La tutela contra la minería ilegal en la Amazonía que espera la atención de la justicia

Según cuenta la tradición indígena, a orillas de los ríos Pirá Paraná, Apaporis, Mirití Paraná, Caquetá y Vaupés, en la Amazonia, desde hace miles de años habitan los espíritus que protegen la selva. Unos guardianes que cuidan lugares sagrados interconectados en los que viven más de treinta pueblos étnicos que hacen parte de lo que se conoce como el Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí. Un espacio geográfico en el que, según las creencias ancestrales, los indígenas coexisten como iguales junto con el agua, los árboles y las especies que componen el territorio que, en sus palabras, es “la vida misma”.

Desde allí, en medio de una de las zonas más conservadas de la región, gracias al sistema de conocimientos ancestrales y la forma como los treinta pueblos indígenas se relacionan con la naturaleza, se pensaron las palabras que hoy se pueden leer en el documento de una demanda que busca que el Estado actúe contra la extracción ilegal de oro en la Amazonia. “El oro, el carbón, el cuarzo y las piedras preciosas son componentes fundamentales de la vida y para la vida, razón por la cual no se deben explotar. El oro es un elemento para la curación del territorio”, señala el documento de tutela, que fue declarado improcedente por el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, y no fue seleccionado por la Corte Constitucional en una primera oportunidad.

La tutela, en representación de las comunidades indígenas del Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí, busca la respuesta del Estado ante los daños ecológicos y culturales que ha causado la extracción de oro en zonas sagradas. Afectaciones que además han sido denunciadas más de veinte veces, desde el año 2000, a través de acciones populares, estudios de impacto, cartas y alertas presentadas a instancias judiciales y autoridades ambientales, que a la fecha no han dado ninguna solución efectiva.

Para la Fundación Gaia Amazonas, la Procuraduría General de la Nación y la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes (MASP), que acompañan a las comunidades indígenas en el proceso judicial, es claro que la minería ilegal genera impactos irreversibles en el medio ambiente, la salud y la cultura de los indígenas. Una de las afectaciones tal vez más evidentes es el uso del mercurio, una sustancia altamente tóxica, en los procesos de separación del oro, un elemento pesado que tiene una particularidad y es su capacidad de acumularse en el ambiente.

Lea: Los conocimientos de la mujer: una estrategia contra la minería en el Amazonas

Un estudio de la Universidad de Cartagena, realizado en 2016, encontró al analizar muestras de cabellos de comunidades indígenas en el Amazonas que un 94 % de las personas muestreadas tenían concentraciones de mercurio mayores al límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud. “Hay suficiente evidencia a nivel mundial que muestra la alta capacidad que tiene el mercurio para generar toxicidad en los seres humanos. Afecta al sistema nervioso central y ha estado asociado con muchos otros problemas, por ejemplo, alteraciones al sistema endocrino y renal entre otros”, señaló Jesús Olivero Verbel, coordinador del Doctorado en Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena, quien participó en el estudio.

Además del daño a la salud de las comunidades indígenas, una vez liberado, el ciclo del mercurio es complejo y casi indestructible pues persiste en el medio ambiente y se transporta por largas distancias lejos de sus puntos de emisión. Actualmente, son al menos treinta los ríos en el bioma amazónico que se ven afectados por la minería, pues además del mercurio, la actividad de dragado para extraer los minerales altera los ecosistemas acuáticos y contamina las vías fluviales con tóxicos que impregnan plantas y animales.

La minería ya cubre cerca de 1,28 millones de kilómetros cuadrados en todo el bioma amazónico, una extracción de minerales que afecta a más de 1.131 territorios indígenas en la selva, de los cuales, según un informe del World Resources Institute (WRI) presentado el pasado octubre, 370 de ellos corresponderían a la minería ilegal. Una actividad que, por lo general, vulnera los derechos de los habitantes de esos territorios. Para las comunidades del Amazonas y el Vaupés, que componen el Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí, y que son los accionantes de la tutela, la actividad minera vulnera sus derechos fundamentales al territorio, a la supervivencia física y cultural, a la salud, al acceso al agua y a un medio ambiente sano, entre otros.

