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Uno de los temas que ha generado más preguntas en este primer año del Gobierno de Gustavo Petro es la minería. A inicios del 2023, el presidente ordenó que se revisaran todos los títulos mineros y anunció que no habría más minería en Jericó, Antioquia, pues pondría en riesgo el agua. Esto, sumado a la propuesta que se trató de incluir en el Plan Nacional de Desarrollo, de prohibir nuevos contratos de carbón térmico a cielo abierto, como el del Cerrejón, puso nervioso al gremio minero.
Álvaro Pardo, director de la Agencia Nacional de Minería (ANM), cree, por otra parte, que se han cometido varios errores en el pasado frente a la explotación de minerales. Según él, esta es una actividad importante para el Gobierno, pero requiere una “nueva visión”, que empezará con una ley minera. (También puede leer: Lo que no contó el Gobierno sobre el parque eólico que “le dio” a las comunidades wayuu)
¿En qué consistirá? En entrevista con El Espectador, Pardo explica sus principales puntos y de las estrategias que tienen para enfrentar la informalidad minera. Dice, además, cómo va la propuesta de crear un “Ecopetrol” para el sector.
¿Cuál es la nueva política minera que se quiere impulsar?
En este Gobierno hay una nueva visión sobre la minería. Antes cualquier persona llegaba a la Agencia y pedía un título minero; si el área estaba libre se lo entregaran. A veces, incluso, ni siquiera importaba si el título estaba sobre una reserva ambiental. Eso se empezó a parar. En el código de minas, de la Ley 685, de alguna forma, se favorece la gran minería, a las multinacionales; quedó muy rezagada la pequeña y mediana minería y esto generó conflictividad.
Esto generó un gran problema de conflictividad porque obviamente los pequeños y medianos mineros protestan, porque a las multinacionales sí se les dan títulos y a ellos no, a unos se les dan beneficios tributarios, y a los otros no. Eso conlleva, a su vez, a un gran rechazo de la actividad en el país. Se ve a mucha gente diciendo: aquí no queremos minería, queremos agua.
¿Cómo reducimos esto? En la Constitución: hay tres artículos que son fundamentales para nosotros. Primero, que el Estado es propietario de los recursos naturales no renovables. Cuando uno es propietario, uno decide cómo los maneja. Otro tema que es fundamental es que el Estado planeará el desarrollo de la economía y que dice que el Estado puede participar en el desarrollo de la economía, es decir, nosotros podemos tener una empresa minera que participe igual, como un Ecopetrol.
Y planear no puede ser únicamente entregar títulos. Aquí se llegaron a acumular en algún momento como 11.000 títulos mineros, a la agencia la calificaban por la cantidad de títulos que se entregaban y eso no puede ser. (Le puede interesar: La orden al Gobierno para que contemple los impactos que no tuvo en cuenta del carbón)
Entonces, basados en esos tres artículos, vamos a fortalecer esa nueva visión que tenemos de la minería. ¿En qué consiste? En primer lugar, en un tema de soberanía. Como los recursos son del Estado, tenemos que planear cómo los utilizamos. Nos dimos cuenta de que el Gobierno tiene cuatro grandes programas donde la minería es fundamental: la reindustrialización de la economía, la transición energética, el desarrollo agrícola, a través de, por ejemplo, fertilizantes, y la construcción de infraestructura pública.
Nos dijeron que íbamos a acabar con el sector minero, pero no, nosotros vamos por fortalecer este camino; la minería es muy importante.
¿Cuáles son los puntos clave de la ley minera que se va a radicar próximamente?
No podíamos seguir haciendo la minería de antes, porque todo el mundo iba por su lado, haciendo lo que quería; no había una autoridad fuerte que lo regulara. El tema ambiental se lo pasaban por encima, así como la pobreza en las regiones.
¿Cómo es posible que ingrese Cerrejón en La Guajira y saque 130 vagones diarios con carbón y las comunidades wayuu estén afuera, sin comida y sin agua? Todo eso tiene que cambiar. Estamos trabajando en varios instrumentos. El primero es la ley minera. En ella trabaja el Ministerio de Minas, con nuestro apoyo.
