La fórmula para frenar la deforestación que los gobiernos siguen ignorando

Mientras el presidente Juan Manuel Santos ampliaba a 4’268.095 hectáreas el Parque Nacional Chiribiquete, la organización Global Forest Watch hacía públicas las cifras de deforestación mundial para 2017. El informe reveló que el año pasado se deforestaron casi 15,7 millones de hectáreas de árboles en todo el mundo, convirtiéndolo así en el segundo peor año para las selvas, sólo superado por el 2016. (Lea también: Además de declararlo Patrimonio, amplían el Chiribiquete al tamaño de Dinamarca)

La pregunta sobre cómo frenar esa deforestación ha sido respondida en todo el mundo, tal como lo ha hecho el gobierno colombiano: ampliando áreas protegidas bajo estrictas figuras de conservación. Por eso, la noticia sobre el Chiribiquete fue recibida como un paso contundente para alejarnos de la pérdida de bosques.

Sin embargo, dos informes recientes indican que las figuras de conservación “pura” tal vez no son la forma más efectiva para frenar la deforestación rampante que viene extendiéndose por todo el globo. De hecho, la ampliación de parques naturales ha generado 34 conflictos en 21 países desde 2014.

Estos conflictos, señala el primero de los informes, titulado “Acorralados por las áreas protegidas” y coescrito por la ONG Rights and Resources Iniciative, surgen por el afán de crear y agrandar parques “prístinos”, que ignora una realidad: entre el 50 y el 80 % de las áreas protegidas del mundo se superponen con territorios indígenas y el 40 % de los pobres extremos del mundo viven en bosques tropicales o sabanas, de acuerdo con el segundo informe, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Muchos se preguntarán si realmente existe una relación directa entre invertir en comunidades que dependen de los bosques y la conservación de los mismos. La respuesta, de acuerdo con el informe de la FAO, es un contundente sí: el 20 % de los ingresos de estas comunidades dependen de los bosques, por eso “invertir en estos agentes de cambio —los vulnerables, los indígenas, los campesinos y las mujeres y jóvenes pobres y rurales— multiplicará el emprendimiento y el manejo sostenible de los bosques”.

¿Cómo? Muy sencillo: está demostrado que los mejores gestores del bosque son quienes dependen de él. El informe Acorralados por las áreas protegidas analizó datos de todos los países con bosque tropical y llegó a la conclusión de que las áreas manejadas por indígenas y comunidades locales tienen una tasa de deforestación 50 % menor a cualquier otro tipo de área. Además, en Asia y América Latina tienen tasas de incendios inferiores a las de las áreas estrictamente protegidas.

“Ellos están cumpliendo al menos las mismas metas de conservación con una fracción del presupuesto mundial para áreas protegidas, lo que en últimas significa que invertir en estas comunidades es la forma más eficiente de invertir en la protección de los bosques”, escribió Victoria Tauli-Corpuz, la relatora especial de la ONU para los derechos indígenas.

Pero la realidad es bien distinta. Las investigadoras a cargo del estudio descubrieron que la mayor parte del dinero para conservar bosques se queda flotando sobre las áreas protegidas. Por ejemplo, tras estudiar a dónde fueron a parar los US$1.070 millones que llegaron desde 43 entidades para proteger la Amazonia entre 2013 y 2015, se dieron cuenta de que sólo el 11 % fue invertido en comunidades indígenas y el 6 % en promover iniciativas para mejorar la vida de los pobladores locales. (Lea acá: Deforestación se duplicó en Amazonía)

“Las presiones para crear más y más grandes parques y áreas de conservación simplemente exacerban la brecha de financiación existente y la continuación de una situación injusta”, escribió Tauli-Corpuz.

Para solucionar esa situación, la FAO da una idea: dejar de tratar la conservación de los bosques como un problema exclusivo del Ministerio de Ambiente y convertirlo en política de los ministerios de Agricultura. No hacerlo aumentaría los riesgos de millones de personas de caer en la pobreza, la inseguridad alimentaria y la pérdida de formas de vida. Y, por supuesto, seguiría diezmando, tronco a tronco, a nuestros mejores aliados contra el cambio climático.

