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Para los más de 30 pueblos indígenas que se reconocen como parte del Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí, ubicado en cerca de tres millones quinientos mil hectáreas en la Amazonía colombiana, el territorio es la expresión de la vida misma y la interdependencia, más que un concepto, es una práctica bajo la que se teje su cotidianidad; dentro de sus tierras, los ríos, los cerros, el bosque y todos los elementos están conectados. Es, precisamente, de esa relación permanente que depende su integridad física y espiritual.
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“Para nosotros el Territorio es la expresión de la vida misma (...) cada elemento y ser tienen un lugar y unas relaciones específicas que se deben mantener. Al sacar algo de nuestro territorio –como sucede con el oro– e introducir elementos extraños –como el mercurio– se compromete integralmente nuestra vida”, aseguran en el texto de la tutela que presentaron en noviembre de 2019 y que, tras ser declarada improcedente en dos ocasiones, fue seleccionada por la Corte Constitucional para su revisión.
El pasado 28 de abril se conoció la primera decisión del alto tribunal, a través del Auto T-7.983.171, en el que advierte que no se adoptarán medidas provisionales sin escuchar de forma atenta la voz de los pueblos indígenas de la Amazonía. Para eso, propone un ejercicio de diálogo intercultural -que ha ocurrido en contadas ocasiones- y abre la puerta a una conversación directa con dichos pueblos, a partir de su reconocimiento como autoridades públicas. El objetivo: tener una visión más completa y diversa de lo que está transformando y amenazando su propia salud y la de sus territorios.
Para la Fundación Gaia Amazonas, una de las organizaciones que ha apoyado a las Autoridades indígenas desde el inicio del proceso, es un motivo de celebración el pronunciamiento de la Corte Constitucional -como institución protectora de los mandatos de la Constitución Nacional- y el momento tan pertinente en el que llega.
Cada una de las 30 páginas del Auto de la Corte Constitucional confirman un profundo respeto por la diversidad cultural, la cosmovisión de los pueblos indígenas amazónicos y lo esencial que es entender sus territorios de forma integral: desde su importancia ecológica y cultural. Además, envían un mensaje contundente que ratifica su compromiso con la protección de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y que resulta totalmente opuesto a los ataques y vulneraciones que han vivido estos pueblos en el contexto de protesta y movilización ciudadana que vive Colombia, desde hace más de 20 días.
Como complemento al ejercicio de diálogo, la Corte Constitucional también solicita información precisa y detallada de parte de entidades como la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Agencia de Licencias Ambientales (ANLA), entre otras; respuestas que deben darse en los próximos días.
En los meses siguientes, la Corte decidirá si los derechos fundamentales de los accionantes se han visto vulnerados por las omisiones del Estado colombiano frente a la minería ilegal en la Amazonía. Entretanto, los pueblos indígenas del Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí exigen una respuesta integral por parte de la institucionalidad estatal -incluidos el presidente de la República, varios ministerios, agencias como la ANM y autoridades ambientales como la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico- que frene el desastre que esta actividad y el uso del mercurio ha dejado en sus territorios.