En Colombia los líderes ambientales son asesinados. ¿Por qué?

Colombia es el país más peligroso para defender el ambiente. El año pasado, según el último informe de la organización Global Witness, de los 227 líderes ambientales que fueron asesinados en el mundo, 65 se reportaron en Colombia. Un escenario similar había ocurrido ya para 2019: ese año nuestro país también lideró el ranquin con 64 asesinatos contra defensores del ambiente, de los 212 que se dieron a escala global. Y es que Colombia, de alguna manera, reúne gran parte de los factores que se han identificado como de riesgo para defender la tierra: dependencia de proyectos extractivistas, vulnerabilidad de las comunidades étnicas, deforestación, impunidad, un Acuerdo de Paz no implementado y falta de efectividad de las instituciones del Estado para proteger a estos líderes, aun cuando en el papel hay un amplio marco normativo y político que existe para ello.

Estas son algunas de las conclusiones que arroja la publicación “Contextualización de la situación de los defensores ambientales en Colombia, con énfasis en la región Amazónica”, de la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), realizada por la abogada Eugenia Ponce de León Chaux. El documento, que hace un recuento del marco normativo que existe, tanto a escala internacional como nacional, para proteger a los defensores de derechos humanos, señala algunas alertas que se han generado para prevenir estos asesinatos, en especial por parte de la ONU y la Defensoría, y explica las responsabilidades que tienen las distintas áreas del Estado para actuar frente al tema. Sin embargo, encuentra que, llevadas a la práctica, no son suficientes.

Con el fin de discutir los hallazgos de la publicación, la AAS y El Espectador realizaron, en alianza, un conversatorio con su autora, así como con Waira Nina Tacanamijoy Mutumbajoy, lideresa del pueblo inga, comunidad Yurayaco, de Caquetá, y Vanessa Torres, subdirectora de AAS, para explorar los avances y retos sobre los defensores ambientales en Colombia.

Durante el evento Ponce comentó que, desde 1998, la ONU ya había explicado que ser un defensor de derechos humanos convierte a las personas en un blanco para que, precisamente, no se les respete ni el derecho a la vida. Y que en Colombia, un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había emitido una alerta sobre la crítica situación que atravesaban los defensores en el país. Ausencia del Estado, amenazas contra excombatientes de las Farc e inteligencia militar contra jueces eran solo algunos de los elementos que hacían de la situación muy crítica.

Pero la ONU no fue la única que alertó sobre el tema. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, publicó varias alertas tempranas sobre la difícil situación de líderes ambientales. A principios de febrero mencionaron que Caquetá era una zona de riesgo, en los municipios de Puerto Rico y Doncello, y más adelante, en junio, elevaron la preocupación para el departamento de Meta, en los Parques Nacionales La Macarena, Tinigua y Picachos. “Hay una estructura muy amplia de competencias en Colombia para proteger a los líderes ambientales”, explicó Ponce. “Como un sistema de alertas por parte de la Defensoría, pero, por ejemplo, hay grandes dificultades para que el Ministerio del Interior responda a tiempo. Tampoco coordina con las entidades que deben hacerlo, ya que a escala territorial son las alcaldías y las gobernaciones los primeros respondientes a estas alertas, pero falta articulación. Los esfuerzos están dispersados y los recursos son insuficientes”.

Una visión muy similar presentó la lideresa Tacanamijoy, quien explicó que parte de las amenazas que viven las comunidades se dan porque en el país se ve a indígenas, aun más a las mujeres, como “una piedra en el zapato ante el supuesto desarrollo”. “Cuando las mujeres indígenas conocemos así sea algo de las normas y del derecho, nos hacemos más amenazantes para las empresas y los megaproyectos que quieren imponerse en nuestro territorio. Así que quieren callarnos o perseguirnos y, aun hoy, estamos calladas por instancias e intereses de terceros”, explicó.

Otro factor importante que ha llevado a que los defensores ambientales sean tan vulnerables en Colombia, concordaron las panelistas, es la fallida implementación del Acuerdo de Paz. “Una parte importante ha sido el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Tanto las personas que se han vinculado a ellos, así como las autoridades ambientales y los cooperantes, se han visto amenazadas porque hay unos intereses criminales buscando que no se dé esta sustitución, que no haya quiebre de las economías del narcotráfico”, agregó. Una idea que fue respaldada por Tacanamijoy, quien comentó que ella tenía una deuda con una abuela que murió y le había pedido que le escribiera una carta al presidente Duque para que implementara los Acuerdos de Paz. “Este es un país para unos, pero para los otros, que sostenemos la biodiversidad, la conservación del agua, es un país sin garantías”.

