La lucha por la protección de los pueblos indígenas en aislamiento
A pesar de que en Colombia hay un decreto que busca la protección de los yurí y passé, dos pueblos en aislamiento que viven en la Amazonia, hay críticas sobre su cumplimiento y avance.
María Paula Lizarazo
Desde finales del siglo XIX se empezó a rumorear sobre la presencia de comunidades indígenas que se refugiaban en lo profundo de la Amazonia, huyendo de la colonización, los caucheros y los traficantes de pieles. Hoy se estima que en la región amazónica, el Cerrado y el Gran Chaco, habitan 185 grupos indígenas en aislamiento, pueblos que desde hace siglos resisten a todo contacto y no reconocen las fronteras modernas. De estos, en Colombia están los pueblos Yurí y Passé, de acuerdo con el Grupo de Trabajo Internacional para la Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (GTI PIACI).
Esta es una entidad formada por organizaciones y expertos que trabajan para proteger a estos pueblos de zonas remotas de Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Surinam y Paraguay. Hace unos días se realizó en Bogotá una reunión clave para avanzar en la protección de estos pueblos.
Puede ver: Perder la conexión entre los Andes y la Amazonia: un precio de la paz
En el encuentro, organizado por el GTI PIACI, estuvieron presentes el presidente del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU, el relator especial de Derechos de Pueblos Indígenas de ese mismo organismo y 19 organizaciones indígenas y de la sociedad civil. Además, por el lado del Gobierno colombiano participó la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Defensa, Parques Nacionales Naturales, la Cancillería, la Unidad de Restitución de Tierras, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, la Gobernación del Amazonas, entre otros.
Las amenazas que tienen los pueblos indígenas en aislamiento son complejas: van desde las presiones a los ecosistemas por actividades como la minería de oro en los ríos hasta los efectos del cambio climático. Según Carlos Macedo, coordinador del proyecto Plan de Contingencia para la Protección en Salud en Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables y en Contacto Inicial de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), para avanzar en su protección es clave el reconocimiento de su existencia.
Ese reconocimiento implica garantizar su libre determinación respetando un principio: el de no contacto, pues apunta a “la defensa de la autodeterminación de los pueblos indígenas. Aislarse es su resistencia, es cuidar los conocimientos tradicionales, garantizar que los biomas se mantengan. Los PIACI son quienes más saben convivir con la biodiversidad sin atacarla”, dice Atenor Vaz, del GTI.
Puede ver: La Amazonia podría llegar a su punto de no retorno en 2050, ¿se puede evitar?
¿Estancamiento?
En el caso de Colombia, el Parque Nacional Natural Río Puré se declaró en 2002 buscando no solo garantizar un área protegida más en la Amazonia, sino cuidar el territorio de los Yurí y Passé, por lo que su declaratoria fue una forma de reconocer y salvaguardar su existencia. Además, los pueblos indígenas colindantes han tenido un papel clave para su protección, especialmente los pertenecientes a las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATI): CIMTAR, AIZA, PANI, AIPEA, quienes incluso han declarado zonas intangibles en sus territorios, buscando así alejar las amenazas para fortalecer esa protección.
Algunos años después de la declaratoria del Parque, en 2018, el Decreto 1232 planteó una serie de medidas para proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento, como un sistema nacional de prevención y protección de estos pueblos y la creación de una comisión nacional, compuesta por los ministerios del Interior, Salud y Ambiente, y también por instancias indígenas como las AATI colindantes, la Opiac, la Mesa Permanente de Concertación, la Mesa Regional Amazónica (MRA) y la Comisión de Derechos Humanos. Hay críticas, sin embargo, sobre el avance del cumplimiento.
En seis años la Comisión solo ha sido convocada dos veces, en 2020 y 2021. En palabras de Juan David Ayure, abogado de derechos humanos de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), “no se han desarrollado los documentos necesarios, como el protocolo de registro y de identificación, que es el que nos puede confirmar presencia de pueblos en aislamiento”.
Puede ver: La Amazonia y una carta sobre el fin de los mundos, pero sin punto final
Según le respondió el Ministerio del Interior a El Espectador, “al ser un ejercicio de alta complejidad de concertación dadas las condiciones de realidad en las que se sitúan los pueblos de la región amazónica, además del reto que abre a las instituciones para la armonización de los sistemas de conocimiento tradicionales con los científicos occidentales, se requiere de manera previa escenarios de alistamiento y diálogo intercultural que establezcan la calidad técnica de la política”. Por esa razón, dice esa cartera, en 6 años ha habido dos encuentros.
