La Corte Constitucional aprobó el Acuerdo de Escazú

Este 28 de agosto, la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Ibáñez, aprobó por unanimidad el Acuerdo de Escazú, el cual busca la participación pública y el acceso a la información y a la justicia respecto a asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

“La Sala Plena verificó el cumplimiento de los requisitos formales de validez de una Ley que aprueba un tratado internacional, y concluyó que tanto la fase previa gubernamental, como el proceso legislativo de aprobación del Acuerdo satisfacen los requisitos previstos en la Constitución y la Ley para el efecto”, informó la Corte Constitucional.

En otras palabras, el alto tribunal, declaró constitucional ese acuerdo, que había sido adoptado en Escazú, en Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Además, declaró exequible la Ley 2273 de 2022, con la cual el Congreso de la República adoptó ese tratado.

“En particular, la Corte señaló que en el trámite legislativo que surtió la ley aprobatoria del Acuerdo de Escazú no era necesario agotar la consulta previa. Esto, porque el Acuerdo no abarca una reglamentación específica de aspectos que afecten de forma directa a las comunidades étnicamente diferenciadas”, señaló en otro apartado.

Como indica el alto tribunal, la regulación que está en el Acuerdo se enfoca en lograr la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en asuntos ambientales. “También busca refrendar el compromiso por establecer un entorno seguro para las personas defensoras del medio ambiente”.

Estos asuntos, a los ojos de la Corte, “importan a toda la ciudadanía colombiana”. Al mismo tiempo, recordó que la Ley no estaba sujeta a la reserva de ley estatutaria.

Al conocerse la noticia, el presidente Gustavo Petro también se pronunció. “Felicitaciones a la Corte Constitucional. El tratado de Escazú es hoy ley en Colombia. Colombia marcha a ser Potencia Mundial de la Vida”, señaló en su cuenta de Twitter.

El Ministerio de Ambiente, que había respaldado la propuesta, también aplaudió la decisión de la Corte Constitucional. “El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible avanza en la ruta de implementación de este acuerdo, en la creación de una Comisión Interinstitucional y en el programa de control social ‘Alerta por mi ambiente’ para promover la participación ciudadana y mejorar la gobernanza ambiental”, indicó en un comunicado de prensa esa cartera.

“Con la ratificación del Acuerdo de Escazú damos un paso histórico en Colombia hacia la protección de quienes defienden la naturaleza y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. Quiero agradecer el trabajo de las organizaciones sociales, la juventud, el Congreso, el Gobierno y toda la sociedad movilizada en la ratificación del Acuerdo, esta es una victoria de todos. En el año de la naturaleza, en el que somos anfitriones de la COP16, con Escazú hacemos Paz con la Naturaleza”, afirmó, por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

Detalles del camino del Acuerdo de Escazú

El 5 de noviembre de 2022, la ley que adoptaba el Acuerdo de Escazú (Ley 2273) fue sancionada por el presidente Gustavo Petro, después de intensos debates en el Congreso. Incluso, en junio del 2021 se hundió, luego de largas discusiones que desataron tensiones. A los ojos de los partidos de oposición de aquel entonces, el gobierno de Iván Duque no tuvo mayor interés en impulsar la ley.

Sin embargo, con la llegada de Petro, el proyecto tuvo prioridad y fue una de las banderas de los nuevos congresistas. Así, Colombia se convirtió el decimocuarto país en ratificar el acuerdo, de los 24 de la región que lo firmaron. El paso a seguir era que la Corte Constitucional determinara si Escazú era coherente con los principios de la Constitución Política.

De hecho, este año, en abril, se dio una audiencia pública para escuchar las posiciones tanto a favor como en contra de la constitucionalidad de la ley. Congresistas de varias bancadas le pidieron a la Corte declarar exequible este acuerdo que, básicamente, busca la participación pública y el acceso a la información y a la justicia respecto a asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

¿Qué busca el Acuerdo de Escazú?

Para explicar en qué consiste el Acuerdo y no perderse en los términos de las leyes y los códigos, hace un par de años el abogado Mauricio Madrigal, entonces director de la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes (hoy, en WWF), tenía una buena una analogía. Imagínese, aseguraba, “que se establecieron unos ‘pisos mínimos’ que deben tener los países en ciertos asuntos, los cuales permiten fortalecer la democracia ambiental en la región. Además, lo importante es que fueron construidos con la participación de muchas personas de la sociedad civil y representantes de gobiernos. Eso permitió consolidar algo clave en este proceso: una gran red de cooperación”.

Esos “pisos mínimos” sobre los que se deberían parar los Estados latinoamericanos se podrían dividir, como escribió el constitucionalista Rodrigo Uprimny en 2019, en cuatro grandes grupos. El primero permite incrementar la transparencia en asuntos ambientales, pues fortalecerá el acceso a la información. El segundo reforzará la democracia ambiental, ampliando la participación ciudadana en todas las discusiones. El tercero mejorará la justicia ambiental al crear mecanismos judiciales ambientales. Y, finalmente, el cuarto será esencial para que no vuelvan a suceder crímenes de defensores ambientales. “Establece”, apuntaba Uprimny, “una protección especial a los defensores ambientales”.

En otras palabras, escribió Madrigal junto al abogado Luis Felipe Gumán-Jiménez en el libro Información Participación y Justicia Ambiental (2020), el Acuerdo de Escazú “pretende generar estándares comunes en materia de información ambiental, participación ciudadana y acceso a la justicia en asuntos medioambientales para cerca de 500 millones de personas en la región”.

Otro de los puntos que suelen resaltar quienes han participado en la creación de este acuerdo tiene que ver lo que dejó su construcción. Como en ella participaron muchos líderes, organizaciones y académicos que vigilaron el proceso y sugirieron cambios (tenían voz, pero no voto), eso permitió la creación de una gran plataforma de actores ambientales de toda Latinoamérica.

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