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Defender los ecosistemas naturales de Colombia, y los derechos vinculados a la defensa de la tierra y del territorio, se ha convertido en acto riesgoso para cientos de personas en el país. Así lo demuestran diferentes informes de organizaciones como la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos), que recientemente publicó un informe sobre los casos de homicidios y otras expresiones de violencia que han sufrido los líderes y lideresas ambientales de Colombia en los últimos años.
Según la información que han recopilado, entre enero de 2016 y septiembre del 2024, se verificaron 248 casos de homicidios de personas defensoras ambientales: 220 eran hombres y 28 mujeres.
(Lea: Tres áreas protegidas del país fueron reconocidas internacionalmente por la UICN)
El 89 % de estos homicidios correspondían a personas defensoras indígenas, afrodescendientes y campesinas, “lo cual evidencia el impacto desproporcionado de la violencia en los pueblos y comunidades que habitan los territorios más biodiversos y que defienden la naturaleza, los recursos naturales, sus tierras, territorios, formas de vida y cultura”, señala el informe
De las 248 víctimas, 139 eran indígenas, 18 afrodescendientes y 64 campesinas. En el caso de los y las defensoras indígenas, 39 eran autoridades o antiguas autoridades tradicionales, 38 guardias indígenas en defensa del territorio y 17 personas sabedoras o médicas tradicionales. En los 18 casos de personas afrodescendientes, ocho eran autoridades de Consejos Comunitarios y cuatro eran miembros de la guardia cimarrona.
La entidad resalta que uno de los aspectos más preocupantes es que estas cifras han venido aumentando año tras año. Mientras que en 2016 fueron asesinadas 14 defensores del medioambiente, en 2023 la cifra fue de 44.
En lo que va corrido de este año (hasta el 30 de septiembre), ONU Derechos humanos ha documentado 15 casos de homicidios relacionados a este tema y se encuentra verificando diez casos adicionales.
¿Dónde se registran los homicidios de defensores ambientales? Según el informe, Cauca es el departamento con el mayor número de casos, 76 personas en total, que representan el 31 %, le sigue Chocó con 23 casos (9%), Nariño con 21 (8%), Valle de Cauca con 18 (7%), Antioquia con 15 (6%) y Norte de Santander con 8 (3%).
Además de los homicidios, estas personas y grupos que se esfuerzan por proteger y promover los derechos humanos vinculados al medio ambiente, también sufren otros tipos de violencia. “Los homicidios suelen estar precedidos por una serie de amenazas y ataques que se intensifican con el tiempo”, mencionan en el informe.
En algunos casos, particularmente en los casos de las mujeres defensoras, las amenazas también se dirigen en contra de sus hijos y familiares con el fin de frenar su actividad y silenciarlas. Los tipos de amenazas más comunes incluyen ataques violentos, panfletos amenazadores, el uso de redes sociales que amenazan o estigmatizan a los defensores, mensajes de WhatsApp y llamadas intimidantes, así como vigilancia y seguimientos.
¿Qué hay detrás de estos actos?
Según la Jurisdicción Especial para la Paz, el medioambiente ha sido una “víctima silenciosa del conflicto armado” colombiano. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta el 30 de mayo de 2022, se registraron 283 afectaciones al medioambiente.
La deforestación, la minería de carácter ilegal, los atentados contra la infraestructura petrolera y las actividades relacionadas con el narcotráfico son algunas de las actividades ejercidas y controladas por los grupos armados no estatales que afectan el medio ambiente y los derechos humanos de sus habitantes.
Cuando los defensores deciden denunciar estos impactos negativos en la naturaleza, quienes están detrás de estos actos deciden tomar represalias, de acuerdo con el informe. Cuando los implicados son grupos armados no estatales, estos perciben estas acciones como un desafío a su voluntad de mantener el control social en las comunidades.
Por otro lado, otro factor que hace más complejo este panorama es la impunidad frente a los casos de violencia contra personas defensoras ambientales y frente a la falta de implementación adecuada de sentencias judiciales protectoras del medio ambiente.
De los 244 casos transmitidos por ONU Derechos Humanos, la Fiscalía reportó que 225 casos estaban dentro de su estrategia para investigar personas defensoras o líderes y lideresas de derechos humanos. De estos, 124 tenían un impulso procesal significativo: en 30 se habría obtenido sentencia condenatoria, 31 casos se encontraban en juicio, 20 en investigación, 34 en indagatoria con orden de captura del presunto responsable y nueve preclusiones. En los 101 casos restantes, 96 se encontraban en fase de indagación, tres se encuentran archivados por imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo y en dos casos se obtuvieron sentencias absolutorias.
“Es urgente que mediante las acciones de la Fiscalía General de la Nación, pero también de otros actores centrales en el acceso a la justicia, como el Cuerpo Élite la Policía Nacional, Medicina Legal o el órgano judicial, se envíe un mensaje contundente de que asesinar, amenazar o atacar a una persona defensora del medioambiente tiene consecuencias irremediables y que no se tolerará por las instancias de justicia”.