“La transición energética es una oportunidad única para reducir las desigualdades”

Desde que Gustavo Petro se posesionó como presidente, su propuesta de transición energética (de la que todavía no se conocen muchos detalles) ha estado en el centro de varias discusiones. En más de una ocasión, los anuncios de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sobre la prohibición de nuevos contratos de exploración y explotación de gas y petróleo han recibido numerosos comentarios y críticas sobre la viabilidad de esta decisión.

Para algunos, tomarla implicaría desconocer la realidad económica del país, pues la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) estima que cerca del 40 % de las exportaciones del país dependen de combustibles fósiles, como el petróleo y el gas.

¿Cómo planear una transición energética teniendo en cuenta la realidad económica nacional? ¿Qué oportunidades y retos podría representar este proceso? Estas son algunas de las preguntas que apunta a responder el informe “Perspectivas Económicas de América Latina. Hacia una transición verde y justa”, desarrollado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Unión Europea (UE) y el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El documento de más de 300 páginas concluye que “la agenda de la transición verde y justa es una oportunidad única para que América Latina y el Caribe mejoren el bienestar de todos, reduzcan las desigualdades, aprovechen nuevas fuentes de empleo y financiación, y establezcan vías de desarrollo más sostenibles e inclusivas”.

En la presentación del informe, Marco Llinás, director interino de la División Desarrollo Productivo y Empresarial CEPAL, afirmó que ante la necesidad “urgente” de la región de desarrollar un nuevo modelo de desarrollo, la transición no solo representa oportunidades para cumplir con grandes metas ambientales, sino para transformar los aparatos productivos nacionales.

Durante 2022, subraya el informe, América Latina y el Caribe pasó por un momento económico complicado, en el que el crecimiento económico se ralentizó. Llinás, además, que la inflación y pobreza ha afectado más a las personas más vulnerables.

Ante este contexto, una transición energética “justa” podría servir para resolver estos problemas, en la práctica, además de aportar a reducir la vulnerabilidad de la región ante el cambio climático. Después de todo, 13 de los 50 países del mundo más afectados por este fenómeno pertenecen a la región, resalta el documento.

Sebastián Nieto, jefe para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, resumió que la transición verde es “una oportunidad para repensar el nuevo modelo de desarrollo, para reducir niveles de pobreza y aumentar los empleos formales en la región”.

¿De qué forma? Dejar de explorar, explotar y exportar combustibles fósiles como el gas y petróleo provocará un hueco en las ganancias de países como Colombia. En sus intervenciones, el presidente Petro ha mencionado varias veces que el turismo podría entrar a suplir una parte del hueco fiscal que dejarían los hidrocarburos.

El gobierno también ha dejado entrever que, en regiones como La Guajira, históricamente carbonífera, las energías renovables serán el nuevo motor de desarrollo. Nieto explicó que el informe encontró varios sectores clave para la transición, entre los que están: la agricultura y ganadería sostenibles, el de industria y comercio y el turismo y minería sostenibles.

En particular, resaltó que América Latina y el Caribe tiene un gran potencial para explotar minerales como cobre y litio, críticos para la transición energética. Esto también fue resaltado recientemente por la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), ya que la región es responsable del 40 % de la producción global de cobre y tiene alrededor del 61 % de las reservas de litio.

Independientemente del sector que se decida impulsar, es claro que se generarán nuevos puestos de trabajo, que el informe llama empleos verdes. “Hoy en día, el 40 % de los empleos en la región son de empleos de sectores marrones, asociados a altas emisiones de CO2″, indicó Nieto. Por eso, pensar en la transición también implica considerar qué sucedería con estos puestos de trabajo y cómo se generarán las capacidades para desarrollar nuevos empleos.

Algunas de las claves es que estos se respalden en políticas públicas, transformaciones digitales y que sean formales. Tal vez más relevantemente, todos estos cambios requerirán una inversión importante, de parte de instituciones públicas y privadas.

Este es otro gran reto pues, como resaltó Carolina Camacho, economista del Banco de Desarrollo de América Latina, “la región enfrenta un contexto fiscal muy poco holgado, acompañado del incremento de la deuda pública”. Aunque hay iniciativas en crecimiento para obtener recursos a partir de los llamados bonos verdes (como los bonos de carbono), no bastan.

Pero un escenario de calentamiento global extremo, donde la temperatura mundial aumente más de 2.5°C para final del siglo, le podría costar a la región entre el 1.5 y 5 % de su Producto Interno Bruto de aquí a 2050, indica el informe. Es decir, el costo de no actuar contra la crisis climática es muy elevado y requiere que los países tengan políticas fiscales que también sean ambientalmente sostenibles.

Entonces, explicó Camacho, es necesario “desarrollar políticas fiscales respetuosas con el medio ambiente y buscar estrategias innovadoras para movilizar los recursos necesarios”. Este proceso deberá ir acompañado de un fortalecimiento de las alianzas internacionales y llegar a consensos con todos los actores sociales involucrados.

