Gobierno Petro quiere impulsar un “pacto nacional” por la transición energética
A lo largo de los próximos seis meses, el Ministerio de Minas y Energía realizará un diálogo nacional para recoger las opiniones, perspectivas y experiencias de los actores del sector político, de investigación, del productivo y de las llamadas “comunidades energéticas” en regiones como La Guajira, para asegurar una transición energética justa. ¿De qué se trata?
María Camila Bonilla
Durante la cuarta jornada de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP27 este 9 de noviembre, Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, anunció el lanzamiento de la construcción de una hoja de ruta para la transición energética justa. Durante seis meses, el Ministerio liderará un diálogo regional para que los sectores de la sociedad interesados en contribuir a la construcción de la hoja de ruta puedan participar.
“La planeación de la transición energética justa es fundamental para Colombia porque implica una transición hacia una economía productiva, que tenga como pilar las energías renovables”, dijo Vélez en la presentación del lanzamiento. El proceso de construcción de la hoja de ruta se realizará durante seis meses, por medio de seis talleres y dos convenciones, con actores del sector político, de investigación, del productivo y de las llamadas “comunidades energéticas”, es decir, consumidores y productores de comunidades rurales, étnicas, entre otras.
El resultado de estos espacios de diálogo será, en el corto plazo, unas medidas que quedarán plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) mediante artículos, que muestren los programas y proyectos para llevar a cabo las transformaciones en los sectores minero, eléctrico y de combustibles. En general, entonces, el gobierno espera que la construcción de la hoja de ruta pueda ser una oportunidad para hacer que la transición energética sea un “pacto nacional”, dijo Vélez. (También puede leer: Empresas que invierten en combustibles fósiles no pueden llamarse ‘verdes’: ONU)
El documento final de la hoja de ruta será publicado el 10 de mayo de 2023. Pero, ¿en qué consiste exactamente la transición energética justa? Aunque este concepto está muy presente desde las aproximaciones técnicas, tiene que ver con varias de las preguntas que se hacen usualmente al hablar de transición energética: ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿Cómo hacerla? La transición energética justa parte de un gran principio: la energía debe servir para resolver problemas prácticos y satisfacer las necesidades de todas las personas que la usan.
Como explica Carlos Adrián Correa, ingeniero electricista y director de la maestría en Energía y Sostenibilidad de la Universidad Javeriana, la transición energética justa parte de asumir que “la transición energética debe ser una oportunidad para generar una sociedad más equitativa. En Colombia, esto gana especial importancia porque somos un país vulnerable ante los efectos del cambio climático, tenemos una pésima distribución del ingreso y un aparato productivo muy precario”.
El documento que presentó hoy el Ministerio de Minas y Energía propone, entonces, que la transición energética debe garantizar bienestar y una “vida digna” para las personas de todo el país, particularmente quienes viven en “regiones ricas en recursos energéticos que han sido olvidadas históricamente”, como La Guajira o los Llanos Orientales, señala el documento. (Le puede interesar: COP27 | Colombia hará parte de alianza que impulsa la energía eólica costa afuera)
La guía del Ministerio presenta cuatro principios fundamentales para asegurar esta transición energética: la equidad; la gradualidad, soberanía y confiabilidad; la participación social vinculante; y la transición energética intensiva en conocimiento.
El primer principio hace referencia a asegurar que la generación, gestión y acceso a la energía estén disponibles para toda la población colombiana. El segundo quiere decir que el proceso de la transición energética se debe hacer al sustituir, progresivamente, las energías basadas en combustibles fósiles por las renovables. Un punto importante relacionado a este principio es que se debe asegurar una transición productiva también, es decir, un escenario en donde la economía colombiana no sea tan dependiente de las rentas del petróleo o carbón, por ejemplo.
“Se debe preparar al país para enfrentar los escenarios de descarbonización y hacer una transición productiva que implica que haya dinero que venga del ecoturismo, manufactura, agroindustria y no depender de la renta petrolera y carbonífera”, indica Correa.
