El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció nuevas medidas para erradicar la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, una zona donde nacen 30 ríos caudalosos que conforman 13 cuencas hidrográficas encargadas del suministro de agua en esta zona del Pacífico, entre otras cosas.
De acuerdo con la ministra Susana Muhamad, las autoridades nacionales, junto a la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali, pondrán en marcha la segunda fase del proceso para el control de la minería ilegal en el área protegida. Para esto, informaron que la Fiscalía emitió 27 órdenes de captura contra personas que están desarrollando la actividad ilegal dentro de Los Farallones.
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“El año pasado logramos controlar el 60% del problema. Logramos que bajaran 200 mineros y se cerraron esas minas, que no se han vuelto a abrir. Sin embargo, quedan seis minas abiertas que se mantienen como una amenaza para el parque”, dijo Muhamad.
Según las cifras del ministerio, antes de la intervención, la minería ilegal que se adelantaba en el Parque Farallones, mensualmente extraía 78.000 gramos de oro, que representaban ingresos a las bandas multicrimen de más de 13.200 millones de pesos. Esta actividad ilícita generó afectación en los cuerpos de agua por el vertimiento de mercurio que, se estima, llegó a ser de una tonelada al año.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, sostuvo que el objetivo es cerrar todas las minas que hay en el área protegida. Además, explicó que una de las medidas es el trabajo con las comunidades. “Estamos trabajando con las comunidades en los bordes del Parque para que puedan pasar a ser defensores, protectores de los mismos y estamos trabajando para impulsar el turismo sostenible. Ya estamos haciendo todos los estudios”.
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La atención social estará respaldada por entidades como Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la atención de mujeres y menores de edad; la Personería, la Procuraduría Ambiental, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Salud y el Dagma.
Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, afirmó que están trabajando en un proyecto de $14.000 millones para restaurar los suelos impactados y darles posibilidades a las comunidades, de tener una sostenibilidad económica preservando el ambiente. “También estamos trabajando Pago por Servicios Ambientales con el Dagma y, por supuesto, queremos hacer frente a la minería ilegal que se presenta en Buenaventura”.