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En 2011, Andrea Crosta, un asesor de seguridad italiano, recorría Kenia con Ali Mohamed Gedi, un ex primer ministro de Somalia. Un día, mientras acompañaba a una patrulla de guardabosques a hacer sus rondas, se encontró con una escena dantesca: un grupo de elefantes había sido masacrado con rifles Ak-47 para extirparles los colmillos y venderlos en el mercado del marfil.
Por esa época, era un evento común: durante la crisis de caza furtiva de elefantes en la segunda década del milenio, decenas de miles fueron asesinados por sus colmillos. La escena, sin embargo, marcó a Crosta, quien empezó a investigar el tema junto a un colega israelí llamado Nir Kalron. Pronto, escucharon que organizaciones terroristas como al-Shabaab, un grupo somalí conectado con al-Qaeda, usaban el tráfico ilegal de marfil para financiarse. Durante 18 meses, Crosta y Kalron investigaron las conexiones entre las matanzas de elefantes y las bandas criminales del este africano. Hallaron que no solo al-Shabaab usaba la venta de los colmillos para costear sus ataques terroristas: el Ejército de Resistencia del Señor de Joseph Kony, en Uganda, y el ejército paramilitar Yanyauid, en Sudán también aprovechaban la caza furtiva para sostener a sus combatientes. La investigación recibió críticas por su metodología y enfoque, pero contribuyó a la prohibición definitiva del comercio de marfil por parte del gobierno chino en 2017.
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Para Crosta, los resultados incluyeron una epifanía. De niño, siempre había amado a los animales. Creció con un loro, tortugas, un acuario, un gato y una pitón en su cuarto. Estudió zoología y trabajó en un centro de reproducción de especies amenazadas hasta que se les acabaron los fondos para pagarle. Luego de graduarse, fundó una compañía de internet, fue fugazmente millonario y finalmente recaló en el área de seguridad tecnológica y servicios de inteligencia que lo llevó a África. La investigación del tráfico de marfil le demostró que había un espacio para unir su trabajo actual y su vieja pasión.
Los crímenes ambientales son la tercera actividad ilícita más lucrativa del mundo, de acuerdo con Interpol. Anualmente, se estima que mueven $280.000 millones de dólares, un poco más del producto interno bruto de un país como Portugal. El tráfico ilegal de especies representa aproximadamente $20.000 millones de dólares de ese total, más de lo que se destinó para inversión en el presupuesto anual del Gobierno colombiano en 2023. A pesar de esas cifras, «nadie invierte en inteligencia», me dijo Crosta. «Se invierten cientos de millones de dólares en la lucha contra la caza furtiva, concientización y promoción, pero nadie hace inteligencia, porque es muy complicado, muy difícil. Por eso estamos perdiendo esta guerra».
Hace casi una década, Crosta creó Earth League International (ELI), una organización no gubernamental cuyo objetivo era remediar ese problema. ELI usa agentes encubiertos para infiltrar organizaciones involucradas en crímenes ambientales. Las operaciones pueden tardar años. En Bolivia y Surinam, ELI descubrió varias organizaciones criminales transnacionales que envían ilegalmente colmillos y otras partes de jaguar a China, donde se venden como objetos de lujo o ingredientes para remedios de la medicina tradicional; en México y Estados Unidos, ayudaron a las autoridades locales a identificar traficantes de bazo de totoaba, un pez cuya pesca indiscriminada ha llevado a la casi extinción de la vaquita marina (el órgano también se usa en la medicina tradicional china para una u otra cosa); y en Colombia y otros países, investigan la venta ilícita de aletas de tiburón. «Es una CIA para el planeta», me dijo.
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Durante los últimos años, Crosta se percató de otro dato importante: gran parte de las organizaciones involucradas en el tráfico ilegal de especies no se limitaban a ese negocio. En lugares como Surinam, las bandas criminales a cargo de la compra y venta de partes de jaguar también lavaban dinero y estaban involucradas en la minería ilegal de oro y en el tráfico de madera y personas. En otros lugares, los negocios convergentes incluían la cocaína, las metanfetaminas, el opio, la marihuana y el contrabando.
ELI ha hecho todo lo posible por publicitar esa convergencia. La mayoría de los países del mundo no se toman en serio el tráfico ilegal de especies o los crímenes asociados a la naturaleza. Las fuerzas policiales gastan alrededor de $100.000 millones de dólares al año en la lucha contra las drogas. Los recursos para combatir el tráfico de especies, por su parte, reciben menos de $1.000 millones.
En Colombia, la Unidad Investigativa de Delitos Ambientales de la Policía Nacional cuenta con apenas un puñado de agentes. Los detectives han identificado redes criminales y arrestado a algunas de las personas involucradas, pero, en muchos casos, los jueces tampoco se toman en serio los delitos ambientales, me dijo uno de ellos. Las penas suelen ser risibles y rara vez se ejecutan, un común denominador a nivel mundial.
Más allá del sufrimiento individual de cada ser, el tráfico de especies causa graves daños a los ecosistemas, perjudica los intereses económicos privados y menoscaba financiera, política y socialmente a los estados, como afirma un reciente informe de la ONU. Organizaciones como ELI no deberían existir. Es una suerte que personas como Crosta dediquen sus vidas a detener los crímenes ambientales, pero lo cierto es que esta es una labor de los Estados. Ojalá el gobierno Petro, que tanto se ha ufanado de su deseo de proteger el medioambiente, lidere el camino en este tema.
Santiago Wills es un escritor y periodista bogotano. Ha sido tres veces ganador del Premio Simón Bolívar y finalista de varios premios internacionales de crónica. Jaguar (Literatura Randomhouse 2022), su primera novela, fue semifinalista del Premio Herralde.