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A sólo 300 metros del lugar donde trabaja Esther Pérez, habitante del municipio de Vetas, situado dentro del páramo de Santurbán, estuvo ubicado un sensor electrónico que medía la conductividad y temperatura del agua que corre en la quebrada del río Suratá. Su misión, durante un mes entero, fue revisarlo periódicamente para asegurarse de que el bombillito de encendido estuviera prendido y no le entrara agua. Mientras, a través de un módem celular, el sensor enviaba todos los datos tomados a una plataforma que recoge la información desde ocho municipios del departamento de Santander.
Como el sensor que estuvo a cargo de Esther, otros 13 dispositivos fueron ubicados a lo largo de la subcuenca del río Suratá, desde Vetas hasta Bucaramanga, una de las zonas hidrográficas que, se cree, más han sufrido contaminación por la actividad minera y la cual se convirtió en el escenario piloto para desarrollar el proyecto “Acción colectiva para la transformación de conflictos medioambientales”, a cargo de estudiantes y profesores de las facultades de Economía, Ingeniería, Ciencias y Diseño de la Universidad de los Andes. La iniciativa busca darles poder a las comunidades para que sean las encargadas de monitorear el estado de salud de sus aguas.
“Esto nace de una idea que tuvo Juan Camilo Cárdenas —actual decano de la Facultad de Economía—, quién se inspiró en la problemática de la explosión nuclear en Fukushima , Japón, donde los ciudadanos fabricaron sensores para medir la contaminación nuclear en los alrededores”, explica Johan de Aguas, asistente graduado de la Facultad de Economía. “En Colombia sólo hay 16 inspectores para las 6.000 minas que existen, entonces nos preguntamos qué pasaría si fueran 16 personas locales por cada mina las que hicieran este trabajo”.
Para responder esta pregunta, el equipo tuvo que enfrentar varios desafíos. El primero, explican, fue a nivel de tecnología, pues necesitaban encontrar equipos que pudieran llevarse a campo y que las personas de la comunidad, quienes se convertirían en sus “guardianes”, pudieran manejar. Así, bajo una alianza con el Instituto Tecnológico de Massachusetts y el Public Lab, desarrollaron en los laboratorios de la universidad dos tipos de monitores. Uno biparámetro, como el que le fue asignado a Esther, y otro multiparámetro, que además de medir la conductividad y la temperatura, calcula el pH y el oxígeno disuelto en el agua.
Con ambos monitores sobre una mesa, Sebastián Arévalo, asistente de investigación de Ingeniería Electrónica, explica la diferencia. Saca su celular y abre una aplicación en la que se ve un punto en el mapa de Santander, ubicado con GPS, y abajo los cuatros parámetros de medición. “En el caso del monitor multiparámetro, se conecta a la aplicación a través del bluetooth y, por un mensaje de texto o correo electrónico, la persona envía directamente la información a la plataforma”, dice. La idea del proyecto es seguir trabajando con las rutinas y tecnologías que las comunidades ya conocen.
“Después de estar un tiempo con los mineros y las personas de la región, y al notar que las coberturas de internet no llegan a todas partes, nos dimos cuenta de que la comunidad se basa mucho en mensajes de texto”, agrega Alba Ávila, profesora de Ingeniería Electrónica. Por esto se unieron con Inalambria, una empresa que basa sus operaciones en los mensajes de texto y les da la opción de que los encargados de los sensores tengan varias posibilidades de enviar los datos.
Pero llegar a este punto tuvo sus retos o, como lo afirma Ávila, fue un “viaje tecnológico”. Al principio probaron nanopartículas para identificar contaminantes en el agua, pero esto implicaba que las muestras tenían que llegar hasta los laboratorios de la universidad y en el camino podían sufrir algunos cambios. Después, tratando de recuperar tecnologías que fueran más sencillas, ensayaron con tiras de papel que cambiaran de color, como las del pH, pero se enfrentaron a la subjetividad de los tonos. Empezaron entonces a usar los celulares a través de una herramienta para identificar el color y de allí pasaron a la fase de valores con sensores.
