Impuesto al carbono volvería al “bolsillo” del sector ambiental, pero quedan dudas

El nuevo documento de la reforma tributaria que se debate en el Congreso llegó con una modificación clave para el sector ambiental: el impuesto al carbono, que se debe pagar por el uso de los combustibles fósiles, volverá a destinarse a la restauración de ecosistemas. (Lea Encuentran una nueva especie de búho en África)

La decisión la tomó el Gobierno luego de una gran controversia generada por el documento original, en el que, palabras más palabras menos, se “embolataba” el recaudo de este tributo. De hecho, desde que se creó en 2016, su destinación había sido modificada en diversas ocasiones.

El nuevo anuncio ya lo había hecho días atrás la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, durante una rueda de prensa a inicios de esta semana. Durante el evento, prometió que el dinero de ese impuesto se destinaría completamente al sector ambiental. Sería, dijo, una propuesta que dependía del Congreso, pero que, a sus ojos, constituiría una base para hacer un llamado durante la Cumbre de Cambio Climático, que inicia el próximo domingo en Egipto.

En esta ocasión, el documento de la reforma tributaria llegó con otra modificación: la industria del carbón también será gravada, aunque de manera gradual. Era una medida que, desde años atrás, había solicitado gran parte del sector ambiental.

La noticia ha sido bien recibida por varias organizaciones ambientales. Según WWF, “asegurar una completa destinación del impuesto al carbono a la restauración de los ecosistemas es una noticia muy positiva para el país. WWF Colombia reconoce el ajuste en el articulado de la reforma tributaria propuesto por el gobierno y hace un llamado al Congreso a respaldar esta iniciativa”.

“Este recaudo es fundamental para fortalecer las estrategias de protección y conservación de la naturaleza que adelanta el país y cumplir así con los compromisos climáticos que ha asumido en escenarios globales, así como para la implementación de Herencia Colombia, programa destinado al fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y su financiación a largo plazo”, le aseguró WWF a El Espectador.

Sin embargo, aún quedan en el aire varias inquietudes. Para The Nature Conservancy (TNC), es vital, primero, entender cómo se han ejecutado esos recursos en la destinación específica. “Es algo que aún es importante para mejorar la eficiencia y el impacto en su uso, teniendo en cuenta en el sector ambiente los recursos son limitados y necesarios. Por ejemplo, en materia de adaptación al cambio climático, se estima que el fenómeno de la Niña 2010–2011 dejó pérdidas por un valor de COP$11,2 billones, afectando al 96% de los municipios del país, y a más de cuatro millones de personas”.

De acuerdo con TNC, “los recursos de la destinación deben movilizarse a través de un vehículo financiero que permita una ordenación eficiente del gasto, que esté vinculada a proyectos y objetivos concretos. Ese vehículo financiero puede apoyar mecanismos de implementación relevantes y novedosos con los que cuenta el país, como lo es Herencia Colombia o los pagos por servicios ambientales”. Será un asunto en el que habrá que esperar cuál es el camino que indica el Gobierno de Gustavo Petro.

Para Claudia Vásquez, directora de TNC, hay otro punto más en el que se requiere más claridad: la creación del Fondo para la Sustentabilidad y la Resiliencia Climática (FONSUREC),  que se propone en la reforma tributaria. Se trata de un fondo que será administrado por el Minambiente y en el que estará el dinero recaudado a través del impuesto al carbono, además, posiblemente, de otros recursos de otras fuentes.

“Frente la propuesta de creación del FONSUREC (teniendo en cuenta que para el año 2023 no existe dicha apropiación en la Ley de presupuesto, ni estará constituido el fondo), consideramos que es necesario plantear una transición del manejo de los recursos en los fondos en los que actualmente se encuentran mientras el FONSUREC entra en funcionamiento, de tal manera que se pueden apalancar mecanismos de implementación existentes este y el próximo año”, asegura Vásquez.

A los ojos de Francisco Ocampo, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono (AsoCarbono), hay un punto más con el que sus afiliados no están de acuerdo. El parágrafo 1 del Artículo 39 (que es el que se refiere al impuesto del carbono), dice que la no causación de este tributo “no podrá exceder en ningún caso el 50% del impuesto causado”, y que “el uso de la certificación de carbono neutro, para la no causación del impuesto al carbono, no podrá volver a ser utilizada para obtener el mismo beneficio en ningún otro tratamiento tributario”.

Para AsoCarbono, este aparte “castiga el nacimiento y consolidación de un nuevo sector para la economía y el desarrollo sostenible del país” y limita la dinámica de generación de nuevas iniciativas de reducción de gases de efecto invernadero.

