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Este 8 de julio se supo que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, impuso una sanción a la compañía minera C.I. Prodeco S.A., que operaba en el departamento del Cesar. Según la decisión de la entidad, la empresa deberá pagar una multa de más de $1.700 millones.
Tal y como informó la ANLA en un comunicado, esta multa se debe, primero, “a la falta de implementación de las barreras vivas o, en su defecto, barreras físicas alrededor de las áreas de los botaderos de estériles, patios de acopio de carbón y a lo largo del corredor minero, especialmente frente a las poblaciones de Boquerón y Plan Bonito”.
“La ANLA evidenció que C.I. Prodeco S.A. no cumplió con los parámetros establecidos por la Autoridad Ambiental para el establecimiento de estas barreras, cuyo propósito es mitigar los impactos ambientales negativos en las zonas aledañas al proyecto, en particular, aquellos relacionados con el control de emisiones atmosféricas en las áreas o centros de acopio susceptibles de generar emisiones atmosféricas”, se lee en otro apartado del boletín.
Además, la Autoridad de Licencias Ambientales, ANLA, determinó que Prodeco no reactivó la operación de la estación con la que suelen medir la calidad del aire (de material particulado PM10). Esa estación, que estaba ubicada en la parcelación El Prado, debió ponerse en marcha luego de un Auto de seguimiento, emitido el 28 de noviembre de 2013. Sin embargo, la orden solo fue acatada hasta el año 2015.
“La sanción impuesta pretende asegurar que las empresas cumplan con sus obligaciones ambientales y actúen de manera sostenible y responsable”, dice la ANLA.
El monto exacto que deberá pagar Prodeco es de $1.739.012.826.
Una empresa que renunció a sus títulos
Como lo habíamos contado en este artículo, a mediados de 2022 Prodeco decidió renunciar a tres títulos mineros, dos en el proyecto Calenturitas (por el que fue sancionada) y uno en la mina La Jagua, ambas en Cesar.
En su momento, la empresa había dicho que su decisión obedecía a la caída de los precios internacionales del carbón, la incertidumbre de que estos se recuperen a largo plazo, los altos costos de la operación minera, “así como el no otorgamiento de permisos ambientales en desarrollo de decisiones administrativas y judiciales”.
Esa decisión despertó un gran debate en el departamento, donde gran parte de la economía dependía de la explotación de ese mineral. También en el país, pues las reglas de juego sobre cómo renunciar responsablemente a esos títulos no eran claras. A los ojos de algunos especialistas, con ese paso Prodeco podría eximirse de varias responsabilidades ambientales y sociales.
Como contamos en este reportaje que hicimos tras visitar la región, el Estado colombiano también esperaba que el Grupo Prodeco explotara carbón en esta región, al menos, hasta 2035. De hecho, el Plan de Desarrollo Municipal de La Jagua de Ibirico planteaba, en 2020, que los más de 18 millones de toneladas de carbón que se generaban anualmente en el municipio eran uno de los pilares que impulsarían en los próximos años “el crecimiento del municipio, ya que el carbón, con todas sus actividades conexas, representa más del 67 % del PIB territorial”.
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