Esos encuentros, continúa Mininterior, “han resultado en documentos administrativos como los registros de Yuri - Passé, reglamentos de las instancias, planes de acción y líneas de trabajo”. Según esa cartera, desde 2009 “se avanza en la socialización del sistema de prevención y protección de los derechos de los pueblos indígenas en Aislamiento o Estado Natural en Colombia”. Esa socialización, al parecer, se ha basado en dos objetivos, según ese ministerio: dar a conocer el decreto a las comunidades de la región Amazónica; y recolectar información narrada por los sabedores y tradicionales del territorio, “quienes aseguran un avance considerable en la investigación sobre los pueblos en Estado Natural”.
Los críticos al avance del decreto cuentan, sin embargo, otra cosa: “No se ha tomado ninguna medida al día de hoy en el marco del decreto para proteger a estos pueblos en aislamiento”, resume Ayure.
De hecho, un juez de Cundinamarca, adscrito a la Unidad de Restitución de Tierras, emitió en noviembre del año pasado una medida cautelar en la que ordenó a 21 entidades del Estado acelerar la protección de los PIACI. En resumidas cuentas, la medida le exige al Ministerio del Interior cumplir con el Decreto de 2018, convocar la Comisión Nacional, así como desarrollar el protocolo de registro e identificación. En diciembre, luego de que se diera esa orden, el Ministerio del Interior lideró una mesa técnica en la que estableció que en febrero se convocaría a un encuentro de sabedores para dar pautas para el protocolo de registro, y que en marzo se convocaría a la Comisión Nacional. Sin embargo, ninguno de los dos encuentros ha sido agendado hasta ahora. (Puede ver: Se esperaban incendios en la Amazonia, pero hay una anomalía particular)
Frente a esto último, Mininterior respondió: “(...) este espacio viene gestionándose para entrar en fases de contratación -vía licitación pública-, la operación de bolsa logística para la vigencia 2024. Una vez se adjudique el contrato en mención, y se puedan asegurar las condiciones necesarias para el encuentro de sabedores, se desarrollará de conformidad con la propuesta presentada y aprobada”. El cumplimiento del decreto, señalan desde la Opiac, es clave para evitar escenarios como el que vivió el pueblo Nukak a principios de 1990, cuando los contactos con colonos causaron una epidemia de gripe que casi los extingue.
Mientras se dan estas discusiones, hay una amenaza en particular que preocupa a la OPIAC y a los investigadores que trabajan en la región: el avance de la minería ilegal de oro. La Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro, integrada por varias organizaciones de la sociedad civil, estima que las balsas y dragones mineros pasaron de estar, en 2020, a 100 km en línea recta de los Yurí y Passé, a estar a solo 10 km en 2022, año en el que se identificaron 357 balsas y dragones, un incremento de más del 1.000 % con respecto a 2020, cuando se reportaron 25.
Esto no solamente aumenta la posibilidad de un contacto entre mineros y los Yurí y Passé, sino que incrementa el flujo de minerales como el mercurio en las aguas del río Puré y sus peces, ambos consumidos por estos pueblos. (Puede ver: El impacto del uso de plaguicidas en la Amazonía, una actividad en aumento)
Los retos regionales para la protección de los PIACI
En el encuentro que se hizo en Bogotá, se logró promover una red de asistencia técnica internacional para la formulación e implementación de políticas de prevención y protección de los derechos de los PIACI. También se insistió en que el avance en la protección de estos pueblos no puede hacerse sin una perspectiva regional, pues “ellos han estado en los territorios por miles de años, antes de la conformación de los Estados, que son un fenómeno político relativamente joven, al igual que las fronteras”, explica Darío José Mejía, presidente del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU.
Por su parte, Jose Proaño, Secretario General del GTI PIACI, celebra los avances que se han hecho en algunos países, como la designación de áreas protegidas para estos pueblos en los casos de Colombia, Perú y Ecuador, sin embargo, insiste en que avanzar en su protección sigue siendo “un desafío, teniendo en cuenta las demandas territoriales. Faltan esfuerzos para fortalecer las diferentes figuras con presupuesto de los Estados”. (Puede ver: Putumayo pone a dialogar las medicinas indígena y occidental)
Proaño es enfático en que las políticas referidas a los PIACI no deberían recaer únicamente “en una perspectiva ambiental, sino dentro de un marco de derechos humanos, garantizando los derechos de estos pueblos a su autodeterminación y a su territorio”. Y algo sobre lo que también llama la atención el Secretario del GTI es que el reconocimiento y entendimiento de lo que son los Pueblos en Contacto Inicial también está en deuda. “¿El hecho de que ‘salgan’ de la selva implica que están contactados? ¿Y si se trata solo de una parte del pueblo? Estas situaciones no son estáticas, no se puede pensar que hay una sola receta, debe ser una reflexión permanente”.
Finalmente, al tratarse de una cuestión regional, agrega Macedo, de la OTCA, tiene que haber una coordinación para el control de amenazas a los PIACI por parte de los organismos competentes de cada país. “La presencia de los Estados en la región amazónica es lo que va a impedir el avance de economías ilícitas, como la minería”.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team..
