A finales de noviembre pasado la organización ecologista Greenpeace denunció que cientos de balsas con mineros irregulares avanzaban por el río Madeira, uno de los más importantes de la Amazonía brasileña, con la intención de extraer oro. Habían sido atraídos por un reciente hallazgo que se había comentado en esa zona, a poco más de 110 kilómetros de Manaos, la capital del estado Amazonas del país. El hecho ilustra lo que la Interpol y El Instituto Igarapé, un think tank brasileño, han llamado en un documento recién publicado, una nueva fiebre del oro, motivada por los aumentos en su precio internacional durante los últimos 20 años.
El informe fue denominado “Guía práctica para combatir los delitos ambientales” y se centra en Colombia, Perú y Brasil, los tres países más grandes de la Cuenca Amazónica. “Este estudio ofrece una guía práctica para que las autoridades de protección ambiental, de control y de justicia competentes, logren un mejor entendimiento sobre el alcance y la escala del desafío”, dice en su introducción el documento. Ambas organizaciones examinan y presentan una lista de 12 medidas que están siendo aplicadas en las tres naciones “para que las autoridades de protección ambiental, de control y de justicia aprendan las unas de las otras, cooperen y coordinen actividades dentro y entre países”.
Por supuesto, las condiciones de Colombia, Brasil y Perú difieren entre sí. Por ejemplo, mientras en Colombia el sector minero representa el 2% del PIB nacional, centrando esa producción en regiones como Antioquia, Chocó y Bolívar (no amazónicas), en Perú el sector minero representa el 10% del PIB, emplea a unas 212 mil personas y tiene una parte significativa de la industria extractiva en el Amazonas. Las tres naciones, sin embargo y según el informe, comparten una tendencia: la minería ilegal de pequeña escala se ha ido expandiendo en sus regiones amazónicas durante los últimos años.
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En Brasil, por ejemplo, se han identificado 2.576 sitios de minería ilegal dentro de su Amazonía, la mayoría de ellos vinculados al oro. En Colombia, dice el documento, la extracción de oro de aluvión en pequeña escala se ha expandido principalmente en los ríos Caquetá, Putumayo, Cotuhé y Amazonas. “A medida que la fiebre del oro del siglo XXI se despliega más profundamente en las áreas forestales, e invade las áreas de conservación y los territorios indígenas, se plantea un serio desafío a los gobiernos nacionales en lo concerniente a la prevención del delito y la aplicación de la ley”.
La lucha contra este fenómeno es crucial si estos países quieren cumplir con sus compromisos globales en materia ambiental y de desarrollo sostenible, en virtud del Acuerdo de París y la Agenda 2030.
¿Cómo están luchando?
La Interpol y el Igarapé señalan que “los tres países han adoptado una combinación de medidas de prevención, inteligencia, investigación y control, así como diferentes tipos de sanciones administrativas, civiles o penales en los últimos años”. La incautación y destrucción de maquinaria utilizada en la minería ilegal es una constante y los operativos, mas o menos recurrentes, demuestran para estas instituciones que hay una conciencia mayor respecto al tema. Sin embargo, dice el informe, “hay evidencias de que el impacto general de estas intervenciones es aún comparativamente limitado”.
Los tres Estados han desplegado medidas como la creación de marcos jurídicos y administrativos para la prevención y el desmantelamiento de la minería de oro en áreas forestales, sin embargo, el informe señala que la reglamentación minera en los tres países ha estado históricamente “orientada para la promoción de inversiones en minería, con poca preocupación por las especificidades de las actividades de extracción de oro en pequeña escala en la Amazonía y sus impactos socioambientales”. Esos vacíos que son llamados en el documento “deficiencias legales” tienen como consecuencia el “fracaso” de la protección del ambiente y la prevención de la deforestación.
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En cuanto al uso del mercurio, el método preferido empleado en la minería de oro en pequeña escala en todo el mundo, el informe señala a Colombia como un “un referente de acciones” y “una importante fuente de aprendizaje para los otros países en la región amazónica”. Se reseñan medidas como la ley No. 1658 de 2013 sobre el uso y la comercialización de mercurio en todas las actividades industriales, mediante la cual el país se fijó la meta de erradicar el uso de mercurio en las operaciones mineras en cinco años, sin embargo, el mercurio se sigue usando en algunas regiones.
“Un desafío pendiente es, por ejemplo, ampliar los poderes de la fuerza pública para incautar el mercurio y así evitar que llegue a los puntos críticos de la minería ilegal”, dicen la Interpol y el Igarapé. Determinaciones como el registro y rastreo de maquinaria pesada, componente clave de la minería de oro en pequeña escala en la Amazonía, la trazabilidad y la certificación del oro o la cooperación internacional son también analizadas en el documento.
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Estos esfuerzos, si bien demuestran según el informe, “una mayor conciencia y voluntad política para luchar contra la minería ilegal como piedra angular de sus cada vez más entrelazadas agendas de desarrollo sostenible y seguridad”, tienen mucho que afinar si quieren tener impactos certeros y duraderos. Algunos de esos retos son por ejemplo una una mayor cooperación entre las agencias gubernamentales y una mayor cooperación entre las agencias gubernamentales y los expertos dentro de los países.
“Se necesitan políticas e incentivos de mercado más sólidos para orientar la transformación general del sector de la pequeña minería hacia paradigmas más sostenibles y responsables. Esto es crítico en el contexto de la Amazonía”, dice ya en sus apartados finales el informe.