos, y que forman recursos propios de la ANM, ascienden a $ 271.879 millones”, aseguró Pardo.
“Somos respetuosos de los derechos adquiridos, pero así como los titulares exigen derechos, yo también exijo obligaciones. Nos deben pagar ese dinero que nos deben por regalías”, añadió.
Estos retos que ha encontrado en los meses que lleva al frente de la entidad, le han hecho pensar que la Agencia requiere una reingeniería. Parte de ese proceso implica no firmar más contratos de explotación de carbón a cielo abierto (como el de Cerrejón) y reorientar la actividad minera a la explotación de minerales claves para la “transición energética y la industrialización” como el cobre, el litio o el molibdeno.
En esa “reingeniería” que espera hacer, dijo, será clave la participación de la ciudadanía. Estamos recogiendo el sentir y creer de la gente en torno a la minería. Estamos llevando a cabo un diálogo regional vinculante”.
Por lo pronto, al interior de la ANM, enfrentan otro desafío: hay cerca de 47.000 radicados pendientes de procesar, sin respuesta.
Reforma al Código de Minas
Entre los planes de transformar la actividad minera que se viene realizando en el país, hay uno fundamental en la agenda de la ANM: reformar el Código de Minas, que fue expedido hace cerca de dos décadas.
Para hacerlo, dijo Pardo, presentarán un proyecto de ley que debe estar listo antes de que se acabe el primer semestre del 2023. Aunque no dio muchos detalles de los cambios que tendrá, reveló algunas pistas que guiarán su estructura. La idea es que sea una reforma que gire en torno a un consenso sobre lo que quieren los colombianos sobre sus recursos naturales.
También esperan que se construya incluyendo los últimos fallos que ha emitido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y que tienen alguna relación con la actividad minera. Así mismo, tendrán en cuenta temas claves como el cambio climático.
Otro de los ausntos que pretenden abordar en la reforma tiene que ver con el cierre minero. A los ojos de Pardo, hace falta una legislación clara sobre el manejo de pasivos ambientales y sobre los deberes que debe cumplir una empresa a la hora de cerrar una mina. El mejor ejemplo de la incertidumbre que eso genera son las complejas discusiones que se han dado al interior de la entidad con la renuncia de Prodeco a sus títulos mineros.
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