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Ayer, en horas de la tarde, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, organizó una rueda de prensa para revelar unas cifras escalofriantes: en las últimas dos décadas, dijo, se han deforestado en Colombia cerca de 3 millones de hectáreas. En la otra cara de la moneda, tan solo se han restaurado 500 mil.
“La verdad”, advirtió, “es que no hemos mejorado, y 2022 ya es un año desastroso”. Durante el primer trimestre la tala ilegal creció 10 % frente a 2021. ¿Cómo detenerla? Previo a sus pronunciamientos, Muhamad había conversado con El Espectador para explicar cuál sería la ruta del gobierno de Gustavo Petro para frenar ese enorme problema. Desde su despacho aseguró, además, que en este primer mes al frente de la cartera se ha llevado una amarga sorpresa: encontró un abandono del sector en muchos territorios y una desarticulación del Sistema Nacional Ambiental.
Ya cumplió un mes al frente del Ministerio de Ambiente, ¿cómo ha sido el aterrizaje?
Es un proceso muy interesante transitar de empalme al proceso de implementación y empezar a entender qué decisiones se pueden ir tomando. Es un mes de articulación, nos contactamos con la sociedad, con gremios, con organizaciones de territorios que necesitan atención inmediata y con líderes sociales amenazados. El reto ha sido llegar a la institucionalidad y no perder contacto con las organizaciones y los actores sociales. Debemos ir consolidando los programas del Plan de Desarrollo, pero hay que hacer acciones de corto plazo. Una de esas tiene que ver con la prohibición del fracking en el Congreso. Próximamente estaremos radicando un proyecto para la prohibición del glifosato en cultivos de uso ilícito. También estamos en un diálogo social en Cartagena, alrededor de una serie de ecosistemas que han estado en degradación y en un diálogo relacionado con el proyecto del Canal del Dique. De igual forma, estamos en un plan para detener la deforestación en el arco de la Amazonia y trabajando en la ruta de defensores ambientales que debe estar apoyada en la ratificación del Acuerdo de Escazú. (También puede leer: “El Acuerdo de Escazú debe entrar en la Paz Total”: experta en justicia ambiental)
En los próximos tres meses, vienen otros retos importantes como la cumbre de cambio climático, donde estamos consolidando la posición nacional de acuerdo con la perspectiva del nuevo Gobierno, y la Cumbre de Biodiversidad. Lo describo como un proceso en el que debemos ir manejando la llegada administrativa e ir liderando procesos. Es muy satisfactorio. Ya hemos resuelto cosas en un día que llevaban sin resolverse años, simplemente porque hay un cambio político. El ejemplo es la ruta para definir la ruta de participación sobre el páramo de Sumapaz: en un día pudimos ponernos de acuerdo con los actores sociales. Llevaban tres años sin poder definir esa ruta.
Ha habido otros escenarios, como el Congreso de minería, muy retadores. Observé que hay un interés del sector de trabajar y estamos abiertos a ese diálogo, pero hay medidas que ya anunciamos que no necesariamente están en la vía de lo que ese sector ha recibido de los anteriores gobiernos.
¿Nos puede explicar un poco mejor en qué consiste el proyecto para prohibir el uso del glifosato?
Es muy sencillo: es simplemente prohibir el uso de glifosato en cultivos ilícitos. Tiene dos artículos. Estamos terminando de trabajar en la sustentación técnica. Esperamos poderlo radicar en un par de semanas. Son temas que sectores sociales vienen solicitando y que han quedado ambigüedades en las decisiones del Estado colombiano, pero es el momento de tomar decisiones. Ese es un mecanismo que no ha sido útil para el proceso de eliminación de cultivos ilícitos.
De todo lo que encontró, ¿hay algo que le preocupe (aparte de los defensores ambientales, claro, y de la deforestación)?
