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Uno de los ejes centrales que tendrá la nueva política de drogas que asumirá Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro y cuyo borrador conoció El Espectador, es el ambiental.
Este enfoque, dice el documento, “se fundamenta en los principios ambientales, los compromisos y las metas internacionales referidos en esta materia”. De entrada, el Gobierno reconoce dos puntas del problema: los riesgos y daños causados al medio ambiente por el cultivo y los procesos de producción de droga; y el impacto que ha generado la implementación de algunas estrategias utilizadas para frenar lo primero.
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En términos generales, la política plantea acciones de prevención, mitigación y remediación en Áreas de Especial Importancia Ambiental (AEIA), es decir, en Parques Nacionales Naturales, Áreas de Reserva Forestal, Páramos y sus zonas de amortiguación, entre otras. Estas acciones, dice el borrador, se construirán con las comunidades y responderán a las particularidades de los territorios. ¿Cuáles son?
Promover fuentes de “bioeconomía”
En estas áreas afectadas o amenazadas por cultivos de uso ilícito viven familias a las que el Gobierno les quiere ofrecer alternativas de bioeconomías diferentes a las drogas. Estas se definirán de acuerdo con el contexto particular de cada territorio y respetando el ordenamiento alrededor del agua; el régimen de suelos; la zonificación o los planes de manejo ambiental, además de las vocaciones productivas locales, entre otros contextos. Ahora, ¿Qué es eso de “alternativas de bioeconomías”?
El Gobierno señala que se trata de la promoción de modelos de producción sostenible, agroecológica y agricultura regenerativa, turismo, economía forestal, bioproductos y economía circular basada en la producción y el consumo responsable. Estas opciones se evaluarán de acuerdo con una clasificación que hace la política de las áreas a intervenir. Son tres categorías: Zonas Jaguar, Zonas Oso Perezoso y Zonas Lobito de Río. Para la primera, el documento menciona alternativas como ecoturismo, uso de plantas medicinales, artesanías, cría de abejas, restauración ecológica, aprovechamiento sostenible y productos forestales maderables o no maderables.
Para las Zonas Oso Perezoso (donde, según el documento, hay áreas de alta oferta de servicios ecosistémicos, así como áreas altamente transformadas), la política propone incentivar el tránsito a modelos de producción sostenible, agroecología regenerativa, economías circulares basadas en la producción y el consumo responsable. Y finalmente, para las Zonas Lobito de Río se buscará “orientar los usos del suelo en función de los determinantes ambientales, la estabilización de las economías campesinas desde el reconocimiento de los conocimientos culturales de protección ambiental, mediante la orientación de alternativas de economías campesinas, familiares y comunitarias”.
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Todo esto se hará, se insiste en el documento, respetando el ordenamiento y planes de conservación. Esa conservación no solo se llevará a cabo en las AEIA, sino también en las franjas de estabilización y las zonas de frontera agrícola durante los procesos de reconversión productiva previstos.
Una de las acciones estratégicas aquí es la creación del “Fondo Internacional para Apoyar la reconversión económica en AEIA”. Este fondo estará “destinado a impulsar el tránsito hacia economías legales, con un enfoque específico en el apoyo a iniciativas de conservación y restauración ambiental, incentivos ambientales y bioeconomías”. El Gobierno busca que sea la herramienta financiera clave para respaldar la transición de comunidades cultivadoras de coca, cannabis y amapola, a modelos bioeconómicos.
Restaurar los daños
En este punto, el propósito principal del Gobierno es restaurar los impactos ambientales producidos por los cultivos de uso ilícito, la economía de las drogas y los esfuerzos para combatir el narcotráfico.
En primer lugar, la política plantea hacer un diagnóstico de las áreas amenazadas o afectadas por la presencia de los cultivos de uso ilícito como base para definir metas de conservación y restauración ambiental en el corto plazo. Después de eso, se realizaría un monitoreo de los recursos naturales, la biodiversidad de los ecosistemas, los servicios ecosistémicos y de los determinantes de la salud ambiental presentes en el territorio, para avanzar en la prevención y remediación de los impactos.
Para la restauración se deberá tener presente, dice el documento, el grado de cambio o alteración de las áreas afectadas, con el fin de decidir las acciones de manejo según la capacidad de recuperación de los ecosistemas después de la alteración. En todas las áreas se promoverán estrategias en las que se vincule a los actores locales, líderes y representantes de las comunidades.
Respecto al glifosato (usado para erradicar los cultivos ilícitos) la política señala que se deberán implementar estrategias para la restauración de los suelos contaminados o degradados “tal y como lo solicitaron las comunidades en el diálogo territorial de Buenaventura, quienes reportaron la decadencia de la economía del chontaduro a raíz de las fumigaciones con este herbicida”.
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En este punto, la política crea lo que llama “Colombia Reverdece”. En esta acción, y de manera articulada con el Ministerio de Defensa, se buscará modificar la estrategia de Grupos Móviles de Erradicación y redireccionar las capacidades para la creación de Grupos Móviles de Restauración Ambiental. Con estos grupos se buscará realizar un proceso integral de restauración del suelo que han sido afectados por los cultivos de uso ilícito y por las estrategias de lucha contra la economía de las drogas.
Prevenir afectaciones en las áreas amenazadas
El Gobierno no quiere, sin embargo, que las estrategias de apoyo a las familias que subsisten de los cultivos de uso licito se puedan constituir en un incentivo que promueva nuevas siembras. Por eso, plantea en este eje una estrategia de prevención de nuevas afectaciones en las áreas amenazadas por la economía ilegal de las drogas que se construirá y desarrollará de la mano de las personas que actualmente habitan en estas áreas o que se encuentran en el perímetro circundante.
En el caso de algunas áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, la política plantea dos estrategias. En primer lugar, la creación de “cinturones de contención” que irían acompañados de la promoción de bioeconomías y asistencia técnica por parte del Estado.
Y, en segundo lugar, la reubicación y reasentamientos de los campesinos que viven, por ejemplo, en Parques Naturales, a tierras que puedan cultivar, en el marco del tránsito a modelos lícitos de subsistencia. Esto también se podría aplicar en franjas de estabilización y zonas de frontera agrícola. Este proceso, detalla la política, tendrá que ser “voluntario, gradual y concertado de las personas y familias en condición de vulnerabilidad que se encuentran en las AEIA, garantizando el respeto de sus derechos y la no afectación de sus modos de vida en cuanto a su relacionamiento con la naturaleza y los conocimientos tradicionales”.
Lo anterior se haría entonces, dice el documento, a través de acciones como la compra de mejoras en predios al interior de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, así como el diseño de un programa diferencial de acceso a tierras, u otras alternativas como la transferencia de predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad que administra y gestiona activos que han sido incautados o confiscados en el marco de procesos judiciales relacionados con actividades ilícitas como la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos financieros.
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El Gobierno también plantea la creación de un Programa de Corredores Biológicos para la Conservación en las áreas de cultivos de coca, marihuana o amapola en áreas de especial importancia ambiental. Estos corredores promoverían actividades de conservación y restauración y serían monitoreados a través de estrategias de verificación y seguimiento.
Participación de las comunidades, la clave
En todo este proceso, el Gobierno busca incluir como actores activos a las comunidades, el campesinado, los grupos étnicos y otros colectivos de especial protección constitucional, a través de estrategias como la conservación y restauración ambiental participativa, reconversión productiva sostenible y los procesos de generación de conocimiento y monitoreo ambiental comunitario.
En este sentido, la política dice buscar garantizar la participación pública en la toma de decisiones, “asegurando la gobernanza comunitaria como mecanismo útil para la conservación ambiental”.