La deforestación en Guaviare por fin tiene nombre

En el Guaviare, entre 2016 y 2017, la deforestación creció 233 %. Al mismo tiempo, los cultivos de coca disminuyeron 28 %. Este dato contradice la narrativa oficial del Gobierno y las autoridades locales sobre los cultivos ilícitos como principal causa de la deforestación. Lo que oculta esa narrativa oficial es el motor más poderoso de la caída de los bosques: la acumulación de tierras impulsada por terratenientes y políticos regionales.

Esto estaría pasando en el Guaviare, el segundo departamento más deforestado de Colombia. El problema es que, hasta ahora, no había denuncias concretas de quiénes estarían detrás de este acaparamiento. Por primera vez, esta investigación contrasta dos documentos con denuncias detalladas que llegaron a instituciones del Gobierno en Bogotá. Los documentos contienen una docena de fuentes en el Guaviare, entre líderes locales, funcionarios y expertos. Encontramos que detrás de miles de hectáreas de bosque destruido estarían vinculados el gobernador Nebio Echeverry Cadavid, un terrateniente cercano al gobernador llamado Saúl Aguirre; Jorge Gaitán, un empresario de la palma del Meta, y Ramón Rojas, un megacontratista del departamento. Estos dos últimos han sonado como candidatos a la Gobernación para las elecciones del 2019.

El gobernador “es un hombre temible”

Todas las fuentes que hicieron denuncias —tanto las que contactamos directamente en Guaviare como los autores de los documentos enviados a mediados de 2018— pidieron proteger su identidad. Un alto funcionario del Guaviare explicó este clima de miedo describiendo al gobernador Echeverry como “un hombre temible”.

Esta no es la primera vez que se cuestiona al gobernador. Hace unas semanas, El Espectador publicó un perfil sobre este cuestionado político risaraldense, que llegó como colono al Guaviare hace más de treinta años. Ha sido gobernador dos veces, estuvo en la lista Clinton y es primo de Óscar López Cadavid, un parapolítico condenado. La sentencia donde la Corte Suprema condena a López afirma que en el año 2000 líderes de las AUC, como Vicente Castaño, se reunieron con políticos regionales en la finca Vendaval (Cundinamarca), perteneciente al hoy gobernador. Cuando las AUC entraron al Guaviare, Echeverry, junto a su compadre Saúl Aguirre Palacios, ya llevaba décadas en el departamento. Juntos se convirtieron en negociantes de pieles de tigre, durante la bonanza del “tigrilleo” que duró hasta los años 70.

Armando*, un campesino del oriente del departamento, cuenta en medio del llanto que “el gobernador y don Saúl Antonio Aguirre, el testaferro del gobernador” serían los personajes poderosos detrás del intento de despojo de su finca. Con más de cincuenta años encima, relata que tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc regresó a la parcela que abandonó como víctima de desplazamiento por parte de ese grupo guerrillero. Poco tiempo después de su retorno, se tuvo que enfrentar a los terratenientes, que lo amenazaron para que vendiera su predio. “Nosotros nos sentimos afectados de mirar que una persona tiene 3.000 hectáreas de tierra, y otro 500, y brega a ver cómo se las quita para juntar más tierra”. Esta denuncia fue respaldada por otros dos líderes campesinos de la región, quienes afirmaron saber de más casos. Lo curioso es que ambos casos se encuentran en uno de los núcleos de deforestación señalados por el Ideam en el departamento. Allí se han establecido enormes hatos de ganadería extensiva.

Pero estos testimonios no son los únicos que empantanan a Aguirre. Su nombre aparece también en uno de los dos documentos de denuncia a los que tuvimos acceso. En uno de ellos, redactado por alguien que ha ostentando cargos administrativos en el departamento, dice: “Personas allegadas al señor Nebio de Jesús Echeverry Cadavid venían, desde hacía varios meses atrás, apoderándose de los predios de algunas familias campesinas (…) estas personas son Saúl Aguirre, alias Casco de Burro (…)”.