El tercer principio hace referencia a que se garantice una participación social amplia con respecto a los proyectos energéticos que se realizan en el país. Justamente, una de las críticas a proyectos renovables grandes en regiones como La Guajira que han resaltado expertos como Giovanni Pabón (director del área de Energía en Transforma) e Isaac Dyner (decano de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Jorge Tadeo Lozano) es que no han contado con una amplia participación de las comunidades que viven en las zonas donde se realizarán.
Dyner señaló a El Espectador hace unos meses que lograr un 100% de electricidad renovable para 2030 requeriría un modelo de relacionamiento distinto con las comunidades, en el que participen más en las decisiones y los beneficios que traerán las energías renovables. Por su parte, Pabón ya le había explicado a este diario que generar un diálogo con estas comunidades es muy importante para incentivar el despliegue masivo de energías renovables. (Le recomendamos: Cop27 | ¿Cómo evitar que la Amazonia llegue a su punto de no retorno?)
De hecho, en el marco del lanzamiento de esta guía, el Ministerio de Minas y Energía anunció también que se realizarán dos proyectos de referencia durante los próximos seis meses, para materializar algunos de los principios que están contemplados en la construcción de la hoja de ruta. Una de estas iniciativas será un proyecto en el que los indígenas Wayuu en La Guajira serán coproprietarios en la generación de energía a partir de turbinas eólicas y paneles solares. El otro proyecto buscará “para hacer realidad la Transición Energética Justa del Corredor Minero del Cesar, en la Jagua de Ibirico”, indicó el Ministerio.
“Este gobierno, específicamente, creo que tiene la posibilidad de tener legitimidad frente a las comunidades, por lo que puede acompañar a los privados que quieran hacer los proyectos, para llegar con una oferta integral, y generar un diálogo con las comunidades”, dijo Pabón sobre las claves para lograr generar espacios de diálogo más efectivos con las comunidades de La Guajira, específicamente.
El último principio, de impulsar una transición energética intensiva en conocimiento, hace referencia a que el gobierno quiere apoyar la investigación y capacidades de la ciencia, tecnología e innovación nacional para generar energía eólica, solar, biomasa, pequeñas hidroeléctricas y biogás, entre otras, a nivel nacional.
Incorporar la perspectiva étnica, territorial y de género es uno de los puntos que resaltó el Ministerio, para poder desarrollar la hoja de ruta de forma diferenciada en las regiones, de acuerdo con sus necesidades. También se buscará establecer qué mecanismos se necesitan para que el sector energético logre disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para 2030. Este es uno de los acuerdos climáticos nacionales más importantes que el gobierno colombiano aseguró que cumplirá para finales de la década.
La transición energética en la COP27
¿Qué tiene que ver la transición con el cambio climático y lo que se está discutiendo en la COP27? Básicamente, el objetivo principal de las últimas COP ha sido llegar a compromisos para limitar la temperatura global para 2100 a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales. “Sin embargo, incluso si se cumplen todos los compromisos asumidos, el mundo estaría en una senda de calentamiento de 2.4 a 2.8°C, una mejora muy apreciable pero aún por encima de las metas acordadas”, indica Benjamín Quesada, climatólogo y profesor del programa de Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad del Rosario.
En ese sentido, la ruta más clara para mitigar el calentamiento global es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que provienen, en un 80%, más o menos, de la quema de combustibles fósiles. Ahí es donde viene la transición energética, pues dejar de utilizar la energía de fósiles es una de la claves para reducir las emisiones.
Uno de los puntos principales de esta COP es cómo lograr una mitigación de cambio climático. En este momento, dice Quesada, los países se deben enfocar implementar concretamente sus metas climáticas. Esto incluye cómo se va a realizar la transición energética en cada país. “En esto Colombia se queda muy atrás, su implementación está todavía calificada como altamente insuficiente por varios analistas, ya que se puso la meta de reducir las emisiones en un 51% para 2030, sin antes cómo se va a realizar en cada sector, cada región y municipio”, indica el climatólogo.
Avanzar con la agenda de la transición energética, dice, tendrá que ir de la mano con buscar alternativas de descarbonización a largo plazo en distintos sectores, como el minero-energético, el de transporte, el agrícola, domestico, de alimentación y de residuos.