Lea: La minería, ¿el viejo enemigo del Amazonas?

La pelea de las comunidades indígenas con la justicia

La tutela de las comunidades indígenas del macroterritorio ha pasado por varias etapas desde hace un año, cuando se presentó por primera vez al Tribunal Superior de Bogotá y luego, en segunda instancia, ante la Corte Suprema de Justicia, autoridades que la declararon improcedente en esas dos ocasiones. La razón, según explica Fernando Fierro, del Laboratorio Jurídico para la Innovación Pública de la Fundación Gaia Amazonas, es más un argumento de forma y no de fondo.

“Lo que hemos concluido es que se pararon en aspectos formales que incluso son muy cuestionables. Uno de ellos es que los indígenas tienen otros medios para defender sus derechos, como las acciones populares. Sin embargo, la Corte Constitucional es muy clara en decir que cuando se trata de pueblos indígenas, cuando es un tema de sus derechos colectivos fundamentales, no solo la tutela es idónea, sino que es el único medio del que disponen y por eso debe considerarse procedente”, dijo a El Espectador.

Fierro agregó que es alarmante el hecho de desconocer que la herramienta judicial con la que supuestamente cuentan las comunidades indígenas no está funcionando realmente. “La acción popular es un medio en el que se discute y se protegen derechos colectivos de la ciudadanía, pero aquí no estamos hablando de derechos colectivos, aquí estamos hablando del derecho a la vida, al agua, a la identidad cultural, a la salud, a la subsistencia y esos son derechos fundamentales. Uno lo que entiende es que fue una salida rápida para que los tribunales no tuvieran que ocuparse del fondo de asunto, sabiendo que la situación es de la mayor gravedad y que continúa aún”, señaló.

Pero la verdad es que lejos de encontrar una respuesta pronta, a la tutela en defensa de los derechos fundamentales de las comunidades de la Amazonia aún le falta un largo camino por recorrer, pues la Corte Constitucional, la última autoridad que podría corregir el rumbo y proteger la Amazonia, aún no ha seleccionada el documento.

Felipe Clavijo Ospina, abogado de la Procuraduría, insiste en que el alto tribunal debe revisar la tutela porque además de defender los derechos fundamentales de las comunidades indígenas vulnerados por la minería ilegal, permitirá abrir un debate sobre lo esencial que es entender los territorios indígenas de forma integral y desde su importancia ecológica y cultural. “Como Procuraduría vamos a insistir en el caso porque consideramos que es un asunto de indudable relevancia constitucional que va a permitir hacer una reflexión sobre la necesidad de crear instrumentos integrales de protección del territorio en los que redimensione la relación entre naturaleza y poblaciones humanas; visiones que aún no tienen lugar en el ordenamiento territorial colombiano”, concluyó.

Según la cosmovisión de los pueblos étnicos del oriente amazónico, ese territorio fue entregado desde su origen. Un lugar que desde el gobierno indígena asume la responsabilidad del manejo ambiental, a través de rituales chamánicos, la utilización de un calendario ecológico y la guía espiritual de los lugares sagrados. Un sistema de conservación declarado como Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis en el 2009, reconocido por la UNESCO en 2011 y declarado como patrimonio inmaterial de la humanidad.

Ese manejo ambiental y ese respeto sagrado por la naturaleza, vista como un ser igual y no al servicio del ser humano, son la razón por la cual el Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí es una de las áreas menos deforestadas de toda la región amazónica. Hechos que hablan por sí solos y que justifican la tenacidad de los pueblos indígenas que lo habitan y que seguirán insistiendo, como lo han hecho a través de los años, por la conservación de sus espacios y el respeto a sus ecosistemas, a su vida misma.