Lo que siento es que hay un gran abandono de la institucionalidad ambiental. Una gran precariedad de muchas autoridades ambientales regionales. Eso me ha parecido un gran reto. Las autoridades ambientales en los ecosistemas más estratégicos tienen muy pocos recursos. Por ejemplo, cuando llegué a una región, lo primero que hice fue llamar al director de la Corporación Autónoma Regional (CAR) para presentarme, porque ellos son los brazos implementadores de la política ambiental. “Los ministros nunca pasaban por acá”, fue una de las cosas que me dijo. Entonces, se trata de una desarticulación del Sistema Nacional Ambiental. También es muy precaria la situación de los funcionarios de Parques Nacionales Naturales. Me pareció muy triste, duro. Son personas que tienen una gran ética como guardabosques, tienen un fuerte identidad, están en las zonas más remotas de Colombia cuidando el patrimonio natural del país y en unas condiciones muy precarias. Es conmovedor escuchar sus historias. Ya radicaron su caso ante la JEP por situaciones de derechos humanos. (Le puede interesar: Funcionarios de Parques de la Amazonia no han podido regresar desde 2020 por amenazas)
Además, viene ola invernal. Llamé a todas las CARe hicimos una reunión conjunta para ver cómo vamos a prepararnos para cuidar las regiones. El otro tema es que hay muchos conflictos socioambientales, en parte por decisión del Estado. El mismo Estado ha creado una gran conflictividad. Y creo que también ha dejado muchas empresas extractivas solas, y terminan con responsabilidades que no les competen. Una empresa no puede ser en una región la única con vocación productiva ni el Estado Social de Derecho.
En alguna oportunidad dijo que el primer desafío era frenar la deforestación. Todos sus antecesores fracasaron. ¿Qué va a hacer de diferente para tener éxito?
La deforestación es la consecuencia ambiental de un problema de Estado mucho más profundo. Pero igual al sector ambiental le corresponde defenderlo y articular una estrategia. Entonces, esto hay que entenderlo integralmente. Estamos formulando una estrategia de cinco componentes. El primero es la inclusión sistemática de toda esa población que está en esas regiones al Estado social de derecho. Tenemos que generar una forma de economía que sea compatible con el suelo, y el suelo es de vocación forestal. Entonces, necesitamos generar una economía forestal que debe basarse en la biodiversidad. Hay un sector forestal empresarial que dice: “pasemos de medio millón a siete millones de hectáreas forestales, con monocultivos rápidos, eso va a generar restitución de bosque”. Pero hemos visto que eso tiene otros impactos.
A nosotros nos toca generar unos mecanismos a largo plazo que permitan que eso se sostenga, porque eso no es un tema de cuatro años. Y a nosotros nos corresponde dejar los mecanismos, dejar los procesos financieros y los procesos andando.
Hoy hemos identificado ya 15 núcleos. Un núcleo de deforestación se convierte en núcleo de economía forestal, donde empieza un proceso de restauración ecológica. Dependiendo de la localización, habrá portafolios de posibilidades de actividad económica, desde el turismo hasta proyectos agroforestales. Requiere de fondo un proceso de concertación social y un acuerdo social. El otro componente es la paz total. La apertura de diálogos con estas fuerzas no legales en acogimiento de la justicia nos podría ayudar a disminuir la presión sobre los recursos. El tercer elemento de esa estrategia es el tema de justicia y profundización en investigaciones criminales para generar procesos ejemplarizantes. El cuarto elemento es el control territorial ya desde la Fuerza Pública, que se tiene que hacer en lógica de contención. Y el quinto es fortalecimiento institucional territorial. Se necesitan instituciones del Estado, en territorio, permanentes.
¿Cree que poner fin a la Operación Artemisa contribuye a lograr ese objetivo?
Sí, aunque es muy importante dejarlo claro: no estamos renunciando al control territorial ni al control de la autoridad representada en las fuerzas militares, sino a la forma como se implementó, pues lo que generó, al final, una resistencia social al Estado. El cambio sustancial es que el Estado debe trabajar con esas comunidades que están allí y que hoy terminan siendo la fuerza de trabajo de esa economía ilícita. Tras el lanzamiento de la Operación Artemisa, que la hizo el expresidente Duque vestido de funcionario de Parques Nacionales Naturales, hubo una estigmatización terrible a los funcionarios de esa entidad. Entonces hoy no hay confianza en la institucionalidad y eso le sirve solamente a la economía ilícita. Queremos transformar eso.
