La ley de la mínima acción climática

El pasado 14 de diciembre fue aprobado por el Congreso de la República la Ley de Acción Climática. Su trámite, que duro más o menos dos meses, deja muchos sin sabores y cuestionamientos sobre la forma cómo los legisladores y el Gobierno se imaginan los caminos para enfrentar la crisis climática y cómo esta discusión toca las fibras del país. (Puede leer: Presidente Duque sancionó Ley de Acción Climática desde la Sierra Nevada)

En los cuatro debates que tuvo que cursar el proyecto de ley hubo más de 90 proposiciones radicadas por los congresistas que buscaban, o bien hacer de esta ley ambiciosa o, por el contrario, engañar a la atmósfera, a los ecosistemas y a la ciudadanía. Entre estas últimas hubo proposiciones que buscaron redelimitar las Reservas Forestales de la Ley 2ª sin previo diálogo con comunidades, impulsar el gas en el país como único combustible para evitar la electrificación, proponer un registro de defensores ambientales para excusar la no ratificación del Acuerdo de Escazú y modificar las destinaciones específicas del impuesto al carbono, sin considerar gravar otros combustibles para que estos recursos fuesen significativos para el sector ambiental y se garanticen los recursos para la paz. (Le puede interesar: Impulsar el gas y otros posibles “micos” del proyecto de ley de acción climática)

A pesar del corto tiempo de respuesta que se tuvo por el acostumbrado mensaje de urgencia del Gobierno para acelerar la discusión del proyecto, expertos y organizaciones de la sociedad civil incidieron para evitar que las proposiciones como la de la re-delimitación o la promoción de gas no prosperaran. Sin embargo, otras proposiciones lograron escalar, por lo que el proyecto pasó de tener 21 artículos a 38, aun quedando corto para las necesidades climáticas del país. Como lo expresaron varios expertos en la audiencia de socialización del proyecto (la cual no estaba contemplada para su trámite), la ley no responde para atender los nuevos compromisos hechos por el país en el marco del Acuerdo de París y lograr medidas que garanticen justicia a las comunidades más vulnerables, que a su vez tienen el mayor reservorio de soluciones para poder hacer frente a la crisis. (Lea también: La preocupación que despertó la idea de modificar las reservas forestales)

Esto se pudo observar en la lectura del texto conciliado, recién sancionado por el presidente Duque, donde se apuesta por la creación de nuevos instrumentos, políticas y sistemas que, durante el trámite, se ven desvinculados y sin un propósito más que de tener información sin garantía de su financiamiento, desarrollo y acceso. Por otro lado, la escaza ambición del articulado en promover regulación para el mercado del carbono, donde quedaron los principales retos como la distribución equitativa de beneficios, mecanismos de denuncia ante proyectos que pueden estar sobreestimando sus resultados y el aterrizaje de lo aprobado en la última COP26 sobre el artículo 6 del Acuerdo de París, supeditados a las recomendaciones de una nueva comisión de expertos; sin aun tener respuesta de parte del Gobierno sobre las presuntas denuncias hechas por Carbon Market Watch y las comunidades sobre algunas irregularidades de los proyectos que se desarrollan en el mercado voluntario de carbono.

De igual forma, parte de lo que reflejo la discusión de la ley es la falta de coherencia y constancia del Gobierno y el Congreso respecto a su discurso climático. Mientras se aprobaba esta ley, en la pasada legislatura se aprobaron la Ley 2099 de “transición energética” y Ley 2128 de masificación de gas, las cuales lograron abrir la puerta para que el gas (siendo el causante del 30% del calentamiento global en el mundo, con un potencial 23 veces mayor que el CO2 de daño) tuviera mayor importancia en la matriz energética nacional en las próximas décadas, sin promover un avance en la transición energética que se necesita para garantizar un clima seguro tanto para las presentes como futuras generaciones. De esta forma, mientras la Ley de Acción Climática buscaba revertir algunas metas de masificación de gas, se mantuvo la apuesta para que los municipios apostaran por el gas y no la electrificación. (También puede leer: 345 mil muertes y otras 43 razones de salud para frenar el cambio climático)