Frente a las denuncias, el gobernador Echeverry afirmó: “Yo no tengo tierras en asocio con el señor Saúl Aguirre, eso no es cierto (…) Pero que yo haya despojado gente, esos son anónimos”. Saúl Aguirre no contestó mensajes al solicitarle su versión.

Esta relación entre deforestación y acumulación de tierras no es exclusiva de este caso. De hecho, según Angélica Rojas, experta en desarrollo territorial de la ONG FCDS, este fenómeno es el tema más crítico en el cambio de uso del suelo del Guaviare. “Al haber unas enormes cantidades de latifundio, hay una expulsión de los campesinos que se van a las zonas más remotas a reiniciar la deforestación”, explica.

Pudimos constatar de primera mano que la vereda El Triunfo se ha convertido en un caserío fantasma, con una escuela y puesto de salud abandonados, porque todos sus habitantes vendieron a terratenientes y abandonaron la zona. Lo mismo sucede, según Rojas, en las veredas El Turpial, Monserrate, Acacias y Tigre.

Palma en el Guaviare

Otra de las denuncias involucra a Jorge Gaitán, conocido como Coco, también cercano al gobernador Echeverry. Se trata de un palmero del Meta que aparece en varios actos públicos de la Gobernación. Según las denuncias, Gaitán está detrás de la siembra de palma africana en cientos de hectáreas de las Sabanas de La Fuga, un ecosistema delicado y especial del Guaviare.

De acuerdo con el documento de denuncia, “según lo expresado por los pobladores, estas hectáreas de palma son propiedad de alias Coco, socio del gobernador Nebio Echeverry Cadavid (…) y se habla abiertamente de que es el candidato del gobernador”. Esta denuncia fue ratificada por tres campesinos de la zona.

Los cultivos de palma que han destruido cientos de hectáreas de sabana son abiertamente ilegales, no solo por estar en terrenos de reserva forestal, sino porque el uso del suelo los prohíbe en todo el departamento del Guaviare. Esto a pesar de las sugerencias del gobernador Echeverry en un Taller Construyendo País de diciembre del 2018, donde le dijo al presidente Duque que “los campesinos del Guaviare se han antojado de la palma”.

En un artículo de El Portal, un medio local del Guaviare que ha defendido la gestión de Echeverry, Gaitán se suma a la defensa de este monocultivo: “(…) creemos que el futuro de mi Guaviare y de mi llano será esta gran belleza verde que hoy no solo lo ampliaremos sino lo (…) daremos todo de sí para que Guaviare sea de las primeras regiones en esta producción” (sic).

Y sobre sus aspiraciones políticas, añade Gaitán: “Si la gente me lo pide, buscaré seguir esa gestión de apoyo que dejaría un gobernante al que estimo y aprecio mucho, y que en Guaviare casi todos le dicen ‘papá’ (…) Nebio Echeverry Cadavid”.

Sobre los cultivos de palma, y las denuncias contra su precandidato, Echeverry dice que “eso nunca se deforestó ni se hizo desalojo ni despojo de tierras a nadie, creo yo. Yo conozco los sembríos, que son unas cincuenta, sesenta hectáreas. Eso tampoco es mucha”. Gaitán no respondió a llamadas y mensajes buscando su versión.

Los campesinos en la zona de Charras expresan su preocupación al ver cómo se extienden despojo y acaparamiento, junto con inversiones importantes para mejorar la vía a San José del Guaviare con maquinaria de la Gobernación, sumado al avance de una línea de interconexión eléctrica. Temen que el modelo de desarrollo agroindustrial del Meta se imponga en un territorio de reserva forestal de la nación, que colinda con el resguardo indígena nukak makú, donde también hay denuncias de acaparamiento de tierras.

Contratistas, vías y deforestación

El palmero Gaitán no es el único interesado en la política que, además, tendría lazos con la deforestación en el Guaviare. Ramón Rojas, conocido como Carechimba, es un contratista de la Gobernación que ha ganado dos contratos de rehabilitación vial que suman cerca de $50.000 millones.