¿Cómo recibió el fallo del Consejo de Estado de hace unos días que exige un reordenamiento minero?
Fue una excelente noticia. Es como si los astros se hubieran alineado, porque nosotros desde el empalme venimos trabajando en una estrategia de control y decisión definitiva de áreas. El Gobierno ha entregado, en los últimos 15 años, títulos a diestra y siniestra sin ninguna contemplación de áreas protegidas. Vamos a hacer una revisión de toda la titulación, para ver si hay superposición de títulos con ecosistemas estratégicos. El país tiene que definir dónde sí se hace y dónde no se hace minería. Y tiene que definir cuál mineral. El ejemplo, es Putumayo: ¿Va a ser un distrito minero o un enclave de trabajo comunitario de economía forestal y biodiversidad? Ahí hay cobre. ¿Lo sacamos? ¿Cómo? ¿A qué escala? ¿Qué quieren las comunidades?. Lo que dice esta sentencia del Consejo de Estado es que esto ha sido un desorden. Nos ordena, precisamente, hacer una revisión, frenar ese otorgamiento de títulos y ordenar y definir las categorías de protección.
Cambiemos de tema. Se acerca la Cumbre de Cambio Climático. El Gobierno ha dicho que quiere liderar esas discusiones. ¿Qué tiene en mente para ese escenario?
Aquí hay unos mecanismos de mediano plazo y unas discusiones mundiales. Una primera propuesta que lanzó el Presidente, y que la habíamos trabajado en el empalme, era la necesidad de tener más capacidad fiscal: pensamos en hacer un canje de la deuda externa por naturaleza; eso ya se hizo en Colombia en 1992, cuando se creó el Ecofondo. Los intereses de la deuda bajaron y esa plata que el Gobierno debía haber pagado iba al Eco fondo. Por otra parte, tenemos que generar el mecanismo financiero nacional, como el fondo que hicimos en Bogotá, Fondiger, autónomo, que no está atado a las vigencias presupuestales y cuya junta directiva es manejada por el Gobierno, pero que tiene su personería jurídica. Allí llegan todos los recursos de las compensaciones ambientales, de las licencias, de cooperación internacional o de recursos del presupuesto nacional. (Puede leer: En los últimos 21 años se deforestaron más de 3 millones de hectáreas en Colombia)
La otra alternativa es el mercado no regulado, y ahí pueden venir los bonos de carbono. Necesitamos un proceso de control para evitar lo que pasa hoy: que llegan unos intermediarios financieros a las comunidades indígenas a firmar contratos utilizando la especulación financiera, la propiedad ambiental del país y haciendo negocios privados con las comunidades y con bosques de la nación. Ahí hay una primera discusión para esa cumbre: ¿cómo funcionan esos mercados de carbono? ¿Esos mercados sí están bajando las emisiones mundialmente? Hay que hacer una evaluación de eso.
El otro punto importante es buscar compromisos de largo plazo frente a la Amazonia, especialmente la colombiana. Ojalá, con el tiempo, podamos hacer un acuerdo de todos los países amazónicos. Además, hay otro tema clave: el de daños y pérdidas. Eso significa quién paga por los daños del cambio climático. Ahí Colombia tiene que tener una posición fuerte. Hay discusión que tiene que ver con las metas de adaptación. Todas las cumbres climáticas giraban en torno a las metas de mitigación. Tenemos que trabajar es las metas de adaptación y en los recursos para ese fin.
¿Qué tan fácil ve que Colombia, como se comprometió, disminuya en 51 % sus emisiones de gases efecto invernadero para 2030? ¿Toca meterles el acelerador a algunos compromisos?
Sí. Estamos de acuerdo con ese compromiso del expresidente Duque; es lo que dicen los científicos. Y una disminución del 90 % a 2050. Queremos es mirar en detalle el plan que ellos dejaron. Pero en lo que hay consenso nacional es que nuestra principal fuente de emisiones es la deforestación y la ganadería, que están asociadas. Ahí tenemos otro reto, relacionado con la reforma rural integral y la productividad agrícola, un propósito central del presidente Petro. Nuestras metas de cambio climático se juegan en nuestra capacidad de paz territorial.
