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Este fin de semana terminaron las audiencias en la Corte Internacional de Justicia (más conocida como CIJ, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas) de un caso que promete ser un paso histórico en la lucha contra el cambio climático. En resumen, se le está pidiendo a la CIJ que determine las responsabilidades legales de los Estados respecto a la protección del sistema climático y otros elementos del medio ambiente contra las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que apunta directamente a las economías más desarrolladas del mundo, que son las principales responsables de la emisión de esos gases contaminantes.
Este caso se presentó tras una solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas en marzo de 2023, en la que se pidió a la Corte que evaluara una serie de cuestiones clave. Por ejemplo, cuál es la obligación de los Estados, según el derecho internacional, de garantizar la protección del sistema climático y del medio ambiente contra las emisiones antropogénicas, tanto para las generaciones presentes como futuras. También se solicitó que la Corte definiera las consecuencias jurídicas para aquellos Estados que, por sus actos y omisiones, han causado daños significativos al sistema climático y otras partes del medio ambiente.
En particular, se destacó la situación de los pequeños Estados insulares en desarrollo, que, debido a su ubicación geográfica y su nivel de desarrollo, son muy vulnerables a los efectos del cambio climático.
Este tipo de proceso, conocido como “jurisdicción consultiva”, se lleva a cabo cuando se solicita a la CIJ emitir una opinión sobre una cuestión de derecho internacional. En este procedimiento, la Corte invita a los Estados y a organizaciones internacionales que puedan proporcionar información relevante para esclarecer y orientar el resultado de la solicitud. Es importante señalar que, a diferencia de los juicios, en los cuales la Corte emite una sentencia vinculante para las partes involucradas, una opinión consultiva no tiene carácter vinculante, pero sí proporciona una guía que puede influir en las decisiones en el derecho internacional.
Es decir, a pesar de que no es una decisión vinculante, sí podría ser un pronunciamiento histórico, o al menos así lo creen organizaciones como la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), un organismo reconocido como una autoridad legal en lo que respecta al estado del mundo natural y las medidas necesarias para protegerlo. “Lo que hace que todo este caso sea importante e histórico es simple: es la primera vez que la CIJ, conocida como la Corte Mundial, aborda el tema del cambio climático y las responsabilidades de los países a la hora de abordarlo”, dice la UICN. Para ese organismo, “la opinión de la CIJ podría servir como indicador de cómo la Corte puede influir en los futuros litigios relacionados con el clima en los tribunales nacionales y orientar el desarrollo legislativo futuro de los parlamentos”.
Esto significa que la opinión de la CIJ podría sentar un precedente sobre cómo se manejan los casos relacionados con el cambio climático en el futuro, no solo a nivel internacional, sino también en los tribunales de cada país. Además, podría influir en la forma en que los parlamentos desarrollan leyes y políticas en relación con la protección del clima, ayudando a establecer normas legales más claras y efectivas.
Desde el 2 de diciembre de 2024, la CIJ escuchó a 94 naciones y 12 organizaciones intergubernamentales, entre ellas, la Unión Europea y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). “En términos de participación, podemos decir con seguridad que este es el caso más grande en la historia de la humanidad”, señala Margaretha Wewerinke-Singh, asesora legal ante la CIJ y abogada de Blue Ocean Law. “El nivel de participación no tiene precedentes, y pone de relieve la urgencia y los efectos devastadores de la crisis climática, así como la necesidad de claridad colectiva sobre algunas de las cuestiones jurídicas más críticas de nuestra generación”, agrega Joie Chowdhury, abogada de la ONG CIEL.
La Corte se está tomando en serio la deliberación. El pasado 26 de noviembre de 2024, los miembros del Tribunal se reunieron con un grupo de autores pasados y presentes de los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) para “mejorar la comprensión del Tribunal de las conclusiones científicas clave que el IPCC ha entregado a través de sus informes de evaluación periódicos que abarcan la base científica, los impactos y los riesgos futuros del cambio climático, y las opciones de adaptación y mitigación”. La reunión se celebró antes de las audiencias de la Corte.
¿Qué se puede esperar? En última instancia, responde la UICN, el tribunal tendrá que responder a las preguntas que planteó la Asamblea General de la ONU. Es decir, tendrá que aclarar las obligaciones y responsabilidades jurídicas de los Estados en materia de protección del clima. Podría llegar a la conclusión de que si no protegen el clima, los países podrían enfrentar consecuencias legales. “Una opinión de la Corte también podría enviar un mensaje poderoso a los Estados y otros actores responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, enfatizando la necesidad urgente de reducciones profundas, rápidas y sostenidas destinadas a alcanzar el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius”, cree la UICN.
Se espera que la Opinión Consultiva de la CIJ se publique en 2025.
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