La coyuntura actual, en donde la crisis energética en Europa se ha presentado como una oportunidad para promover el despliegue de energías renovables, da paso a un buen escenario para que la COP27 discuta más sobre la transición energética, coinciden Quesada y Correa.
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Durante la cuarta jornada de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP27 este 9 de noviembre, Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, anunció el lanzamiento de la construcción de una hoja de ruta para la transición energética justa. Durante seis meses, el Ministerio liderará un diálogo regional para que los sectores de la sociedad interesados en contribuir a la construcción de la hoja de ruta puedan participar.
“La planeación de la transición energética justa es fundamental para Colombia porque implica una transición hacia una economía productiva, que tenga como pilar las energías renovables”, dijo Vélez en la presentación del lanzamiento. El proceso de construcción de la hoja de ruta se realizará durante seis meses, por medio de seis talleres y dos convenciones, con actores del sector político, de investigación, del productivo y de las llamadas “comunidades energéticas”, es decir, consumidores y productores de comunidades rurales, étnicas, entre otras.
El resultado de estos espacios de diálogo será, en el corto plazo, unas medidas que quedarán plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) mediante artículos, que muestren los programas y proyectos para llevar a cabo las transformaciones en los sectores minero, eléctrico y de combustibles. En general, entonces, el gobierno espera que la construcción de la hoja de ruta pueda ser una oportunidad para hacer que la transición energética sea un “pacto nacional”, dijo Vélez. (También puede leer: Empresas que invierten en combustibles fósiles no pueden llamarse ‘verdes’: ONU)
El documento final de la hoja de ruta será publicado el 10 de mayo de 2023. Pero, ¿en qué consiste exactamente la transición energética justa? Aunque este concepto está muy presente desde las aproximaciones técnicas, tiene que ver con varias de las preguntas que se hacen usualmente al hablar de transición energética: ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿Cómo hacerla? La transición energética justa parte de un gran principio: la energía debe servir para resolver problemas prácticos y satisfacer las necesidades de todas las personas que la usan.
Como explica Carlos Adrián Correa, ingeniero electricista y director de la maestría en Energía y Sostenibilidad de la Universidad Javeriana, la transición energética justa parte de asumir que “la transición energética debe ser una oportunidad para generar una sociedad más equitativa. En Colombia, esto gana especial importancia porque somos un país vulnerable ante los efectos del cambio climático, tenemos una pésima distribución del ingreso y un aparato productivo muy precario”.
El documento que presentó hoy el Ministerio de Minas y Energía propone, entonces, que la transición energética debe garantizar bienestar y una “vida digna” para las personas de todo el país, particularmente quienes viven en “regiones ricas en recursos energéticos que han sido olvidadas históricamente”, como La Guajira o los Llanos Orientales, señala el documento. (Le puede interesar: COP27 | Colombia hará parte de alianza que impulsa la energía eólica costa afuera)
La guía del Ministerio presenta cuatro principios fundamentales para asegurar esta transición energética: la equidad; la gradualidad, soberanía y confiabilidad; la participación social vinculante; y la transición energética intensiva en conocimiento.
El primer principio hace referencia a asegurar que la generación, gestión y acceso a la energía estén disponibles para toda la población colombiana. El segundo quiere decir que el proceso de la transición energética se debe hacer al sustituir, progresivamente, las energías basadas en combustibles fósiles por las renovables. Un punto importante relacionado a este principio es que se debe asegurar una transición productiva también, es decir, un escenario en donde la economía colombiana no sea tan dependiente de las rentas del petróleo o carbón, por ejemplo.
“Se debe preparar al país para enfrentar los escenarios de descarbonización y hacer una transición productiva que implica que haya dinero que venga del ecoturismo, manufactura, agroindustria y no depender de la renta petrolera y carbonífera”, indica Correa.
El tercer principio hace referencia a que se garantice una participación social amplia con respecto a los proyectos energéticos que se realizan en el país. Justamente, una de las críticas a proyectos renovables grandes en regiones como La Guajira que han resaltado expertos como Giovanni Pabón (director del área de Energía en Transforma) e Isaac Dyner (decano de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Jorge Tadeo Lozano) es que no han contado con una amplia participación de las comunidades que viven en las zonas donde se realizarán.
