Impulsar el gas y otros posibles “micos” del proyecto de ley de acción climática

En septiembre de este año el Gobierno, a través del Ministerio de Ambiente, radicó el proyecto de ley de Acción Climática, un documento que busca crear medidas específicas, tanto a largo como corto plazo, para que Colombia no solo logre reducir la emisión de gases de efecto invernadero, sino que se piense y se planee en torno a los impactos del cambio climático. En otras palabras, se trata de una eventual ley necesaria para aterrizar dos grandes iniciativas que el Gobierno ya anunciado: los compromisos climáticos (también conocidos como Contribuciones Nacionalmente Determinadas o NDC), entre los que se encuentra la meta de reducir el 51% de las emisiones a 2030, y alcanzar la carbono neutralidad para 2050. Ambos compromisos, vale recordar, fueron también presentados ante la Conferencia de Cambio Climático (COP26) que se celebró el mes pasado en Glasgow, Reino Unido. (Le puede interesar: Así cumplirá Colombia las promesas que hizo en la COP26, según el Minambiente)

Sin embargo, y a pesar de que se trata de una ley necesaria para el país, algunos expertos han advertido que el proyecto de ley se está llenando de “micos”. La semana pasada, antes de ser aprobado con cero votos en contra por la plenaria de la Cámara de Representante, fueron varias las proposiciones que se presentaron. Y aunque no todas pasaron, aún hay un temor porque ciertos temas, que irían en contra del propósito de la ley, revivan en Senado.

A pesar de que el debate en plenaria del Senado estaba agendado para ayer, 6 de diciembre, su discusión se aplazó y podría darse hoy. (Lea también: ¿Qué dice el nuevo proyecto de Ley de Acción Climática propuesto por el Gobierno?)

Estos son los posibles “micos” de la ley de acción climática

Impulsar el gas como una energía pro-cambio climático (y ponerlo a competir con las renovables no convencionales)

Para comprender este “mico” que quieren meter en el proyecto de Acción Climática hay que ir unos pasos atrás y entender una batalla que se ha librado desde hace algún tiempo: la de buscar la diversificación energética de Colombia a punta de gas o de energías renovables no convencionales y limpias.

En julio de este año, por ejemplo, se aprobó la Ley de Transición Energética que le apostó a buscar una seguridad energética del país con distintos tipos de fuentes de energía, incluyendo el hidrogeno verde y azul, la biomasa, el mismo gas, y las energías de renovables no convencionales, como la eólica y la solar. Pero, casi a la vez, en agosto de este mismo año, también se aprobó la Ley de Masificación de Gas, que, entre otras, propone que el 30% de los vehículos para la operación de la flota operen con gas.

“Se trató de una reversa en el tema, porque puso a competir al gas con lo eléctrico”, señala Santiago Aldana, miembro de Voces por el Clima. Desde de su punto de vista, lo que proponía la primera versión del proyecto de ley de acción climática, entonces, era zanjar esta competencia y priorizar en definitiva las energías renovables no convencionales para dejar el gas como última opción, solo cuando fuera absolutamente necesario utilizarlo.

Sin embargo, una proposición del representante César Lorduy (Cambio Radical) volvería a cambiar las reglas del juego, ya que busca que las flotas de los municipios diferentes a la categoría 1 o especiales prioricen el gas. Según explicó Lorduy a El Espectador, su proposición tiene tres principales propósitos. La primera es que se alinee con la Ley de Masificación de Gas que ya existe. La segunda, comenta, es que, desde su punto de vista, aunque el proyecto de ley de acción climática que fue presentado al inicio buscaba una priorización favorable de la electrificación de vehículos, no garantizaba que esa energía eléctrica “no tuviera un origen en plantas que tuvieran que ver con el carbono”.

Su última razón, está asociada a “cuánto costaría desde el punto de vista de la tarifa para el ciudadano que se priorice la energía eléctrica y no el gas”. “Este costo lo tendría que asumir el consumidor o el dueño de transporte, porque si no es eléctrico le toca asumir al consumidor el cambio, mientras con el gas lo haría la misma compañía”.

