Hace unos minutos, el Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar falló a favor de una acción de tutela instaurada por más de 14 comunidades, que le venían exigiendo al Estado colombiano y a la empresa Prodeco -subsidiaria de la multinacional Glencore- establecer una mesa para discutir el plan de cierre de las minas a las que esta empresa renunció hace un par de años. (Puede leer: Tribunal ordena suspender adjudicación de las minas a las que renunció Prodeco)
“Por fin se ha hecho justicia para las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, sindicatos y víctimas de la explotación minera de carbón realizada en las minas Calenturitas y la Jagua tras 25 años de operaciones”, señalaron en un comunicado las organizaciones que están siendo representadas por el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna.
La sentencia, le ordena a Prodeco y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que en el próximo mes convoquen a las personas y organizaciones para que participen en una mesa de diálogo en la que se presentará y discutirá el plan de cierre de las minas de carbón de La Jagua y Calenturitas, a las que esa empresa renunció en 2020. (Le puede interesar: El cambio climático trae muy malas noticias para nuestros páramos)
El plan de cierre que será discutido, debe contemplar y determinar las obligaciones ambientales y sociales de la empresa Prodeco con las comunidades aledañas a las minas, así como con los extrabajadores de esta. El origen de este proceso, se remonta a finales del año pasado, cuando la Agencia Nacional de Minería (ANM) aceptó que Prodeco renunciara a tres títulos mineros en el Cesar.
Como contamos en este reportaje hace unos meses, que la ANM aceptará esa renuncia abría un gran debate en el país. Uno de los aspectos que preocupaba a las comunidades cercanas a las minas, a extrabajadores y algunos expertos, era cómo iba a ser el proceso de renuncia de las minas y cómo hacer para que la empresa respondiera en temas ambientales y sociales una vez se fuera. (También puede leer: Por primera vez en el siglo tendríamos episodio triple del fenómeno de la Niña)
La preocupación por este tema era tal que, días después de que Gustavo Petro resultara elegido como presidente del país, más de 40 organizaciones de la región le enviaron una carta pidiéndole que suspendiera el cierre parcial de las minas.
“Hoy todavía no se conoce ni por las comunidades, sindicatos, víctimas y autoridades de control regional y nacional este documento de plan de cierre parcial de las obligaciones sociales y ambientales como lo afirmó y corroboró la Contraloría General de la República en su auditoría realizada en Junio de 2022; siendo improcedente su aprobación por parte del actual gobierno dado que no se ha surtido el proceso de consulta y participación efectiva y oportunidad para ser aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA”, señalaron en la carta. (Puede interesarle: Subsidios a combustibles fósiles se duplicaron durante 2021 a nivel global)
La decisión también obliga a Prodeco y a la Anla a publicar en al menos tres medios de comunicación con amplia circulación regional, la convocatoria. A la Anla, también le orden que “deberá adoptar las medidas logísticas necesarias para asegurar la oportuna inscripción y participación de los convocados”. De la primera mesa de diálogo que deberá llevarse a cabo dentro del próximo mes, se podrán concretar nuevos espacios de participación, contempla la decisión tomada.
Pese al triunfo que supone la decisión tomada en primera instancia para las comunidades y organizaciones, el juzgado consideró que el derecho a la consulta previa, reclamado por Tierra Digna, no sería amparado, pues “los proyectos carboníferos Calenturitas y La Jagua se encuentran en etapa de actualización de los planes de cierre, no ante un trámite de licenciamiento o evaluación de una licencia ambiental”. Por tal motivo, no había razones para solicitar una consulta previa.