Precisamente, según otra de las denuncias que están en Bogotá, “uno de los motores de la deforestación es la apertura de vías ilegales (…) dichas vías son realizadas por maquinarias de la Gobernación y de privados, que para el caso puntual también son amigos de Nebio Echeverry: (…) Ramón Rojas (...)”. Consultado sobre estas denuncias, Rojas afirmó que todas las vías en las que interviene su empresa son legales y que es “enemigo de la deforestación”.

A pesar de estas declaraciones, el Minambiente ha señalado que la construcción de vías es otro de los grandes motores de la deforestación en Guaviare. Así lo reseñó este diario, cuando publicó un video hecho por un exdiputado, quien agradece la ayuda de la Gobernación de Echeverry para mejorar la vía ilegal entre Calamar y Miraflores, hechos por los que la Procuraduría abrió una investigación.

Estado deforestador

Más allá de las denuncias concretas, que llevan meses en los despachos de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, el panorama de la deforestación en el Guaviare suscita un debate más amplio sobre el papel del Estado en la destrucción de los bosques en la Amazonia.

Además de las economías ilegales, el acaparamiento de tierras abre preguntas nuevas y difíciles. Este fenómeno, presuntamente fomentado por los poderes locales, hace que los campesinos abandonen veredas enteras, adonde el Estado ya había llegado con dificultad con escuelas y puestos de salud. Los colonos se desplazan a zonas en los márgenes de la selva. Ahí abren nuevas fincas ganaderas, fundan veredas y vuelven a solicitar servicios básicos, conectividad vial y eléctrica, y titulación —servicios de los cuales los políticos obtienen rentas mediante la corrupción—, convirtiendo la acción del Estado en partícipe de los nuevos ciclos de deforestación.

*Nombre cambiado para proteger la seguridad de la fuente.

**Periodistas del programa Zona Franca del Canal Redmas. Este artículo está basado en el especial “Estado Deforestador”.

En el Guaviare, entre 2016 y 2017, la deforestación creció 233 %. Al mismo tiempo, los cultivos de coca disminuyeron 28 %. Este dato contradice la narrativa oficial del Gobierno y las autoridades locales sobre los cultivos ilícitos como principal causa de la deforestación. Lo que oculta esa narrativa oficial es el motor más poderoso de la caída de los bosques: la acumulación de tierras impulsada por terratenientes y políticos regionales.

Esto estaría pasando en el Guaviare, el segundo departamento más deforestado de Colombia. El problema es que, hasta ahora, no había denuncias concretas de quiénes estarían detrás de este acaparamiento. Por primera vez, esta investigación contrasta dos documentos con denuncias detalladas que llegaron a instituciones del Gobierno en Bogotá. Los documentos contienen una docena de fuentes en el Guaviare, entre líderes locales, funcionarios y expertos. Encontramos que detrás de miles de hectáreas de bosque destruido estarían vinculados el gobernador Nebio Echeverry Cadavid, un terrateniente cercano al gobernador llamado Saúl Aguirre; Jorge Gaitán, un empresario de la palma del Meta, y Ramón Rojas, un megacontratista del departamento. Estos dos últimos han sonado como candidatos a la Gobernación para las elecciones del 2019.

El gobernador “es un hombre temible”

Todas las fuentes que hicieron denuncias —tanto las que contactamos directamente en Guaviare como los autores de los documentos enviados a mediados de 2018— pidieron proteger su identidad. Un alto funcionario del Guaviare explicó este clima de miedo describiendo al gobernador Echeverry como “un hombre temible”.