Como la transición afectará no solamente a las grandes empresas que explotan carbón, por ejemplo, sino que también impacta directamente a los mineros, sus familias e incluso los municipios o ciudades mineras, tener en cuenta la perspectiva y propuestas de estos actores es fundamental para que la transición verde sea exitosa.

Camacho lo llama un “nuevo contrato social” que establezca cómo se debería ver el nuevo modelo de desarrollo y determine, a partir de un consenso, qué debería priorizar el proceso de la transición.

Hace unos meses, Jéssica Arias, ingeniera química y PhD en transición energética explicó a El Espectador que, en el caso de departamentos carboníferos como La Guajira y Cesar “hay que empezar a preparar la economía de esas comunidades para que, cuando llegue esa fecha límite en donde no se va a extraer más carbón, tengan diseñado un plan económico que diga a qué actividades se van a dedicar, la población esté formada y capacitada para dedicarse a esas actividades y se pueda diversificar la economía”.

¿Qué dice el Plan Nacional de Desarrollo sobre la transición energética?

Durante la presentación del informe, Juan Miguel Gallego, subdirector del Departamento Nacional de Planeación de Colombia (DNP), señaló que el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la hoja de ruta para el gobierno Petro, contempla hacer una transición energética, sin perjudicar las ganancias del país.

Carlos Sepúlveda, coordinador del PND, afirmó que este documento “va muy en la línea del informe, y contempla tres transiciones: una transición energética, una productiva y una a una economía descarbonizada”.

En cuanto a la transformación productiva, indicó que se quiere impulsar un modelo de desarrollo más inclusivo, que asegure una transformación de la matriz exportadora y que dé un empujón a las energías renovables y “agricultura restauradora”.

En este momento, explicó Diego Guevara, viceministro General de Hacienda y Crédito Público, la matriz de exportación depende mucho de los hidrocarburos. “Pero en 10 o 15 años, el nivel de exportación de petróleo va a caer, tenemos que prepararnos para eso. Uno de los sectores que seguramente reemplazará una parte será el turismo, pero tendrá que ir acompañado de muchas cosas”.

Con relación a la propuesta de impulsar la minería crítica para la transición energética, Guevara explicó que la idea sería dar un “valor agregado a la actividad”. Es decir, no solo explotar y exportar cobre, por ejemplo, sino transformarlo.

En todo caso, desarrollar estos procesos, resolver problemas estructurales de cómo está planteada la economía colombiana “no es algo que se haga en cuatro años. Lo importante es entender las tendencias mundiales para plantear las decisiones de política pública”, afirmó Sepúlveda. El PND, agregó, hace un llamado claro a hacer una “preparación responsable en la transición, que debe ser lo más acelerada posible y responsable”.

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Desde que Gustavo Petro se posesionó como presidente, su propuesta de transición energética (de la que todavía no se conocen muchos detalles) ha estado en el centro de varias discusiones. En más de una ocasión, los anuncios de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sobre la prohibición de nuevos contratos de exploración y explotación de gas y petróleo han recibido numerosos comentarios y críticas sobre la viabilidad de esta decisión.

Para algunos, tomarla implicaría desconocer la realidad económica del país, pues la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) estima que cerca del 40 % de las exportaciones del país dependen de combustibles fósiles, como el petróleo y el gas.

¿Cómo planear una transición energética teniendo en cuenta la realidad económica nacional? ¿Qué oportunidades y retos podría representar este proceso? Estas son algunas de las preguntas que apunta a responder el informe “Perspectivas Económicas de América Latina. Hacia una transición verde y justa”, desarrollado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Unión Europea (UE) y el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El documento de más de 300 páginas concluye que “la agenda de la transición verde y justa es una oportunidad única para que América Latina y el Caribe mejoren el bienestar de todos, reduzcan las desigualdades, aprovechen nuevas fuentes de empleo y financiación, y establezcan vías de desarrollo más sostenibles e inclusivas”.

En la presentación del informe, Marco Llinás, director interino de la División Desarrollo Productivo y Empresarial CEPAL, afirmó que ante la necesidad “urgente” de la región de desarrollar un nuevo modelo de desarrollo, la transición no solo representa oportunidades para cumplir con grandes metas ambientales, sino para transformar los aparatos productivos nacionales.

Durante 2022, subraya el informe, América Latina y el Caribe pasó por un momento económico complicado, en el que el crecimiento económico se ralentizó. Llinás, además, que la inflación y pobreza ha afectado más a las personas más vulnerables.

Ante este contexto, una transición energética “justa” podría servir para resolver estos problemas, en la práctica, además de aportar a reducir la vulnerabilidad de la región ante el cambio climático. Después de todo, 13 de los 50 países del mundo más afectados por este fenómeno pertenecen a la región, resalta el documento.

Sebastián Nieto, jefe para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, resumió que la transición verde es “una oportunidad para repensar el nuevo modelo de desarrollo, para reducir niveles de pobreza y aumentar los empleos formales en la región”.

¿De qué forma? Dejar de explorar, explotar y exportar combustibles fósiles como el gas y petróleo provocará un hueco en las ganancias de países como Colombia. En sus intervenciones, el presidente Petro ha mencionado varias veces que el turismo podría entrar a suplir una parte del hueco fiscal que dejarían los hidrocarburos.

El gobierno también ha dejado entrever que, en regiones como La Guajira, históricamente carbonífera, las energías renovables serán el nuevo motor de desarrollo. Nieto explicó que el informe encontró varios sectores clave para la transición, entre los que están: la agricultura y ganadería sostenibles, el de industria y comercio y el turismo y minería sostenibles.

En particular, resaltó que América Latina y el Caribe tiene un gran potencial para explotar minerales como cobre y litio, críticos para la transición energética. Esto también fue resaltado recientemente por la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), ya que la región es responsable del 40 % de la producción global de cobre y tiene alrededor del 61 % de las reservas de litio.

Independientemente del sector que se decida impulsar, es claro que se generarán nuevos puestos de trabajo, que el informe llama empleos verdes. “Hoy en día, el 40 % de los empleos en la región son de empleos de sectores marrones, asociados a altas emisiones de CO2″, indicó Nieto. Por eso, pensar en la transición también implica considerar qué sucedería con estos puestos de trabajo y cómo se generarán las capacidades para desarrollar nuevos empleos.

Algunas de las claves es que estos se respalden en políticas públicas, transformaciones digitales y que sean formales. Tal vez más relevantemente, todos estos cambios requerirán una inversión importante, de parte de instituciones públicas y privadas.

Este es otro gran reto pues, como resaltó Carolina Camacho, economista del Banco de Desarrollo de América Latina, “la región enfrenta un contexto fiscal muy poco holgado, acompañado del incremento de la deuda pública”. Aunque hay iniciativas en crecimiento para obtener recursos a partir de los llamados bonos verdes (como los bonos de carbono), no bastan.

Pero un escenario de calentamiento global extremo, donde la temperatura mundial aumente más de 2.5°C para final del siglo, le podría costar a la región entre el 1.5 y 5 % de su Producto Interno Bruto de aquí a 2050, indica el informe. Es decir, el costo de no actuar contra la crisis climática es muy elevado y requiere que los países tengan políticas fiscales que también sean ambientalmente sostenibles.

Entonces, explicó Camacho, es necesario “desarrollar políticas fiscales respetuosas con el medio ambiente y buscar estrategias innovadoras para movilizar los recursos necesarios”. Este proceso deberá ir acompañado de un fortalecimiento de las alianzas internacionales y llegar a consensos con todos los actores sociales involucrados.

Como la transición afectará no solamente a las grandes empresas que explotan carbón, por ejemplo, sino que también impacta directamente a los mineros, sus familias e incluso los municipios o ciudades mineras, tener en cuenta la perspectiva y propuestas de estos actores es fundamental para que la transición verde sea exitosa.

Camacho lo llama un “nuevo contrato social” que establezca cómo se debería ver el nuevo modelo de desarrollo y determine, a partir de un consenso, qué debería priorizar el proceso de la transición.

Hace unos meses, Jéssica Arias, ingeniera química y PhD en transición energética explicó a El Espectador que, en el caso de departamentos carboníferos como La Guajira y Cesar “hay que empezar a preparar la economía de esas comunidades para que, cuando llegue esa fecha límite en donde no se va a extraer más carbón, tengan diseñado un plan económico que diga a qué actividades se van a dedicar, la población esté formada y capacitada para dedicarse a esas actividades y se pueda diversificar la economía”.

¿Qué dice el Plan Nacional de Desarrollo sobre la transición energética?

Durante la presentación del informe, Juan Miguel Gallego, subdirector del Departamento Nacional de Planeación de Colombia (DNP), señaló que el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la hoja de ruta para el gobierno Petro, contempla hacer una transición energética, sin perjudicar las ganancias del país.

Carlos Sepúlveda, coordinador del PND, afirmó que este documento “va muy en la línea del informe, y contempla tres transiciones: una transición energética, una productiva y una a una economía descarbonizada”.

En cuanto a la transformación productiva, indicó que se quiere impulsar un modelo de desarrollo más inclusivo, que asegure una transformación de la matriz exportadora y que dé un empujón a las energías renovables y “agricultura restauradora”.

En este momento, explicó Diego Guevara, viceministro General de Hacienda y Crédito Público, la matriz de exportación depende mucho de los hidrocarburos. “Pero en 10 o 15 años, el nivel de exportación de petróleo va a caer, tenemos que prepararnos para eso. Uno de los sectores que seguramente reemplazará una parte será el turismo, pero tendrá que ir acompañado de muchas cosas”.

Con relación a la propuesta de impulsar la minería crítica para la transición energética, Guevara explicó que la idea sería dar un “valor agregado a la actividad”. Es decir, no solo explotar y exportar cobre, por ejemplo, sino transformarlo.

En todo caso, desarrollar estos procesos, resolver problemas estructurales de cómo está planteada la economía colombiana “no es algo que se haga en cuatro años. Lo importante es entender las tendencias mundiales para plantear las decisiones de política pública”, afirmó Sepúlveda. El PND, agregó, hace un llamado claro a hacer una “preparación responsable en la transición, que debe ser lo más acelerada posible y responsable”.

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