En esa ley estamos rescatando lo que ya comenté: la soberanía, la planeación del sector y el abastecimiento de minerales para la economía. En este momento ya se ha avanzado en un borrador, tenemos que seguir trabajando en él. Después debe ir a consulta previa con comunidades étnicas; luego, la idea es volverlo a socializar con mineros, con titulares, con gremios, para que cuando vayamos al Congreso a presentarlo, ya la ley tenga un consenso muy grande.
Esta va a traer modificaciones importantes, por ejemplo, en la forma cómo el Estado adjudica los recursos mineros. Ya no habrá nuevos contratos de concesión minera. Usualmente, una empresa solicita un área, la agencia la entrega y firma un contrato de concesión. (Puede leer: Eran mineros de carbón y ahora terminaron un diplomado en transición energética)
En este, la propiedad del recurso se transfirió del Estado al privado, y este solo tiene la obligación de pagar regalías, y puede hacer con el recurso lo que quiere. Por ejemplo, en Colombia, la única mina de cobre que está en explotación exporta todo lo que saca.
Pero el país necesita el cobre para la economía, para la transición y la reindustrialización. Entonces tenemos que buscar los mecanismos que nos permitan atender estas necesidades. Estamos evaluando opciones como procesos de selección objetiva, asignaciones directas o asociaciones.
Algo muy importante es que identificamos que la regulación en hidrocarburos, en algunos aspectos, supera la regulación minera, entonces hemos tomado de esta algunas ideas para aplicarlas a la minería. Por ejemplo, el hecho de tener una empresa pública como Ecopetrol, ¿por qué no podemos tener una empresa minera?
¿Cómo ve el tema de los minerales para la transición energética?
Definir los minerales estratégicos es otra cosa importante. Ya hace dos semanas, nuestro Consejo Directivo aprobó los alineamientos para definir los minerales, así que creo que en un par de meses vamos a tener una resolución que determine cuáles van a ser los minerales estratégicos que tiene el país y en cuáles nos enfocaremos. Si algunos quedan por fuera de la lista, no quiere decir que no se van a explotar.
Algo clave que estamos haciendo es estudiar qué pasa y qué se ha hecho en el nivel internacional, porque en el mundo están pasando cosas muy importantes en el tema de transición, en el tema de minerales críticos.
Alemania, por ejemplo, está diciendo que en 15 años ya no hay más minas de cobre en el mundo; ellos ya rastrearon el mundo entero, ya saben dónde hay cobre. Esto nos obliga a pensar un poco más allá. Chile, por ejemplo, tenía una empresa pública de cobre que se llamaba Codelco. La mitad de las regalías se destinan a la educación. Ellos ven la importancia de esta empresa pública y ahora están felices con el anuncio de una nueva empresa de litio. (Le puede interesar: El piloto de taxis eléctricos que impulsó Petro como alcalde se acaba pronto. ¿Funcionó?)
México nacionalizó el litio, porque saben que es un mineral crítico. Excepto por Argentina, Bolivia, Chile y unos países africanos, no hay mucho litio en el mundo y es fundamental.
Entonces, no podemos seguir con cómo se viene manejando la minería; hay que buscar otras formas en que también el Estado se favorezca, más allá de lo que recibe en regalías, por ejemplo, al crear cadenas de valor. El cobre puede terminar sirviendo para paneles solares, y eso conlleva a generación de empleo y conocimiento.
¿Cómo avanza la evaluación de minerales estratégicos que hace el Servicio Geológico Colombiano?
La base de la definición de los minerales estratégicos es la investigación geológica que está haciendo el servicio, que nació de la pregunta: ¿qué pasa si elegimos un montón de minerales estratégicos y después no tenemos en el país para explotarlos?
Por ejemplo, con el litio tenemos un problema, ya el servicio geológico nos dijo que en Colombia no tenemos un ambiente geológico para que exista, pero tenemos potenciales importantes en otros minerales, como el cobre.
¿En qué va la propuesta de crear una empresa pública de minería?
Por temas con el Ministerio de Hacienda, no fue posible meter esta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo, pero vamos a insistir a través de una ley ordinaria que nos permita la creación de la empresa, que se llama Ecominerales.
Sin ir más allá, sería como Ecopetrol, que tiene un recurso y lo explota. Cuando uno tiene una empresa pública, tiene más beneficios, porque sirve para ejecutar y planear muy bien. Esa empresa pública minera va a tener tres objetivos: la comercialización de minerales, la formalización de mineros y la extracción de minerales.