Monitor multipárametro diseñado por el equipo de la Universidad de los Andes. / Cortesía
Casi dos años después, los sensores —que siguen evolucionando— están hechos en su mayor parte con elementos que se producen en Colombia y no tienen licencias ni patentes. “Queremos que no sean un desarrollo exclusivo, sino que se produzcan de forma masiva en todas las regiones del país. Que el Ministerio de Ambiente vea este proyecto como uno que no genera recursos, pero sí genera datos y empodera a las comunidades”, concluye Ávila.
Jugar entre “los de arriba” y “los de abajo”
Los habitantes que viven alrededor del páramo de Santurbán han quedado atrapados en medio de muchas políticas volátiles: primero se prohibió otorgar nuevos títulos mineros en estos ecosistemas, fue el primer páramo en quedar delimitado en cartografía 1:25.000 y, unos meses más tarde, se vedó la minería vigente. En la zona que está interviniendo el proyecto de la Universidad de los Andes hay 180 títulos mineros en el limbo.
La situación, como era de esperarse, generó cierta conflictividad entre quienes utilizan el agua. Entre los de arriba de la cuenca, a quienes les llega del páramo, y los de abajo, que la reciben después de que se utilizó para agricultura, actividades mineras y uso humano. Por esto, el proyecto de monitoreo no sólo ha estado acompañado de talleres donde aprenden a utilizar los sensores, sino de juegos económicos alrededor del uso del agua.
“A través de estos juegos se busca establecer consensos, acuerdos colectivos entre mineros, organizaciones civiles, agricultores y gobiernos que tienen posiciones encontradas respecto al uso del agua”, explica Johan de Aguas. Actividades que Cárdenas, junto con el profesor Juan Felipe Ortiz, empezaron a realizar desde el 2012 en la cuenca baja y que ahora se han concentrado más en la cuenca alta. ¿La razón? Las comunidades que viven en Vetas, California y Suratá están interesadas en romper el estigma de que son contaminadores.
De hecho, Esther Pérez, quien trabaja con la administración de Vetas, explica que, aunque la minería es la principal problemática alrededor del agua, las empresas mineras están realizando procesos para no contaminar, como dejar de usar mercurio y tratar las fuentes hídricas. “Este sistema de monitoreo ha sido muy bueno, porque nos permite generar datos, pero también nos gustaría que se midiera el mercurio para poder demostrar en resultados que sí ha disminuido”, aclara.
Precisamente en ese sentido va el proyecto de los Andes. La idea es ir incorporando, con el tiempo y la experiencia, nuevos parámetros de medición: que los datos sean cada vez más fuertes y concisos para que las comunidades se empoderen en cuanto al manejo de sus recursos y puedan prender las alertas cuando perciben una medición “anormal”.
“Si el Gobierno dice: ¿qué está pasando?, y la minería dice que nada, las personas de la comunidad pueden llegar con sus mediciones y decir acá está nuestro reporte”, explica Ávila. Pues si algo tiene claro el proyecto es que ellos no tienen una posición a favor o en contra de la minería, sino a favor de los datos que permitan tomar decisiones mejor informadas.
Además, el proyecto está fundado sobre una idea muy sencilla, pero que cuando se enuncia parece de vanguardia: que las comunidades pueden llegar por sí mismas a acuerdos para utilizar sus recursos sin necesidad de un tercero, porque las decisiones que toman las personas también están motivadas por el bienestar de los otros.
“Para el modelo piloto en Suratá estamos aplicando las nuevas teorías económicas, como la experimental y la comportamental, que dudan sobre esa ortodoxia económica que dice que nos movemos por el egoísmo”, explica Johan de Aguas. “Estamos buscando demostrar que también tenemos motivaciones morales, de salud por los otros, de compromiso y simpatía, que es una parte muy importante de este proyecto”.
Por esto, el modelo —tanto su parte tecnológica como social— ya está empezando a sembrarse en otras cuencas del país. Actualmente están trabajando también con la gran cuenca del río Teusacá, en Cundinamarca, donde instalarán 10 medidores de agua, junto con el acueducto Progresar E.P.S. y los niños de colegios cercanos.