La JEP reconoce que la naturaleza es víctima del conflicto

“¿Por qué la gente separa la naturaleza de lo humano? La concepción de los pueblos étnicos es que el territorio es inseparable de las personas. Queremos fortalecer una línea de pensamiento que nos permita entender que todos los seres vivos, no solo los seres humanos, tienen la posibilidad de existir”. Así, Belkis Izquierdo, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y mujer del pueblo Arhuaco, comienza a hablar sobre el “Caso 002- situación territorial de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño)”, uno de los macrocasos que se adelanta en la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Desde hace dos años, la magistrada Izquierdo, investiga una serie de conductas, entre las que se pueden encontrar desplazamiento, asesinato, munición sin explotar, violencia sexual, tortura, reclutamiento forzado y confinamiento, que le sucedieron a los pueblos afrocolombianas, indígenas, comunidades campesinas y otros grupos poblacionales (mujeres, LGTBI), presuntamente cometidos por las FARC-EP y la Fuerza Pública principalmente, entre el 1 de enero de 1990 y el 1 de diciembre de 2016.

Este caso tiene algo de especial porque entre las conductas que investigan se incluyeron los “daños socio-ambientales y territoriales” que sucedieron en los tres municipios priorizados del Caso 002, en los territorios de consejos comunitarios afrodescendientes y resguardos indígenas de los pueblos Awá y Eperara Siapiadaara. “Las comunidades tienen derecho a la protección de la naturaleza, al agua, a la seguridad alimentaria, a los recursos naturales (...) Se reconocen las profundas interrelaciones de los pueblos indígenas, comunidades negras y locales con el territorio y los recursos naturales. Concretamente, mediante la protección especial de ríos, bosques, fuentes de alimento, medio ambiente y biodiversidad”, dicen los autos que los reconocen como víctimas, y de paso a la naturaleza de la que dependen.

Son los territorios de los pueblos étnicos los que desde noviembre del año pasado están acreditadas como víctimas. Nunca antes una piedra sagrada, un chorro de agua o un pedazo de bosque había sido considerado víctima. Mejor dicho, la justicia transicional reconoció por primera vez que la naturaleza no es solo el escenario de la guerra, sino una más de sus damnificadas.

La decisión es apenas lógica. Según un estudio de Conservación Internacional publicado en 2009, el 90 % de los conflictos armados entre 1950 y el 2000 tuvieron lugar en lugares críticos para la biodiversidad. Por ejemplo, según datos de la Cruz Roja, el Parque Nacional Gorongosa (Mozambique), que fue escenario de una guerra civil de 15 años, perdió el 90 % de la población de animales. Al empezar la guerra, los búfalos eran 14.000. Para cuando terminó, quedaban 100. Los soldados se alimentaban de su carne y el marfil de sus colmillos se vendía o cambiaba por armas y municiones.

El caso 002 no es distinto. De acuerdo con el Atlas socioambiental de las cuencas transfronterizas Mira y Mataje, publicado en 2018 por WWF y la MacArthur Foundation, en la cuenca del río Mira y Mataje, que comparten el pueblo awá y comunidades afros, hay más de 500.000 hectáreas de bosque de niebla, 73.000 de páramo y unas 16.000 de manglares que hacen de sala cuna para peces, caracoles y almejas.

También allí, la minería ilegal y los cultivos ilícitos han sido el combustible del conflicto. Según ¡Pacifista!, tan solo en Tumaco se extrajeron 587 kilos de oro provenientes en su totalidad de barequeros registrados (4.128 para el 2017 y 487 para febrero de 2018). En cuanto a cultivos de uso ilícito, según Naciones Unidas, entre 2014 y 2015 se talaron 27.000 hectáreas de bosques naturales para establecer cultivos de coca.

Las voladuras de oleoductos, por otro lado, han dejado miles de familias damnificadas y ríos con petróleo que tardará muchos años en descomponerse. Entre 1976 y 2015 hubo ocho derrames de crudo importantes, pero tal vez el más recordado es la voladura del oleoducto Transandino en junio de 2015, cuando las Farc derramaron 410.000 galones de crudo a las quebradas Pianuló y Guisa, que llegaron al río Mira y dejaron a 160.000 personas sin agua y a cientos de especies embarradas de crudo. Otras voladuras cerca del río Putumayo y Cuembí (Putumayo) han tenido el mismo desenlace.