De este modo, al contrastar los mensajes que llegan de espacios como la COP y las narrativas locales, se puede afirmar que el Gobierno no logrará cumplir sus metas si persiste en su falta de coherencia y miedo a la discusión. A medida que se construyen capacidades para abordar la crisis, como buscar promover la Ley de Acción Climática, son mayores los cuestionamientos a nuestras formas actuales de relacionarnos con la energía y el manejo y uso de la tierra, en un país que por años ha vivido el conflicto armado a causa de ello. No es de extrañar que, una vez lleguemos a regular el mercado de carbono, toquemos el conflicto del uso de las tierras. O, cuando el carbón y el gas sean explícitamente inviables, debamos pagar los pasivos que nos dejaron apuestas como la gran minería de carbón o fracking, gracias a leyes que simularon validar su necesidad.

Si bien a la Ley de Acción Climática no se le podía pedir solucionar todos los conflictos socioambientales alrededor del cambio climático, pudo ser estratégica y bien discutida para asumir responsabilidad y cambios claves para garantizar las metas de la NDC y estrategias a largo plazo. Sin embargo, bajo la mala maña que recientemente se ha creado de usar el mensaje de urgencia para acelerar la discusión, no hubo espacios de construcción y diálogo colectivo que garantizaran las necesidades territoriales y los derechos de las comunidades alrededor de este fenómeno. Será entonces otra oportunidad la regulación de esta ley para garantizar derechos de acceso en su construcción y evitar que quede como la ley de la mínima acción climática.

* Santiago Aldana Rivera es administrador ambiental, con especialización en gerencia de recursos naturales y en derecho ambiental. Ha tomado cursos relacionados con derechos humanos, conflictos socioambientales, crisis climática y conservación de la biodiversidad, entre otros. Tiene experiencia en asuntos legislativos y política climática internacional. Actualmente hace parte de Voces por el Clima.

El pasado 14 de diciembre fue aprobado por el Congreso de la República la Ley de Acción Climática. Su trámite, que duro más o menos dos meses, deja muchos sin sabores y cuestionamientos sobre la forma cómo los legisladores y el Gobierno se imaginan los caminos para enfrentar la crisis climática y cómo esta discusión toca las fibras del país. (Puede leer: Presidente Duque sancionó Ley de Acción Climática desde la Sierra Nevada)

En los cuatro debates que tuvo que cursar el proyecto de ley hubo más de 90 proposiciones radicadas por los congresistas que buscaban, o bien hacer de esta ley ambiciosa o, por el contrario, engañar a la atmósfera, a los ecosistemas y a la ciudadanía. Entre estas últimas hubo proposiciones que buscaron redelimitar las Reservas Forestales de la Ley 2ª sin previo diálogo con comunidades, impulsar el gas en el país como único combustible para evitar la electrificación, proponer un registro de defensores ambientales para excusar la no ratificación del Acuerdo de Escazú y modificar las destinaciones específicas del impuesto al carbono, sin considerar gravar otros combustibles para que estos recursos fuesen significativos para el sector ambiental y se garanticen los recursos para la paz. (Le puede interesar: Impulsar el gas y otros posibles “micos” del proyecto de ley de acción climática)

A pesar del corto tiempo de respuesta que se tuvo por el acostumbrado mensaje de urgencia del Gobierno para acelerar la discusión del proyecto, expertos y organizaciones de la sociedad civil incidieron para evitar que las proposiciones como la de la re-delimitación o la promoción de gas no prosperaran. Sin embargo, otras proposiciones lograron escalar, por lo que el proyecto pasó de tener 21 artículos a 38, aun quedando corto para las necesidades climáticas del país. Como lo expresaron varios expertos en la audiencia de socialización del proyecto (la cual no estaba contemplada para su trámite), la ley no responde para atender los nuevos compromisos hechos por el país en el marco del Acuerdo de París y lograr medidas que garanticen justicia a las comunidades más vulnerables, que a su vez tienen el mayor reservorio de soluciones para poder hacer frente a la crisis. (Lea también: La preocupación que despertó la idea de modificar las reservas forestales)

