¿Impulsar el gas o no? Discusión clave en el gobierno Petro

Las últimas semanas han sido algo confusas al hablar del rol que tendrá el gas en el gobierno de Gustavo Petro. Las recientes declaraciones de Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, dejaron muchas preguntas abiertas; además, días atrás, José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, había dicho que Colombia tendría que explorar y buscar más gas natural porque las reservas solo alcanzarían para tres años.

Son declaraciones que se han dado en medio del proyecto de reforma tributaria que da pistas más claras sobre cómo percibe el Gobierno el gas en la transición energética: propone que tenga impuesto al carbono —de $42 por metro cúbico—, pero solo en la venta a la industria de refinación de hidrocarburos y la petroquímica; no para el transporte, ni para las casas que lo usan para cocinar ni para la generación eléctrica.

“Esto parece obedecer a la consideración del gas natural como combustible de transición”, explicó Darío Hidalgo, profesor y doctor en Ingeniería de Transporte, de la Universidad Estatal de Ohio, en una columna publicada en La Silla Vacía.

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A diferencia de otros combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, el gas natural ha entrado en una discusión política y académica sobre si se debe ver como una energía limpia —y clave en la transición energética— o como un contaminante igual a los otros. A pesar de que el gas natural emite entre un 50 y 60 % menos de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera que el carbón y solo genera el 1 % del material particulado que otros combustibles, también emite una gran cantidad de metano: un gas de efecto invernadero que es hasta 80 veces más potente que el CO2 al calentar la atmósfera.

Esto implica que Colombia debe dar una discusión sobre el rol del gas en la transición energética, cuyo objetivo final es depender al máximo de energías que no emitan carbono. Es un debate que ha estado atravesado por anuncios importantes sobre esta energía. A principios de julio, por ejemplo, la Unión Europea le dio luz verde a la idea de incluir el gas en la taxonomía verde, lo que quiere decir que se equipará a las energías renovables al clasificar si es una finanza o inversión sostenible o no.

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Mientras tanto, en Colombia, una de las últimas decisiones de Duque fue volver a poner sobre la mesa la idea de desarrollar la regasificadora del Pacífico, un proyecto con una inversión de US$700 millones que, entre otras, permitiría la entrada de gas importado al país. A esto se suma, además, que Venezuela anunció que está analizando si reactivar la exportación de su gas hacia Colombia, a través de un viejo gasoducto abandonado.

¿Colombia debería impulsar el gas en este punto? ¿Puede el país heredar la noción de que se trata de una energía limpia o de transición?

Jéssica Arias, parte del equipo de energía de Transforma y Ph. D. en transición energética, explica que, desde un punto de vista conceptual, no está bien ver así al gas natural, pues este no deja de ser un combustible fósil. “No nos podemos hacer más dependientes del gas natural ni caer en esa narrativa. Sin reservas actuales, esto implicaría importarlo a futuro o depender de otros métodos para encontrarlo, lo que va en contra de la transición energética, incluso en temas de comunidades y naturaleza”, afirma. De hecho, comenta que, teniendo en cuenta que Colombia es un país de la OCDE y tiene compromisos como ser carbono neutro para 2050, el gas sin tecnologías de captura de carbono debe dejar de usarse entre 2040 y 2045. Una idea que también ha respaldado el Centro Tyndall para la Investigación de Cambio Climático de la Universidad de Manchester, Reino Unido, ya que en un reciente informe señaló que países con ingresos similares a los de Colombia debían dejar de producirlo para 2050.

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Entonces, la estrategia consiste en ser muy metódicos al decidir en qué priorizar el gas y en qué no. “En la generación eléctrica tenemos todo el potencial para suplir nuestra demanda a mediano plazo con fuentes renovables, sin gas”, asegura. “Pero podríamos usarlo, momentáneamente, en otras cosas donde es más difícil de reemplazar, como en usuarios residenciales, para cocinar”.

Por otra parte, para el equipo del proyecto Camino Hacia Carbono Neutral, usar el “gas para la transición energética implicará generar consensos. Si tuviéramos recursos ilimitados para, por ejemplo, hacer granjas solares gigantes, podríamos no pensar en el gas. Pero esto implica mucha tierra y minería”, aseguran. “Las transiciones se deben dar paso a paso, y se necesita gatear, caminar y correr antes de dar un salto para andar en bicicleta”, explican.