Acuerdo de Escazú, un gran ausente que es urgente poner en el centro

Uno de los puntos que se mencionó varias veces en el panel fue la necesidad de no solo ratificar, sino implementar el Acuerdo de Escazú. Como lo señaló Torres, de AAS, se trata de un instrumento histórico, a nivel de Latinoamérica y el Caribe, que integra la protección de derechos humanos y temas ambientales a través de tres estándares de la democracia ambiental: el acceso a la información, el acceso a la justicia y la participación ciudadana en materia ambiental. “En el artículo 9, además, integra un estándar que es proteger a los defensores, buscando generar espacios propicios y que las instituciones del Estado cuiden a quienes, día a día, defienden el territorio”.

El proyecto de ley para ratificar el Acuerdo de Escazú fue presentado el 20 de julio de 2020 por el mismo Gobierno, con mensaje de urgencia. Sin embargo, pasó un año entero sin que se debatiera o votara por lo que, en julio de este año, quedó archivado. “Nunca hubo claridad de cuál era la posición del Gobierno”, afirmó Torres.

El llamado al actual Gobierno, o a un próximo gobierno, en dado caso, es que vuelva a presentar este proyecto de ley con mensaje de urgencia. “Si este Gobierno no ratifica Escazú, el próximo debe tomarlo como bandera. No solo para ratificarlo, sino para implementarlo: que no sea una norma más escrita en el papel. Y debe sacar adelante Escazú con las comunidades y la sociedad civil”, comentó Torres. Y es que hay un punto muy importante que traería Escazú a la mesa cuando se trata de proteger a los líderes ambientales, que es definir, puntualmente, qué es un defensor ambiental. “Esa es una limitante, no solo porque no conocemos sus objetivos, sino sus garantías. Es importante que exista jurídicamente un concepto de defensor ambiental”.

El informe lo pueden descargar completamente gratis en www.ambienteysociedad.org.co sección publicaciones.

*Contenido desarrollado en alianza con la Asociación Ambiente y Sociedad.

Colombia es el país más peligroso para defender el ambiente. El año pasado, según el último informe de la organización Global Witness, de los 227 líderes ambientales que fueron asesinados en el mundo, 65 se reportaron en Colombia. Un escenario similar había ocurrido ya para 2019: ese año nuestro país también lideró el ranquin con 64 asesinatos contra defensores del ambiente, de los 212 que se dieron a escala global. Y es que Colombia, de alguna manera, reúne gran parte de los factores que se han identificado como de riesgo para defender la tierra: dependencia de proyectos extractivistas, vulnerabilidad de las comunidades étnicas, deforestación, impunidad, un Acuerdo de Paz no implementado y falta de efectividad de las instituciones del Estado para proteger a estos líderes, aun cuando en el papel hay un amplio marco normativo y político que existe para ello.

Estas son algunas de las conclusiones que arroja la publicación “Contextualización de la situación de los defensores ambientales en Colombia, con énfasis en la región Amazónica”, de la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), realizada por la abogada Eugenia Ponce de León Chaux. El documento, que hace un recuento del marco normativo que existe, tanto a escala internacional como nacional, para proteger a los defensores de derechos humanos, señala algunas alertas que se han generado para prevenir estos asesinatos, en especial por parte de la ONU y la Defensoría, y explica las responsabilidades que tienen las distintas áreas del Estado para actuar frente al tema. Sin embargo, encuentra que, llevadas a la práctica, no son suficientes.

Con el fin de discutir los hallazgos de la publicación, la AAS y El Espectador realizaron, en alianza, un conversatorio con su autora, así como con Waira Nina Tacanamijoy Mutumbajoy, lideresa del pueblo inga, comunidad Yurayaco, de Caquetá, y Vanessa Torres, subdirectora de AAS, para explorar los avances y retos sobre los defensores ambientales en Colombia.

Durante el evento Ponce comentó que, desde 1998, la ONU ya había explicado que ser un defensor de derechos humanos convierte a las personas en un blanco para que, precisamente, no se les respete ni el derecho a la vida. Y que en Colombia, un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había emitido una alerta sobre la crítica situación que atravesaban los defensores en el país. Ausencia del Estado, amenazas contra excombatientes de las Farc e inteligencia militar contra jueces eran solo algunos de los elementos que hacían de la situación muy crítica.