Esto se pudo observar en la lectura del texto conciliado, recién sancionado por el presidente Duque, donde se apuesta por la creación de nuevos instrumentos, políticas y sistemas que, durante el trámite, se ven desvinculados y sin un propósito más que de tener información sin garantía de su financiamiento, desarrollo y acceso. Por otro lado, la escaza ambición del articulado en promover regulación para el mercado del carbono, donde quedaron los principales retos como la distribución equitativa de beneficios, mecanismos de denuncia ante proyectos que pueden estar sobreestimando sus resultados y el aterrizaje de lo aprobado en la última COP26 sobre el artículo 6 del Acuerdo de París, supeditados a las recomendaciones de una nueva comisión de expertos; sin aun tener respuesta de parte del Gobierno sobre las presuntas denuncias hechas por Carbon Market Watch y las comunidades sobre algunas irregularidades de los proyectos que se desarrollan en el mercado voluntario de carbono.

De igual forma, parte de lo que reflejo la discusión de la ley es la falta de coherencia y constancia del Gobierno y el Congreso respecto a su discurso climático. Mientras se aprobaba esta ley, en la pasada legislatura se aprobaron la Ley 2099 de “transición energética” y Ley 2128 de masificación de gas, las cuales lograron abrir la puerta para que el gas (siendo el causante del 30% del calentamiento global en el mundo, con un potencial 23 veces mayor que el CO2 de daño) tuviera mayor importancia en la matriz energética nacional en las próximas décadas, sin promover un avance en la transición energética que se necesita para garantizar un clima seguro tanto para las presentes como futuras generaciones. De esta forma, mientras la Ley de Acción Climática buscaba revertir algunas metas de masificación de gas, se mantuvo la apuesta para que los municipios apostaran por el gas y no la electrificación. (También puede leer: 345 mil muertes y otras 43 razones de salud para frenar el cambio climático)

De este modo, al contrastar los mensajes que llegan de espacios como la COP y las narrativas locales, se puede afirmar que el Gobierno no logrará cumplir sus metas si persiste en su falta de coherencia y miedo a la discusión. A medida que se construyen capacidades para abordar la crisis, como buscar promover la Ley de Acción Climática, son mayores los cuestionamientos a nuestras formas actuales de relacionarnos con la energía y el manejo y uso de la tierra, en un país que por años ha vivido el conflicto armado a causa de ello. No es de extrañar que, una vez lleguemos a regular el mercado de carbono, toquemos el conflicto del uso de las tierras. O, cuando el carbón y el gas sean explícitamente inviables, debamos pagar los pasivos que nos dejaron apuestas como la gran minería de carbón o fracking, gracias a leyes que simularon validar su necesidad.

Si bien a la Ley de Acción Climática no se le podía pedir solucionar todos los conflictos socioambientales alrededor del cambio climático, pudo ser estratégica y bien discutida para asumir responsabilidad y cambios claves para garantizar las metas de la NDC y estrategias a largo plazo. Sin embargo, bajo la mala maña que recientemente se ha creado de usar el mensaje de urgencia para acelerar la discusión, no hubo espacios de construcción y diálogo colectivo que garantizaran las necesidades territoriales y los derechos de las comunidades alrededor de este fenómeno. Será entonces otra oportunidad la regulación de esta ley para garantizar derechos de acceso en su construcción y evitar que quede como la ley de la mínima acción climática.

* Santiago Aldana Rivera es administrador ambiental, con especialización en gerencia de recursos naturales y en derecho ambiental. Ha tomado cursos relacionados con derechos humanos, conflictos socioambientales, crisis climática y conservación de la biodiversidad, entre otros. Tiene experiencia en asuntos legislativos y política climática internacional. Actualmente hace parte de Voces por el Clima.