¿Hubo o no "mico" en la Ley de Páramos?

Aunque el Mundial de Fútbol suele robarse todas las miradas durante junio y julio, esta semana los páramos colombianos volvieron a ser el centro de atención. Un proyecto de ley que parecía haberse estancado en el Congreso de la República y que sería la base de una política pública para protegerlos, despertó intensas discusiones. La primera fue el lunes, luego de que Twitter se llenara de mensajes que buscaban presionar al Senado para que no aplazara más el último debate, que finalmente se llevó a cabo el miércoles 27. La última se presentó ayer. Un artículo añadido, al parecer, a última hora, apagó los aplausos tras la aprobación de la ley y generó varias suspicacias entre ambientalistas. “Un mico”, replicaron varios de ellos en redes sociales. (Lea Aprueban proyecto de ley que protegerá los páramos)

Se referían a un artículo (el 26) que no estaba entre sus cálculos y que vuelve sobre un tema controversial: la manera como se destinarán los recursos recaudados gracias al impuesto nacional al carbono, un mecanismo que varios países han implementado para financiar los retos de mitigación y adaptación ante el cambio climático. La idea es que quienes más contribuyen a ese problema paguen de su bolsillo y ayuden a mejorar el flaco presupuesto del sector ambiental. En 2017 ese recaudo fue de $476.000 millones.

Pero a los ojos de Manuel Rodríguez, ex ministro de Ambiente y profesor de la U. de los Andes, las reglas del juego parecen haber cambiado con ese artículo. Que el 70 % de lo recaudado se destine a la “implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera con criterios de sostenibilidad ambiental” lo inquieta.

¿La razón? “Asegurar que ese monto será para proyectos con sostenibilidad ambiental no garantiza que serán destinados a la protección ambiental. Una escuela o una carretera pueden cumplir con esos requisitos”, dice. “Eso modifica la Ley 1819 de 2016, que estableció que el 100 % de estos recursos del impuesto se destinarían a la protección ambiental”.

El otro punto que le preocupa tiene como telón de fondo una discusión jurídica entre los ministerios de Hacienda y Ambiente. Luego de que el primero impulsara el impuesto al carbono y definiera que su principal propósito iba a ser la protección ambiental, las intenciones de cambiarlo a través de decretos intranquilizaron a más de uno. Que en esos documentos el 70 % de los recursos se destinaran al Fondo Colombia en Paz y no al Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto, como inicialmente estaba previsto, causó críticas y suspicacias. Pero, asegura Rodríguez, eran decretos que de alguna manera se podían corregir. “Una ley no”, dice. “Eso es grave”.

¿El hecho de que ese porcentaje tenga ese destino quiere decir que quedará desvinculado de la protección ambiental? Andrés Mauricio Velasco, viceministro técnico del Minhacienda, cree que no. A su parecer, es injusto que se los acuse de hacer “conejo” cuando, cuenta, “desde esta cartera hemos apoyado al sector ambiental y hemos tomado varias medidas para ayudar en la mitigación del cambio climático. Sacar adelante esta iniciativa del impuesto al carbono, que fue nuestra, nos costó muchas horas de trabajo y de discusiones políticas”.

Por eso quiere dar un parte de tranquilidad a los críticos: el destino del 100 % de estos recursos, afirma, seguirán lineamientos ambientales. Respecto al 70 %, se expedirá un decreto que especificará los criterios ambientales. Se puede sacar tan rápido como sea sancionada esta ley. Los otros porcentajes quedaron definidos así: el 5 % se destinará al fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras estrategias de conservación, y el otro 25 % será para manejar dificultades ambientales, como la erosión costera, la deforestación, la conservación de fuentes hídricas y de páramos.

Y aunque es posible que el hecho de que ese dinero vaya para el Fondo de Paz, no quiere decir necesariamente que se desvinculará de los asuntos ambientales, cuando en muchos de los territorios que estaban en conflicto hoy están enfrentando serias dificultades para proteger sus ecosistemas. Lo cierto es que ese polémico artículo fue cambiado por alguien en la última discusión de la Ley. Una de las hipótesis indica que cambiaron los porcentajes pactados entre Minambiente y Minhacienda.

¿Quién fue? Mauricio Cabrera, experto de WWF y quien estuvo asesorando técnicamente el proyecto de ley, tampoco lo sabe. Se sorprendió al verlo en la versión final, aunque su implicación no tenía nada que ver con asuntos de financiación. Pero, más allá de esa discusión política, le surge otra inquietud: que le resten importancia a la ley por esa inclusión. A sus ojos, el paso que esta semana se dio en el Congreso es clave para el futuro de Colombia, porque ratifica la necesidad de crear una verdadera política pública para proteger los páramos. Además, asegura, logra algo muy importante: “Les brinda la posibilidad de empezar una transición a las comunidades que hacen minería o agricultura de alto impacto en estos lugares. Que haya recursos para hacer ese tránsito a actividades de menor impacto es un verdadero éxito”.

