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Cuando se habla sobre la crisis ambiental, el rol de la economía usualmente pasa desapercibido. En América Latina, por ejemplo, es difícil encontrar facultades universitarias que prioricen en sus pénsum la economía ambiental o la sostenibilidad y, por mencionar otro, también ha existido una resistencia desde la política y la academia a incluir las afectaciones ambientales en el Producto Interno Bruto (PIB). En la sexta cátedra Repensar Nuestro Futuro del Foro Nacional Ambiental (FNA) se tocó justamente el tema de los cambios que se necesitan en el campo económico para alcanzar una transformación social y ecológica en la región.
En esta sesión, moderada por Manuel Rodríguez Becerra, presidente del FNA, participaron José Antonio Ocampo, economista, exministro y profesor de la Universidad de Columbia; Roberto Kreimerman, exministro de Industria, Energía y Minería de Uruguay; María Fernanda Valdés, doctora en Economía y coordinadora de proyectos en la Fundación Friedrich Ebert en Colombia y Felipe Castro, economista y director del Centro ODS para América Latina y el Caribe de la Universidad de los Andes. (Le sugerimos: ¿Qué tan sostenible ha sido la reactivación económica de Colombia?)
¿Cuál ha sido la relación entre la economía y la sostenibilidad ambiental?
En primer lugar, José Antonio Ocampo explicó en qué consiste la sostenibilidad ambiental. Para comenzar, el expositor habló sobre tres dimensiones acordadas en la Cumbre de la Tierra en 1992: la lucha contra el cambio climático, ampliada con el Acuerdo de París; la protección de la biodiversidad y la lucha contra la desertificación, que incluye un buen manejo de los recursos hídricos. En cada una de estas dimensiones está presente la economía y, por ende, la sostenibilidad ambiental “es un reto económico y de la política económica” dijo.
Por otro lado, la sostenibilidad ambiental tiene que ver con la equidad, sobre todo con la intergeneracional, la cual consiste en “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras”. De hecho, agregó Ocampo, los patrones de consumo actuales favorecen a los sectores de más altos ingresos y por ende en ese aspecto también está presente la necesidad de equidad. En tercer lugar, el expositor explicó que, si bien la “economía verde” puede generar costos importantes en un corto plazo, en un mediano y largo plazo será benéfica social, económica y ambientalmente.
El rol de la economía en el campo del cambio climático es central. Como explicó Ocampo, las tendencias actuales son adversas y, pese a que Estados Unidos aceptó recientemente los compromisos del Acuerdo de París, “las metas de los países son insuficientes para alcanzar la meta de no incrementar la temperatura global en 1,5 grados centígrados e incluso en 2 grados”. En este aspecto, el expositor señaló que el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” adoptado en la Cumbre de Río en 1992 es esencial, pues el país con mayor emisiones es China y se requieren acciones fuertes por parte de todas las potencias para la adaptación y mitigación. (Le puede interesar: El hidrógeno verde da sus primeros pasos en América Latina)
José Antonio Ocampo explicó cómo el crecimiento verde puede ser el eje de un cambio estructural. Primero, se necesitan cambios drásticos en los patrones de producción y de consumo, como en la generación y el consumo de energía, principalmente de la que surge del carbón, petróleo y gas. Los países que dependen de la exportación de estos productos, como Colombia, necesitarán una diversificación urgente. Se debe tener, adicionalmente, un plan de choque para el sector agropecuario y tener en cuenta las ventajas de la revolución tecnológica que ha logrado reducción de costos en energía social y eólica, por solo mencionar dos ejemplos.
Financieramente, las empresas de carbón y petróleo enfrentan condiciones adversas en los mercados de capitales y necesitan, con urgencia y a lo sumo, diversificarse. Por otro lado, Ocampo señaló que es clave comenzar a financiar actividades de mitigación y adaptación y cambios en las políticas sobre el cambio climático (como fijar impuestos al carbono, generar subsidios y regulaciones, así como impulsar la transformación tecnológica). Hoy, hace falta que los riesgos ambientales se vean reflejados en las hojas de balance de las empresas productivas así como en la supervisión y regulación financiera por parte de los gobiernos.
Para que el Acuerdo de París sea efectivo, por ejemplo, es necesaria una coordinación internacional que toque todos los temas relacionados con infraestructura, investigación, financiación, entre otros. Sobre este aspecto, Ocampo señaló que, internacionalmente, se debe promover el financiamiento para las transformaciones de la estructura productiva. Los países desarrollados, en ese mismo sentido, deben aumentar gradualmente sus aportes hasta alcanzar los 100.000 millones de dólares para 2020. Actualmente, el mayor apoyo de un banco internacional es el del Banco Europeo de Inversiones. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por otro lado, ha aumentado sus inversiones de 1.462 millones de dólares en 2011 a 4.757 millones de dólares en 2017.
