La discordia por los planes para construir una vía en Risaralda

Desde octubre del año pasado hay tensiones en el municipio de Guática, Risaralda. En ese departamento hay un área de 2.251 hectáreas que desde 2005 cuenta con una figura de protección ambiental: es el Distrito de Manejo Integrado Cristalina - La Mesa, en donde nacen las quebradas que abastecen los acueductos comunitarios de 14 veredas. Uno de ellos es el de Santa Ana, que ha desatado una discusión entre sus beneficiarios y la multinacional de cartones Smurfit Kappa Colombia.

Desde octubre del año pasado hay tensiones en el municipio de Guática, Risaralda. En ese departamento hay un área de 2.251 hectáreas que desde 2005 cuenta con una figura de protección ambiental: es el Distrito de Manejo Integrado Cristalina - La Mesa, en donde nacen las quebradas que abastecen los acueductos comunitarios de 14 veredas. Uno de ellos es el de Santa Ana, que ha desatado una discusión entre sus beneficiarios y la multinacional de cartones Smurfit Kappa Colombia.

¿El motivo? Esta compañía, dueña de más de cinco mil hectáreas en Risaralda (el departamento tiene más de 350 mil), está interesada en construir una vía para facilitar la circulación en uno de sus predios, en el que quiere explotar madera de pino. Se trata de la finca Pesebre, adquirida por la empresa en 1987, cuando se la compró a la Compañía Nacional de Reforestación del grupo Bavaria.

El predio tiene 113 hectáreas (ha), de las cuales 50 corresponden a “plantación forestal comercial de plantación de pino”, señala Smurfit Kappa. Las otras 63 ha son de bosque natural destinado a conservación. Pesebre hace parte del DMI Cristalina - La Mesa y se encuentra en el “área de uso sostenible” de esta zona, asegura.

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Pero las pretenciones de la empresa han causado inquietud entre los vecinos de la zona, pues, según el colectivo ambiental Cañabrava, integrado por nueve personas de Guática y constituido el año pasado, la vía de 3.1 kilómetros que busca construir la compañía, podría afectar cinco quebradas que son parte del DMI y que proveen al acueducto de Santa Ana. De él, aseguran, dependen alrededor de 520 familias.

Felipe Ramírez, miembro de Cañabrava, dice que al colectivo le preocupa tanto la construcción de la vía, como el paso de vehículos. “Aumentaría la cantidad de sólidos suspendidos (partículas de tierra) sobre las quebradas y llegarían al acueducto, que no tiene cómo tratarlos”.

Ante la ausencia de una planta de tratamiento, Ramírez teme que se “modifiquen las condiciones normales del agua”. También cree que, posiblemente, los habitantes no puedan captar la misma cantidad de agua que hoy recogen, pues un kilómetro de los dos que hay entre el nacimiento de la quebrada y la bocatoma, limita con el predio Pesebre, de Smurfit Kappa. En sus palabras, “cualquier afectación a este ciclo pone en riesgo el suministro de agua para el acueducto”, que tiene una concesión de 8 litros por segundo y tanques de almacenamiento. “El agua, tal como la cogen de la quebrada, es la que llega a las casas”, reitera.

Versiones encontradas

El interés de Smurfit Kappa por aprovechar la madera de pino de su finca y la idea de construir una vía empezó en 2018. El predio lo tienen hace más de 30 años, pero la empresa no se había interesado antes en su aprovechamiento, pues, explican, una plantación forestal comercial de pino tarda “18 años en alcanzar el grado de madurez óptimo para convertirse en insumo para pulpa de papel y hasta 30 años para tener las condiciones adecuadas para usarse como madera para la industria del mueble y la construcción”.

Inicialmente, la plantación de la finca Pesebre se planeó como insumo para la fabricación de papel, sin embargo, las condiciones de orden público para la fecha en que la plantación tenía el tiempo requerido no permitieron que se hicieran las labores de cosecha, según Smurfit Kappa. Hoy, añade la empresa, la plantación tiene las características para aprovecharla como madera para la industria del mueble y la construcción.

Desde Smurfit Kappa cuentan que en los últimos cinco años “se han llevado a cabo diferentes charlas y encuentros con los vecinos, usuarios del acueducto y la Alcaldía Municipal de Guática, quienes no han manifestado ninguna inconformidad”. Agregan que, en medio de esas socializaciones, también han estado prestos “para llegar a acuerdos con el fin de mejorar infraestructuras que benefician a los usuarios del nombrado acueducto”.

La empresa asegura que si bien el proyecto ha recibido oposición por parte del colectivo Cañabrava, no ha podido entablar un “diálogo constructivo que nos permita entender, más allá de lo que han manifestado por redes y medios, sus comentarios y observaciones”.

En el colectivo Cañabrava tienen otra versión. Cuentan que en noviembre de 2022 hubo una reunión abierta del Consejo Municipal, en la que participaron la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) y Smurfit Kappa. Allí, dicen, la empresa expuso el proyecto y, según Ramírez, la mayoría de las más de 600 personas que asistieron estaban en desacuerdo con que este siguiera adelante.

Antes de ese encuentro, en octubre, el colectivo ya había enviado un derecho de petición a la Carder solicitando información sobre los impactos ambientales de las proyecciones de Smurfit Kappa.

En su respuesta, la Carder manifestó, a finales de octubre, que hasta la fecha no se había “otorgado ningún permiso o autorización para adelantar las intervenciones en los sitios solicitados” y que “para el caso de apertura de vías en suelos destinados a plantaciones protectoras y protectoras - productoras con fines comerciales no se requieren permisos de la Autoridad Ambiental”.

