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En noviembre de 2017, durante el IV Evento Finanzas del Clima, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas señaló que Colombia era uno de los países pioneros en la implementación de impuestos verdes. En aquel evento aseguró que el recaudo del denominado impuesto al carbono, que se creó en la reforma tributaria de 2016 (Ley 1819) y se cobra a los combustibles fósiles, era de cerca de 700.000 millones de pesos anuales y se invertían “especialmente para reducir la erosión costera, cuidar nuestros recursos hídricos y proteger ecosistemas”.
En septiembre de ese mismo año Cárdenas, ante representantes del Banco Mundial, dijo que “Colombia está comprometida con las políticas y reformas fiscales que nos ayudan a implementar con éxito el Acuerdo de París, tal como lo evidencia la Reforma Tributaria Estructural aprobada el año pasado, que implementó desde los impuestos sobre el carbono hasta la adopción de acciones de política para fortalecer la resiliencia social y económica”.
Un año antes, como parte de la justificación de esa reforma tributaria, Cárdenas uso la idea del impuesto al carbono como señal del espíritu progresista del proyecto y el compromiso del gobierno con la protección ambiental: “El país tiene un compromiso de reducir las emisiones en un 20% antes del 2030, entonces tenemos que ir directamente a las fuentes de esas emisiones, con un gravamen a los combustibles fósiles”.
Lo cierto es que hoy, según una denuncia en la emisora La W, nadie sabe dónde está la parte de ese dinero que se debía invertir directamente en el sector ambiental. De acuerdo con este medio, “el último informe del Fondo Colombia en Paz de mayo de 2020 demuestra que, a pesar de que ya existen las subcuentas ambientales, hasta el momento no se les ha destinado presupuesto y su ejecución está en cero”.
Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente confirmaron a la emisora que no han recibido un solo peso de esos recursos. Según la DIAN la suma extraviada ronda los 400.000 millones de pesos.
La Procuraduría General de la Nación le solicitó esta semana al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, así como al Fondo Colombia en Paz, esclarecer las cuentas del impuesto al carbono.
El impuesto al carbono, siguiendo una tendencia en mundial, se creó con el propósito de compensar los costos ambientales que genera la quema de combustibles fósiles y al mismo tiempo enviar una señal de mercado para que disminuyeran sus emisiones de gases de efecto invernadero.
De acuerdo con la reforma tributaria se creó una tarifa asociada al contenido de carbono en los combustibles fósiles que se usan con fines energéticos, tales como gasolina, kerosene, jet fuel, ACPM (diésel) y fuel oil, además del gas natural, que solo está gravado para su uso en la industria de la refinación de hidrocarburos y la petroquímica.
Los problemas de asignación del recaudo por impuesto al carbono comenzaron tan pronto fue aprobado. Durante el primer año de recaudo se hizo evidente que el Gobierno había cambiado radicalmente su promesa y el dinero que se suponía iba a ser de destinación específica al ambiente terminó en el Fondo Colombia en Paz.
Sólo después de unas duras negociaciones al interior del propio gobierno en los primeros meses de 2018 fue posible que MinAmbiente lograra un espacio en la mesa donde se decidiría la inversión de esos recursos y además se le asignaría directamente un porcentaje correspondiente a un 30%. El otro 70% se estableció que iría a la implementación del Acuerdo de Paz.
Por esa misma época, los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza expresaron su malestar por el mal manejo del Fondo Colombia en Paz al que sus países también eran aportantes. La directora ejecutiva del Fondo Colombia en Paz, Gloria Ospina, mano derecha del entonces ministro para el posconflicto, Rafael Pardo, fue duramente cuestionada y renunció meses más tarde.