Por medio de dos fundidoras de oro que estaban en proceso de extinción de dominio, y con un acuerdo con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), empezamos a comprar oro en los municipios, con varias condiciones: que no tenga mercurio y que venga de mineros con un documento que se llama el Registro Único para la Comercialización de Minerales.
Este se expide en la agencia, y contiene datos como el nombre, la cédula, la ubicación y el tipo de minería que desempeña la persona. Cuando se empieza a tener toda esta información, es más fácil hacer la formalización de los mineros.
El oro que compramos también tiene un precio distinto. El oro “verde” se vende a un mejor precio en el mercado internacional. Hay joyerías en el mundo que lo compran un 10 o 20 % por encima del precio del mercado. Esa diferencia es la que nos permite pagarle un poco mejor a los mineros y es una manera de ir quitándole la base social a todos esos comercializadores ilegales que hay. (También puede leer: ¿Dónde poner proyectos renovables a gran escala en Colombia?)
La idea de esta empresa, entonces, es también apoyar la formalización. Antes había unos programas de fomentos, pero no era suficiente. Por la experiencia chilena conocemos que hay una empresa creada por el gobierno de ese país para apoyar a los mineros ilegales de cobre.
En lugar de mandarles a la Policía, como hacemos acá, la empresa los apoyó en todo: capacitación, créditos bancarios y comercialización. Y los mineros ilegales que existían en 1998, para 2016 eran pequeños empresarios. Eso es lo que pienso que deberíamos hacer aquí.
La tercera función de la empresa es que también pueda extraer recursos. Esto no significa, de ninguna forma, que vayamos a sacar a los privados del país; por el contrario, necesitamos su inversión, conocimiento y tecnología. Hay figuras contractuales para trabajar con ellos, la empresa no va a monopolizar.
¿Cuándo se va a presentar el proyecto de ley para crear esa empresa?
Hablé con Andrés Camacho, el nuevo ministro de Minas y Energía, y le comenté sobre eso. Me dijo que esperaría a posesionarse y que después el ministerio lo presentaría. Ya hicimos todo el articulado y la sustentación de motivos. Luego se cuadrará cuándo se presenta al Congreso.
¿Qué opina sobre el relacionamiento de la minería en los territorios?
Nosotros queremos cambiar la forma como nos relacionamos con el territorio. Antes la autoridad minera llegaba a abrirle espacio a las empresas. Estas vendían los proyectos como los grandes salvadores del mundo, pero ya las comunidades han denunciado que esto no es así.
La Guajira es el mejor ejemplo. Si el primer beneficiario de la minería no es la comunidad, no hay minería. Son dos cosas que deben crecer simultáneamente, el desarrollo del proyecto y la calidad de vida del entorno. Entonces, a través de una obligación en los nuevos contratos mineros, las compañías tendrían que hacer una inversión social obligatoria, que puede ser un porcentaje de sus ingresos netos, por ejemplo.
Esto, aparte de sus programas voluntarios y de responsabilidad social. Cada año, deberían mirar sus ingresos netos e indicarle a la agencia cuánta plata dan para gasto social obligatorio, que tienen que concertar con la comunidad. Esta es una propuesta que todavía estoy pensando, habría que buscar la figura para desarrollarla.
¿Qué lecciones sacaron del caso del cierre de las minas de Prodeco?
Muchísimas. Prodeco devolvió sus títulos en 2020, diciendo que no iba a extraer más carbón. En ese momento, la agencia lo aceptó y para mí ese es el primer gran error. Eso no va a volver a suceder en el país. Después dijeron que los títulos los iban a sacar a ronda de carbón, para licitarlos, pero eso no se puede hacer hasta que los contratos se hayan liquidado. Esto no ha sucedido.
Llevamos más de un año haciendo este proceso y hemos tenido problemas enormes para hacerlo. Pero yo tengo una meta: en tres meses liquidaremos esos contratos. Cada semana tenemos reuniones de avance con la empresa y esta semana va un grupo a las minas para ver cómo se revertirá una maquinaria.
El presidente Petro ha dicho que en esa región no va más el carbón, y esa es su decisión, la agencia la ejecuta.
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