“Desde hace cinco horas vengo conversando con el Ministerio de Minas y hemos explorado una gran cantidad de alternativas, a lo que se ha sumado el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente”, señaló Lorduy durante la plenaria en Cámara el 1 de diciembre. “Como no nos hemos podido poner de acuerdo y dado la importancia de que este debate termine hoy en la plenaria de la Cámara, yo acepto la propuesta de esos ministerios de construir una mesa de trabajo antes de que se haga la ponencia a Senado y sobre esa base dejó la proposición como constancia”, aclaró.

Para los expertos, sin embargo, se trata de una propuesta que va en contra vía a la acción climática, lo que precisamente debería promover el proyecto de ley, ya que el gas está compuesto principalmente por metano (CH4), un gas de efecto invernadero que tiene un poder de calentamiento global 20 veces superior al del CO2. Además, se estaría contradiciendo con el pacto contra el metano al que Colombia se sumó en la COP26 y con el plan de que el transporte sea eléctrico para 2050.

Isabel Cavelier, cofundadora de Transforma, cree que se trata de una propuesta que retrocede en términos de ambición climática, ya que el gas no deja de ser un combustible fósil. “Se suele adjudicar como un combustible de transición, pero esto genera un efecto que se conoce como lock-in, porque se construye infraestructura para el gas con una vida más larga de la necesaria, por lo que se termina por depender de ese combustible fósil más tiempo de lo necesario”, comenta la experta.

Aldana, por su parte, teme que este impulso y masificación del gas pueda crear una falsa demanda para, después, justificar el fracking. “Si tenemos gas para dentro de nueve años, pero se crea una demanda innecesaria, para entonces se dirá que la única solución es suplirla con fracking”, comenta.

Ambos expertos además coinciden en que hay otro tema de la proposición que puede ser riesgoso: que se hable de impulsar el hidrógeno, pero sin aclarar qué tipo. El hidrógeno verde, por ejemplo, se genera a partir de energías renovables. Sin embargo, también hay otros hidrógenos, como el gris y el azul, que produce actualmente Colombia, y que involucra la quema de gas.

No evitar la fuga de bonos de carbono para cumplir compromisos de otros países

En la jerga de cambio climático hay un tema clave: el del mercado de bonos de carbono. Básicamente, se trata de un certificado que garantiza que un proyecto o empresa logró remover una tonelada de CO2 de la atmosfera, el cual puede vender a un tercero para que lo use dentro de sus cuentas de compensación.

El problema, según cuenta Cavelier de Transforma, es que, tal cual quedó la última versión del proyecto de ley, el incentivo está dirigido para que los bonos se vendan a otros países y, por ende, esas reducciones no cuenten como parte de la mitigación y los compromisos de Colombia. “Es muy importante que las emisiones de Colombia se prioricen para su propia NDC y no ocurra una fuga de venta de emisiones internacional”.

Que reviva la modificación a las reservas forestales

Como lo señaló en día anteriores El Espectador, una de las proposiciones que más genero alerta – aunque ni se debatió, ni pasó - fue la de modificar las reservas forestales de ley segunda de 1959, una figura que, aunque no se trata de un área protegida como tal, limita el uso del suelo con el fin de proteger ciertos bosques y los servicios que brindan, dependiendo de la categoría en la que estén. Las tipo A buscan mantener los procesos ecológicos que permiten asegurar la oferta de los servicios ecosistémicos, las B logran un manejo sostenible de los recursos forestales y, en las C, se pueden desarrollar actividades productivas mientras sean compatibles con el objetivo de la reserva. (Le sugerimos: La preocupación que despertó la idea de modificar las reservas forestales)

Lo que se propuso en su momento, y que temen algunos que reviva en Senado, era eliminar las reservas tipo B y C, y eliminar el carácter protector de las A para que se volvieran en zonas productivas.