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Desde finales del siglo XIX se empezó a rumorear sobre la presencia de comunidades indígenas que se refugiaban en lo profundo de la Amazonia, huyendo de la colonización, los caucheros y los traficantes de pieles. Hoy se estima que en la región amazónica, el Cerrado y el Gran Chaco, habitan 185 grupos indígenas en aislamiento, pueblos que desde hace siglos resisten a todo contacto y no reconocen las fronteras modernas. De estos, en Colombia están los pueblos Yurí y Passé, de acuerdo con el Grupo de Trabajo Internacional para la Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (GTI PIACI).
Esta es una entidad formada por organizaciones y expertos que trabajan para proteger a estos pueblos de zonas remotas de Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Surinam y Paraguay. Hace unos días se realizó en Bogotá una reunión clave para avanzar en la protección de estos pueblos.
Puede ver: Perder la conexión entre los Andes y la Amazonia: un precio de la paz
En el encuentro, organizado por el GTI PIACI, estuvieron presentes el presidente del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU, el relator especial de Derechos de Pueblos Indígenas de ese mismo organismo y 19 organizaciones indígenas y de la sociedad civil. Además, por el lado del Gobierno colombiano participó la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Defensa, Parques Nacionales Naturales, la Cancillería, la Unidad de Restitución de Tierras, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, la Gobernación del Amazonas, entre otros.
Las amenazas que tienen los pueblos indígenas en aislamiento son complejas: van desde las presiones a los ecosistemas por actividades como la minería de oro en los ríos hasta los efectos del cambio climático. Según Carlos Macedo, coordinador del proyecto Plan de Contingencia para la Protección en Salud en Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables y en Contacto Inicial de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), para avanzar en su protección es clave el reconocimiento de su existencia.
Ese reconocimiento implica garantizar su libre determinación respetando un principio: el de no contacto, pues apunta a “la defensa de la autodeterminación de los pueblos indígenas. Aislarse es su resistencia, es cuidar los conocimientos tradicionales, garantizar que los biomas se mantengan. Los PIACI son quienes más saben convivir con la biodiversidad sin atacarla”, dice Atenor Vaz, del GTI.
Puede ver: La Amazonia podría llegar a su punto de no retorno en 2050, ¿se puede evitar?
¿Estancamiento?
En el caso de Colombia, el Parque Nacional Natural Río Puré se declaró en 2002 buscando no solo garantizar un área protegida más en la Amazonia, sino cuidar el territorio de los Yurí y Passé, por lo que su declaratoria fue una forma de reconocer y salvaguardar su existencia. Además, los pueblos indígenas colindantes han tenido un papel clave para su protección, especialmente los pertenecientes a las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATI): CIMTAR, AIZA, PANI, AIPEA, quienes incluso han declarado zonas intangibles en sus territorios, buscando así alejar las amenazas para fortalecer esa protección.
Algunos años después de la declaratoria del Parque, en 2018, el Decreto 1232 planteó una serie de medidas para proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento, como un sistema nacional de prevención y protección de estos pueblos y la creación de una comisión nacional, compuesta por los ministerios del Interior, Salud y Ambiente, y también por instancias indígenas como las AATI colindantes, la Opiac, la Mesa Permanente de Concertación, la Mesa Regional Amazónica (MRA) y la Comisión de Derechos Humanos. Hay críticas, sin embargo, sobre el avance del cumplimiento.
En seis años la Comisión solo ha sido convocada dos veces, en 2020 y 2021. En palabras de Juan David Ayure, abogado de derechos humanos de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), “no se han desarrollado los documentos necesarios, como el protocolo de registro y de identificación, que es el que nos puede confirmar presencia de pueblos en aislamiento”.
Puede ver: La Amazonia y una carta sobre el fin de los mundos, pero sin punto final
Según le respondió el Ministerio del Interior a El Espectador, “al ser un ejercicio de alta complejidad de concertación dadas las condiciones de realidad en las que se sitúan los pueblos de la región amazónica, además del reto que abre a las instituciones para la armonización de los sistemas de conocimiento tradicionales con los científicos occidentales, se requiere de manera previa escenarios de alistamiento y diálogo intercultural que establezcan la calidad técnica de la política”. Por esa razón, dice esa cartera, en 6 años ha habido dos encuentros.
Esos encuentros, continúa Mininterior, “han resultado en documentos administrativos como los registros de Yuri - Passé, reglamentos de las instancias, planes de acción y líneas de trabajo”. Según esa cartera, desde 2009 “se avanza en la socialización del sistema de prevención y protección de los derechos de los pueblos indígenas en Aislamiento o Estado Natural en Colombia”. Esa socialización, al parecer, se ha basado en dos objetivos, según ese ministerio: dar a conocer el decreto a las comunidades de la región Amazónica; y recolectar información narrada por los sabedores y tradicionales del territorio, “quienes aseguran un avance considerable en la investigación sobre los pueblos en Estado Natural”.
