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Para financiar los retos de adaptación y mitigación ante el cambio climático, que son enormes, más de 38 países han creado impuestos “verdes” o impuestos al carbono. La idea no es otra que pagar los daños a partir del bolsillo de quienes más contribuyen al problema. Colombia entró en la onda con la reforma tributaria de 2016. A pesar del lobby y las presiones se logró el consenso político para aplicar un nuevo impuesto. Eso sí, con la promesa de que los fondos se destinarían al flaco presupuesto del sector ambiental.
En aquel momento, el ministro de Ambiente, Luis Murillo, celebró la noticia y recordó que Colombia había asumido el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % para 2030 y “con el impuesto al carbono contribuiremos a cumplir entre el 7 y 10 % de esta meta, sumado a otros instrumentos complementarios”.
El año pasado, gracias al recaudo de $15 por tonelada equivalente de CO2 emitida, el Ministerio de Hacienda reportó una bolsa de $476 mil millones. Una cifra que tenía contento al sector ambiental, pues prácticamente permitía casi duplicar los fondos disponibles. El recaudo equivale al 85 % de la bolsa asignada a medioambiente en el Presupuesto General de la Nación para 2018. Pero las cosas no salieron como estaban previstas.
Mientras el Ministerio de Ambiente comenzaba a hacer cuentas de cómo invertir ese dinero en el manejo de la erosión costera, protección de ecosistemas, pago de servicios ambientales, adaptación al cambio climático, fortalecimiento institucional, financiamiento de áreas protegidas y restauración de áreas degradadas se enteraron de la nueva interpretación jurídica de lo que decía el artículo 223 de la Ley 1819 de 2016 (la reforma tributaria).
El artículo ordenaba destinar el dinero recaudado “de acuerdo con los lineamientos que para tal fin establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Pero en Presidencia y el Ministerio de Hacienda encontraron otra interpretación: “Si bien la norma que se pretende reglamentar faculta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a definir los lineamentos de destinación de la porción de los recursos que se destinen a temas ambientales, esta no corresponde a una autorización general para reglamentar la ley o el artículo en su totalidad, pues como se ha mencionado anteriormente, esa es una competencia exclusiva del presidente”. Un argumento cantinflesco que intentaba decir lo que no decía la reforma tributaria. En todo caso, y ante la urgencia de las promesas del posconflicto, la decisión parecía ya incontrovertible.
De esa manera, el dinero que se suponía que entraría a alimentar el “Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto” pasó al Fondo Colombia en Paz. Mientras en el primero el Ministerio de Ambiente tenía un papel protagónico junto a otras entidades del Estados, en el segundo su influencia es mínima.
Como lo señala Isabel Cavelier, abogada experta en temas ambientales y directora de Transforma, “el propósito del impuesto al carbono no debería desdibujarse por cuenta de los apuros económicos por los que pasa el Estado. Un impuesto como este tiene el objetivo claro de corregir una externalidad negativa. En el caso colombiano, la demanda de combustibles inelástica, es decir, ante aumentos en el precio la demanda no necesariamente disminuye”. En su opinión, “construir la paz y promover el desarrollo resiliente y competitivo, y bajo en carbono, son objetivos complementarios que pueden lograrse con inversiones públicas bien planeadas y que incluyan explícitamente ambos objetivos”.
“Tenía sentido como estaba planteado. El origen del dinero debe tenerse en cuenta para la destinación. Me parece, por otro lado, que hay decisiones presupusetales. Y por estar a veces entre un énfasis y otro no se buscan espacios de complementariedad. En conservación y ambiente se deben cumplir varios objetivos y el tema de paz está asociado con muchos temas de conservación. Se pueden hacer inversiones en los dos frentes”.
Para Alberto Galán, director del Fondo Patrimonio Natural, mas allá de una discusión sobre el manejo de los fondos, la situación exige pensar soluciones creativas que permitan atender los retos de la paz y al mismo tiempo solucionar problemas ambientales. “Es posible crear programas para disminuir la deforestación y avanzar en paz. Se puede trabajar en minería ilegal y contribuir a la paz. Cuando se integran poblaciones afectadas por el conflicto a la protección de fuentes de agua se cumplen ambos objetivos”, comentó.