En septiembre de este año el Gobierno, a través del Ministerio de Ambiente, radicó el proyecto de ley de Acción Climática, un documento que busca crear medidas específicas, tanto a largo como corto plazo, para que Colombia no solo logre reducir la emisión de gases de efecto invernadero, sino que se piense y se planee en torno a los impactos del cambio climático. En otras palabras, se trata de una eventual ley necesaria para aterrizar dos grandes iniciativas que el Gobierno ya anunciado: los compromisos climáticos (también conocidos como Contribuciones Nacionalmente Determinadas o NDC), entre los que se encuentra la meta de reducir el 51% de las emisiones a 2030, y alcanzar la carbono neutralidad para 2050. Ambos compromisos, vale recordar, fueron también presentados ante la Conferencia de Cambio Climático (COP26) que se celebró el mes pasado en Glasgow, Reino Unido. (Le puede interesar: Así cumplirá Colombia las promesas que hizo en la COP26, según el Minambiente)

Sin embargo, y a pesar de que se trata de una ley necesaria para el país, algunos expertos han advertido que el proyecto de ley se está llenando de “micos”. La semana pasada, antes de ser aprobado con cero votos en contra por la plenaria de la Cámara de Representante, fueron varias las proposiciones que se presentaron. Y aunque no todas pasaron, aún hay un temor porque ciertos temas, que irían en contra del propósito de la ley, revivan en Senado.

A pesar de que el debate en plenaria del Senado estaba agendado para ayer, 6 de diciembre, su discusión se aplazó y podría darse hoy. (Lea también: ¿Qué dice el nuevo proyecto de Ley de Acción Climática propuesto por el Gobierno?)

Estos son los posibles “micos” de la ley de acción climática

Impulsar el gas como una energía pro-cambio climático (y ponerlo a competir con las renovables no convencionales)

Para comprender este “mico” que quieren meter en el proyecto de Acción Climática hay que ir unos pasos atrás y entender una batalla que se ha librado desde hace algún tiempo: la de buscar la diversificación energética de Colombia a punta de gas o de energías renovables no convencionales y limpias.

En julio de este año, por ejemplo, se aprobó la Ley de Transición Energética que le apostó a buscar una seguridad energética del país con distintos tipos de fuentes de energía, incluyendo el hidrogeno verde y azul, la biomasa, el mismo gas, y las energías de renovables no convencionales, como la eólica y la solar. Pero, casi a la vez, en agosto de este mismo año, también se aprobó la Ley de Masificación de Gas, que, entre otras, propone que el 30% de los vehículos para la operación de la flota operen con gas.

“Se trató de una reversa en el tema, porque puso a competir al gas con lo eléctrico”, señala Santiago Aldana, miembro de Voces por el Clima. Desde de su punto de vista, lo que proponía la primera versión del proyecto de ley de acción climática, entonces, era zanjar esta competencia y priorizar en definitiva las energías renovables no convencionales para dejar el gas como última opción, solo cuando fuera absolutamente necesario utilizarlo.

Sin embargo, una proposición del representante César Lorduy (Cambio Radical) volvería a cambiar las reglas del juego, ya que busca que las flotas de los municipios diferentes a la categoría 1 o especiales prioricen el gas. Según explicó Lorduy a El Espectador, su proposición tiene tres principales propósitos. La primera es que se alinee con la Ley de Masificación de Gas que ya existe. La segunda, comenta, es que, desde su punto de vista, aunque el proyecto de ley de acción climática que fue presentado al inicio buscaba una priorización favorable de la electrificación de vehículos, no garantizaba que esa energía eléctrica “no tuviera un origen en plantas que tuvieran que ver con el carbono”.

Su última razón, está asociada a “cuánto costaría desde el punto de vista de la tarifa para el ciudadano que se priorice la energía eléctrica y no el gas”. “Este costo lo tendría que asumir el consumidor o el dueño de transporte, porque si no es eléctrico le toca asumir al consumidor el cambio, mientras con el gas lo haría la misma compañía”.