Pero para Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), que reúne a 29 compañías que representan el 98 % del mercado de gas natural de Colombia, el gas debería quedarse no solo durante la transición, sino como respaldo que le dé confiabilidad al sistema.

Como lo explicó para otra nota de El Espectador, esto implicaría buscar gas por otras vías, como proyectos costa afuera (off shore) en el mar Caribe, de hasta 30 terapiés cúbicos (TPC) y, si se aprueba, el fracking, de hasta 24 TPC. También algunas exploraciones continentales sobre todo en Córdoba y Sucre, de hasta 6 TPC. Actualmente, para entenderlo mejor, solo hay 2,9 TPC. Esto, calculó en ese entonces, le permitiría a Colombia tener gas hasta por cien años más. Pero hay que recordar que el país se comprometió a ser carbono neutro para 2050.

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Según Naturgás, además de que el gas natural serviría para conectar a este sistema a “363 municipios de 27 departamentos del país”, el gobierno de Petro debería considerarlo para una movilidad sostenible, proponiendo que el 30% de las flotas para el transporte público de carga, pasajeros y transporte especial usen gas.

Se trata de una idea, sin embargo, que varios expertos no comparten. De hecho, tanto la Ley 2128 de 2021 —que pasó a conocerse popularmente como la ley del gas— como la de transición energética (Ley 2099 del 2021) han sido criticadas porque proponen precisamente eso: que las ciudades con sistemas de transporte masivo garanticen que por lo menos el 30 % de la flota opere con motores de gas combustible.

José Antonio Vega, investigador del Instituto Ambiental de Estocolmo, ha explicado varias veces a El Espectador que esa propuesta tiene problemas: que bloquea y entra a competir con la electrificación del transporte a base de fuentes renovables, y que se invierta en carros e infraestructura para el gas y que, cuando sus reservas probadas se acaben, tengamos que importarlo o pensar en técnicas como el fracking para tenerlo.

Incluso, podría terminar siendo una inversión más costosa que los vehículos pasen de gasolina a gas a eléctricos, que de gasolina a eléctricos de una vez, ya que la movilidad del futuro debe ser eléctrica, si se quiere enfrentar el cambio climático.

Santiago Aldana, consultor en políticas climáticas, opina que “en Colombia el gas debe tener una fecha de expiración, al igual que se está pensando con el carbón”. La tarea del nuevo Gobierno será hacer ese ejercicio que pocos quieren hacer, tratando de no salirse de los márgenes que la ciencia ha dado y, garantizando que, esta vez, sea energía limpia la que llegue a más industrias y hogares.

Las últimas semanas han sido algo confusas al hablar del rol que tendrá el gas en el gobierno de Gustavo Petro. Las recientes declaraciones de Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, dejaron muchas preguntas abiertas; además, días atrás, José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, había dicho que Colombia tendría que explorar y buscar más gas natural porque las reservas solo alcanzarían para tres años.

Son declaraciones que se han dado en medio del proyecto de reforma tributaria que da pistas más claras sobre cómo percibe el Gobierno el gas en la transición energética: propone que tenga impuesto al carbono —de $42 por metro cúbico—, pero solo en la venta a la industria de refinación de hidrocarburos y la petroquímica; no para el transporte, ni para las casas que lo usan para cocinar ni para la generación eléctrica.

“Esto parece obedecer a la consideración del gas natural como combustible de transición”, explicó Darío Hidalgo, profesor y doctor en Ingeniería de Transporte, de la Universidad Estatal de Ohio, en una columna publicada en La Silla Vacía.

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Esto implica que Colombia debe dar una discusión sobre el rol del gas en la transición energética, cuyo objetivo final es depender al máximo de energías que no emitan carbono. Es un debate que ha estado atravesado por anuncios importantes sobre esta energía. A principios de julio, por ejemplo, la Unión Europea le dio luz verde a la idea de incluir el gas en la taxonomía verde, lo que quiere decir que se equipará a las energías renovables al clasificar si es una finanza o inversión sostenible o no.

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Mientras tanto, en Colombia, una de las últimas decisiones de Duque fue volver a poner sobre la mesa la idea de desarrollar la regasificadora del Pacífico, un proyecto con una inversión de US$700 millones que, entre otras, permitiría la entrada de gas importado al país. A esto se suma, además, que Venezuela anunció que está analizando si reactivar la exportación de su gas hacia Colombia, a través de un viejo gasoducto abandonado.

¿Colombia debería impulsar el gas en este punto? ¿Puede el país heredar la noción de que se trata de una energía limpia o de transición?

