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Esta semana, el Ministerio de Minas y Energía presentó una resolución (la 40136 del 23 de abril de 2023), con la que se busca crear un Registro Único de Comunidades Energéticas (RUCE) en el país, una de las apuestas clave del Gobierno para la transición energética. Con ella reglamenta un decreto expedido a finales de 2023 y que pretende que, a través de fuentes renovables como el sol y el viento, las personas puedan producir su propia energía.
La promesa ya la había hecho el presidente Gustavo Petro en diciembre pasado, cuando escribió en su cuenta de X que personas, barrios, veredas, Juntas de Acción Comunal y organizaciones populares podrían instalar sus propios generadores “para abaratar el costo de la energía”.
Justamente, una comunidad energética busca, en resumen, que un grupo de personas se organice para instalar, operar y administrar un generador de energía que pueda satisfacer las necesidades de los hogares que la conforman. Desde noviembre de 2023, y hasta el pasado 17 de abril, el Minminas habilitó un formulario en su página web para que se postularan proyectos en el país.
Desde entonces, han recibido 18.436 postulaciones y de allí saldrán los proyectos que finalmente entrarán al RUCE, en dos categorías: las Comunidades Energéticas Iniciales, cuando cumplen parte de los requisitos, pero aún no tienen una planta de generación funcionando, y las Comunidades Energéticas en Operación.
Sin embargo, aún hay varias dudas sobre cuántas de las más de 18.000 comunidades podrán formalizarse. “Hay varios aspectos que generan preocupación: uno es cómo va a funcionar el tema tarifario, otro a qué tipo de competencia van a entrar las comunidades cuando se conecten al mercado energético”, dice Kelly Basabe, coordinadora del proyecto Camino Hacia el Carbono Neutral (CHCN), que trabaja impulsando soluciones de transición energética en Colombia.
¿Qué sigue para las comunidades energéticas?
Los retos de conformar una comunidad energética
Hace varios meses, cuando el presidente Gustavo Petro anunció que se harían pilotos de comunidades energéticas en cinco barrios de Barranquilla, dijo que se buscaba solucionar el problema de las altas tarifas de energía eléctrica en el Caribe. Implementar paneles solares, aseguró, les saldría gratis “porque el sol es gratuito”.
Según explica Santiago Ortega, director de Emergente Energía Sostenible y uno de los asesores del piloto de comunidad energética en El Salvador, Medellín, uno de los primeros en el país, las palabras de Petro no son del todo ciertas. Aunque el sol y el viento, por ejemplo, sí son gratuitos, construir una planta que pueda aprovecharlos es costoso. “La operación y el mantenimiento también valen”, añade Ortega
Por eso, el primer reto para conformar una comunidad es que un grupo de personas se pongan de acuerdo para pagar una tarifa mensual que garantice que el sistema funcione, señala Ortega. Además, en caso de que requieran un crédito para la inversión inicial para construir la planta, también deberán pagar la cuota de esa deuda.
Todo esto tiene que ver con la organización. Como explica Basabe, hay que crear un plan de gobernanza donde debe quedar claro quiénes hacen parte de la comunidad, quién será el presidente, quién el representante legal, cuáles son los objetivos o cómo se va a cobrar la energía. De acuerdo con la experiencia de Ortega en el piloto de Medellín, esa organización toma tiempo y es un paso esencial para poner en marcha un proyecto de este tipo.
Por estas razones es que algunos no ven con buenos ojos el plazo que le da la resolución del Minminas a los grupos que quieren ser comunidades energéticas, pero aún no tienen todos los componentes para entrar en operación. El documento señala que tendrán 12 meses, un plazo que se podrá prorrogar por seis meses más. Cumplido ese tiempo, “de no presentar la totalidad de los documentos requeridos, automáticamente se entenderá desistida la solicitud de registro”, indica el documento.
Esto podría funcionar en el caso de Juntas de Acción Comunal, barrios o veredas que ya tengan procesos de organización previos. Pero, como afirma Daniela Luque, coordinadora de medios de CHCN también se necesita de un tiempo en el que la comunidad haga un proceso de apropiación sobre el funcionamiento completo del sistema, algo que es más complejo en organizaciones que recién empiecen a formarse. “Esos 12 meses se quedan cortos”, insiste.
¿De dónde saldrá la plata?
La comunidad energética de El Salvador, Medellín, fue un piloto financiado por empresas privadas y que contó con la asesoría técnica de la Universidad EIA. En 2023, cuando Ortega compartía algunos de los aprendizajes de este proyecto, dijo a El Espectador que, de no haber tenido ese apoyo, era una iniciativa “financieramente inviable”. No porque sus costos sean demasiado altos, sino “porque no se conocen las reglas bajo las que se van a conectar al sistema energético”, añadía.
Esto es importante porque si una comunidad genera suficiente energía para abastecer a sus miembros y le sobra para venderle a la red eléctrica del país, debe tener claridad sobre cuánto le van a pagar por cada kilovatio (kW) que entregue.
Además, explica Basabe, un sistema de energía renovable necesita un mecanismo de “administración, operación y mantenimiento (AOM), en el que se defina cuánto se va a pagar, a qué se va a destinar esa plata, cuánta energía se va a entregar a cada casa y qué pasará si en algún momento la comunidad no genera suficiente energía”. Parte de los gastos deben contemplar el mantenimiento periódico de la planta, sea cual sea la tecnología que use, y las reparaciones, en caso de que las necesite.
También está pendiente que el Gobierno establezca cómo se pueden asociar los privados con las comunidades para la administración del sistema, pues estas empresas suelen tener el conocimiento técnico que se requiere para su operación. “Esto necesita de una transferencia de conocimientos y de tecnologías, porque no se nos puede olvidar que el fin de las comunidades es la autonomía energética, es decir, que al final sean ellos quienes operen su sistema”, agrega Basabe.
En el documento tampoco se explican cuáles serán las formas de financiamiento que se pondrán a disposición de las comunidades para las inversiones iniciales, ni cuáles los criterios para definir quiénes serían beneficiarios de subsidios.
¿Cuántas comunidades energéticas tendrá Colombia?
El Ministerio de Minas y Energía, coinciden las fuentes consultadas, no esperaba recibir más de 18.000 postulaciones de proyectos para conformar comunidades energéticas. El problema es que varias de esas comunidades se postularon en noviembre, cuando ni siquiera existía el decreto que definía qué era una comunidad energética, por lo que es posible que muchas de esas postulaciones no cumplan con los requisitos o sean inviables.
Sin embargo, la meta del Gobierno estaría en lograr que alrededor de 4.000 lograran entrar en operación. Eso, para Basabe, es “una meta demasiado ambiciosa” por el tiempo que puede requerir tramitar el funcionamiento de estos sistemas.
Además, como se debe hacer una caracterización del lugar en el que se pretende instalar la comunidad energética, hay zonas en las que puede ser muy bajo el potencial de producción con energías renovables, insuficiente para satisfacer la demanda de los hogares que hagan parte de la comunidad.
“Nos tenemos que educar como ciudadanos en las comunidades energéticas para hacer un uso eficiente y racional de la energía, porque cuando estamos conectados al sistema nos acostumbramos a que la electricidad es ilimitada, siempre que tengamos cómo pagarla, pero los sistemas renovables son limitados”, apunta Basabe.
*Consultamos al Ministerio de Minas y Energía para conocer la cifra exacta de comunidades energéticas que esperan formalizar y para conocer en qué van las reglamentaciones que están pendientes para que empiecen su constitución y operación. Sin embargo, al cierre de esta edición no habíamos obtenido respuesta.
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