Mientras el presidente Juan Manuel Santos ampliaba a 4’268.095 hectáreas el Parque Nacional Chiribiquete, la organización Global Forest Watch hacía públicas las cifras de deforestación mundial para 2017. El informe reveló que el año pasado se deforestaron casi 15,7 millones de hectáreas de árboles en todo el mundo, convirtiéndolo así en el segundo peor año para las selvas, sólo superado por el 2016. (Lea también: Además de declararlo Patrimonio, amplían el Chiribiquete al tamaño de Dinamarca)

La pregunta sobre cómo frenar esa deforestación ha sido respondida en todo el mundo, tal como lo ha hecho el gobierno colombiano: ampliando áreas protegidas bajo estrictas figuras de conservación. Por eso, la noticia sobre el Chiribiquete fue recibida como un paso contundente para alejarnos de la pérdida de bosques.

Sin embargo, dos informes recientes indican que las figuras de conservación “pura” tal vez no son la forma más efectiva para frenar la deforestación rampante que viene extendiéndose por todo el globo. De hecho, la ampliación de parques naturales ha generado 34 conflictos en 21 países desde 2014.

Estos conflictos, señala el primero de los informes, titulado “Acorralados por las áreas protegidas” y coescrito por la ONG Rights and Resources Iniciative, surgen por el afán de crear y agrandar parques “prístinos”, que ignora una realidad: entre el 50 y el 80 % de las áreas protegidas del mundo se superponen con territorios indígenas y el 40 % de los pobres extremos del mundo viven en bosques tropicales o sabanas, de acuerdo con el segundo informe, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Muchos se preguntarán si realmente existe una relación directa entre invertir en comunidades que dependen de los bosques y la conservación de los mismos. La respuesta, de acuerdo con el informe de la FAO, es un contundente sí: el 20 % de los ingresos de estas comunidades dependen de los bosques, por eso “invertir en estos agentes de cambio —los vulnerables, los indígenas, los campesinos y las mujeres y jóvenes pobres y rurales— multiplicará el emprendimiento y el manejo sostenible de los bosques”.

¿Cómo? Muy sencillo: está demostrado que los mejores gestores del bosque son quienes dependen de él. El informe Acorralados por las áreas protegidas analizó datos de todos los países con bosque tropical y llegó a la conclusión de que las áreas manejadas por indígenas y comunidades locales tienen una tasa de deforestación 50 % menor a cualquier otro tipo de área. Además, en Asia y América Latina tienen tasas de incendios inferiores a las de las áreas estrictamente protegidas.

“Ellos están cumpliendo al menos las mismas metas de conservación con una fracción del presupuesto mundial para áreas protegidas, lo que en últimas significa que invertir en estas comunidades es la forma más eficiente de invertir en la protección de los bosques”, escribió Victoria Tauli-Corpuz, la relatora especial de la ONU para los derechos indígenas.

Pero la realidad es bien distinta. Las investigadoras a cargo del estudio descubrieron que la mayor parte del dinero para conservar bosques se queda flotando sobre las áreas protegidas. Por ejemplo, tras estudiar a dónde fueron a parar los US$1.070 millones que llegaron desde 43 entidades para proteger la Amazonia entre 2013 y 2015, se dieron cuenta de que sólo el 11 % fue invertido en comunidades indígenas y el 6 % en promover iniciativas para mejorar la vida de los pobladores locales. (Lea acá: Deforestación se duplicó en Amazonía)

“Las presiones para crear más y más grandes parques y áreas de conservación simplemente exacerban la brecha de financiación existente y la continuación de una situación injusta”, escribió Tauli-Corpuz.

Para solucionar esa situación, la FAO da una idea: dejar de tratar la conservación de los bosques como un problema exclusivo del Ministerio de Ambiente y convertirlo en política de los ministerios de Agricultura. No hacerlo aumentaría los riesgos de millones de personas de caer en la pobreza, la inseguridad alimentaria y la pérdida de formas de vida. Y, por supuesto, seguiría diezmando, tronco a tronco, a nuestros mejores aliados contra el cambio climático.