Jurisdicción agraria: organizaciones campesinas y grupos académicos responden a críticas
En la carta, los firmantes responden que “no es cierto que el proyecto de ley traslade a la Jurisdicción Agraria “todos los asuntos ambientales”, como se ha señalado desde un sector ambientalista.
La Jurisdicción Agraria superó este 10 de diciembre sus dos primeros debates en las comisiones primeras de la Cámara de Representantes y el Senado. Como explicamos hace unos días en esta nota, se trata de un proyecto que busca definir las funciones, las competencias y los tipos de conflictos que resolverán los jueces agrarios para abordar el pleito por la tenencia de la tierra. Aunque es una propuesta que, según sus impulsores, es clave para cumplir el Acuerdo de Paz de 2016, específicamente en el punto relacionado con la reforma agraria, ha generado un gran debate ambiental en Colombia.
En términos bastante generales, personas como Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), creen que la propuesta, tal cual está escrita, está “fuertemente” enfocada en una vocación agropecuaria de las zonas rurales. En otras palabras, parte de un supuesto que para Botero y otro sector ambientalista es equivocado: que todo lo rural es agrario. “Más del 90 % del territorio nacional es rural, y allí ocurre una gran cantidad de actividades, incluyendo la conservación de bosques, humedales y áreas protegidas”, afirmó Julia Miranda Londoño la semana pasada.
La preocupación es que se entienda como agrario los suelos rurales que conforman el Sistema Nacional Ambiental, compuesto de áreas protegidas, parques nacionales, reservas forestales, humedales, páramos y otros ecosistemas muy importantes para la conservación de la biodiversidad del país. “Nos preocupa mucho ver cómo la ley incluye los temas ambientales dentro de la competencia de un juez agrario”, decía Miranda.
Algunas de esas críticas fueron respondidas en una carta que se conoció este martes y que firman asociaciones campesinas y académicos de diversa índole. “No entendemos ese afán ilustrado de algunos de Bogotá y otras regiones, quienes se autoafirman ecologistas o ambientalistas sin serlo, por deslindar nuestra relación con la naturaleza y con nuestros amigos, familiares y vecinos”, se puede leer en un aparte.
En la carta, los firmantes responden que “no es cierto que el proyecto de ley traslade a la Jurisdicción Agraria “todos los asuntos ambientales””. Argumentan que el acto legislativo 03 de 2023, que creó la Jurisdicción Agraria, protege las competencias del Consejo de Estado, máximo tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que “los procedimientos ambientales relacionados con las rentas de las autoridades ambientales, los procesos de licenciamiento ambiental y de ordenamiento territorial, siguen siendo competencia de los jueces administrativos”.
Los firmantes del documento enfatizan que “sin justicia agraria no habrá justicia ambiental” y critican el que consideran es un paradigma tradicional de conservación que excluye la actividad humana de los ecosistemas. Según ellos, “la preservación de los ecosistemas mediante vías de exclusión de la actividad humana puede seguir siendo necesaria, pero ya es claro que es insuficiente”.
Argumentan entonces que para enfrentar la crisis ambiental global, es imprescindible adoptar medidas de conservación que fomenten el uso sostenible y la restauración participativa. Señalan que “el paradigma vigente de mantenimiento de la biodiversidad se sustenta en un marco ambiental de relaciones armónicas entre la humanidad y la naturaleza, donde el impulso de la agricultura sostenible es uno de los factores centrales para lograr los objetivos comunes”.
En ese sentido, consideran que la Jurisdicción Agraria puede convertirse en una herramienta clave para promover modelos de “comanejo” que reconozcan y protejan el papel fundamental de las comunidades que habitan las áreas protegidas. Destacan que “los campesinos han sido permanentemente desconocidos e invisibilizados en su relación ambiental con el territorio, en sus prácticas de uso sostenible y de pervivencia comunitaria”, y ven en esta jurisdicción una oportunidad para su reconocimiento y cuidado.
Campesinado y protección de la naturaleza
Los firmantes destacan la importancia de desarrollar la dimensión ambiental del campesinado como una garantía esencial para la protección de la naturaleza. Lamentan, de hecho, que, tras más de 30 años, los gobiernos no hayan brindado garantías efectivas para la habitación digna o reubicación de campesinos que habitan áreas de especial importancia ecosistémica. Señalan que “no se puede homogeneizar todas estas áreas, como si todas tuvieran el mismo nivel de protección”. Las categorizaciones, agregan, existen precisamente para reflejar las diferencias en su manejo, conservación o protección.
Critican que la adjudicación de tierras en estas zonas dependa del mercado, incluyendo la intervención de capital extranjero o el cabildeo de industrias como la minero-energética y el turismo extractivo, que “se visten, ahí sí, bajo el ropaje del interés general”. En este contexto, consideran contradictorio argumentar que la jurisdicción agraria impediría mejorar la vida de los campesinos, pues afirman que “no se puede cerrar una puerta que en la realidad nunca ha estado abierta”.
Defienden también su identidad como sociedades campesinas, con visiones del mundo distintas a las hegemónicas, que han sido históricamente acusadas de depredadoras, sin reconocer los contextos de exclusión y explotación a los que han sido sometidas. Reivindican que “lo que se debería hacer es generar una habitación con prácticas amigables de producción donde prevalezca el uso y manejo de los elementos de la naturaleza, ‘de a poquito y con cuidado’”.
Finalmente, señalan que esta forma de vida contrasta con quienes “desde hace siglos vienen usando, depredando y contaminando la mayor cantidad posible de los elementos a los que llaman ‘recursos naturales’ en el menor tiempo posible” y critican que se les acuse de oponerse al “desarrollo”, que en realidad consideran un “mero maldesarrollo”. El futuro de esta jurisdicción agraria está ahora en manos de las plenarias del Congreso, que podrían continuar con su trámite la próxima semana.
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La Jurisdicción Agraria superó este 10 de diciembre sus dos primeros debates en las comisiones primeras de la Cámara de Representantes y el Senado. Como explicamos hace unos días en esta nota, se trata de un proyecto que busca definir las funciones, las competencias y los tipos de conflictos que resolverán los jueces agrarios para abordar el pleito por la tenencia de la tierra. Aunque es una propuesta que, según sus impulsores, es clave para cumplir el Acuerdo de Paz de 2016, específicamente en el punto relacionado con la reforma agraria, ha generado un gran debate ambiental en Colombia.
En términos bastante generales, personas como Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), creen que la propuesta, tal cual está escrita, está “fuertemente” enfocada en una vocación agropecuaria de las zonas rurales. En otras palabras, parte de un supuesto que para Botero y otro sector ambientalista es equivocado: que todo lo rural es agrario. “Más del 90 % del territorio nacional es rural, y allí ocurre una gran cantidad de actividades, incluyendo la conservación de bosques, humedales y áreas protegidas”, afirmó Julia Miranda Londoño la semana pasada.
La preocupación es que se entienda como agrario los suelos rurales que conforman el Sistema Nacional Ambiental, compuesto de áreas protegidas, parques nacionales, reservas forestales, humedales, páramos y otros ecosistemas muy importantes para la conservación de la biodiversidad del país. “Nos preocupa mucho ver cómo la ley incluye los temas ambientales dentro de la competencia de un juez agrario”, decía Miranda.
Algunas de esas críticas fueron respondidas en una carta que se conoció este martes y que firman asociaciones campesinas y académicos de diversa índole. “No entendemos ese afán ilustrado de algunos de Bogotá y otras regiones, quienes se autoafirman ecologistas o ambientalistas sin serlo, por deslindar nuestra relación con la naturaleza y con nuestros amigos, familiares y vecinos”, se puede leer en un aparte.
En la carta, los firmantes responden que “no es cierto que el proyecto de ley traslade a la Jurisdicción Agraria “todos los asuntos ambientales””. Argumentan que el acto legislativo 03 de 2023, que creó la Jurisdicción Agraria, protege las competencias del Consejo de Estado, máximo tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que “los procedimientos ambientales relacionados con las rentas de las autoridades ambientales, los procesos de licenciamiento ambiental y de ordenamiento territorial, siguen siendo competencia de los jueces administrativos”.
Los firmantes del documento enfatizan que “sin justicia agraria no habrá justicia ambiental” y critican el que consideran es un paradigma tradicional de conservación que excluye la actividad humana de los ecosistemas. Según ellos, “la preservación de los ecosistemas mediante vías de exclusión de la actividad humana puede seguir siendo necesaria, pero ya es claro que es insuficiente”.
Argumentan entonces que para enfrentar la crisis ambiental global, es imprescindible adoptar medidas de conservación que fomenten el uso sostenible y la restauración participativa. Señalan que “el paradigma vigente de mantenimiento de la biodiversidad se sustenta en un marco ambiental de relaciones armónicas entre la humanidad y la naturaleza, donde el impulso de la agricultura sostenible es uno de los factores centrales para lograr los objetivos comunes”.
En ese sentido, consideran que la Jurisdicción Agraria puede convertirse en una herramienta clave para promover modelos de “comanejo” que reconozcan y protejan el papel fundamental de las comunidades que habitan las áreas protegidas. Destacan que “los campesinos han sido permanentemente desconocidos e invisibilizados en su relación ambiental con el territorio, en sus prácticas de uso sostenible y de pervivencia comunitaria”, y ven en esta jurisdicción una oportunidad para su reconocimiento y cuidado.
Campesinado y protección de la naturaleza
Los firmantes destacan la importancia de desarrollar la dimensión ambiental del campesinado como una garantía esencial para la protección de la naturaleza. Lamentan, de hecho, que, tras más de 30 años, los gobiernos no hayan brindado garantías efectivas para la habitación digna o reubicación de campesinos que habitan áreas de especial importancia ecosistémica. Señalan que “no se puede homogeneizar todas estas áreas, como si todas tuvieran el mismo nivel de protección”. Las categorizaciones, agregan, existen precisamente para reflejar las diferencias en su manejo, conservación o protección.
Critican que la adjudicación de tierras en estas zonas dependa del mercado, incluyendo la intervención de capital extranjero o el cabildeo de industrias como la minero-energética y el turismo extractivo, que “se visten, ahí sí, bajo el ropaje del interés general”. En este contexto, consideran contradictorio argumentar que la jurisdicción agraria impediría mejorar la vida de los campesinos, pues afirman que “no se puede cerrar una puerta que en la realidad nunca ha estado abierta”.
Defienden también su identidad como sociedades campesinas, con visiones del mundo distintas a las hegemónicas, que han sido históricamente acusadas de depredadoras, sin reconocer los contextos de exclusión y explotación a los que han sido sometidas. Reivindican que “lo que se debería hacer es generar una habitación con prácticas amigables de producción donde prevalezca el uso y manejo de los elementos de la naturaleza, ‘de a poquito y con cuidado’”.
Finalmente, señalan que esta forma de vida contrasta con quienes “desde hace siglos vienen usando, depredando y contaminando la mayor cantidad posible de los elementos a los que llaman ‘recursos naturales’ en el menor tiempo posible” y critican que se les acuse de oponerse al “desarrollo”, que en realidad consideran un “mero maldesarrollo”. El futuro de esta jurisdicción agraria está ahora en manos de las plenarias del Congreso, que podrían continuar con su trámite la próxima semana.
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