¿Está bien direccionada la política pública sobre cambio climático en Colombia?

Colombia viene experimentado una serie de desastres asociados al cambio climático (CC) y la variabilidad del clima, debido a cambios en la temperatura y los patrones de precipitación o lluvias. En el país, en el último siglo, medio millón de familias se han visto afectadas por deslizamientos, causados principalmente por fuertes lluvias en la región Andina. El fenómeno del Niño (pocas lluvias), entre 1997-1998, contribuyó al incremento en la intensidad de las sequías, ocasionando afectaciones en más de 100.000 personas, por abastecimiento de agua. Ha impactado negativamente, además, los hogares, la producción agrícola y la cobertura energética, entre otros.

En los años 2010 y 2011 se presentaron inundaciones severas por efecto del fenómeno La Niña (exceso de lluvias), esta ola invernal afectó a 706 municipios en 28 departamentos, de 32 que tiene el país, con más de 2′000.000 de personas y más de 300.000 viviendas perjudicadas; según el registro del Banco Interamericano de Desarrollo, cobró 467 víctimas mortales, dejó 577 heridos, 41 desaparecidos y 3,6 millones de damnificados.

De acuerdo con instituciones nacionales como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) e internacionales como el Panel Gubernamental para el Cambio Climático (IPCC), Colombia es uno de los países altamente vulnerables a los impactos negativos por el cambio y la variabilidad climática, pero paradójicamente Colombia no es un país importante en la generación de Gases Efecto Invernadero (GEI), gases causantes de los cambios extremos del clima.

El país está pasando de eventos del Niño, a eventos de la Niña, en espacios de tiempo cada vez más cortos, con grandes impactos sociales y económicos, donde se prevén desplazamientos de comunidades por los impactos climáticos. Es decir, cada vez hay menos tiempo para la recuperación tanto de las comunidades, especialmente las más pobres, como de los sistemas productivos, el turismo, las industrias, la agricultura, la ganadería, el sector energético, entre otros.

Desde 1992, en el Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el país viene generando una serie de documentos de política pública sobre cambio climático. Entre los principales (y más recientes) se encuentran: el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2012), cuyo objetivo es aumentar la capacidad del país para adaptarse a los cambios climáticos, y la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (2012), la cual tiene como propósito ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible.

También está la Política Nacional de Cambio Climático (2017), cuyo objetivo es reducir las emisiones de gases efecto invernadero y aumentar la resiliencia del país; y el Programa Nacional de Reducción de Emisiones (2019), que establece metas específicas para reducir las emisiones de GEI en los sectores de energía, transporte, industria, agricultura y residuos y promueve una economía baja en carbono.

Estas políticas principalmente se han definido para darle respuesta a los Protocolos Internacionales y tratados mundiales sobre cambio climático, excepto la política de gestión del riesgo que surgió por las intensas inundaciones en el año 2011. Pero hoy Colombia no es un país altamente generador de GEI, y por muchas décadas no lo será. Por lo tanto, debe ser consecuente con esta realidad, y las políticas públicas deben evidenciar esta situación.

Desde el 2012, cuando se definió la Política de Adaptación Climática en el país, el énfasis cambió a políticas de mitigación, cuando ese no debería ser el orden en la política pública colombiana. El país debe enfocarse prioritariamente en la adaptación climática más que en la mitigación; el énfasis está invertido.

A nivel territorial se debe dar énfasis en la planeación de las microcuencas, especialmente las de alta montaña o llamadas andinas, donde se generan la mayor cantidad de desastres naturales alrededor de los recursos hídricos. En las zonas costeras deben definirse e implementarse acciones de adaptación climática para contrarrestar y prepararse para las olas de huracanes, escenarios nuevos y extraños para las costas colombianas.

Así mismo, se debe iniciar la adaptación climática en las personas más vulnerables, como los niños y los adultos mayores en escenarios de intensas sequías, intensas precipitaciones y fuertes olas de calor. Se debe continuar con la adaptación climática en su orden en las viviendas, cuadras, barrios, comunas, municipios y departamentos.

Las entidades estatales y privadas deben estar integradas para anticiparse al riesgo para su disminución y no enfatizar en la acción posterior cuando se presenten desastres climáticos. La reforestación debe enmarcarse en una política de adaptación y no de mitigación, así se debe presentar al mundo y los organismos multilaterales. El país debe generar consistente y prioritariamente políticas de adaptación climática más que de mitigación.

*Docente Universidad Nacional de Colombia

**Este artículo se realiza en el marco del Centro de Pensamiento de Adaptación Climática de la Universidad Nacional de Colombia.