Para los Awá el territorio, la víctima es el “Katsa Su”, el territorio que está vivo, la fuente de su buen vivir. “Los sitios sagrados y plantas medicinales brindan aliento, orientación y sostenimiento a los awás. No hay una separación entre lo material y lo cultural (…) Todo lo vivo es sagrado, no solo los seres humanos; también los cerros, las cuevas, el agua, las casas, las plantas y los animales tienen agencia”.

Las consecuencias de la guerra, para los awás, no paran en el daño ocasionado a las personas: con la explosión de una mina, la entrada de mercurio a un río o la tala de un árbol desaparecen encantos, espíritus protectores, padres y madres espirituales, y eso tiene efecto en la vida física de los humanos.

Adicionalmente, según reza el auto que declaró como víctima al Katsa Su, muchos de los hechos victimizantes que se investigan demuestran patrones de discriminación que se dieron en el marco de la defensa de los ríos, el territorio, los animales, el mar, el manglar, la montaña, los sitios sagrados y las personas.

Ahora, ¿cómo tendrá una salida jurídica esta decisión? ¿Cómo se le garantizará a la naturaleza y el territorio sus derechos a la “verdad, reparación y no repetición”? ¿Cómo cualesquiera otras víctimas? “Continuamos recepcionando información que permita avanzar en el esclarecimiento de la verdad. Por ahora, los comparecientes (victimarios) deben dar sus versiones voluntarias y se continuará en la investigación. El ambiente y el territorio es fundamental en la cosmovisión de estos pueblos, porque para ellos la montaña está viva, el río está vivo. La naturaleza es el único medio en que los pueblos pueden permanecer como pueblos física, cultural y espiritualmente”, explica la magistrada Izquierdo.

Después de que los comparecientes den sus versiones, las víctimas pueden ampliar sus informes y hacer demandas de verdad a los victimarios (o sea, enviar preguntas sobre qué pasó en sus territorios) y proponer formas de reparación acorde a sus realidades –dado que la JEP no tiene competencia para las reparaciones administrativas– que, para este caso, puede ser reforestación, desminado de los lugares cercanos a sus sitios sagrados, limpiar los ríos, ubicación de fosas, entre otras.

“Si dejáramos por fuera una categoría tan importante como la del papel del medio ambiente en el conflicto en un escenario de crisis climática no va a haber otro momento”, concluye la magistrada.

*Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador.

“¿Por qué la gente separa la naturaleza de lo humano? La concepción de los pueblos étnicos es que el territorio es inseparable de las personas. Queremos fortalecer una línea de pensamiento que nos permita entender que todos los seres vivos, no solo los seres humanos, tienen la posibilidad de existir”. Así, Belkis Izquierdo, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y mujer del pueblo Arhuaco, comienza a hablar sobre el “Caso 002- situación territorial de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño)”, uno de los macrocasos que se adelanta en la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Desde hace dos años, la magistrada Izquierdo, investiga una serie de conductas, entre las que se pueden encontrar desplazamiento, asesinato, munición sin explotar, violencia sexual, tortura, reclutamiento forzado y confinamiento, que le sucedieron a los pueblos afrocolombianas, indígenas, comunidades campesinas y otros grupos poblacionales (mujeres, LGTBI), presuntamente cometidos por las FARC-EP y la Fuerza Pública principalmente, entre el 1 de enero de 1990 y el 1 de diciembre de 2016.

Este caso tiene algo de especial porque entre las conductas que investigan se incluyeron los “daños socio-ambientales y territoriales” que sucedieron en los tres municipios priorizados del Caso 002, en los territorios de consejos comunitarios afrodescendientes y resguardos indígenas de los pueblos Awá y Eperara Siapiadaara. “Las comunidades tienen derecho a la protección de la naturaleza, al agua, a la seguridad alimentaria, a los recursos naturales (...) Se reconocen las profundas interrelaciones de los pueblos indígenas, comunidades negras y locales con el territorio y los recursos naturales. Concretamente, mediante la protección especial de ríos, bosques, fuentes de alimento, medio ambiente y biodiversidad”, dicen los autos que los reconocen como víctimas, y de paso a la naturaleza de la que dependen.

Son los territorios de los pueblos étnicos los que desde noviembre del año pasado están acreditadas como víctimas. Nunca antes una piedra sagrada, un chorro de agua o un pedazo de bosque había sido considerado víctima. Mejor dicho, la justicia transicional reconoció por primera vez que la naturaleza no es solo el escenario de la guerra, sino una más de sus damnificadas.