Esta no es la primera vez que se cuestiona al gobernador. Hace unas semanas, El Espectador publicó un perfil sobre este cuestionado político risaraldense, que llegó como colono al Guaviare hace más de treinta años. Ha sido gobernador dos veces, estuvo en la lista Clinton y es primo de Óscar López Cadavid, un parapolítico condenado. La sentencia donde la Corte Suprema condena a López afirma que en el año 2000 líderes de las AUC, como Vicente Castaño, se reunieron con políticos regionales en la finca Vendaval (Cundinamarca), perteneciente al hoy gobernador. Cuando las AUC entraron al Guaviare, Echeverry, junto a su compadre Saúl Aguirre Palacios, ya llevaba décadas en el departamento. Juntos se convirtieron en negociantes de pieles de tigre, durante la bonanza del “tigrilleo” que duró hasta los años 70.

Armando*, un campesino del oriente del departamento, cuenta en medio del llanto que “el gobernador y don Saúl Antonio Aguirre, el testaferro del gobernador” serían los personajes poderosos detrás del intento de despojo de su finca. Con más de cincuenta años encima, relata que tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc regresó a la parcela que abandonó como víctima de desplazamiento por parte de ese grupo guerrillero. Poco tiempo después de su retorno, se tuvo que enfrentar a los terratenientes, que lo amenazaron para que vendiera su predio. “Nosotros nos sentimos afectados de mirar que una persona tiene 3.000 hectáreas de tierra, y otro 500, y brega a ver cómo se las quita para juntar más tierra”. Esta denuncia fue respaldada por otros dos líderes campesinos de la región, quienes afirmaron saber de más casos. Lo curioso es que ambos casos se encuentran en uno de los núcleos de deforestación señalados por el Ideam en el departamento. Allí se han establecido enormes hatos de ganadería extensiva.

Pero estos testimonios no son los únicos que empantanan a Aguirre. Su nombre aparece también en uno de los dos documentos de denuncia a los que tuvimos acceso. En uno de ellos, redactado por alguien que ha ostentando cargos administrativos en el departamento, dice: “Personas allegadas al señor Nebio de Jesús Echeverry Cadavid venían, desde hacía varios meses atrás, apoderándose de los predios de algunas familias campesinas (…) estas personas son Saúl Aguirre, alias Casco de Burro (…)”.

Frente a las denuncias, el gobernador Echeverry afirmó: “Yo no tengo tierras en asocio con el señor Saúl Aguirre, eso no es cierto (…) Pero que yo haya despojado gente, esos son anónimos”. Saúl Aguirre no contestó mensajes al solicitarle su versión.

Esta relación entre deforestación y acumulación de tierras no es exclusiva de este caso. De hecho, según Angélica Rojas, experta en desarrollo territorial de la ONG FCDS, este fenómeno es el tema más crítico en el cambio de uso del suelo del Guaviare. “Al haber unas enormes cantidades de latifundio, hay una expulsión de los campesinos que se van a las zonas más remotas a reiniciar la deforestación”, explica.

Pudimos constatar de primera mano que la vereda El Triunfo se ha convertido en un caserío fantasma, con una escuela y puesto de salud abandonados, porque todos sus habitantes vendieron a terratenientes y abandonaron la zona. Lo mismo sucede, según Rojas, en las veredas El Turpial, Monserrate, Acacias y Tigre.

Palma en el Guaviare

Otra de las denuncias involucra a Jorge Gaitán, conocido como Coco, también cercano al gobernador Echeverry. Se trata de un palmero del Meta que aparece en varios actos públicos de la Gobernación. Según las denuncias, Gaitán está detrás de la siembra de palma africana en cientos de hectáreas de las Sabanas de La Fuga, un ecosistema delicado y especial del Guaviare.

De acuerdo con el documento de denuncia, “según lo expresado por los pobladores, estas hectáreas de palma son propiedad de alias Coco, socio del gobernador Nebio Echeverry Cadavid (…) y se habla abiertamente de que es el candidato del gobernador”. Esta denuncia fue ratificada por tres campesinos de la zona.

Los cultivos de palma que han destruido cientos de hectáreas de sabana son abiertamente ilegales, no solo por estar en terrenos de reserva forestal, sino porque el uso del suelo los prohíbe en todo el departamento del Guaviare. Esto a pesar de las sugerencias del gobernador Echeverry en un Taller Construyendo País de diciembre del 2018, donde le dijo al presidente Duque que “los campesinos del Guaviare se han antojado de la palma”.