“Desde hace cinco horas vengo conversando con el Ministerio de Minas y hemos explorado una gran cantidad de alternativas, a lo que se ha sumado el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente”, señaló Lorduy durante la plenaria en Cámara el 1 de diciembre. “Como no nos hemos podido poner de acuerdo y dado la importancia de que este debate termine hoy en la plenaria de la Cámara, yo acepto la propuesta de esos ministerios de construir una mesa de trabajo antes de que se haga la ponencia a Senado y sobre esa base dejó la proposición como constancia”, aclaró.

Para los expertos, sin embargo, se trata de una propuesta que va en contra vía a la acción climática, lo que precisamente debería promover el proyecto de ley, ya que el gas está compuesto principalmente por metano (CH4), un gas de efecto invernadero que tiene un poder de calentamiento global 20 veces superior al del CO2. Además, se estaría contradiciendo con el pacto contra el metano al que Colombia se sumó en la COP26 y con el plan de que el transporte sea eléctrico para 2050.

Isabel Cavelier, cofundadora de Transforma, cree que se trata de una propuesta que retrocede en términos de ambición climática, ya que el gas no deja de ser un combustible fósil. “Se suele adjudicar como un combustible de transición, pero esto genera un efecto que se conoce como lock-in, porque se construye infraestructura para el gas con una vida más larga de la necesaria, por lo que se termina por depender de ese combustible fósil más tiempo de lo necesario”, comenta la experta.

Aldana, por su parte, teme que este impulso y masificación del gas pueda crear una falsa demanda para, después, justificar el fracking. “Si tenemos gas para dentro de nueve años, pero se crea una demanda innecesaria, para entonces se dirá que la única solución es suplirla con fracking”, comenta.

Ambos expertos además coinciden en que hay otro tema de la proposición que puede ser riesgoso: que se hable de impulsar el hidrógeno, pero sin aclarar qué tipo. El hidrógeno verde, por ejemplo, se genera a partir de energías renovables. Sin embargo, también hay otros hidrógenos, como el gris y el azul, que produce actualmente Colombia, y que involucra la quema de gas.

No evitar la fuga de bonos de carbono para cumplir compromisos de otros países

En la jerga de cambio climático hay un tema clave: el del mercado de bonos de carbono. Básicamente, se trata de un certificado que garantiza que un proyecto o empresa logró remover una tonelada de CO2 de la atmosfera, el cual puede vender a un tercero para que lo use dentro de sus cuentas de compensación.

El problema, según cuenta Cavelier de Transforma, es que, tal cual quedó la última versión del proyecto de ley, el incentivo está dirigido para que los bonos se vendan a otros países y, por ende, esas reducciones no cuenten como parte de la mitigación y los compromisos de Colombia. “Es muy importante que las emisiones de Colombia se prioricen para su propia NDC y no ocurra una fuga de venta de emisiones internacional”.

Que reviva la modificación a las reservas forestales

Como lo señaló en día anteriores El Espectador, una de las proposiciones que más genero alerta – aunque ni se debatió, ni pasó - fue la de modificar las reservas forestales de ley segunda de 1959, una figura que, aunque no se trata de un área protegida como tal, limita el uso del suelo con el fin de proteger ciertos bosques y los servicios que brindan, dependiendo de la categoría en la que estén. Las tipo A buscan mantener los procesos ecológicos que permiten asegurar la oferta de los servicios ecosistémicos, las B logran un manejo sostenible de los recursos forestales y, en las C, se pueden desarrollar actividades productivas mientras sean compatibles con el objetivo de la reserva. (Le sugerimos: La preocupación que despertó la idea de modificar las reservas forestales)

Lo que se propuso en su momento, y que temen algunos que reviva en Senado, era eliminar las reservas tipo B y C, y eliminar el carácter protector de las A para que se volvieran en zonas productivas.