* Este artículo es publicado en alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

Según cuenta la tradición indígena, a orillas de los ríos Pirá Paraná, Apaporis, Mirití Paraná, Caquetá y Vaupés, en la Amazonia, desde hace miles de años habitan los espíritus que protegen la selva. Unos guardianes que cuidan lugares sagrados interconectados en los que viven más de treinta pueblos étnicos que hacen parte de lo que se conoce como el Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí. Un espacio geográfico en el que, según las creencias ancestrales, los indígenas coexisten como iguales junto con el agua, los árboles y las especies que componen el territorio que, en sus palabras, es “la vida misma”.

Desde allí, en medio de una de las zonas más conservadas de la región, gracias al sistema de conocimientos ancestrales y la forma como los treinta pueblos indígenas se relacionan con la naturaleza, se pensaron las palabras que hoy se pueden leer en el documento de una demanda que busca que el Estado actúe contra la extracción ilegal de oro en la Amazonia. “El oro, el carbón, el cuarzo y las piedras preciosas son componentes fundamentales de la vida y para la vida, razón por la cual no se deben explotar. El oro es un elemento para la curación del territorio”, señala el documento de tutela, que fue declarado improcedente por el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, y no fue seleccionado por la Corte Constitucional en una primera oportunidad.

La tutela, en representación de las comunidades indígenas del Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí, busca la respuesta del Estado ante los daños ecológicos y culturales que ha causado la extracción de oro en zonas sagradas. Afectaciones que además han sido denunciadas más de veinte veces, desde el año 2000, a través de acciones populares, estudios de impacto, cartas y alertas presentadas a instancias judiciales y autoridades ambientales, que a la fecha no han dado ninguna solución efectiva.

Para la Fundación Gaia Amazonas, la Procuraduría General de la Nación y la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes (MASP), que acompañan a las comunidades indígenas en el proceso judicial, es claro que la minería ilegal genera impactos irreversibles en el medio ambiente, la salud y la cultura de los indígenas. Una de las afectaciones tal vez más evidentes es el uso del mercurio, una sustancia altamente tóxica, en los procesos de separación del oro, un elemento pesado que tiene una particularidad y es su capacidad de acumularse en el ambiente.

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Un estudio de la Universidad de Cartagena, realizado en 2016, encontró al analizar muestras de cabellos de comunidades indígenas en el Amazonas que un 94 % de las personas muestreadas tenían concentraciones de mercurio mayores al límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud. “Hay suficiente evidencia a nivel mundial que muestra la alta capacidad que tiene el mercurio para generar toxicidad en los seres humanos. Afecta al sistema nervioso central y ha estado asociado con muchos otros problemas, por ejemplo, alteraciones al sistema endocrino y renal entre otros”, señaló Jesús Olivero Verbel, coordinador del Doctorado en Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena, quien participó en el estudio.

Además del daño a la salud de las comunidades indígenas, una vez liberado, el ciclo del mercurio es complejo y casi indestructible pues persiste en el medio ambiente y se transporta por largas distancias lejos de sus puntos de emisión. Actualmente, son al menos treinta los ríos en el bioma amazónico que se ven afectados por la minería, pues además del mercurio, la actividad de dragado para extraer los minerales altera los ecosistemas acuáticos y contamina las vías fluviales con tóxicos que impregnan plantas y animales.

La minería ya cubre cerca de 1,28 millones de kilómetros cuadrados en todo el bioma amazónico, una extracción de minerales que afecta a más de 1.131 territorios indígenas en la selva, de los cuales, según un informe del World Resources Institute (WRI) presentado el pasado octubre, 370 de ellos corresponderían a la minería ilegal. Una actividad que, por lo general, vulnera los derechos de los habitantes de esos territorios. Para las comunidades del Amazonas y el Vaupés, que componen el Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí, y que son los accionantes de la tutela, la actividad minera vulnera sus derechos fundamentales al territorio, a la supervivencia física y cultural, a la salud, al acceso al agua y a un medio ambiente sano, entre otros.