La decisión es apenas lógica. Según un estudio de Conservación Internacional publicado en 2009, el 90 % de los conflictos armados entre 1950 y el 2000 tuvieron lugar en lugares críticos para la biodiversidad. Por ejemplo, según datos de la Cruz Roja, el Parque Nacional Gorongosa (Mozambique), que fue escenario de una guerra civil de 15 años, perdió el 90 % de la población de animales. Al empezar la guerra, los búfalos eran 14.000. Para cuando terminó, quedaban 100. Los soldados se alimentaban de su carne y el marfil de sus colmillos se vendía o cambiaba por armas y municiones.

El caso 002 no es distinto. De acuerdo con el Atlas socioambiental de las cuencas transfronterizas Mira y Mataje, publicado en 2018 por WWF y la MacArthur Foundation, en la cuenca del río Mira y Mataje, que comparten el pueblo awá y comunidades afros, hay más de 500.000 hectáreas de bosque de niebla, 73.000 de páramo y unas 16.000 de manglares que hacen de sala cuna para peces, caracoles y almejas.

También allí, la minería ilegal y los cultivos ilícitos han sido el combustible del conflicto. Según ¡Pacifista!, tan solo en Tumaco se extrajeron 587 kilos de oro provenientes en su totalidad de barequeros registrados (4.128 para el 2017 y 487 para febrero de 2018). En cuanto a cultivos de uso ilícito, según Naciones Unidas, entre 2014 y 2015 se talaron 27.000 hectáreas de bosques naturales para establecer cultivos de coca.

Las voladuras de oleoductos, por otro lado, han dejado miles de familias damnificadas y ríos con petróleo que tardará muchos años en descomponerse. Entre 1976 y 2015 hubo ocho derrames de crudo importantes, pero tal vez el más recordado es la voladura del oleoducto Transandino en junio de 2015, cuando las Farc derramaron 410.000 galones de crudo a las quebradas Pianuló y Guisa, que llegaron al río Mira y dejaron a 160.000 personas sin agua y a cientos de especies embarradas de crudo. Otras voladuras cerca del río Putumayo y Cuembí (Putumayo) han tenido el mismo desenlace.

Para los Awá el territorio, la víctima es el “Katsa Su”, el territorio que está vivo, la fuente de su buen vivir. “Los sitios sagrados y plantas medicinales brindan aliento, orientación y sostenimiento a los awás. No hay una separación entre lo material y lo cultural (…) Todo lo vivo es sagrado, no solo los seres humanos; también los cerros, las cuevas, el agua, las casas, las plantas y los animales tienen agencia”.

Las consecuencias de la guerra, para los awás, no paran en el daño ocasionado a las personas: con la explosión de una mina, la entrada de mercurio a un río o la tala de un árbol desaparecen encantos, espíritus protectores, padres y madres espirituales, y eso tiene efecto en la vida física de los humanos.

Adicionalmente, según reza el auto que declaró como víctima al Katsa Su, muchos de los hechos victimizantes que se investigan demuestran patrones de discriminación que se dieron en el marco de la defensa de los ríos, el territorio, los animales, el mar, el manglar, la montaña, los sitios sagrados y las personas.

Ahora, ¿cómo tendrá una salida jurídica esta decisión? ¿Cómo se le garantizará a la naturaleza y el territorio sus derechos a la “verdad, reparación y no repetición”? ¿Cómo cualesquiera otras víctimas? “Continuamos recepcionando información que permita avanzar en el esclarecimiento de la verdad. Por ahora, los comparecientes (victimarios) deben dar sus versiones voluntarias y se continuará en la investigación. El ambiente y el territorio es fundamental en la cosmovisión de estos pueblos, porque para ellos la montaña está viva, el río está vivo. La naturaleza es el único medio en que los pueblos pueden permanecer como pueblos física, cultural y espiritualmente”, explica la magistrada Izquierdo.

Después de que los comparecientes den sus versiones, las víctimas pueden ampliar sus informes y hacer demandas de verdad a los victimarios (o sea, enviar preguntas sobre qué pasó en sus territorios) y proponer formas de reparación acorde a sus realidades –dado que la JEP no tiene competencia para las reparaciones administrativas– que, para este caso, puede ser reforestación, desminado de los lugares cercanos a sus sitios sagrados, limpiar los ríos, ubicación de fosas, entre otras.

“Si dejáramos por fuera una categoría tan importante como la del papel del medio ambiente en el conflicto en un escenario de crisis climática no va a haber otro momento”, concluye la magistrada.

*Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador.