La mina de la discordia en Boyacá

“Desaparecieron numerosas fuentes de agua, muchos terrenos se volvieron inestables, nos desviaron dos quebradas, más de 60 familias tuvieron que irse de sus casas ante el temor de un derrumbe, incumplieron promesas. La comunidad sufrió daños en todos los sentidos, económicos, ambientales, sociales”. Esto es lo que responde Luis Carlos Ochoa, concejal de Tasco, Boyacá, cuando se le pregunta qué ha dejado la explotación minera en su región. Es esa la misma respuesta cuando explica por qué los pobladores no quieren permitir la reapertura de la mina de hierro ‘El Banco’ en la vereda El Pedregal. (Vea: así luce la mina tras más de una década fuera de actividades)

La historia de la mina se remonta a los años 60, pero su intensa actividad entró en recesión hace cerca de una década. ‘El Banco’ pertenece a Minas Paz del Río, empresa que antes operaba bajo el nombre de Acerías Paz del Río, una de las principales siderúrgicas del país y la empresa emblemática de Boyacá. Actualmente unas 15.000 familias boyacenses dependen de la compañía. La tradición y el desarrollo del departamento tuvieron mucho que ver con la empresa, que prendió motores en 1948, aportando, entre otras cosas, la primera planta siderúrgica con alto horno y laminación en el país.

Pero la época dorada de Paz del Río es para muchos cosa del pasado. La empresa ha pendido de un hilo financiero en varias ocasiones. En 2007 dio el giro más importante cuando pasó a manos de la brasileña Votorantim, que llegó a auxiliarla cuando se encontraba al borde de la quiebra. Pero los resultados positivos de esa transacción no han sido visibles sino en el primer semestre de este año, después de afrontar la crisis en el mercado mundial del acero y la baja demanda del material entre 2009 y 2011, así como las pérdidas más altas de su historia, registradas en 2012, con 108.000 millones de pesos.

‘El Banco’ es quizá un fiel reflejo de las dos caras de la minería. Por una parte, es muestra del resurgir de Paz del Río, tras años de estar sumida en la crisis. “La mina tiene una importancia estratégica para la compañía y posee significativas reservas. Además, presenta una característica particular por generar solamente mineral fino”, apunta un vocero de la empresa. La meta de extracción es de 8.000 toneladas de hierro al mes, con lo que se podrían producir cerca de 4.000 toneladas de acero líquido.

Pero por otra parte, la mina representa daños ambientales irreparables, dinero perdido, entre otras cosas, y es por ello que los pobladores han decidido a lo largo de este mes bloquear en tres intentos el ingreso de maquinaria de Minas Paz del Río a la vereda. “Para la época se contrató a varias personas para la mina de La Chapa, con unos sueldos miserables y condiciones de trabajo inadecuadas, y para empeorar la situación, no se les pagó a los trabajadores. Entre todos exigenla cancelación de casi 800 millones de pesos”, denuncia el concejal de Tasco.

La compañía minera, por su parte, hace énfasis en que “la operación en el municipio se encuentra dentro de un contrato para explotación catalogado por la Agencia Nacional Minera como Proyecto de Interés Nacional” y aclara que cuenta con un plan de trabajo de inversión y de manejo ambiental aprobado por la Agencia Nacional Minera y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá).

Ricardo López Dulcey, director de Corpoboyacá, dice que la mina ha estado activa desde antes de que se expidiera la ley 99 de 1993 que, entre otras cosas, establece el requerimiento de licencia ambiental. De ahí que proyectos de explotación como este, pese a que no cuentan expresamente con esta licencia, tienen un plan de manejo que busca que no se explote sin ningún control. “No significa que Paz del Río no cumpla los parámetros ecológicos. Para una licencia de este tipo se requieren, entre otras cosas, estudios previos de impacto que no se pueden realizar cuando la actividad minera ya se ha iniciado. Por ello el Ministerio de Ambiente estableció el plan de manejo”, indica López, quien reconoce que sin embargo “sí es posible por esto que ya se haya generado un impacto ambiental previo al plan de manejo”.

“Hay que decirlo, Paz del Río cuenta con los permisos necesarios”, añade López Dulcey. Sin embargo, personas como Silvia Gómez, coordinadora local de la organización ambientalista Greenpeace en Colombia —que ha acompañado a los habitantes de Tasco desde su llegada al país— cree que, independientemente de que los papeles estén en regla, “son los habitantes de Tasco, los pobladores de este territorio, que sienten suyo, quienes no están de acuerdo con esa forma de desarrollo y tampoco están dispuestos a que sigan contaminando sus fuentes de agua, a que la empresa les haga promesas que, por experiencia propia, saben que no van a cumplir”.

Los habitantes de Tasco están inquietos, señalan que Corpoboyacá no los ha acompañado ni respondido sus inquietudes y que Paz del Río no ha ofrecido acuerdos que llenen sus expectativas. Mientras siguen sosteniendo negociaciones con la compañía minera —alrededor de ocho hasta hoy—, señalan que no permitirán el ingreso de maquinaria hasta que reparen a los afectados por los daños ya causados. “Que le paguen a la gente a la que se le cayó y averió su casa, que nos aseguren que no se va a ver afectada la agricultura en El Pedregal, nuestras zonas verdes, que restablezcan todo y ahí sí hablamos del proyecto. Pero sabemos que definitivamente no van a ser capaces de dejar todo como estaba”, denuncia Mauricio Reyes, líder de los habitantes de Tasco y productor de queso en la zona.

De otro lado, Paz del Río señala que en el marco de dichas negociaciones su ofrecimiento a la comunidad consiste en darle información sobre la reapertura de la mina desde todos los frentes y una vez reiniciadas las actividades, “la priorización de un proyecto de interés común que beneficie a la comunidad y que tenga como objeto el desarrollo económico de las personas cercanas a la mina. Con la explotación, la comunidad se verá beneficiada por la generación de empleo, desarrollo económico de la zona y por las iniciativas de inversión social que se van a concertar con la comunidad. Desde lo ambiental, será una operación responsable, que dará el adecuado manejo a los impactos que se puedan generar según las disposiciones de la autoridad ambiental de la zona”, asegura la multinacional.

Lo cierto es que el director de esta autoridad reconoce que, debido a que el plan de manejo ambiental se expidió hace ocho años, cuando él no se encontraba en Corpoboyacá, no puede “dar fe y garantía de que el plan de manejo sí involucró todo lo que debería contener”. “Lo que es seguro es que si la comunidad señala que requiere reparaciones y que no se han cumplido, corresponde a la empresa hacer trabajos de restauración, manejo de aguas, acuerdos con los pobladores, entre otros”, indica López Dulcey, quién aseguró a este diario que, ante el revuelo que ha causado la reapertura de la mina entre la comunidad, buscará responder a sus inquietudes.

La empresa ha dejado en firme su posición: “ellos quieren reabrir la mina y tienen derechos adquiridos, es decir, la ley los protege y es la conclusión de ellos, muy lastimosa para nosotros”, afirma el concejal de Tasco, quien recuerda que la comunidad no solo busca reparación, teme los daños al medio ambiente pues —asegura— la mina ‘El Banco’ se ubica en la parte baja del páramo de Pisba y hay riachuelos y vegetación en la zona.

Frente a ello, el director de Corpoboyacá apunta que se debe dejar claro que la mina no está en zona de páramo, “en esta está prohibida la minería y eso está claramente estipulado. Respecto a lo que los pobladores denominan subpáramo, se trata de categorías que no están reconocidas jurídicamente; el Instituto Humboldt hizo un atlas en el que están delimitados los páramos y Corpoboyacá se rige por eso”.

Ciertamente, el más reciente atlas del Instituto indica que Tasco no se encuentra en el páramo de Pisba. Pero el subdirector de esta entidad, Jerónimo Rodríguez, apunta que “los ecosistemas no tienen frontera”, que la Corporación, aun teniendo un plan de manejo, puede ser más exigente y que en el momento de realizar estudios más rigurosos, esta “cartografía” podría ampliarse.

“No se debe partir del supuesto de que para negar una licencia ambiental se requiera que esté en zona de páramo. La única razón para negar la explotación minera no es esto, sino que exista afectación grave al ambiente o la comunidad (…) se debe determinar qué ecosistema está en la zona, porque hay unos que son tan importantes como los páramos”, afirma Rodríguez, quien resalta que si se generan efectos nocivos que no son mitigables, Corpoboyacá tiene todo para no dar luz verde, aunque deberá analizar factores costo-beneficio.

Mientras la compañía más grande de la región, que cubre el 28% de la demanda de aceros largos del país —y que tras años de crisis empieza a ver las cifras a su favor— lucha por la reapertura de lo que aseguran será un motor de progreso frente en la región, líderes de la comunidad de Tasco aseguran que seguirán a la expectativa de que Corpoboyacá tome cartas en el asunto, esperando que no haya atropellos contra los probadores que impidan el ingreso de maquinaria, pues aseguran que las autoridades “en vez de proteger a la gente, están arrodilladas a las multinacionales”.

dfranco@elespectador.com

“Desaparecieron numerosas fuentes de agua, muchos terrenos se volvieron inestables, nos desviaron dos quebradas, más de 60 familias tuvieron que irse de sus casas ante el temor de un derrumbe, incumplieron promesas. La comunidad sufrió daños en todos los sentidos, económicos, ambientales, sociales”. Esto es lo que responde Luis Carlos Ochoa, concejal de Tasco, Boyacá, cuando se le pregunta qué ha dejado la explotación minera en su región. Es esa la misma respuesta cuando explica por qué los pobladores no quieren permitir la reapertura de la mina de hierro ‘El Banco’ en la vereda El Pedregal. (Vea: así luce la mina tras más de una década fuera de actividades)

La historia de la mina se remonta a los años 60, pero su intensa actividad entró en recesión hace cerca de una década. ‘El Banco’ pertenece a Minas Paz del Río, empresa que antes operaba bajo el nombre de Acerías Paz del Río, una de las principales siderúrgicas del país y la empresa emblemática de Boyacá. Actualmente unas 15.000 familias boyacenses dependen de la compañía. La tradición y el desarrollo del departamento tuvieron mucho que ver con la empresa, que prendió motores en 1948, aportando, entre otras cosas, la primera planta siderúrgica con alto horno y laminación en el país.

Pero la época dorada de Paz del Río es para muchos cosa del pasado. La empresa ha pendido de un hilo financiero en varias ocasiones. En 2007 dio el giro más importante cuando pasó a manos de la brasileña Votorantim, que llegó a auxiliarla cuando se encontraba al borde de la quiebra. Pero los resultados positivos de esa transacción no han sido visibles sino en el primer semestre de este año, después de afrontar la crisis en el mercado mundial del acero y la baja demanda del material entre 2009 y 2011, así como las pérdidas más altas de su historia, registradas en 2012, con 108.000 millones de pesos.

‘El Banco’ es quizá un fiel reflejo de las dos caras de la minería. Por una parte, es muestra del resurgir de Paz del Río, tras años de estar sumida en la crisis. “La mina tiene una importancia estratégica para la compañía y posee significativas reservas. Además, presenta una característica particular por generar solamente mineral fino”, apunta un vocero de la empresa. La meta de extracción es de 8.000 toneladas de hierro al mes, con lo que se podrían producir cerca de 4.000 toneladas de acero líquido.

Pero por otra parte, la mina representa daños ambientales irreparables, dinero perdido, entre otras cosas, y es por ello que los pobladores han decidido a lo largo de este mes bloquear en tres intentos el ingreso de maquinaria de Minas Paz del Río a la vereda. “Para la época se contrató a varias personas para la mina de La Chapa, con unos sueldos miserables y condiciones de trabajo inadecuadas, y para empeorar la situación, no se les pagó a los trabajadores. Entre todos exigenla cancelación de casi 800 millones de pesos”, denuncia el concejal de Tasco.

La compañía minera, por su parte, hace énfasis en que “la operación en el municipio se encuentra dentro de un contrato para explotación catalogado por la Agencia Nacional Minera como Proyecto de Interés Nacional” y aclara que cuenta con un plan de trabajo de inversión y de manejo ambiental aprobado por la Agencia Nacional Minera y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá).

Ricardo López Dulcey, director de Corpoboyacá, dice que la mina ha estado activa desde antes de que se expidiera la ley 99 de 1993 que, entre otras cosas, establece el requerimiento de licencia ambiental. De ahí que proyectos de explotación como este, pese a que no cuentan expresamente con esta licencia, tienen un plan de manejo que busca que no se explote sin ningún control. “No significa que Paz del Río no cumpla los parámetros ecológicos. Para una licencia de este tipo se requieren, entre otras cosas, estudios previos de impacto que no se pueden realizar cuando la actividad minera ya se ha iniciado. Por ello el Ministerio de Ambiente estableció el plan de manejo”, indica López, quien reconoce que sin embargo “sí es posible por esto que ya se haya generado un impacto ambiental previo al plan de manejo”.

“Hay que decirlo, Paz del Río cuenta con los permisos necesarios”, añade López Dulcey. Sin embargo, personas como Silvia Gómez, coordinadora local de la organización ambientalista Greenpeace en Colombia —que ha acompañado a los habitantes de Tasco desde su llegada al país— cree que, independientemente de que los papeles estén en regla, “son los habitantes de Tasco, los pobladores de este territorio, que sienten suyo, quienes no están de acuerdo con esa forma de desarrollo y tampoco están dispuestos a que sigan contaminando sus fuentes de agua, a que la empresa les haga promesas que, por experiencia propia, saben que no van a cumplir”.

Los habitantes de Tasco están inquietos, señalan que Corpoboyacá no los ha acompañado ni respondido sus inquietudes y que Paz del Río no ha ofrecido acuerdos que llenen sus expectativas. Mientras siguen sosteniendo negociaciones con la compañía minera —alrededor de ocho hasta hoy—, señalan que no permitirán el ingreso de maquinaria hasta que reparen a los afectados por los daños ya causados. “Que le paguen a la gente a la que se le cayó y averió su casa, que nos aseguren que no se va a ver afectada la agricultura en El Pedregal, nuestras zonas verdes, que restablezcan todo y ahí sí hablamos del proyecto. Pero sabemos que definitivamente no van a ser capaces de dejar todo como estaba”, denuncia Mauricio Reyes, líder de los habitantes de Tasco y productor de queso en la zona.

De otro lado, Paz del Río señala que en el marco de dichas negociaciones su ofrecimiento a la comunidad consiste en darle información sobre la reapertura de la mina desde todos los frentes y una vez reiniciadas las actividades, “la priorización de un proyecto de interés común que beneficie a la comunidad y que tenga como objeto el desarrollo económico de las personas cercanas a la mina. Con la explotación, la comunidad se verá beneficiada por la generación de empleo, desarrollo económico de la zona y por las iniciativas de inversión social que se van a concertar con la comunidad. Desde lo ambiental, será una operación responsable, que dará el adecuado manejo a los impactos que se puedan generar según las disposiciones de la autoridad ambiental de la zona”, asegura la multinacional.

Lo cierto es que el director de esta autoridad reconoce que, debido a que el plan de manejo ambiental se expidió hace ocho años, cuando él no se encontraba en Corpoboyacá, no puede “dar fe y garantía de que el plan de manejo sí involucró todo lo que debería contener”. “Lo que es seguro es que si la comunidad señala que requiere reparaciones y que no se han cumplido, corresponde a la empresa hacer trabajos de restauración, manejo de aguas, acuerdos con los pobladores, entre otros”, indica López Dulcey, quién aseguró a este diario que, ante el revuelo que ha causado la reapertura de la mina entre la comunidad, buscará responder a sus inquietudes.

La empresa ha dejado en firme su posición: “ellos quieren reabrir la mina y tienen derechos adquiridos, es decir, la ley los protege y es la conclusión de ellos, muy lastimosa para nosotros”, afirma el concejal de Tasco, quien recuerda que la comunidad no solo busca reparación, teme los daños al medio ambiente pues —asegura— la mina ‘El Banco’ se ubica en la parte baja del páramo de Pisba y hay riachuelos y vegetación en la zona.

Frente a ello, el director de Corpoboyacá apunta que se debe dejar claro que la mina no está en zona de páramo, “en esta está prohibida la minería y eso está claramente estipulado. Respecto a lo que los pobladores denominan subpáramo, se trata de categorías que no están reconocidas jurídicamente; el Instituto Humboldt hizo un atlas en el que están delimitados los páramos y Corpoboyacá se rige por eso”.

Ciertamente, el más reciente atlas del Instituto indica que Tasco no se encuentra en el páramo de Pisba. Pero el subdirector de esta entidad, Jerónimo Rodríguez, apunta que “los ecosistemas no tienen frontera”, que la Corporación, aun teniendo un plan de manejo, puede ser más exigente y que en el momento de realizar estudios más rigurosos, esta “cartografía” podría ampliarse.

“No se debe partir del supuesto de que para negar una licencia ambiental se requiera que esté en zona de páramo. La única razón para negar la explotación minera no es esto, sino que exista afectación grave al ambiente o la comunidad (…) se debe determinar qué ecosistema está en la zona, porque hay unos que son tan importantes como los páramos”, afirma Rodríguez, quien resalta que si se generan efectos nocivos que no son mitigables, Corpoboyacá tiene todo para no dar luz verde, aunque deberá analizar factores costo-beneficio.

Mientras la compañía más grande de la región, que cubre el 28% de la demanda de aceros largos del país —y que tras años de crisis empieza a ver las cifras a su favor— lucha por la reapertura de lo que aseguran será un motor de progreso frente en la región, líderes de la comunidad de Tasco aseguran que seguirán a la expectativa de que Corpoboyacá tome cartas en el asunto, esperando que no haya atropellos contra los probadores que impidan el ingreso de maquinaria, pues aseguran que las autoridades “en vez de proteger a la gente, están arrodilladas a las multinacionales”.

dfranco@elespectador.com