Lea: La minería, ¿el viejo enemigo del Amazonas?

La pelea de las comunidades indígenas con la justicia

La tutela de las comunidades indígenas del macroterritorio ha pasado por varias etapas desde hace un año, cuando se presentó por primera vez al Tribunal Superior de Bogotá y luego, en segunda instancia, ante la Corte Suprema de Justicia, autoridades que la declararon improcedente en esas dos ocasiones. La razón, según explica Fernando Fierro, del Laboratorio Jurídico para la Innovación Pública de la Fundación Gaia Amazonas, es más un argumento de forma y no de fondo.

“Lo que hemos concluido es que se pararon en aspectos formales que incluso son muy cuestionables. Uno de ellos es que los indígenas tienen otros medios para defender sus derechos, como las acciones populares. Sin embargo, la Corte Constitucional es muy clara en decir que cuando se trata de pueblos indígenas, cuando es un tema de sus derechos colectivos fundamentales, no solo la tutela es idónea, sino que es el único medio del que disponen y por eso debe considerarse procedente”, dijo a El Espectador.

Fierro agregó que es alarmante el hecho de desconocer que la herramienta judicial con la que supuestamente cuentan las comunidades indígenas no está funcionando realmente. “La acción popular es un medio en el que se discute y se protegen derechos colectivos de la ciudadanía, pero aquí no estamos hablando de derechos colectivos, aquí estamos hablando del derecho a la vida, al agua, a la identidad cultural, a la salud, a la subsistencia y esos son derechos fundamentales. Uno lo que entiende es que fue una salida rápida para que los tribunales no tuvieran que ocuparse del fondo de asunto, sabiendo que la situación es de la mayor gravedad y que continúa aún”, señaló.

Pero la verdad es que lejos de encontrar una respuesta pronta, a la tutela en defensa de los derechos fundamentales de las comunidades de la Amazonia aún le falta un largo camino por recorrer, pues la Corte Constitucional, la última autoridad que podría corregir el rumbo y proteger la Amazonia, aún no ha seleccionada el documento.

Felipe Clavijo Ospina, abogado de la Procuraduría, insiste en que el alto tribunal debe revisar la tutela porque además de defender los derechos fundamentales de las comunidades indígenas vulnerados por la minería ilegal, permitirá abrir un debate sobre lo esencial que es entender los territorios indígenas de forma integral y desde su importancia ecológica y cultural. “Como Procuraduría vamos a insistir en el caso porque consideramos que es un asunto de indudable relevancia constitucional que va a permitir hacer una reflexión sobre la necesidad de crear instrumentos integrales de protección del territorio en los que redimensione la relación entre naturaleza y poblaciones humanas; visiones que aún no tienen lugar en el ordenamiento territorial colombiano”, concluyó.

Según la cosmovisión de los pueblos étnicos del oriente amazónico, ese territorio fue entregado desde su origen. Un lugar que desde el gobierno indígena asume la responsabilidad del manejo ambiental, a través de rituales chamánicos, la utilización de un calendario ecológico y la guía espiritual de los lugares sagrados. Un sistema de conservación declarado como Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis en el 2009, reconocido por la UNESCO en 2011 y declarado como patrimonio inmaterial de la humanidad.

Ese manejo ambiental y ese respeto sagrado por la naturaleza, vista como un ser igual y no al servicio del ser humano, son la razón por la cual el Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí es una de las áreas menos deforestadas de toda la región amazónica. Hechos que hablan por sí solos y que justifican la tenacidad de los pueblos indígenas que lo habitan y que seguirán insistiendo, como lo han hecho a través de los años, por la conservación de sus espacios y el respeto a sus ecosistemas, a su vida misma.

* Este artículo es publicado en alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.