En un artículo de El Portal, un medio local del Guaviare que ha defendido la gestión de Echeverry, Gaitán se suma a la defensa de este monocultivo: “(…) creemos que el futuro de mi Guaviare y de mi llano será esta gran belleza verde que hoy no solo lo ampliaremos sino lo (…) daremos todo de sí para que Guaviare sea de las primeras regiones en esta producción” (sic).

Y sobre sus aspiraciones políticas, añade Gaitán: “Si la gente me lo pide, buscaré seguir esa gestión de apoyo que dejaría un gobernante al que estimo y aprecio mucho, y que en Guaviare casi todos le dicen ‘papá’ (…) Nebio Echeverry Cadavid”.

Sobre los cultivos de palma, y las denuncias contra su precandidato, Echeverry dice que “eso nunca se deforestó ni se hizo desalojo ni despojo de tierras a nadie, creo yo. Yo conozco los sembríos, que son unas cincuenta, sesenta hectáreas. Eso tampoco es mucha”. Gaitán no respondió a llamadas y mensajes buscando su versión.

Los campesinos en la zona de Charras expresan su preocupación al ver cómo se extienden despojo y acaparamiento, junto con inversiones importantes para mejorar la vía a San José del Guaviare con maquinaria de la Gobernación, sumado al avance de una línea de interconexión eléctrica. Temen que el modelo de desarrollo agroindustrial del Meta se imponga en un territorio de reserva forestal de la nación, que colinda con el resguardo indígena nukak makú, donde también hay denuncias de acaparamiento de tierras.

Contratistas, vías y deforestación

El palmero Gaitán no es el único interesado en la política que, además, tendría lazos con la deforestación en el Guaviare. Ramón Rojas, conocido como Carechimba, es un contratista de la Gobernación que ha ganado dos contratos de rehabilitación vial que suman cerca de $50.000 millones.

Precisamente, según otra de las denuncias que están en Bogotá, “uno de los motores de la deforestación es la apertura de vías ilegales (…) dichas vías son realizadas por maquinarias de la Gobernación y de privados, que para el caso puntual también son amigos de Nebio Echeverry: (…) Ramón Rojas (...)”. Consultado sobre estas denuncias, Rojas afirmó que todas las vías en las que interviene su empresa son legales y que es “enemigo de la deforestación”.

A pesar de estas declaraciones, el Minambiente ha señalado que la construcción de vías es otro de los grandes motores de la deforestación en Guaviare. Así lo reseñó este diario, cuando publicó un video hecho por un exdiputado, quien agradece la ayuda de la Gobernación de Echeverry para mejorar la vía ilegal entre Calamar y Miraflores, hechos por los que la Procuraduría abrió una investigación.

Estado deforestador

Más allá de las denuncias concretas, que llevan meses en los despachos de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, el panorama de la deforestación en el Guaviare suscita un debate más amplio sobre el papel del Estado en la destrucción de los bosques en la Amazonia.

Además de las economías ilegales, el acaparamiento de tierras abre preguntas nuevas y difíciles. Este fenómeno, presuntamente fomentado por los poderes locales, hace que los campesinos abandonen veredas enteras, adonde el Estado ya había llegado con dificultad con escuelas y puestos de salud. Los colonos se desplazan a zonas en los márgenes de la selva. Ahí abren nuevas fincas ganaderas, fundan veredas y vuelven a solicitar servicios básicos, conectividad vial y eléctrica, y titulación —servicios de los cuales los políticos obtienen rentas mediante la corrupción—, convirtiendo la acción del Estado en partícipe de los nuevos ciclos de deforestación.

*Nombre cambiado para proteger la seguridad de la fuente.

**Periodistas del programa Zona Franca del Canal Redmas. Este artículo está basado en el especial “Estado Deforestador”.