Todo esto que conversamos está atravesado por un tema clave: plata. Pero el Gobierno Duque le dejó una asignación al sector ambiental del 0,24% del presupuesto general. Mucho más baja que antes. ¿De dónde va a sacar recursos? ¿Cómo va esa negociación con el ministro Ocampo?
La mentalidad del presidente es que, primero, se alinean los propósitos y, a partir de eso, se definen las partidas. Usted nunca me vio a mí como secretaria de Ambiente peleando presupuesto en el Concejo. Pero acá la situación es peor que en Bogotá. Si definitivamente hay un déficit financiero de este sector, hay algunas estrategias presupuestales: una es pedir aumento, pero hay que mirar la disponibilidad. La otra tiene que ver con un importante proceso con cooperación internacional. Tercero, hay que discutir el impuesto al carbono, que 100 % debería ser para el sector ambiental, aunque hoy está distribuido para el próximo año con el plan de sustitución de cultivos, cosa que no me molesta porque me ayuda a cumplir metas ambientales. Cuarto, tenemos un porcentaje de regalías y, quinto, si hacen falta recursos, trabajaremos para conseguirlos, porque tenemos que cumplir metas. (Le recomendamos: ¿De dónde viene la carne que llega a nuestra mesa? Aún faltan datos)
Ese es un poco el panorama, pero para responder, sí, sí se van a pedir más recursos para el sector ambiental, porque representamos el 0,3 % del presupuesto. Debemos llegar, por lo menos, al 1 %.
Ahora tenemos más áreas protegidas, pero Parques Nacionales Naturales sigue trabajando con las uñas. ¿Le va a dar más presupuesto?
Hay una estrategia que dejó el Gobierno anterior que se llama Herencia Colombia, que lo estamos estudiando a fondo, pero que tiene la intención de muchos donantes internacionales de generar un fondo patrimonial que permita la sostenibilidad del manejo de las áreas protegidas en Colombia. Vamos a examinar si está bien planteado; puede ser una salida. Lo importante es que las áreas protegidas se protejan y que cumplan su función. Pero sí, estamos pidiendo más presupuesto para PNN para mejorar las condiciones operacionales.
Nos contaron que va a crear un puesto de “coordinadores territoriales de diálogos sociales”. ¿De qué se trata?
Sí. Además de que hay que fortalecer la capacidad técnica del sector, hay que fortalecer la capacidad de interlocución social porque lo ambiental se vuelve un conflicto en territorio permanentemente debido a la ausencia de diálogo. Ese diálogo tiene 2 propósitos: el primero, legitimar a los actores sociales que defienden el ambiente en territorios, y que tengan un soporte e interlocución permanente. Segundo, monitorear conflictos socioambientales que puedan ir apareciendo para que podamos, con intervención inmediata, resolverlos y no dejarlos escalar. Y, tercero, para tener una interlocución del sistema nacional ambiental en territorio desde el ministerio. También sirve de enlace político de la situación ambiental de la región con nosotros.
¿Qué va a hacer con el tremendo problema que significan los hipopótamos del Magdalena Medio?
En este momento recibimos unas iniciativas. Tenemos que ver qué tan bien funcionan. Hay una, la de esterilización, que ya se ha aplicado a 35 especímenes. Otra consiste en llevar ejemplares a áreas controladas: se han llevado dos, pero ya son muchos. También hay una propuesta de anticoncepción. Tengo que evaluar cómo han funcionado y trabajar con todos los sectores, biólogos y animalistas, para analizar si esa estratega integral es suficiente y nos ayuda a detener la reproducción, que es el primer objetivo. El segundo objetivo es cómo evitamos el estrago ambiental que están generando. El tercero es evaluar la posibilidad de sacrificio. Pero esa debe ser la última opción. Primero vamos a estudiar a fondo las otras opciones.