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El nuevo documento de la reforma tributaria que se debate en el Congreso llegó con una modificación clave para el sector ambiental: el impuesto al carbono, que se debe pagar por el uso de los combustibles fósiles, volverá a destinarse a la restauración de ecosistemas. (Lea Encuentran una nueva especie de búho en África)

La decisión la tomó el Gobierno luego de una gran controversia generada por el documento original, en el que, palabras más palabras menos, se “embolataba” el recaudo de este tributo. De hecho, desde que se creó en 2016, su destinación había sido modificada en diversas ocasiones.

El nuevo anuncio ya lo había hecho días atrás la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, durante una rueda de prensa a inicios de esta semana. Durante el evento, prometió que el dinero de ese impuesto se destinaría completamente al sector ambiental. Sería, dijo, una propuesta que dependía del Congreso, pero que, a sus ojos, constituiría una base para hacer un llamado durante la Cumbre de Cambio Climático, que inicia el próximo domingo en Egipto.

En esta ocasión, el documento de la reforma tributaria llegó con otra modificación: la industria del carbón también será gravada, aunque de manera gradual. Era una medida que, desde años atrás, había solicitado gran parte del sector ambiental.

La noticia ha sido bien recibida por varias organizaciones ambientales. Según WWF, “asegurar una completa destinación del impuesto al carbono a la restauración de los ecosistemas es una noticia muy positiva para el país. WWF Colombia reconoce el ajuste en el articulado de la reforma tributaria propuesto por el gobierno y hace un llamado al Congreso a respaldar esta iniciativa”.

“Este recaudo es fundamental para fortalecer las estrategias de protección y conservación de la naturaleza que adelanta el país y cumplir así con los compromisos climáticos que ha asumido en escenarios globales, así como para la implementación de Herencia Colombia, programa destinado al fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y su financiación a largo plazo”, le aseguró WWF a El Espectador.

Sin embargo, aún quedan en el aire varias inquietudes. Para The Nature Conservancy (TNC), es vital, primero, entender cómo se han ejecutado esos recursos en la destinación específica. “Es algo que aún es importante para mejorar la eficiencia y el impacto en su uso, teniendo en cuenta en el sector ambiente los recursos son limitados y necesarios. Por ejemplo, en materia de adaptación al cambio climático, se estima que el fenómeno de la Niña 2010–2011 dejó pérdidas por un valor de COP$11,2 billones, afectando al 96% de los municipios del país, y a más de cuatro millones de personas”.

De acuerdo con TNC, “los recursos de la destinación deben movilizarse a través de un vehículo financiero que permita una ordenación eficiente del gasto, que esté vinculada a proyectos y objetivos concretos. Ese vehículo financiero puede apoyar mecanismos de implementación relevantes y novedosos con los que cuenta el país, como lo es Herencia Colombia o los pagos por servicios ambientales”. Será un asunto en el que habrá que esperar cuál es el camino que indica el Gobierno de Gustavo Petro.

Para Claudia Vásquez, directora de TNC, hay otro punto más en el que se requiere más claridad: la creación del Fondo para la Sustentabilidad y la Resiliencia Climática (FONSUREC),  que se propone en la reforma tributaria. Se trata de un fondo que será administrado por el Minambiente y en el que estará el dinero recaudado a través del impuesto al carbono, además, posiblemente, de otros recursos de otras fuentes.

“Frente la propuesta de creación del FONSUREC (teniendo en cuenta que para el año 2023 no existe dicha apropiación en la Ley de presupuesto, ni estará constituido el fondo), consideramos que es necesario plantear una transición del manejo de los recursos en los fondos en los que actualmente se encuentran mientras el FONSUREC entra en funcionamiento, de tal manera que se pueden apalancar mecanismos de implementación existentes este y el próximo año”, asegura Vásquez.

A los ojos de Francisco Ocampo, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono (AsoCarbono), hay un punto más con el que sus afiliados no están de acuerdo. El parágrafo 1 del Artículo 39 (que es el que se refiere al impuesto del carbono), dice que la no causación de este tributo “no podrá exceder en ningún caso el 50% del impuesto causado”, y que “el uso de la certificación de carbono neutro, para la no causación del impuesto al carbono, no podrá volver a ser utilizada para obtener el mismo beneficio en ningún otro tratamiento tributario”.

Para AsoCarbono, este aparte “castiga el nacimiento y consolidación de un nuevo sector para la economía y el desarrollo sostenible del país” y limita la dinámica de generación de nuevas iniciativas de reducción de gases de efecto invernadero.

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