Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Este viernes, los guardaparques de los Parques Nacionales Naturales de Colombia entregó a la Comisión de la Verdad el informe “Los derechos de la naturaleza, el territorio y el colectivo de guardaparques del sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.
La presentación coincidió con el día internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y en los conflictos armados. En la sesión (virtual, el colectivo de guardaparques y contratistas de Parques Nacionales presentaron las siguientes cifras: en los últimos 30 años, 17 guarda parques han sido asesinados, uno fue desaparecido, y uno está exiliado. Adicional a esto, en 24 áreas protegidas del país hay presencia de minas antipersonales (lo que vulnera el derecho a la integridad física de los guarda parques y afecta su labor de monitoreo).
“Los guarda parques somos los únicos que entramos a los sitios apartados en donde el resto de las entidades no entran. Recibimos las quejas de todo mundo, y el trabajo en el Parque implica muchos riesgos: convencer a los grupos armados que los GPS eran para reconocimiento topográfico porque había que saberse mover por una territorio plagado de minas antipersonas, había que convencer a los campesinos que nuestro trabajo no era una leguleyada para quitarles sus tierras”, dice una voz en off que recuerda a Jaime Portilla, un guarda parques del PNN Serranía de los Churumbelos que caminaba por el bosque húmedo cuando pisó una mina que le causó la muerte.
Las áreas protegidas del país también han sido escenario de la muerte. En el pueblo de Saisa, en el PNN Paramillo, mataron a nueves personas y las dejaron tiradas más de 24 horas. Ni el cura se atrevía a recogerlos porque quienes cometieron la masacre dijeron que quien tocara a los muertos moría también. En este parque también fue asesinado Jairo Varela, en 2011. Detrás de su asesinato estarían las FARC y sus intereses en cultivos de coca, según el informe que entregaron a la Comisión (y que aún no es público).
El informe recoge las memorias de los guarda parques que fueron asesinados en los últimos 30 años pero no solo eso: también las experiencias de quienes fueron retenidos temporalmente, o expulsados del parque de grupos armados, como sucedió con los funcionarios de cinco Parques de la Amazonia, el pasado noviembre.
Los guarda parques recordaron a Jairo, a Jaime, a Martín Duarte Acero, que trabaja con campesinos en el PNN La Macarena y fue asesinado por actores armados que no conocía, y que vio unos días antes llevarse una mujer a la fuerza. O a Martha Hernández, la jefa del PNN Tayrona que fue asesinada en 2004 de seis balazos por oponerse al uso del parque para hotelería. La lista de guarda parques que perdieron la vida defendiendo elmedio ambiente sigue: Wilton Urrego, el 2019, en el PNN Santa Marta; Yamid Silva, en 2020, en el PNN Cocuy; Hector Vargas, en 1994, en el PNN Tayrona; Arturo Ramírez Montoya, en el PNN Tatamá, Ligia Guarda Romaña, en 2003 en el Parque Isla Salamanca; Laureano Sierra, en 2001, en el PNN Los Katíos; Alexander Barbosa, en 1999 en el PNN Tayrona; Orlando Durango, en 1993, también en el PNN Tayrona; Angel Mara Torres, 1990, de la Regional Magdalena; Ricardo Elías, en 1998 en El Cocuy; Teófilo Villamizar, de la Regional Llanos Orientales; Javier Grajales, en 1974, en el PNN La Macarena; Olimpo Jiménez, en el PNN Los Katíos. Por último recordaron a Daniel Moya, que fue desaparecido en 1999, también en Los Katíos, y a un exiliado cuyo nombre no fue revelado.
Los guarda parques dan una sentencia en el informe: “la naturaleza ha sido deshonrada. Los parques han sido minados, bombardeados, deforestados, incendiados, talados. Su flora y fauna ha sido traficada y depredada.”.
Libardo Suárez, jefe de parque y un defensor ambiental del nororiente del país, dijo: “Es importante comentarles que la preservación de la vida como eje central de nuestro informe la reconstrucción de un país posible es un llamado a la reconcilicación con la naturaleza y entre todos los colombianos”. “o hay justificación plena que de razones y argumentos promover la destrucción”, dice.
“Sin guardaparques no hay parques, y sin Parque Nacionales el futuro será más incierto”, sentenció el colectivo que elaboró el informe de la mano de la Universidad de los Andes. “Si se rompe el delicado equilibrio con la naturaleza, lo que nos espera como humanidad son hambrunas, extinción de especies y de valores humanos, porque estaremos avocados solo a la supervivencia. Los guarda parques somos trabajadores en riesgo y debemos llegar a lugares estratégicos para hablar porque somos banalizados, dispersos e ignorados. Las alertas que emitimos incluyen el alivio del planeta, y nuestro trabajo implica que estamos librados a la suerte, sometidos al abandono. Somos tan frágiles como los lugares que custodiamos”, dice Alba Irene Ale, guardaparques del Parque Provincial Pereyra Iraola, en Buenos Aires (Argentina).
Cabe recordar que desde 2018, el colectivo de guardaparques pide que tanto los guardaparques como las áreas protegidas del país sean considerados como víctimas del conflicto armado en la Jurisdicción Especial para la Paz. “Todos los parques nacionales naturales del país, dados sus valores excepcionales para el patrimonio natural de la nación y como lugares de altísima biodiversidad, sean reconocidos como entidades sujeto de derechos y tratados como víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, según dijo la abogada Eugenia Ponce de León al diario El Tiempo en ese entonces.
La voladura de oleoductos, la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, la colonización dirigida por grupos armados, el asesinato de defensores del medio ambiente y funcionarios públicos y el acaparamiento de recursos para la guerra también hacen parte de la historia del conflicto armado.