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Hoy la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó, en compañía del Ministerio de Minas un informe sobre la minería de oro de aluvión que muestra cifras muy inquietantes. Una de las principales es que el 52% de esta actividad se está realizando en áreas protegidas ambientalmente. Las más afectadas, advierten, son las Zonas de Reserva Forestal. (Lea Colombia y el espejismo de un boom del oro)
En 136 páginas ese organismo revela, además, que el 69% de las explotaciones son ilícitas, es decir, 69.198 hectáreas. La mayoría (80%) se encuentran en departamentos que, históricamente, han tenido que padecer la minería ilegal: Valle del Cauca, Guainía, Caquetá, Putumayo, Córdoba, Cauca y Chocó.
Aunque hay muchas razones que hay que tener en cuenta para comprender la complejidad de este fenómeno, hay un factor que, indudablemente, está jugando un papel esencial: el precio del oro. En los últimos años, como lo muestra esta gráfica, ha vuelto a dispararse, superando, incluso, la bonanza que hubo entre 2010 y 2012, cuando alcanzó valores récords.
De hecho, el año pasado la explotación de ese mineral fue mucho mayor que en 2019. Pasó de 37,5 toneladas a 47,8 toneladas. Sin embargo, como señala la UNODC, son datos que podrían no estar relacionados directamente con “los niveles de producción real, debido a la ilegalidad presente en la explotación de este mineral en el país y a la implementación de controles de producción de minería de subsistencia”. La minería de aluvión ocupó 100.752 hectáreas.
El año pasado el 75 % de la producción de oro provino de dos departamentos: Antioquia y Chocó. “El primero registra una importante participación equivalente al 62 %. Por su parte, el 25 % restante es aportado por Córdoba (7 %), Caldas (6 %), Bolívar (4 %) y otros departamentos (8 %)”, muestra el documento.
“Con esta información se plantean posibilidades de intervención en los territorios, dirigidas a contener o prevenir la explotación ilícita de oro y generar un avance hacia la formalización de la actividad cuando se puede y hay vocación de legalidad”, dijo el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, tras la presentación del informe que advierte, además, varios problemas que no han podido frenarse en el país.
Uno de ellos es el “complejo sistema de valor” que se ha desarrollado a partir de la minería ilegal, “en el que diversos actores legales e ilegales participan simultáneamente y en la que confluyen otros delitos, incluidos aquellos que generan afectaciones a la vida, la integridad y el patrimonio de los ciudadanos”.
Por eso, entre otras cosas, en el documento la UNODC pide que la persecución de la Explotación ilícita de minerales esté orientada a desmantelar “estructuras criminales que controlen o participen en cualquiera de las fases de exploración, explotación, transporte y comercialización ilícita de oro”.