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A inicios de marzo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) emitió una resolución que pasó inadvertida hasta este miércoles, 13 de marzo. Se trata de la resolución 000330 del 1º de marzo, en la cual confirma una multa contra la sociedad Hidroeléctrica Ituango, que había sido impuesta en marzo de 2023, pero sobre la cual se había interpuesto un recurso de reposición. (Puede leer: La lucha por la protección de los pueblos indígenas en aislamiento)
Según comunicó en la tarde de este miércoles Empresas Públicas de Medellín (EPM), como mandataria de la Sociedad Hidroituango, la ANLA los encontró culpables de dos cargos que fueron formulados en enero de 2019 y para los cuales, desde marzo de 2023, se había estipulado una multa de poco más de 1.400 millones de pesos.
En concreto, para la ANLA, Hidroituango es culpable de dos cargos. El primero, consiste en la sustitución de dos puentes (”La Mona” y “El Atraso”) ubicados sobre la vía que conecta a Puerto Valdivia con la presa, para construir, dos box culverts “sin informar, tramitar y obtener de forma previa de la Autoridad Ambiental competente, la autorización para ello”. (Le puede interesar: Los 80 carrotanques de la UNGRD en La Guajira no pueden operar por falta de pólizas)
El segundo, apunta la autoridad ambiental, fue haber realizado vertimientos de aguas residuales a un campo de infiltración provenientes del campamento localizado en el predio “El Ciruelar”, “actividad no contemplada en la Licencia Ambiental otorgada al proyecto Hidroeléctrico Ituango”.
Por la infracción de la normativa, a la empresa le fue confirmada la multa por $1.408.123.466. Sin embargo, EPM señaló que, como en contra de la resolución de inicios de marzo, “no proceden más recursos de vía gubernativa, se adelantarán en su contra las acciones judiciales que fueren necesarias”. (También puede leer: Ideam emite alerta por fuertes vientos en tres departamentos del Caribe colombiano)
Es importante señalar que desde 2019, la ANLA también señalaba a Hidroituango de ser culpable de infringir la normativa al disponer material sobrante de las actividades de excavación sobre la quebrada “Tamara”, un cauce y franja de protección de la fuente hídrica. En la resolución de inicios de marzo, la autoridad exoneró a la Sociedad de este cargo.
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