Aunque el Mundial de Fútbol suele robarse todas las miradas durante junio y julio, esta semana los páramos colombianos volvieron a ser el centro de atención. Un proyecto de ley que parecía haberse estancado en el Congreso de la República y que sería la base de una política pública para protegerlos, despertó intensas discusiones. La primera fue el lunes, luego de que Twitter se llenara de mensajes que buscaban presionar al Senado para que no aplazara más el último debate, que finalmente se llevó a cabo el miércoles 27. La última se presentó ayer. Un artículo añadido, al parecer, a última hora, apagó los aplausos tras la aprobación de la ley y generó varias suspicacias entre ambientalistas. “Un mico”, replicaron varios de ellos en redes sociales. (Lea Aprueban proyecto de ley que protegerá los páramos)

Se referían a un artículo (el 26) que no estaba entre sus cálculos y que vuelve sobre un tema controversial: la manera como se destinarán los recursos recaudados gracias al impuesto nacional al carbono, un mecanismo que varios países han implementado para financiar los retos de mitigación y adaptación ante el cambio climático. La idea es que quienes más contribuyen a ese problema paguen de su bolsillo y ayuden a mejorar el flaco presupuesto del sector ambiental. En 2017 ese recaudo fue de $476.000 millones.

Pero a los ojos de Manuel Rodríguez, ex ministro de Ambiente y profesor de la U. de los Andes, las reglas del juego parecen haber cambiado con ese artículo. Que el 70 % de lo recaudado se destine a la “implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera con criterios de sostenibilidad ambiental” lo inquieta.

¿La razón? “Asegurar que ese monto será para proyectos con sostenibilidad ambiental no garantiza que serán destinados a la protección ambiental. Una escuela o una carretera pueden cumplir con esos requisitos”, dice. “Eso modifica la Ley 1819 de 2016, que estableció que el 100 % de estos recursos del impuesto se destinarían a la protección ambiental”.

El otro punto que le preocupa tiene como telón de fondo una discusión jurídica entre los ministerios de Hacienda y Ambiente. Luego de que el primero impulsara el impuesto al carbono y definiera que su principal propósito iba a ser la protección ambiental, las intenciones de cambiarlo a través de decretos intranquilizaron a más de uno. Que en esos documentos el 70 % de los recursos se destinaran al Fondo Colombia en Paz y no al Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto, como inicialmente estaba previsto, causó críticas y suspicacias. Pero, asegura Rodríguez, eran decretos que de alguna manera se podían corregir. “Una ley no”, dice. “Eso es grave”.

¿El hecho de que ese porcentaje tenga ese destino quiere decir que quedará desvinculado de la protección ambiental? Andrés Mauricio Velasco, viceministro técnico del Minhacienda, cree que no. A su parecer, es injusto que se los acuse de hacer “conejo” cuando, cuenta, “desde esta cartera hemos apoyado al sector ambiental y hemos tomado varias medidas para ayudar en la mitigación del cambio climático. Sacar adelante esta iniciativa del impuesto al carbono, que fue nuestra, nos costó muchas horas de trabajo y de discusiones políticas”.

Por eso quiere dar un parte de tranquilidad a los críticos: el destino del 100 % de estos recursos, afirma, seguirán lineamientos ambientales. Respecto al 70 %, se expedirá un decreto que especificará los criterios ambientales. Se puede sacar tan rápido como sea sancionada esta ley. Los otros porcentajes quedaron definidos así: el 5 % se destinará al fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras estrategias de conservación, y el otro 25 % será para manejar dificultades ambientales, como la erosión costera, la deforestación, la conservación de fuentes hídricas y de páramos.

Y aunque es posible que el hecho de que ese dinero vaya para el Fondo de Paz, no quiere decir necesariamente que se desvinculará de los asuntos ambientales, cuando en muchos de los territorios que estaban en conflicto hoy están enfrentando serias dificultades para proteger sus ecosistemas. Lo cierto es que ese polémico artículo fue cambiado por alguien en la última discusión de la Ley. Una de las hipótesis indica que cambiaron los porcentajes pactados entre Minambiente y Minhacienda.

¿Quién fue? Mauricio Cabrera, experto de WWF y quien estuvo asesorando técnicamente el proyecto de ley, tampoco lo sabe. Se sorprendió al verlo en la versión final, aunque su implicación no tenía nada que ver con asuntos de financiación. Pero, más allá de esa discusión política, le surge otra inquietud: que le resten importancia a la ley por esa inclusión. A sus ojos, el paso que esta semana se dio en el Congreso es clave para el futuro de Colombia, porque ratifica la necesidad de crear una verdadera política pública para proteger los páramos. Además, asegura, logra algo muy importante: “Les brinda la posibilidad de empezar una transición a las comunidades que hacen minería o agricultura de alto impacto en estos lugares. Que haya recursos para hacer ese tránsito a actividades de menor impacto es un verdadero éxito”.