Cambiar los sistemas de producción
En segundo lugar, Roberto Kreimerman, exministro de Industria de Uruguay en el periodo 2010-2015, hizo énfasis en cómo funciona el sistema global de producción y porqué es necesario replantearlo. El crecimiento del comercio mundial, señaló, “significó en buena parte destruir las industrias nacionales, pasando la producción a una gran cantidad de países. Entonces, se exporta la materia prima y para llegar a los productos finales se puede pasar hasta por 30 países. En estas cadenas de valor se aprovecha la materia prima más barata y la mano de obra más barata para optimizar la rentabilidad. ¿Y quiénes son los principales actores? Las empresas transnacionales”.
Hoy, explicó Kreimerman, las empresas transnacionales son responsables del 80% del comercio mundial , por lo cual predomina la tercerización y la separación de los servicios y la producción. La inversión extranjera se ha cuadruplicado en los últimos 25 años y esto ha generado una dependencia tecnológica creciente por parte de los países en vías de desarrollo de grandes potencias. Después de 2015, agregó, se ha visto un cambio importante en las cadenas de valor por el sector tecnológico, lo cual no ha transformado las condiciones de desigualdad y de concentración de riqueza.
En América Latina y el Caribe, dijo, “la estructura productiva está conformada por una pequeña cantidad de empresas de gran tamaño, que son en buena parte enclaves exportadores y operan en condiciones oligopólicas”. A esta estructura “la completan una gran cantidad de empresas pequeñas y en menor medida medianas, con problemas de economía de escala. La calidad de empleo suele ser baja y existe un grado de informalidad en la mayoría de países de la región”. Vale la pena señalar que la mayoría de las empresas en América Latina y el Caribe están basadas en la explotación de los recursos naturales.
Un nuevo sistema de producción para la región, agregó, debe “elevar sustancialmente el valor agregado total y per cápita de América Latina, así como diversificar la producción en productos y destinos, alcanzando también el liderazgo en determinados productos o procesos manufacturados de alta calidad en el mercado global”. En ese nuevo modelo es clave alcanzar un crecimiento de las industrias, así como crear las capacidades domésticas que respalden la alta calidad de fabricación, todo este proceso sin transgredir los límites ambientales del planeta y garantizando que el nuevo sistema industrial en América Latina mejore la calidad de vida de los sectores populares y se presente una reducción drástica de las desigualdades. (Lea también: Desastres por el cambio climático le cuestan caro a las economías, dice el FMI)
Por una economía comprometida con el medio ambiente
En la última parte de la sesión, María Fernanda Valdés, doctora en Economía de la Universidad de Berlín y Felipe Castro, director del Centro ODS, hablaron sobre la necesidad de generar un cambio de paradigma en la disciplina económica. Ambos señalaron que en las facultades de Economía la palabra sostenibilidad difícilmente aparece y, cuando lo hace, está presente en alguna lección en particular y no existe esa unión entre la crisis climática y los estudios económicos.
De acuerdo con Valdés, poco a poco se ha presentado un cambio en este aspecto y a manera de ejemplo mencionó los trabajos sobre cambio climático de William Nordhaus y Paul Romer, premios Nobel de Economía en 2018. Estimaciones sobre el precio del carbono, por ejemplo, es un aporte clave de esta disciplina al desarrollo sostenible. Sin embargo, el tema de la sostenibilidad sigue estando en el campo de las ciencias naturales y hace falta una presencia más importante de la Economía.
En el transcurso de la cátedra, agregó Valdés, se ha visto cómo es necesario cambiar de paradigma y tener en cuenta la crisis ambiental en todos los aspectos de la vida, y por solo mencionar un ejemplo, habló sobre el Producto Interno Bruto (PIB), el cual debería tener en cuenta el valor económico de la naturaleza o, de lo contrario, se estaría enfrentando la tragedia ambiental desde un solo frente.
De otro lado, Felipe Castro señaló que el pensamiento económico, después de la Gran Depresión, ha sido “tremendamente exitoso desde el punto de vista económico y social”. Pese a que la población pasó de 1.6 mil millones a finales del siglo XIX a 7.7 mil millones en siglo XXI, la globalización permitió mejorar las condiciones de vida y un crecimiento económico sin precedentes. No obstante, señaló que “está claro que los economistas le hemos fallado al medio ambiente y las degradaciones de los bienes de uso común deberían tenerse en cuenta en las lógicas del mercado”. En esa misma línea, dijo, es fundamental trabajar por un cambio estructural en la Economía y que los problemas de la crisis climática no queden solo en el campo del activismo ambiental.