Jéssica Arias, parte del equipo de energía de Transforma y Ph. D. en transición energética, explica que, desde un punto de vista conceptual, no está bien ver así al gas natural, pues este no deja de ser un combustible fósil. “No nos podemos hacer más dependientes del gas natural ni caer en esa narrativa. Sin reservas actuales, esto implicaría importarlo a futuro o depender de otros métodos para encontrarlo, lo que va en contra de la transición energética, incluso en temas de comunidades y naturaleza”, afirma. De hecho, comenta que, teniendo en cuenta que Colombia es un país de la OCDE y tiene compromisos como ser carbono neutro para 2050, el gas sin tecnologías de captura de carbono debe dejar de usarse entre 2040 y 2045. Una idea que también ha respaldado el Centro Tyndall para la Investigación de Cambio Climático de la Universidad de Manchester, Reino Unido, ya que en un reciente informe señaló que países con ingresos similares a los de Colombia debían dejar de producirlo para 2050.

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Entonces, la estrategia consiste en ser muy metódicos al decidir en qué priorizar el gas y en qué no. “En la generación eléctrica tenemos todo el potencial para suplir nuestra demanda a mediano plazo con fuentes renovables, sin gas”, asegura. “Pero podríamos usarlo, momentáneamente, en otras cosas donde es más difícil de reemplazar, como en usuarios residenciales, para cocinar”.

Por otra parte, para el equipo del proyecto Camino Hacia Carbono Neutral, usar el “gas para la transición energética implicará generar consensos. Si tuviéramos recursos ilimitados para, por ejemplo, hacer granjas solares gigantes, podríamos no pensar en el gas. Pero esto implica mucha tierra y minería”, aseguran. “Las transiciones se deben dar paso a paso, y se necesita gatear, caminar y correr antes de dar un salto para andar en bicicleta”, explican.

Pero para Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), que reúne a 29 compañías que representan el 98 % del mercado de gas natural de Colombia, el gas debería quedarse no solo durante la transición, sino como respaldo que le dé confiabilidad al sistema.

Como lo explicó para otra nota de El Espectador, esto implicaría buscar gas por otras vías, como proyectos costa afuera (off shore) en el mar Caribe, de hasta 30 terapiés cúbicos (TPC) y, si se aprueba, el fracking, de hasta 24 TPC. También algunas exploraciones continentales sobre todo en Córdoba y Sucre, de hasta 6 TPC. Actualmente, para entenderlo mejor, solo hay 2,9 TPC. Esto, calculó en ese entonces, le permitiría a Colombia tener gas hasta por cien años más. Pero hay que recordar que el país se comprometió a ser carbono neutro para 2050.

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Según Naturgás, además de que el gas natural serviría para conectar a este sistema a “363 municipios de 27 departamentos del país”, el gobierno de Petro debería considerarlo para una movilidad sostenible, proponiendo que el 30% de las flotas para el transporte público de carga, pasajeros y transporte especial usen gas.

Se trata de una idea, sin embargo, que varios expertos no comparten. De hecho, tanto la Ley 2128 de 2021 —que pasó a conocerse popularmente como la ley del gas— como la de transición energética (Ley 2099 del 2021) han sido criticadas porque proponen precisamente eso: que las ciudades con sistemas de transporte masivo garanticen que por lo menos el 30 % de la flota opere con motores de gas combustible.

José Antonio Vega, investigador del Instituto Ambiental de Estocolmo, ha explicado varias veces a El Espectador que esa propuesta tiene problemas: que bloquea y entra a competir con la electrificación del transporte a base de fuentes renovables, y que se invierta en carros e infraestructura para el gas y que, cuando sus reservas probadas se acaben, tengamos que importarlo o pensar en técnicas como el fracking para tenerlo.

Incluso, podría terminar siendo una inversión más costosa que los vehículos pasen de gasolina a gas a eléctricos, que de gasolina a eléctricos de una vez, ya que la movilidad del futuro debe ser eléctrica, si se quiere enfrentar el cambio climático.

Santiago Aldana, consultor en políticas climáticas, opina que “en Colombia el gas debe tener una fecha de expiración, al igual que se está pensando con el carbón”. La tarea del nuevo Gobierno será hacer ese ejercicio que pocos quieren hacer, tratando de no salirse de los márgenes que la ciencia ha dado y, garantizando que, esta vez, sea energía limpia la que llegue a más industrias y hogares.