Los críticos al avance del decreto cuentan, sin embargo, otra cosa: “No se ha tomado ninguna medida al día de hoy en el marco del decreto para proteger a estos pueblos en aislamiento”, resume Ayure.
De hecho, un juez de Cundinamarca, adscrito a la Unidad de Restitución de Tierras, emitió en noviembre del año pasado una medida cautelar en la que ordenó a 21 entidades del Estado acelerar la protección de los PIACI. En resumidas cuentas, la medida le exige al Ministerio del Interior cumplir con el Decreto de 2018, convocar la Comisión Nacional, así como desarrollar el protocolo de registro e identificación. En diciembre, luego de que se diera esa orden, el Ministerio del Interior lideró una mesa técnica en la que estableció que en febrero se convocaría a un encuentro de sabedores para dar pautas para el protocolo de registro, y que en marzo se convocaría a la Comisión Nacional. Sin embargo, ninguno de los dos encuentros ha sido agendado hasta ahora. (Puede ver: Se esperaban incendios en la Amazonia, pero hay una anomalía particular)
Frente a esto último, Mininterior respondió: “(...) este espacio viene gestionándose para entrar en fases de contratación -vía licitación pública-, la operación de bolsa logística para la vigencia 2024. Una vez se adjudique el contrato en mención, y se puedan asegurar las condiciones necesarias para el encuentro de sabedores, se desarrollará de conformidad con la propuesta presentada y aprobada”. El cumplimiento del decreto, señalan desde la Opiac, es clave para evitar escenarios como el que vivió el pueblo Nukak a principios de 1990, cuando los contactos con colonos causaron una epidemia de gripe que casi los extingue.
Mientras se dan estas discusiones, hay una amenaza en particular que preocupa a la OPIAC y a los investigadores que trabajan en la región: el avance de la minería ilegal de oro. La Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro, integrada por varias organizaciones de la sociedad civil, estima que las balsas y dragones mineros pasaron de estar, en 2020, a 100 km en línea recta de los Yurí y Passé, a estar a solo 10 km en 2022, año en el que se identificaron 357 balsas y dragones, un incremento de más del 1.000 % con respecto a 2020, cuando se reportaron 25.
Esto no solamente aumenta la posibilidad de un contacto entre mineros y los Yurí y Passé, sino que incrementa el flujo de minerales como el mercurio en las aguas del río Puré y sus peces, ambos consumidos por estos pueblos. (Puede ver: El impacto del uso de plaguicidas en la Amazonía, una actividad en aumento)
Los retos regionales para la protección de los PIACI
En el encuentro que se hizo en Bogotá, se logró promover una red de asistencia técnica internacional para la formulación e implementación de políticas de prevención y protección de los derechos de los PIACI. También se insistió en que el avance en la protección de estos pueblos no puede hacerse sin una perspectiva regional, pues “ellos han estado en los territorios por miles de años, antes de la conformación de los Estados, que son un fenómeno político relativamente joven, al igual que las fronteras”, explica Darío José Mejía, presidente del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU.
Por su parte, Jose Proaño, Secretario General del GTI PIACI, celebra los avances que se han hecho en algunos países, como la designación de áreas protegidas para estos pueblos en los casos de Colombia, Perú y Ecuador, sin embargo, insiste en que avanzar en su protección sigue siendo “un desafío, teniendo en cuenta las demandas territoriales. Faltan esfuerzos para fortalecer las diferentes figuras con presupuesto de los Estados”. (Puede ver: Putumayo pone a dialogar las medicinas indígena y occidental)
Proaño es enfático en que las políticas referidas a los PIACI no deberían recaer únicamente “en una perspectiva ambiental, sino dentro de un marco de derechos humanos, garantizando los derechos de estos pueblos a su autodeterminación y a su territorio”. Y algo sobre lo que también llama la atención el Secretario del GTI es que el reconocimiento y entendimiento de lo que son los Pueblos en Contacto Inicial también está en deuda. “¿El hecho de que ‘salgan’ de la selva implica que están contactados? ¿Y si se trata solo de una parte del pueblo? Estas situaciones no son estáticas, no se puede pensar que hay una sola receta, debe ser una reflexión permanente”.
Finalmente, al tratarse de una cuestión regional, agrega Macedo, de la OTCA, tiene que haber una coordinación para el control de amenazas a los PIACI por parte de los organismos competentes de cada país. “La presencia de los Estados en la región amazónica es lo que va a impedir el avance de economías ilícitas, como la minería”.
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