Pero la ONU no fue la única que alertó sobre el tema. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, publicó varias alertas tempranas sobre la difícil situación de líderes ambientales. A principios de febrero mencionaron que Caquetá era una zona de riesgo, en los municipios de Puerto Rico y Doncello, y más adelante, en junio, elevaron la preocupación para el departamento de Meta, en los Parques Nacionales La Macarena, Tinigua y Picachos. “Hay una estructura muy amplia de competencias en Colombia para proteger a los líderes ambientales”, explicó Ponce. “Como un sistema de alertas por parte de la Defensoría, pero, por ejemplo, hay grandes dificultades para que el Ministerio del Interior responda a tiempo. Tampoco coordina con las entidades que deben hacerlo, ya que a escala territorial son las alcaldías y las gobernaciones los primeros respondientes a estas alertas, pero falta articulación. Los esfuerzos están dispersados y los recursos son insuficientes”.

Una visión muy similar presentó la lideresa Tacanamijoy, quien explicó que parte de las amenazas que viven las comunidades se dan porque en el país se ve a indígenas, aun más a las mujeres, como “una piedra en el zapato ante el supuesto desarrollo”. “Cuando las mujeres indígenas conocemos así sea algo de las normas y del derecho, nos hacemos más amenazantes para las empresas y los megaproyectos que quieren imponerse en nuestro territorio. Así que quieren callarnos o perseguirnos y, aun hoy, estamos calladas por instancias e intereses de terceros”, explicó.

Otro factor importante que ha llevado a que los defensores ambientales sean tan vulnerables en Colombia, concordaron las panelistas, es la fallida implementación del Acuerdo de Paz. “Una parte importante ha sido el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Tanto las personas que se han vinculado a ellos, así como las autoridades ambientales y los cooperantes, se han visto amenazadas porque hay unos intereses criminales buscando que no se dé esta sustitución, que no haya quiebre de las economías del narcotráfico”, agregó. Una idea que fue respaldada por Tacanamijoy, quien comentó que ella tenía una deuda con una abuela que murió y le había pedido que le escribiera una carta al presidente Duque para que implementara los Acuerdos de Paz. “Este es un país para unos, pero para los otros, que sostenemos la biodiversidad, la conservación del agua, es un país sin garantías”.

Acuerdo de Escazú, un gran ausente que es urgente poner en el centro

Uno de los puntos que se mencionó varias veces en el panel fue la necesidad de no solo ratificar, sino implementar el Acuerdo de Escazú. Como lo señaló Torres, de AAS, se trata de un instrumento histórico, a nivel de Latinoamérica y el Caribe, que integra la protección de derechos humanos y temas ambientales a través de tres estándares de la democracia ambiental: el acceso a la información, el acceso a la justicia y la participación ciudadana en materia ambiental. “En el artículo 9, además, integra un estándar que es proteger a los defensores, buscando generar espacios propicios y que las instituciones del Estado cuiden a quienes, día a día, defienden el territorio”.

El proyecto de ley para ratificar el Acuerdo de Escazú fue presentado el 20 de julio de 2020 por el mismo Gobierno, con mensaje de urgencia. Sin embargo, pasó un año entero sin que se debatiera o votara por lo que, en julio de este año, quedó archivado. “Nunca hubo claridad de cuál era la posición del Gobierno”, afirmó Torres.

El llamado al actual Gobierno, o a un próximo gobierno, en dado caso, es que vuelva a presentar este proyecto de ley con mensaje de urgencia. “Si este Gobierno no ratifica Escazú, el próximo debe tomarlo como bandera. No solo para ratificarlo, sino para implementarlo: que no sea una norma más escrita en el papel. Y debe sacar adelante Escazú con las comunidades y la sociedad civil”, comentó Torres. Y es que hay un punto muy importante que traería Escazú a la mesa cuando se trata de proteger a los líderes ambientales, que es definir, puntualmente, qué es un defensor ambiental. “Esa es una limitante, no solo porque no conocemos sus objetivos, sino sus garantías. Es importante que exista jurídicamente un concepto de defensor ambiental”.

El informe lo pueden descargar completamente gratis en www.ambienteysociedad.org.co sección publicaciones.

*Contenido desarrollado en alianza con la Asociación Ambiente y Sociedad.