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Colombia viene experimentado una serie de desastres asociados al cambio climático (CC) y la variabilidad del clima, debido a cambios en la temperatura y los patrones de precipitación o lluvias. En el país, en el último siglo, medio millón de familias se han visto afectadas por deslizamientos, causados principalmente por fuertes lluvias en la región Andina. El fenómeno del Niño (pocas lluvias), entre 1997-1998, contribuyó al incremento en la intensidad de las sequías, ocasionando afectaciones en más de 100.000 personas, por abastecimiento de agua. Ha impactado negativamente, además, los hogares, la producción agrícola y la cobertura energética, entre otros.

En los años 2010 y 2011 se presentaron inundaciones severas por efecto del fenómeno La Niña (exceso de lluvias), esta ola invernal afectó a 706 municipios en 28 departamentos, de 32 que tiene el país, con más de 2′000.000 de personas y más de 300.000 viviendas perjudicadas; según el registro del Banco Interamericano de Desarrollo, cobró 467 víctimas mortales, dejó 577 heridos, 41 desaparecidos y 3,6 millones de damnificados.

De acuerdo con instituciones nacionales como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) e internacionales como el Panel Gubernamental para el Cambio Climático (IPCC), Colombia es uno de los países altamente vulnerables a los impactos negativos por el cambio y la variabilidad climática, pero paradójicamente Colombia no es un país importante en la generación de Gases Efecto Invernadero (GEI), gases causantes de los cambios extremos del clima.

El país está pasando de eventos del Niño, a eventos de la Niña, en espacios de tiempo cada vez más cortos, con grandes impactos sociales y económicos, donde se prevén desplazamientos de comunidades por los impactos climáticos. Es decir, cada vez hay menos tiempo para la recuperación tanto de las comunidades, especialmente las más pobres, como de los sistemas productivos, el turismo, las industrias, la agricultura, la ganadería, el sector energético, entre otros.

Desde 1992, en el Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el país viene generando una serie de documentos de política pública sobre cambio climático. Entre los principales (y más recientes) se encuentran: el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2012), cuyo objetivo es aumentar la capacidad del país para adaptarse a los cambios climáticos, y la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (2012), la cual tiene como propósito ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible.

También está la Política Nacional de Cambio Climático (2017), cuyo objetivo es reducir las emisiones de gases efecto invernadero y aumentar la resiliencia del país; y el Programa Nacional de Reducción de Emisiones (2019), que establece metas específicas para reducir las emisiones de GEI en los sectores de energía, transporte, industria, agricultura y residuos y promueve una economía baja en carbono.

Estas políticas principalmente se han definido para darle respuesta a los Protocolos Internacionales y tratados mundiales sobre cambio climático, excepto la política de gestión del riesgo que surgió por las intensas inundaciones en el año 2011. Pero hoy Colombia no es un país altamente generador de GEI, y por muchas décadas no lo será. Por lo tanto, debe ser consecuente con esta realidad, y las políticas públicas deben evidenciar esta situación.

Desde el 2012, cuando se definió la Política de Adaptación Climática en el país, el énfasis cambió a políticas de mitigación, cuando ese no debería ser el orden en la política pública colombiana. El país debe enfocarse prioritariamente en la adaptación climática más que en la mitigación; el énfasis está invertido.

A nivel territorial se debe dar énfasis en la planeación de las microcuencas, especialmente las de alta montaña o llamadas andinas, donde se generan la mayor cantidad de desastres naturales alrededor de los recursos hídricos. En las zonas costeras deben definirse e implementarse acciones de adaptación climática para contrarrestar y prepararse para las olas de huracanes, escenarios nuevos y extraños para las costas colombianas.

Así mismo, se debe iniciar la adaptación climática en las personas más vulnerables, como los niños y los adultos mayores en escenarios de intensas sequías, intensas precipitaciones y fuertes olas de calor. Se debe continuar con la adaptación climática en su orden en las viviendas, cuadras, barrios, comunas, municipios y departamentos.

Las entidades estatales y privadas deben estar integradas para anticiparse al riesgo para su disminución y no enfatizar en la acción posterior cuando se presenten desastres climáticos. La reforestación debe enmarcarse en una política de adaptación y no de mitigación, así se debe presentar al mundo y los organismos multilaterales. El país debe generar consistente y prioritariamente políticas de adaptación climática más que de mitigación.

*Docente Universidad Nacional de Colombia

**Este artículo se realiza en el marco del Centro de Pensamiento de Adaptación Climática de la Universidad Nacional de Colombia.

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