La respuesta de la Carder también mencionaba que “es viable la intervención de los sitios solicitados para la construcción” de la carretera y que este tipo de proyectos no requieren licencia ambiental, por lo cual no es necesario hacer estudios de impactos.

Para entender un poco mejor la situación, El Espectador consultó a Julio César Gómez, director de la Corporación, quien explicó que, si bien es cierto que no necesitan un permiso para la construcción de vía, sí necesitan un permiso de lleno (o de vertimiento) para garantizar las condiciones del agua.

Además, Gómez enfatiza que su obligación es verificar permisos de “ocupación de cauce, cuando se interviene una quebrada; la disposición de material forestal, en caso de que hubiera necesidad de erradicación de bosques nativos; de demarcación de las áreas de protección, representadas en nacimientos de agua, humedales, etc; así como verificar si hay presencia de comunidades que ameriten un permiso para hacer consulta previa”.

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En la respuesta a otro derecho de petición, enviada en febrero al colectivo ambiental, la Carder citaba un memorando que soporta que no habría ninguna afectación ambiental importante al DMI si se adelanta la construcción de la carretera.

El documento se basaba en una visita técnica al predio realizada en junio de 2022; sin embargo, este no hacía ninguna mención relacionada con el acueducto comunitario, por lo que en marzo Cañabrava envió otro derecho de petición y en abril decidió convocar a una marcha, a la que, según Ramírez, asistieron unas mil personas.

Según le explicó Smurfit Kappa a El Espectador, lo que la empresa solicitó para la construcción de la vía, específicamente, fue un permiso de aprovechamiento de 372 árboles distribuidos en 545 metros lineales, que se encuentran en el trazo de la vía a construir; así como la “ocupación temporal de cauces”.

De acuerdo con lo que la empresa le dijo a El Espectador, la obra garantizaría que los vehículos y las personas que transiten por el sitio no tengan contacto con el recurso hídrico. También le propusieron a la Corporación que, en compensación, concedería dos de las hectáreas que hacen parte de su plantación forestal al área de bosque natural para ampliar “las franjas de protección de fuentes hídricas existentes”.

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En abril, la Carder le solicitó a la empresa nueva información para continuar revisando el proceso en sus oficinas.

El futuro de la vía

Hoy, después de meses de tensiones, Gómez afirma que las condiciones de sequía, así como un posible fenómeno de El Niño, no son aptas para erradicar ese bosque, así sea plantado. “Si bien es cierto que ellos hace décadas sembraron con el propósito de aprovecharlo, hoy las condiciones en las que está el planeta nos obligan a replantear las circunstancias”.

Gómez se basa en que “en materia ambiental no existen preexistencias: si usted tiene un permiso o licencia y las condiciones del suelo o del clima se modifican, ese permiso debe tener esas valoraciones y hacer los ajustes o negarlo si es el caso”.

“Teniendo en cuenta las condiciones climáticas, permitir el aprovechamiento de hectáreas sobre una cuenca de abastecimiento regional, como en el caso de la Cristalina, nos pondría en circunstancias difíciles para asegurar la sostenibilidad de ese recurso hídrico”, agrega.

Por su parte, Smurfit Kappa, defiende su derecho para hacer aprovechamiento de su plantación forestal y espera que le otorguen los permisos. Para la compañía, su plantación es comercial, y eso quiere decir que “fue establecida por la mano del hombre, con fines comerciales, para ser aprovechada”. Por esa razón, no está de acuerdo en que consideren “una plantación forestal como un bosque natural o nativo”.

“Las plantaciones forestales no tienen fecha de vencimiento y le dan la facultad al propietario de hacer su aprovechamiento en el tiempo que considere adecuado”, apunta.

En el colectivo Cañabrava, creen, por otra parte, que como el predio no se ha intervenido en décadas, no debe ser categorizado como una plantación forestal, sino “como un predio de protección y conservación”, agrega Ramírez.

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El acueducto comunitario de Santa Ana

Por el momento, Cañabrava envió una petición a la Procuraduría Ambiental y Agraria de Pereira y la Defensoría del Pueblo en la que solicita que se niegue el permiso o la autorización de aprovechamiento del bosque y de ocupación del cauce, que pidió la empresa para construir la carretera. La Procuraduría reenvió la solicitud a la Carder. Aún están la espera de respuestas.

El futuro de la carretera no es el único en “veremos”; el del acueducto también. Neifer Taba Cañas, representante legal de la Asociación de Usuarios Acueducto Santa Ana, que está a cargo del acueducto, recibió, unos días después de la marcha que Cañabrava convocó en abril, un requerimiento por parte de la Carder para construir una nueva bocatoma, pues, debido a un posible fenómeno de El Niño, no pueden seguir aumentando el caudal en la quebrada actual.

La Asociación pasó la respectiva solicitud de ocupación de otro cauce para una nueva bocatoma y, por ahora, esperan a que la Carder la acepte. Esta nueva bocatoma permitiría un aumento del caudal y funcionaría en conjunto con la bocatoma actual, por lo que, explica Taba Cañas, no habría forma en que la construcción de la carretera no afecte al acueducto.

Lo que le preocupa son los recursos con los que construirían la nueva bocatoma en caso de ser aceptada la solicitud en la Carder. Según Taba Cañas, Smurfit Kappa se ha ofrecido a apoyar con recursos al acueducto.

De hecho, la empresa cuenta con el programa Gestión del Recurso Hídrico, que hace parte de la Fundación Smurfit Kappa, con el que buscan fortalecer y acompañar las Organizaciones de Base que administran y gestionan el agua en zonas rurales. Resaltan que hay 213 bocatomas de acueductos comunitarios funcionando en los predios de bosque natural que tienen en el eje cafetero.

Por ahora, la Asociación de Santa Ana se niega a aceptar el apoyo.

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