Dyner señaló a El Espectador hace unos meses que lograr un 100% de electricidad renovable para 2030 requeriría un modelo de relacionamiento distinto con las comunidades, en el que participen más en las decisiones y los beneficios que traerán las energías renovables. Por su parte, Pabón ya le había explicado a este diario que generar un diálogo con estas comunidades es muy importante para incentivar el despliegue masivo de energías renovables. (Le recomendamos: Cop27 | ¿Cómo evitar que la Amazonia llegue a su punto de no retorno?)
De hecho, en el marco del lanzamiento de esta guía, el Ministerio de Minas y Energía anunció también que se realizarán dos proyectos de referencia durante los próximos seis meses, para materializar algunos de los principios que están contemplados en la construcción de la hoja de ruta. Una de estas iniciativas será un proyecto en el que los indígenas Wayuu en La Guajira serán coproprietarios en la generación de energía a partir de turbinas eólicas y paneles solares. El otro proyecto buscará “para hacer realidad la Transición Energética Justa del Corredor Minero del Cesar, en la Jagua de Ibirico”, indicó el Ministerio.
“Este gobierno, específicamente, creo que tiene la posibilidad de tener legitimidad frente a las comunidades, por lo que puede acompañar a los privados que quieran hacer los proyectos, para llegar con una oferta integral, y generar un diálogo con las comunidades”, dijo Pabón sobre las claves para lograr generar espacios de diálogo más efectivos con las comunidades de La Guajira, específicamente.
El último principio, de impulsar una transición energética intensiva en conocimiento, hace referencia a que el gobierno quiere apoyar la investigación y capacidades de la ciencia, tecnología e innovación nacional para generar energía eólica, solar, biomasa, pequeñas hidroeléctricas y biogás, entre otras, a nivel nacional.
Incorporar la perspectiva étnica, territorial y de género es uno de los puntos que resaltó el Ministerio, para poder desarrollar la hoja de ruta de forma diferenciada en las regiones, de acuerdo con sus necesidades. También se buscará establecer qué mecanismos se necesitan para que el sector energético logre disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para 2030. Este es uno de los acuerdos climáticos nacionales más importantes que el gobierno colombiano aseguró que cumplirá para finales de la década.
La transición energética en la COP27
¿Qué tiene que ver la transición con el cambio climático y lo que se está discutiendo en la COP27? Básicamente, el objetivo principal de las últimas COP ha sido llegar a compromisos para limitar la temperatura global para 2100 a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales. “Sin embargo, incluso si se cumplen todos los compromisos asumidos, el mundo estaría en una senda de calentamiento de 2.4 a 2.8°C, una mejora muy apreciable pero aún por encima de las metas acordadas”, indica Benjamín Quesada, climatólogo y profesor del programa de Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad del Rosario.
En ese sentido, la ruta más clara para mitigar el calentamiento global es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que provienen, en un 80%, más o menos, de la quema de combustibles fósiles. Ahí es donde viene la transición energética, pues dejar de utilizar la energía de fósiles es una de la claves para reducir las emisiones.
Uno de los puntos principales de esta COP es cómo lograr una mitigación de cambio climático. En este momento, dice Quesada, los países se deben enfocar implementar concretamente sus metas climáticas. Esto incluye cómo se va a realizar la transición energética en cada país. “En esto Colombia se queda muy atrás, su implementación está todavía calificada como altamente insuficiente por varios analistas, ya que se puso la meta de reducir las emisiones en un 51% para 2030, sin antes cómo se va a realizar en cada sector, cada región y municipio”, indica el climatólogo.
Avanzar con la agenda de la transición energética, dice, tendrá que ir de la mano con buscar alternativas de descarbonización a largo plazo en distintos sectores, como el minero-energético, el de transporte, el agrícola, domestico, de alimentación y de residuos.
La coyuntura actual, en donde la crisis energética en Europa se ha presentado como una oportunidad para promover el despliegue de energías renovables, da paso a un buen escenario para que la COP27 discuta más sobre la transición energética, coinciden Quesada y Correa.
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